Así lo informó un grupo de relatores de Naciones Unidas, quienes manifestaron su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza de la policía y las Fuerzas Armadas contra los manifestante del paro nacional que se prolongó por un mes en el país andino, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel (que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón), a lo que se sumaron quejas por el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la implementación de proyectos extractivos sin el consentimiento indígena. Los expertos de la ONU también criticaron la congelación sin orden judicial de cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones, las restricciones a los derechos de asociación, reunión y expresión, y la vinculación sin pruebas del paro nacional con acciones terroristas del crimen organizado. Cabe señalar que el 16 de noviembre los ecuatorianos se tendrán que pronunciar en las urnas sobre la posibilidad de instaurar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución y sobre el eventual retorno de bases militares extranjeras.
Agencias. Quito.10/2025. Aunque la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció el miércoles 22 de octubre el cese del paro nacional contra las medidas del gobierno de Daniel Noboa, todavía persisten denuncias de violaciones de Derechos Humanos durante las protestas que vivió esta nación durante todo un mes.
Un grupo de expertos y relatores de Naciones Unidas expresó preocupación por la fuerte represión en Ecuador contra los manifestantes. “La respuesta militar a las protestas sociales, junto con la recurrente declaración de estados de excepción desde enero de 2024, son incompatibles con la obligación del Estado de proteger y facilitar el derecho a la manifestación pacífica”, señalaron este viernes 24 de octubre en un pronunciamiento desde Ginebra, Suiza.
Mientras el presidente ecuatoriano Daniel Noboa agradeció el viernes a la Policía y las Fuerzas Armadas por su actuación durante el paro, los relatores de la ONU denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza, con la utilización de gases lacrimógenos y municiones letales.
Señalaron además que el levantamiento popular cerró con un saldo de 3 muertos, 282 heridos, 172 detenidos y al menos 15 desapariciones forzadas.
También criticaron la congelación sin orden judicial de cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones, así como la vinculación sin pruebas del paro nacional con acciones terroristas del crimen organizado.
Manifestaron su alarma por “el grave deterioro de las libertades fundamentales y del espacio cívico, así como de los derechos de los pueblos indígenas”, incluidas restricciones a los derechos de asociación, reunión y expresión.
“Este patrón de ataques parece estar diseñado para silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y a los pueblos indígenas”, señalaron los relatores de la ONU, que aseguraron estar en contacto con el gobierno ecuatoriano en relación con estos temas.
El grupo de expertos, entre ellos los encargados por velar por la libertad de asociación (Gina Romero), la independencia judicial (Margaret Satterhwaite) y los derechos de los pueblos indígenas (Albert Barume), también rechazó el acoso y la persecución que ha sufrido la Corte Constitucional de Ecuador al ser declarada por el Gobierno como “enemiga del pueblo”, tras haber catalogado como inconstitucionales varios de los estados de excepción decretados por el Ejecutivo, así como leyes impulsadas desde la administración y aprobadas por la Asamblea Nacional.
Las movilizaciones, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), comenzaron el 22 de septiembre en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel (que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón), a lo que se sumaron las quejas por el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la implementación de proyectos extractivos sin el consentimiento indígena, entre otros.
Las manifestaciones se extendieron por 31 días, con epicentro en la provincia de Imbabura, en la sierra central, aunque también estudiantes, trabajadores y miembros de diversos colectivos se sumaron a las movilizaciones en ciudades como Guayaquil, Cuenca y Quito, donde fueron reprimidos por policías y militares bajo el argumento del estado de excepción que impide el bloqueo de vías.
Si bien el paro no consiguió revertir la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel -lo que para algunos obedece al Plan acordado entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- analistas consideran que las movilizaciones consiguieron posicionar el descontento popular con el Gobierno.
Campaña por el «No»
Luego de anunciar el cese del paro Nacional por la “brutal represión”, el presidente la CONAIE, Marlon Vargas pidió a las bases indígenas replegarse a sus territorios y comunidades y aseveró que la “lucha no termina”, que «la resistencia continúa en asambleas permanentes, en unidad orgánica para preparar la campaña por el ‘No’ en la consulta popular y el referéndum en defensa de la Constitución, la democracia y los derechos adquiridos».
Se refirió así a la convocatoria para que los ecuatorianos se pronuncien en las urnas el próximo 16 de noviembre -entre otros temas- sobre la posibilidad de instaurar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, así como el eventual retorno de bases militares extranjeras para apoyar en la lucha contra el crimen.
Vargas exigió a Noboa desmilitarizar «de inmediato a todos los territorios de las comunidades», que ordene la liberación de los detenidos durante las manifestaciones, entre ellos los conocidos como «los 12 de Otavalo», procesados por terrorismo tras ser capturados el 22 de septiembre luego de un ataque a un cuartel de Policía, donde se quemaron diez vehículos.
Asimismo, pidió atención y reparación a las familias de las víctimas mortales y a los heridos que aún requieren tratamiento médico, y la no criminalización ni persecución a los dirigentes y miembros de la CONAIE.
«Señor presidente, este paro pudo haberse evitado si hubiera existido diálogo y sensibilidad antes de imponer decisiones que afectan a los más pobres, si se hubiera administrado con responsabilidad del país, si los enfermos no siguieran muriendo por falta de medicinas y si se escuchara a todos los sectores del Ecuador», añadió.
Y agregó: «Hoy tiene una lección que aprender. El poder no se impone, se construye dialogando con el pueblo. Hoy más que nunca, reafirmamos que la fuerza del movimiento indígena está en su unidad y cohesión. No podrán dividirnos ni debilitarnos, seguiremos juntos con un corazón y una sola voz, defendiendo al Ecuador y a nuestros pueblos».