En un comunicado del Colegio de Periodistas se indicó que “promover acciones de este tipo equivale a amedrentar a la prensa, debilita la función social del periodismo e instala un precedente peligroso que busca silenciar investigaciones sobre hechos de corrupción e interés público”. La fiscal, Paulina Díaz, quiso interceptar los teléfonos de un grupo de periodistas en el marco de investigaciones por el Caso Hermosilla, pero esto fue objetado por el 4° Juzgado de Garantía y de la Corte de Apelaciones de Santiago.
“El Siglo”. Santiago. 11/2025. “Esta medida, que buscaba acceder a registros de llamadas, datos de georreferenciación y tráfico de datos móviles, constituye una grave amenaza a los derechos fundamentales y a la libertad de prensa, vulnerando compromisos y garantías internacionales suscritas por el Estado de Chile”. Así se expresó en una declaración del Colegio de Periodistas, ante la intención de la fiscal, Paulina Díaz, de interceptar los teléfonos de un grupo de periodistas en el marco de investigaciones por el Caso Hermosilla, por delitos cometidos en ámbitos financieros, judiciales, políticos y de tráfico de influencias.
Se supo que la Fiscal quiso instalar escuchas en los teléfonos de las y los periodistas Francisca Skoknic (La Bot), Gabriela Pizarro (ex The Clinic, actual Ciper), Nicolás Cerpa (ex The Clinic), Leslie Ayala (La Tercera), Catalina Olate (Ciper), Benjamín Miranda (Ciper), Francisca Soto (Ciper), Daniel Meza (Ciper), Paulina Toro (Ciper), Macarena Segovia (Ciper) y Nicolás Sepúlveda (ex Ciper y actualmente en Reportea).
En el comunicado del Colegio de Periodistas se señaló el repudio a la solicitud de la fiscal Paulina Díaz, jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente. Se dijo que “este intento de vigilancia representa un acto inaceptable de vulneración del secreto de las fuentes periodísticas, principio esencial del periodismo y del Estado de derecho”.
Se indicó que “promover acciones de este tipo equivale a amedrentar a la prensa, debilita la función social del periodismo e instala un precedente peligroso que busca silenciar investigaciones sobre hechos de corrupción e interés público”.
Frente a esta situación, desde el Colegio de Periodistas se valoró la decisión del 4º Juzgado de Garantía y de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó la solicitud de la fiscal. “Esta resolución reafirma el carácter constitucional del secreto de las fuentes y protege un pilar fundamental para el ejercicio de la libertad de prensa en Chile” se expresó desde la organización gremial de las y los periodistas del país.
Se resaltó que “el secreto profesional, consagrado en la Ley N.º 19.733, establece con claridad que las y los periodistas no pueden ser obligados a revelar sus fuentes, ni siquiera por mandato judicial”.
En la declaración del Colegio de Periodistas se estableció que “no toleraremos ningún intento de vulnerar estos principios, pilares esenciales de la democracia y del derecho ciudadano a recibir información veraz, plural y oportuna”.