Fue el voto de Cármen Lúcia, el pasado jueves el que decidió el sentido del veredicto. En su fundamentación, concluyó que la Fiscalía General presentó “pruebas claras” de la existencia de una asociación criminal organizada que habría actuado mediante una “milicia digital” para atacar al sistema judicial, en particular a la Justicia electoral y a las urnas electrónicas. Bolsonaro y los otros siete acusados fueron declarados culpables de cinco cargos, entre ellos delitos graves como la formación de una asociación criminal armada, el intento de abolir violentamente el Estado de derecho y el intento de dar un golpe de Estado.
Andreas Nöthen. “Agencia Pressenza”. 12/9/2025. La carrera política del expresidente de Brasil (2019-2022) podría haber llegado así a su fin: la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal (STF) lo declaró culpable, junto a otros siete acusados, de haber intentado dar un golpe de Estado. La pena impuesta, de 27 años y tres meses de cárcel, se sitúa por debajo del máximo posible, pero sigue siendo muy contundente. No obstante, la sentencia aún no es firme.
Los cinco magistrados emitieron un veredicto claro, aunque no fue unánime. Por 4 votos a 1, el tribunal optó por condenar a los acusados. El juez Luíz Fux emitió el único voto disidente (o voto en disidencia), sin entrar a la materia juzgada, apreciando deficiencias formales y cuestionando la competencia del STF para juzgar el caso.
Tras los votos a favor de la condena de Alexandre de Moraes y Flávio Dino, fue el voto de Cármen Lúcia, el pasado jueves el que decidió el sentido del Veredicto. El voto final de Cristiano Zanin ya solo tuvo entonces un valor meramente estadístico.
En su fundamentación, Lúcia concluyó que la Fiscalía General presentó “pruebas claras” de la existencia de una asociación criminal organizada que habría actuado mediante una “milicia digital” para atacar al sistema judicial, en particular a la Justicia electoral y a las urnas electrónicas. “Los hechos descritos en la denuncia y en la acusación no fueron sustancialmente impugnados”, declaró al inicio de su intervención.
Los jueces consideran probada la formación de una asociación criminal
Cármen Lúcia atribuyó a Bolsonaro el liderazgo de la asociación criminal y explicó que no fue arrastrado a los actos, sino el “desencadenante” de la insurrección. También señaló que existen numerosas evidencias de planes para quebrar el orden institucional y mantenerse en el poder por la fuerza. Para la ministra, los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado no pueden considerarse conjuntamente -como argumentó Luiz Fux-, sino que deben analizarse por separado. Es decir: en su opinión, los acusados deben ser condenados por ambos crímenes.
Bolsonaro y los otros siete acusados fueron declarados culpables de cinco cargos, entre ellos delitos graves como la formación de una asociación criminal armada, el intento de abolir violentamente el Estado de derecho y el intento de dar un golpe de Estado. También fueron condenados por delitos menos graves, como violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión, y daños a propiedades bajo protección patrimonial.
Condenados otros siete colaboradores
Junto a Bolsonaro, también fueron condenados otros siete políticos y exmiembros del gobierno, algunos de alto rango. Como, Alexandre Ramagem, diputado del PL y exdirector de los servicios de inteligencia; Almir Garnier, almirante y comandante de la Marina durante el mandato de Bolsonaro; Anderson Torres, ministro de Justicia bajo Bolsonaro; Augusto Heleno, exgeneral y exministro de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Walter Souza Braga Netto, exgeneral y exministro de Defensa, además de candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022. El séptimo es Mauro Cid, exayudante de campo de Jair Bolsonaro, que testificó como colaborador de la justicia en su contra.
Lo que estos otros acusados, junto a Bolsonaro, habían planeado se materializó solo parcialmente el 8 de enero de 2023, cuando miles de manifestantes y alborotadores, trasladados en autobuses, asaltaron el Congreso, la sede del STF y el palacio presidencial, daños al patrimonio público y cultural de la Unión (vandalismo generalizado, destrucción de bienes históricos y artísticos) (véase nytimes-es), inicialmente casi sin resistencia estatal por parte de las fuerzas de orden público. Jair Bolsonaro, que perdió las elecciones presidenciales de octubre de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, ya había expresado dudas sobre la legalidad del resultado en caso de perder. Cabe destacar que en Brasil se vota con urnas electrónicas; no existe el voto por correo, como en EE.UU. o España, o Alemania. Las urnas se consideran seguras y a prueba de manipulación.
El 30 de diciembre de 2022, dos días antes de traspasar el poder a su sucesor, Bolsonaro abandonó el país rumbo a Miami, EE.UU., donde permanecería los siguientes tres meses. Su defensa esgrimió repetidamente esta distancia física. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía revelaron que, supuestamente, ya meses antes de las elecciones se habrían celebrado reuniones secretas para planificar el derrocamiento del Gobierno resultante.
Primera condena de un expresidente por intento de golpe de Estado
El proceso contra Bolsonaro es un hecho notable en Brasil. No solo porque es la primera vez en la historia del país que un expresidente elegido tras 1988 (fecha de promulgación de la Constitución actual) ha tenido que responder ante la justicia, por un intento de golpe de Estado. También es novedoso que varios exmilitares de alto rango como Braga Netto o Heleno hayan tenido que rendir cuentas ante un Tribunal Civil.
