Columna de Simón Del Valle en “Clarín”. Chile no enfrenta hoy una crisis fiscal que obligue a un ajuste de esta naturaleza. No hay una situación de insolvencia, ni pérdida de acceso a financiamiento, ni una presión inmediata que justifique recortes de esta magnitud. El país mantiene niveles de deuda manejables y una posición relativamente sólida en los mercados internacionales. Por lo tanto, el argumento de la urgencia fiscal no resiste un análisis riguroso. Lo que existe es una decisión deliberada de restringir el gasto público y redefinir el rol del Estado.
Simón Del Valle. “Clarín”. Santiago. 26/4/2026. En medio de un discurso de “estrechez fiscal” y responsabilidad presupuestaria, el gobierno ha instruido a los ministerios a revisar, recortar e incluso eliminar programas sociales, varios de ellos orientados a sectores vulnerables. Al mismo tiempo, impulsa una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% en el marco del proyecto denominado “Reconstrucción Nacional”. Esta combinación no es una contradicción técnica: es una decisión política coherente con un modelo económico que traslada costos hacia abajo y beneficios hacia arriba.
Chile no enfrenta hoy una crisis fiscal que obligue a un ajuste de esta naturaleza. No hay una situación de insolvencia, ni pérdida de acceso a financiamiento, ni una presión inmediata que justifique recortes de esta magnitud. El país mantiene niveles de deuda manejables y una posición relativamente sólida en los mercados internacionales. Por lo tanto, el argumento de la urgencia fiscal no resiste un análisis riguroso. Lo que existe es una decisión deliberada de restringir el gasto público y redefinir el rol del Estado.
La instrucción enviada por Hacienda esta semana no deja espacio a interpretaciones ingenuas. Los ministerios deben proyectar sus presupuestos bajo un marco restrictivo de cinco años, evaluando sus programas para recortarlos o eliminarlos si no cumplen criterios estrictos de sostenibilidad financiera. En la práctica, esto significa que políticas públicas relevantes -especialmente aquellas orientadas a mejorar calidad, equidad o inclusión- quedan expuestas a desaparecer. No es un ajuste neutro: es un recorte que afecta con mayor intensidad a quienes dependen del Estado.
En paralelo, la rebaja de impuestos a las empresas se presenta como una medida para estimular la inversión. Sin embargo, esta promesa descansa en una premisa que ha sido ampliamente cuestionada: que menores impuestos corporativos se traducen en mayor inversión productiva y, eventualmente, en bienestar general. La evidencia empírica no respalda de manera consistente esa relación. En muchos casos, estas rebajas terminan aumentando utilidades sin generar efectos significativos en empleo o crecimiento.
Aquí se revela la asimetría central de esta política. Los recortes al gasto tienen efectos inmediatos, concretos y regresivos: menos programas, menor cobertura, debilitamiento de servicios públicos. En cambio, los supuestos beneficios de la rebaja tributaria son inciertos, indirectos y, en el mejor de los casos, de largo plazo. Es decir, los costos son seguros y recaen sobre los sectores más vulnerables; los beneficios son especulativos y se concentran en quienes ya tienen mayor capacidad económica.
Más que un problema técnico, esto expresa una definición ideológica clara. Se privilegia un modelo donde el crecimiento depende del sector privado, mientras el Estado se reduce a un rol limitado y disciplinado fiscalmente. No se trata de una necesidad inevitable, sino de una opción política que prioriza la estabilidad macroeconómica para los grandes negocios por sobre la cohesión social y la equidad.
El riesgo de este enfoque no es solo económico, sino profundamente político. Cuando el ajuste recae sobre políticas que afectan directamente la vida de las personas, mientras se reducen impuestos a grandes empresas, se instala una percepción fundada en una realidad: la injusticia. Y en un país con una historia reciente de malestar social, ignorar esa dimensión no es solo insensible: es imprudente.
En definitiva, lo que está en juego no es simplemente el equilibrio de las cuentas fiscales. Es la dirección del desarrollo del país. Este conjunto de medidas no responde a una urgencia económica ineludible, sino a una convicción ideológica que redefine quién gana y quién pierde. Y esa es una discusión que no puede esconderse detrás de un lenguaje técnico ni de supuestas inevitabilidades.
Porque al final, el presupuesto no es solo un instrumento financiero. Es una declaración de prioridades. Y en este caso, esas prioridades son claras.