Un sistema que mantiene su crisis estructural por diseño.
Arnoldo Macker Aburto. Profesor- Magíster en Gestión Educacional y Doctorando en Ciencias de la Educación. Santiago. 30/10/2025. La educación pública chilena continúa siendo víctima de una estructura de financiamiento que depende del territorio y no del derecho.
En la Región Metropolitana, los datos de aportes municipales evidencian una brecha que no solo es injusta, sino moralmente insostenible: mientras Las Condes aporta más de 331 mil pesos mensuales por alumno, Buín apenas supera los 2 mil, y comunas como San Pedro, aún bajo administración municipal, no registran aporte alguno.
En el extremo opuesto, varias comunas traspasadas al nuevo sistema de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) también aparecen sin aportes, no por desinterés, sino porque la ley les impide transferir recursos municipales, dejando a las escuelas bajo la dependencia exclusiva del sistema de subvenciones (Ley 21.040, 2017).
El resultado es una geografía de desigualdades estructurales: comunas con abundancia y otras con precariedad extrema.
En términos simples, no existe un sistema nacional de educación pública, sino 52 subsistemas comunales desiguales, determinados por la riqueza fiscal de sus municipios (Bellei, 2020).
El dinero como frontera educativa
El ranking de los 10 municipios de un total de 52, que más aportan a la educación municipal mensualmente en la Región Metropolitana, según datos comparados del año 2024 obtenidos del Sistema de Información Municipal Nacional (SINIM) y Ministerio de Educación son los siguientes:
1° Las Condes con un aporte de $331.482; 2° Lo Barnechea $201.120; 3° Vitacura $193.727; 4° Alhué $194.705; 5° El Monte $136.481; 6° Huechuraba $110.876; 7° Quilicura $78.638; 8° Pedro Aguirre Cerda $67.132; 9° Lo Espejo $61.810; 10° La Reina $56.197.
Las 5 comunas con más bajo aporte mensual de las que componen la Región Metropolitana son las siguientes:
Buín $2.385; Melipilla $3.971; Paine$4.754; Talagante $5.430; San Pedro $0
La brecha entre Las Condes y Buín supera las 130 veces.
Lo que una comuna rica invierte en tres días equivale a lo que una comuna pobre destina en todo un año escolar.
Este abismo no responde a diferencias de gestión, sino a un modelo de municipalización impuesto en dictadura que traspasó responsabilidades sin equidad fiscal (OCDE, 2021).
Así, la educación chilena reproduce la desigualdad social mediante su propio financiamiento, consolidando lo que Apple (2008) denomina una “economía política de la educación”, donde el conocimiento y las oportunidades son diferenciados según la capacidad económica local.
Análisis crítico comparado: de las comunas con mayor aporte mensual
El examen comparado de las diez comunas con mayores aportes mensuales y las que no alcanzan a estar entre estas diez municipios, revela tres realidades estructuralmente distintas dentro de la misma región: comunas de privilegio fiscal, comunas de inversión media con esfuerzo político, y comunas de equilibrio frágil.
- Comunas de privilegio fiscal
Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura concentran los mayores niveles de aporte entre $190 000 y $331 000 por estudiante, lo que representa más de seis veces el promedio regional.
Estas comunas funcionan como microestados educativos, con capacidad para sostener infraestructura moderna, programas extracurriculares y apoyos psicosociales que las ubican al nivel de colegios particulares pagados.
Su autonomía financiera les permite generar políticas locales de excelencia, pero al mismo tiempo consolidan la segregación social y educativa del sistema.
- Comunas intermedias con esfuerzo político-técnico
En este grupo aparecen Alhué, El Monte, Huechuraba, Quilicura, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y La Reina, con aportes que oscilan entre $55 000 y $195 000.
Alhué y El Monte, pese a su baja matrícula, destinan altos montos por alumno, lo que refleja un esfuerzo por mantener escuelas rurales con plantillas pequeñas y costos fijos altos.
Huechuraba y Quilicura, comunas urbanas de composición social diversa, expresan una voluntad de invertir en educación pública pese a limitaciones presupuestarias.
Sin embargo, estos esfuerzos se ven tensionados por la dependencia del Fondo Común Municipal, que no garantiza estabilidad anual (OCDE, 2021).
- Comunas con equilibrio frágil
El tercer segmento incluye a comunas que están fuera de las 10 que más aportan por estudiante mensualmente como; Padre Hurtado, Recoleta, La Florida, Providencia y Lampa, con aportes entre $38 000 y $53 000 por estudiante.
Aquí se observan modelos de gestión educativa distintos:
- Providencia combina recursos moderados con gestión tecnificada y estructura directiva profesionalizada.
- La Florida y Recoleta evidencian compromiso político-educativo sostenido, invirtiendo sobre su capacidad fiscal real.
- Lampa y Padre Hurtado, en cambio, muestran la fragilidad de comunas intermedias que logran sostener aportes razonables, pero dependen fuertemente de subvenciones y programas de apoyo estatal.
En conjunto, este análisis revela que la inversión municipal reproduce el mapa socioeconómico de Santiago: los territorios de mayor ingreso concentran el financiamiento, y las comunas de capas medias o populares compensan la falta de recursos con trabajo y sobrecarga docente.
El financiamiento público se convierte así en un espejo de la desigualdad urbana, donde el esfuerzo pedagógico intenta suplir la injusticia fiscal (Bellei, 2020; Mizala & Schneider, 2020).