En la historia de Brasil está plagada de golpes militares, pero el capítulo más oscuro fue la dictadura militar que duró más de 20 años. Comenzó el 31 de marzo de 1964 con un golpe de Estado apoyado por EE.UU., contra el entonces presidente João Goulart, y solo empezó a relajarse en 1985 con las primeras elecciones en una limitada “libertad”, para quedar finalmente superada con una nueva constitución en 1988. Durante ese período, los militares actuaron de forma represiva y brutal contra la población y contra los críticos al Régimen. La tortura y el asesinato de opositores fueron moneda corriente. Sin embargo, los crímenes cometidos por los militares nunca se esclarecieron por completo. Para no poner en peligro la frágil paz interna tras el fin de la dictadura, se decretó una amnistía para los delitos de ambos bandos.
Bolsonaro, quien durante mucho tiempo actuó en la política brasileña como un diputado ruidoso o polémico, pero en gran medida inefectivo, nunca ocultó que consideraba la dictadura como algo positivo y la tortura como un medio adecuado para lograr objetivos políticos. En el proceso de destitución (impeachment) de la expresidenta Dilma Rousseff, dedicó su voto al exgeneral Brilhante Ustra, considerado uno de los torturadores más brutales del régimen militar. Algo especialmente pérfido: Dilma Rousseff, que en los años 70 fue opositora, también había sido víctima de la tortura militar.
¿Qué efecto tendrá la sentencia en la política interior?
El proceso contra Bolsonaro y sus siete cómplices estuvo acompañado en Brasil de manifestaciones y concentraciones de ambos bandos políticos. Aún no está claro cómo afectará a la política nacional y a las elecciones presidenciales del próximo año. Hasta ahora solo está claro que es más que probable que el propio Bolsonaro no se presente. Pero ya se barajan dos nombres de su círculo familiar más cercano: su hijo Eduardo o su esposa Michele. No obstante, Eduardo, que huyó a Texas al considerarse perseguido político, ha perdido mucho crédito en su país. Para debilitar a Lula, intentó repetidamente persuadir a políticos estadounidenses para que impusieran sanciones contra Brasil. Incluso cuando Donald Trump intervino en el proceso y pidió el fin de lo que él también ve como una “caza de brujas” contra su “camarada” Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro aplaudió expresamente en público los aranceles del 50% con los que Trump quiso presionar al gobierno de Brasilia.
Como simpatizante de Bolsonaro se considera al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Tras la sentencia, declaró que el resultado “desafortunadamente ya se conocía de antemano”. “Bolsonaro y los otros son víctimas de una sentencia injusta con penas desproporcionadas. No se puede tolerar la impunidad, pero tampoco se puede ignorar el principio de presunción de inocencia y condenar sin pruebas”, lo cita el portal de noticias UOL.
Es improbable que esto sea un factor determinante, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, como algunos comentaristas parecen vislumbrar. La política del día a día, especialmente en Brasil, es un asunto extremadamente volátil y hasta las elecciones queda más de un año. No se podrán determinar tendencias sólidas sobre quién ganará la carrera electoral hasta que se conozcan los candidatos definitivos, dentro de aproximadamente un año.
Hasta ahora no se vislumbra una tendencia clara para las Presidenciales
Pero, sin duda, el proceso y, en especial, la injerencia de la administración Trump desde el exterior ha fortalecido la posición del presidente en ejercicio, Lula. Efecto bumerang en contra, que de seguro no era la intención de la Administración Trump. Desde que Trump impuso los altos aranceles, ha logrado involuntariamente unir un poco a los brasileños. Políticos de ambos bandos rechazan categóricamente la injerencia de EE.UU. en asuntos internos y defienden su propia soberanía. Con sus aranceles, Trump le dio a Lula un triunfo que el experimentado presidente sabe jugar de maravilla.
Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión en un régimen cerrado, además de a 124 días-multa equivalentes a dos salarios mínimos por día. El veredicto se adoptó por cuatro votos contra uno discrepante. La pena de prisión solo se cumplirá una vez que se agote todas las vías judiciales y recursos legales.
Tras la publicación de la sentencia, es decir, de la decisión oficial de la Sala Primera del Tribunal Supremo, los defensores tienen cinco días para presentar un recurso de apelación. Habrá que esperar para ver hasta qué punto Bolsonaro deberá cumplir efectivamente la condena completa en prisión. Ya antes estaba bajo arresto domiciliario por riesgo de fuga. Una mirada al pasado y a otros grandes procesos como los casos de corrupción “Lava Jato” o “Mensalão” muestra que, si bien no es raro que se impongan largas condenas de prisión, rara vez los condenados han tenido que cumplirlas en su totalidad.
Por lo general, tras unos años, se suavizan las condiciones o se conmutan por arresto domiciliario. Pero incluso eso podría llegar demasiado tarde para Bolsonaro. Tiene 70 años y su salud es frágil. Todavía sufre las secuelas del apuñalamiento que sufrió antes de las elecciones de 2018. Por lo tanto, cabe suponer que, si bien su carrera política probablemente haya terminado, el apellido Bolsonaro no desaparecerá tan facilmente del panorama político de Brasil.