No puede extrañar entonces que una historia de corrupción, y una práctica que lejos de condenarla, (más allá de los discursos), terminan minimizándola, o aún premiándola, generan una subcultura en que el soborno, el cohecho y en general la corrupción, se presentan como una realidad cotidiana, que no merece sanción social alguna entre los pares, o cuando estalla por la prensa, muy baja, (¿clases de ética?) pues al tener capturada buena parte de la institucionalidad, y ser dueños de los medios de comunicación, la impunidad es la regla.
Fernando García Díaz. Santiago. 8/2025. En los últimos años hemos estado plagados de casos de corrupción en los más diversos ámbitos y en especial el político. No puede llamar la atención entonces que muchos sostengan que todo el mundo político está en la misma situación, que todos son igual de corruptos. “Que se vayan todos” es un grito que de pronto se ha escuchado en alguna manifestación.
Pero nada más empezar a indagar sobre el fenómeno, se ve que esa no es la realidad.
Si bien es cierto que la corrupción es un fenómeno complejo, que se presenta en diversos escenarios, con múltiples formas y niveles en una sociedad, que sus causas son claramente multifactoriales, y que hay políticos involucrados de diferentes partidos, lo también es cierto es que cualquiera sea el indicador que se utilice, (políticos condenados, formalizados, investigados por los tribunales, montos involucrados, etc.,) lo primero que se descubre es que los casos de corrupción no están repartidos proporcionalmente al azar, esto es, hay sectores políticos en donde dicha conducta es muchísimo más frecuente que en otros. Y lo segundo, que la derecha, con la UDI a la cabeza, seguida de cerca por RN y ahora por el Partido Republicano, es lejos, y desde hace ya mucho tiempo, el sector político con más casos de corrupción.
No se trata de defender a unos corruptos y condenar a otros. No. Ni desconocer que también ha habido corrupción en otros sectores políticos. Todos merecen la mayor condena. Lo que aquí simplemente queremos abordar es por qué en la élite política de la derecha se dan los mayores niveles de corrupción conocidos hasta ahora.
Cathy Barriga, Virginia Reginato, Daniela Peñaloza, Raúl Torrealba, Rodrigo Delgado, Felipe Guevara, Miguel Ángel Aguilera, Joaquín Lavín, Luis Hermosilla, Marcela Cubillos, Andrés Chadwick, Andrea Molina, Angela Vivanco, Daniel Sauer, Felipe Ward, Pablo Longueira, Jovino Novoa, Cristián Leay, Pablo Wagner, Jaime Orpis, Marta Isasi, Karen Rojo, Cristian Labbé, Daniela Peñaloza, Carolina Silva, son algunos de los políticos de derecha más conocidos e involucrados en casos de corrupción. Hay decenas más solo en municipios menos relevantes, como Mario Meza, en Linares, José Luis Yáñez en Algarrobo, Nora Cuevas, en San Bernardo, Fernando Paredes en Puerto Natales, etc. etc. A ellos podríamos agregar también a los más de 70 involucrados en el fraude con facturas falsas ligados al caso de la plataforma SocialTazk que controlaba Joaquín Lavín León.
Algunos de ellos ya han sido condenados, como Jovino Novoa, Jaime Orpis, Marta Isasi, Karen Rojo, Felipe Arenas, Iván Moreira, otros están ya formalizados, como Cathy Barriga, Joaquín Lavín León, Raúl Torrealba, o Mario Meza y los más, siguen siendo investigados.
Surge entonces legítimamente la pregunta ¿por qué la dirigencia de la derecha es tan corrupta?
Entendida la corrupción como el abuso de poder para obtener beneficios de interés personal, habitualmente económicos, pero no exclusivamente, cuando se trata de conductas individuales, éstas se pueden explicar a partir de dos condiciones, un espacio de poder desde donde actuar, y una voluntad de querer hacerlo. Pero para entender la situación de la derecha surge un tema adicional y es que para que muchos, dentro de un mismo sector político y social realicen conductas de corrupción, no basta con estar en un espacio de poder y “tener ganas de ser corrupto”, se necesita algo más. Y como la respuesta genética (“nacen corruptos” diría Lombroso) hoy carece de sentido, la respuesta debemos buscarla en el entorno social.