La trampa de la “autonomía municipal”
La autonomía municipal fue un espejismo político.
El Estado descargó responsabilidades en los municipios sin asegurarles recursos suficientes (MINEDUC, 2019).
Así se formaron dos sistemas paralelos:
- Municipios ricos, con “autonomía con recursos”, capaces de ofrecer bienestar y programas pedagógicos avanzados.
- Municipios pobres, con “autonomía sin presupuesto”, que apenas logran mantener la infraestructura y cumplir exigencias administrativas.
El Estado no corrige estas asimetrías, sino que las gestiona bajo el discurso de la equidad.
Como advierte Perrenoud (2001), cuando las políticas de evaluación son idénticas para realidades desiguales, el sistema “reproduce la injusticia bajo la apariencia de mérito”.
Recoleta: resistencia pedagógica en un sistema injusto
Recoleta, con 8.970 alumnos y un aporte mensual de $49 294 por estudiante, representa un caso excepcional de resistencia pedagógica en condiciones adversas.
La matrícula comunal corresponde a la información oficial obtenida desde la Unidad de Estadística, Centro de Estudios y la División de Planificación del Ministerio de Educación (MINEDUC).
El cálculo del aporte municipal mensual por estudiante fue realizado a partir de esa matrícula y del aporte anual declarado en el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), considerando la conversión proporcional de los recursos al número total de estudiantes.
Su esfuerzo responde a una decisión política y técnica, no a una abundancia de recursos, y ha permitido sostener programas comunales innovadores:
- Horas Asincrónicas Docentes, que reconocen el trabajo no lectivo;
- Programa Escuelas Abiertas;
- Ociopedagogía Comunal;
- Centro de Apoyo Tutorial Integral (CATI);
- Tutorías docentes con 70 % de horas no lectivas para los y las profesoras jefes.
Estas iniciativas encarnan una forma local de justicia educativa.
Como señalan Sisto y Fardella (2011), el trabajo docente en Chile se ha visto tensionado por “una estructura que exige productividad sin considerar el tiempo humano del enseñar”.
Recoleta intenta corregir precisamente esa deuda estructural.
Los SLEP: la precariedad institucionalizada
La creación de los SLEP buscó terminar con la desigualdad municipal, pero en la práctica trasladó el problema sin resolverlo.
Al impedir los aportes municipales directos, los SLEP quedaron atrapados en el mismo sistema de subvenciones por asistencia, base que no reconoce diferencias de contexto ni vulnerabilidad (Ley 21.040, 2017).
De este modo, el Estado reemplazó la desigualdad municipal por una precariedad estatalizada:
Los SLEP sin aporte municipal generan un servicio débil, dependiente del sistema de subvenciones, sin estabilidad financiera ni capacidad de innovación pedagógica.
Son una nueva forma de administración de la desigualdad.
Sin un financiamiento basal y redistributivo, los SLEP repiten el ciclo de escasez que antes recaía sobre los municipios, limitando su capacidad de acción y condenando a las comunidades educativas a una dependencia crónica del Estado central.
Una crisis permanente por diseño
El modelo vigente mantiene una crisis educativa permanente.
Los municipios con menores ingresos carecen de los recursos para sostener un sistema que exige planificación, evaluación y gestión de calidad.
Como advierte la OCDE (2021), Chile “subfinancia estructuralmente su educación pública y depende excesivamente de la subvención per cápita”, generando inequidad entre territorios.
El país exige resultados homogéneos sin entregar condiciones homogéneas.
La educación pública ha sido tratada como gasto compensatorio, no como inversión nacional.
La desigualdad que se vuelve agobio docente
La desigualdad de recursos no se queda en los balances: se transfiere al cuerpo y la mente de las y los docentes.
En las comunas más pobres, el profesorado enfrenta jornadas extendidas, sobrecarga burocrática, ausencia de apoyo técnico y presiones institucionales.
Como resultado, el sistema descansa sobre el sacrificio emocional del profesorado, generando lo que la literatura denomina agobio docente (Mizala & Schneider, 2020).
Ese agotamiento no es solo laboral, sino humano y pedagógico: los niños y niñas terminan recibiendo las frustraciones, el estrés y el cansancio de un profesorado sobreexigido, que intenta sostener con esfuerzo individual lo que el Estado no financia colectivamente.
El agobio, por tanto, no es un síntoma personal, sino una manifestación emocional de la desigualdad estructural.
Conclusión: hacia una reforma con mirada pedagógica y de Estado
La educación pública chilena no necesita más ajustes administrativos ni nuevas siglas.
Requiere una reforma estructural con mirada pedagógica y de Estado, que garantice financiamiento basal, justicia territorial y bienestar docente.
Mientras el derecho a la educación siga dependiendo del presupuesto comunal o de la asistencia promedio, seguiremos administrando la desigualdad bajo un lenguaje de equidad aparente.
La Región Metropolitana -supuestamente la más desarrollada del país- es hoy el epicentro de la injusticia educativa nacional.
Así se mantiene una crisis permanente, donde los municipios vulnerables no pueden sostener dignamente sus escuelas, los SLEP operan con precariedad, las y los docentes cargan con la sobreexigencia, y las y los estudiantes heredan el estrés y la frustración de un sistema que les promete derechos, pero les entrega carencias.
En definitiva, Chile no posee un sistema nacional de educación pública, sino un mapa desigual de oportunidades, donde el valor del derecho a aprender depende del lugar donde se nace.