Hay una lista de medidas y decisiones tomadas por este gobierno que afectan a la mayoría de la población asalariada. Despiertan incertidumbres en cuanto a las condiciones laborales y sociales que se están deteriorando.
“El Siglo”. El Editorial. Santiago. 3/5/2026. Dando un repaso a las medidas, anuncios y pretensiones del gobierno, se constata que hay amenazas a las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores en el país.
La propuesta de una subida de apenas un 4% del salario mínimo, la flexibilización de la aplicación de la Ley de 40 horas, el recorte en programas sociales como en atención primaria de salud, el retiro del proyecto de ley para avanzar hacia la negociación ramal, el acotamiento de la gratuidad en educación superior, la no aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles que eleva el precio de las bencinas y de diversidad de otros productos, son algunas de las evidencias de que se está golpeando a la economía familiar de trabajadoras y trabajadores del país.
Son situaciones que despiertan incertidumbre y que instalan una comprobación, más que una percepción, de que las condiciones laborales y sociales se están deteriorando. Eso afecta, principalmente, a las asalariadas y los asalariados del país, en distinto niveles, incluyendo a los más empobrecidos y segmentos socioeconómicos medios.
Dirigentes sindicales, además, hicieron ver problemas como los despidos en el sector público, inadecuada aplicación de la Ley Karin y el impacto en la protección de trabajadoras y trabajadores, así como dificultades en la legislación de sala cuna universal.
Se agrega lo señalado por académicas y académicos, por economistas, en el sentido de que es un riesgo alto y una duda razonable, la promesa de que mejorará el empleo y el salario quitándole impuestos a las grandes empresas y grupos financieros, sobre todo porque ese modelo se aplicó en la década de los ochenta y subió la pobreza y el desempleo, mientras aumentaron las utilidades de los grandes empresarios y financistas.
Esta situación llama a la movilización y resistencia del movimiento social y sindical, a una batalla en el Congreso para frenar iniciativas regresivas y abusivas, a la expresión de las familias chilenas para encarar estas medidas que le afectan y, obviamente, a un análisis dentro del gobierno para revertir algunas decisiones, como ya se hizo con el 3% que le iban a quitar de presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública y el límite de 30 años para acceder a la gratuidad en educación universitaria.
Ningún gobierno, nunca, debe dejar de lado la generación de condiciones sociales y laborales dignas, decentes y adecuadas para trabajadoras y trabajadores que son el sostén del desarrollo nacional.