“Exigimos que la investigación siga y que el responsable entregue a Julia” dijo la familia de la dirigenta indígena. El Presidente Gabriel Boric manifestó que “exigimos que se sepa toda la verdad, porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad”. “Lo más grave es que aún no encontramos el cuerpo de la señora Chuñil” declaró el Fiscal Nacional, Ángel Valencia. Diversidad de organizaciones nacional e internacionales le exigen al Estado de Chile que aclare este caso lo más pronto posible; la mujer lleva once meses desaparecida.
“El Siglo”. Santiago. 3/10/2025. La desaparición de la dirigenta indígena Julia Chuñil Catricura, de 72 años, ocurrida hace once meses en la comuna de Máfil, está convertido en un delicado y controvertido caso de violación a los derechos humanos, y se han sumado las exigencias de que se aclara el caso a la brevedad.
La familia de Julia Chuñil dio a conocer un comunicado donde se expresó: “Exigimos que la investigación siga y que el responsable entregue a Julia, que se le dé el descanso digno que merece y que pague por el dolor causado. Nos mantendremos firmes en su nombre, contra la tristeza, los montajes y hasta el asesinato de los animales que eran parte de su vida”.
Se indicó que “con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda incansable, de marchas, gritos y apoyo de tantas personas solidarias, hoy debemos enfrentar una verdad brutal”.
El Presidente Gabriel Boric dijo durante la semana que “estamos todos preocupados por su desaparición, por saber la verdad, qué pasó, dónde está, y que, tal como señaló la ministra vocera, exigimos que se sepa toda la verdad, porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad”.
El mandatario añadió que “quiero manifestarle a todo el pueblo de Chile que nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona, como es el caso de Julia Chuñil”. Añadió que “Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Es una persona que merece verdad y justicia. Y, por lo tanto, instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda esclarecer toda la verdad”.
En tanto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, recalcó “el interés máximo del Gobierno, como lo dijo el Presidente Gabriel Boric el 11 de septiembre, es que la investigación avance con la máxima celeridad posible, para que se pueda esclarecer cuál es el destino de la señora Julia Chuñil, y en el caso de que sea el destino que no queremos que sea, que haya justicia en su máxima expresión”.
A Julia Chuñil Catricura se le vio por última vez en la comuna de Máfil el 8 de noviembre de 2024, junto a su perro. Ella es presidenta de la Comunidad Indígena de Putraguel, desde donde realizaba una ardua batalla por la defensa de los bosques y la vegetación del sector, enfrentándose con empresarios que estaban por explotar esas tierras causando daño medioambiental y social. Uno de los objetivos de la lucha de Chuñil es la protección de 900 hectáreas de bosque nativo.
La familia y organizaciones indígenas y medioambientales denunciaron, desde su desaparición, que la dirigente fue víctima de amenazas de muerte de empresario que querían operar la tala de árboles y controlar las tierras de esa zona.
“La quemaron”
En los últimos días se filtró lo que sería una conversación entre empresarios, con los cuales Chuñil habría entrado hace tiempo en discusión por el tema de los bosques, donde Juan Carlos Morstadt, uno de esos empresarios, habría dicho en conversación telefónica, sobre Julia Chuñil, que a la mujer “la quemaron”.
En el comunicado de la familia Chuñil se señaló que “el principal sospechoso que hostigaba y manipulaba a Julia, le confesó a su padre: ‘La quemaron’”.
Karina Riquelme, abogada de la familia de la indígena, señaló que un empresario “ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil la quemaron”. Y expresó: “Respecto de dicha información no se ha hecho absolutamente nada. Ciertamente que este antecedente es muy delicado y existiendo otros antecedentes igual de delicados, no se han hecho públicos por respeto que tanto la familia, como la investigación se merecen”.
Pablo San Martín, hijo de Julia, declaró que “existe el antecedente respecto de Juan Carlos Morstadt, en el cual se le habría intervenido el teléfono y se le habría escuchado a él tener dos conversaciones, una de ellas con su padre, en la cual habría dicho que el cuerpo de Julia Chuñil habría sido quemado”.
Morstadt hizo declaraciones a Televisión Nacional, donde expresó que todo es “totalmente falso”. Indicó que hubo una conversación telefónica con su padre, también empresario en la zona, y que “no sé si mi papá me hizo el comentario a mí o yo lo hice a él, pero hay que ver la grabación, pero es totalmente inocente y voy a presentar una querella ‘a morir’”.
Sobre este nuevo antecedente, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, declaró que “no puedo ni confirmar ni rechazar la existencia de un antecedente porque la investigación es reservada, pero me parece que lo que se ha publicado por la prensa no refleja de manera alguna, puedo afirmarlo con seriedad, el contenido íntegro de la investigación que es bastante más compleja que esa y que está vigente”. Eso le resta, implícitamente, valor al audio donde se dijo que a Chuñil “la quemaron”.
Valencia indicó que “lo más grave es que aún no encontramos el cuerpo de la señora Chuñil. En consecuencia, tampoco podemos deducir qué es lo que ocurrió con ella”.
Desde varios ámbitos se cuestionó la filtración de ese audio donde se aseveró que a Julia Chuñil la habrían quemado y se dijo que se está investigando en la Fiscalía qué ocurrió. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, apuntó a que “es el Ministerio Público el que tiene que, obviamente, aclarar algo que ha sido trascendido y filtrado la prensa en materia de parte de la investigación” y expresó que “esperamos que la investigación dé cuanto antes un resultado para saber efectivamente dónde está Julia Chuñil”.
Insistió en que “el Gobierno dispuso colaboración y apoyo concreto a la investigación que abrió el Ministerio Público”.
Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), se emitió un comunicado donde se señaló que “resulta inaceptable que, tras tantos meses, no se conociera aún el paradero de Julia, lo que constituye una grave vulneración de los derechos humanos, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y una evidente desprotección a defensores y defensoras ambientales”.
Se sostuvo que “recordamos que la desaparición de Julia se enmarca en un contexto de violencia estructural hacia las mujeres indígenas y defensoras del territorio y los pueblos originarios, lo que exige un compromiso real de la institucionalidad para la protección, verdad, reparación y no repetición”.
Se señaló que “entre tanto, en este caso, se otorgaron medidas cautelares por parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero lamentablemente el Estado no ha sido capaz de garantizar justicia, y ha persistido la discriminación y el racismo”. Y se afirmó que “nos sumamos a las reiteradas exigencias por una investigación sin retrasos ni discriminación, en donde el Ministerio Público deje de atrás los comportamientos irregulares, para investigar de forma transparente, seria y con la mayor premura, entendiendo que se trata de la vida de una mujer mapuche defensora de derechos humanos y ambientales”.