Este golpe es un ataque frontal al derecho a la educación con una clara intención de clase. Significa un retroceso de a lo menos diez años en lo que respecta a reforma educativa y ni siquiera se condice con la evidencia empírica, que indica que las reformas privatizadoras de los años ochenta y noventa, no generaron ni mejor educación ni mayor integración social.
Hernán González. Profesor. Valparaíso. 23/5/2026. El gobierno de millonarios y para millonarios de JAK, acaba de anunciar una de las medidas que apuntan a reforzar el corazón del carácter clasista del sistema educacional: reformar el sistema de admisión escolar, incluidos los establecimientos particulares subvencionados, de manera que con el pretexto ideológico de “considerar el mérito”, puedan reponer sistemas discriminatorios como las entrevistas a los padres; las pruebas de admisión; la consideración del desempeño académico previo e incluso las necesidades educativas especiales de los y las postulantes, como factores de exclusión.
A los recortes en infraestructura, asistencialidad escolar (JUNAEB), gestión de los Servicios Locales de Educación y gratuidad en la educación superior, el gobierno de derecha suma un nuevo golpe a la educación pública. El propósito es evidente. Redistribuir recursos hacia arriba. Quitarle financiamiento a servicios sociales como educación (lo que también hace con una alegría infame en el sector salud), y transferirlos a los ricos en la forma de rebajas de impuestos, subsidios y otras regalías. Desde la dictadura de Pinochet que no se veía algo semejante.
Con la reforma del sistema de admisión, el Ministerio de Educación, conducido nuevamente por una ingeniera comercial, favorece a los sostenedores de escuelas particulares para que éstos hagan el trabajo sucio de arrebatar la matrícula de las escuelas fiscales administradas por municipios y servicios locales de educación, con el pretexto de la competencia, por medio de una propaganda absolutamente desregulada y mendaz. De esa manera, ésta capaz que termine por hacerlas desaparecer o reducirla al nivel de un “plan focalizado”, como si ello fuera el resultado natural de tendencias necesarias o inevitables. Es lo que ellos llaman “ponerle los patines”. Ahora son las pruebas de admisión; mañana el financiamiento compartido probablemente y otros mecanismos de clausura que afectan a estudiantes, familias y finalmente al país entero.
Esta es la manifestación concreta de la creencia dogmática de los neoliberales de que existen ciertas leyes necesarias del desarrollo social, las que además coinciden con sus estrafalarias teorías, ante las que el pensamiento debe someterse. Un absurdo por donde se le mire. Como que las rebajas de impuestos generan inversión y empleo (sic). De esa manera, al Estado no le queda más que adaptar su política, en este caso su política educativa, a esas supuestas “leyes” y dejar que cada uno se salve como pueda. Para ellos, la educación es una responsabilidad individual o en el mejor de los casos, de las familias. Así, siempre van a ser finalmente los más poderosos, cultural y económicamente los que lo hagan.
Como en el siglo XIX.
El problema es que esta política no garantiza tampoco resultados académicos, comúnmente rotulados como “calidad de la educación”. En efecto, la segmentación del sistema escolar solamente redistribuye su pobreza material de manera tal que al Estado le salga más barato, lo que es conocido como “focalización”, y al mismo tiempo reorganiza los capitales culturales encerrándolos en ghettos. No produce más aprendizaje ni mejores resultados en las pruebas estandarizadas como el SIMCE, estos simplemente se trasladan. Y siempre lo hace de abajo hacia arriba.
Políticamente, este golpe es un ataque frontal al derecho a la educación con una clara intención de clase. Significa un retroceso de a lo menos diez años en lo que respecta a reforma educativa y ni siquiera se condice con la evidencia empírica, que indica que las reformas privatizadoras de los años ochenta y noventa, no generaron ni mejor educación ni mayor integración social.
La respuesta de las comunidades educativas, no puede ser otra sino la de rechazar esta política clasista y movilizarse por la defensa del derecho a la educación. Partiendo por el sindicalismo docente, para el que esta reforma significa casi tanto como lo que podría significar para los trabajadores del cobre, la apertura de la venta de acciones de alguno de los yacimientos de CODELCO o la contrarreforma que ya anuncia el ministerio del trabajo a las normas sobre jornada y negociación colectiva.
Ya los recortes del gasto exigidos por Quiroz a todos los ministerios, en educación han significado un retroceso en inclusión, gratuidad, eficiencia del sistema, asistencialidad y han golpeado tanto al sistema universitario como al escolar. Afectan las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación de los y las estudiantes y sus familias y empobrecen las condiciones y el significado de la profesión docente. Favorecen a la educación privada, a los empresarios de esta industria y finalmente a los más ricos que, gracias a esta concepción de la educación que la convierte en una responsabilidad individual, son eximidos de alguna para con la sociedad, excepto con sus propios intereses de clase.
El gobierno de Kast ha abierto una brecha. Y a cada día que pasa parece ampliarse más. Sólo una acción decidida del sindicalismo docente podría ocuparla para ampliar las posibilidades de defender los derechos del pueblo chileno a la educación y derrotar la ofensiva conservadora del gobierno actual.