El primer sociólogo que estudió seriamente las conductas delictivas desarrolladas desde el poder fue el norteamericano E. Sutherland. En 1939 presentó ante la Asociación Americana de Sociología su artículo titulado “Criminalidad de Cuello Blanco”, en el que desafiaba la idea, generalizada hasta entonces, de que el delito estaba asociado prácticamente de manera exclusiva a los sectores más bajos de la sociedad (criminalidad de “cuello azul”, por los overoles de ese color que generalmente utilizaban los trabajadores manuales). Diez años más tarde, el mismo autor, ampliando la información, publicó el libro “Delito de Cuello Blanco”, consiguiendo verdaderamente revolucionar el mundo de los estudiosos del delito, al exponer decenas de casos en que personas de alta posición social cometían delitos en el ejercicio de su profesión o actividad. Delitos de cuello blanco, delitos económicos, delitos de los poderosos, son algunos de los nombres con que hoy se conoce este tipo de crímenes. Se trata, en términos generales, de delitos cometidos desde situaciones de poder, económico y/o político preferentemente, en el ejercicio mismo de ese poder y vinculados a temas relacionados mayoritariamente con dineros, es decir, aquellas conductas que hoy podemos agrupar en la expresión genérica “corrupción”.
Pero Sutherland no sólo puso de relieve la conducta delictiva de muchos poderosos, también hizo presente que hay situaciones en que los delitos cometidos desde las organizaciones pueden ser sistemáticos y permanecer en el tiempo, incluso después de cambiar todos los mandos de esas organizaciones. Esto significa que los delitos no son el resultado de individuos inmorales aislados, sino más bien que forman parte de un patrón de conducta que se perpetúa dentro de la organización, debido a normas, incentivos y estructuras que facilitan o permiten este comportamiento. Sutherland fue, en estas materias uno de los primeros que propuso una comprensión más estructural de cómo las presiones sociales afectan a las personas. Hoy innumerables teorías sociológicas tratan de explicar la incidencia del entorno social en las conductas desviadas. Muchas de ellas, de una u otra manera plantean la idea de una “subcultura”, que en este caso, es una “subcultura de la corrupción”.
En términos generales una subcultura es un conjunto de personas, que dentro de una cultura más amplia, mantienen cierta identidad propia, comparten valores, creencias, comportamientos, intereses o estilos de vida propios, y a menudo códigos lingüísticos, formas de consumo, redes cerradas, y estructuras de socialización particulares que los distinguen del grupo mayoritario.
La dirigencia política y económica (a menudo se confunden) de la derecha, como subcultura, se manifiesta de múltiples maneras. Barrios como Vitacura, Lo Barnechea, las Condes, Colegios como el Grange, el Verbo Divino, Villa María, SS.CC. de Manquehue, el Colegio Alemán, (alguien cree que es casualidad que Kast y Matthei hayan estudiado en el Colegio Alemán de Santiago y Kaiser en el Colegio Alemán de Temuco) son algunas de las muestras más visibles de la condición de sector social diferente al resto. A ello podemos agregar una fuerte endogamia social: los matrimonios, las amistades y las alianzas empresariales se forman dentro de un círculo restringido. La élite derechista se relaciona, se casa y hace negocios dentro del mismo círculo. Los apellidos, los contactos familiares y las redes sociales cerradas, clubes, empresas familiares, fundaciones, funcionan como filtros de exclusión. La élite derechista consume productos y experiencias (ropa, arte, viajes, restaurantes) que no son accesibles a la mayoría, marcando una diferencia, que claramente las distingue del común de los chilenos. En síntesis, en una sociedad fuertemente segmentada, como la nuestra, ellos constituyen un sub grupo social, económico y cultural, una subcultura en términos sociológicos.
Pero no se trata de una subcultura cualquiera, es una subcultura de la corrupción.
Estar situado en un espacio de poder constituye un requisito esencial para realizar actos de corrupción. El otorgar conocimiento privilegiado, y/o control y autoridad sobre decisiones, y/o la capacidad de influir en ellas, afectando recursos y personas, en definitiva ejerciendo un espacio de poder, es no sólo tierra fértil para la corrupción, sino un requisito esencial para que ella se produzca.
Respecto de este primer requisito, no resulta difícil comprender que la derecha, tienen “ventajas comparativas” al respecto. Más allá de quien esté en el gobierno, la derecha sigue controlando los mayores espacios de poder en nuestro país. En primer lugar, y el más importante pues desde aquí se logra controlar muchos otros, el poder económico, en prácticamente todas sus áreas, pero además, el mundo militar y policial, el poder judicial, los municipios más ricos, las universidades privadas y muy especialmente los medios de comunicación.
Pero como hemos señalado, es necesario algo más.
Recordemos, para empezar, que los dos partidos históricos de la derecha surgen desde la corrupción misma, durante el gobierno del dictador, genocida y ladrón Augusto Pinochet, para defender dicha dictadura, (ambos partidos, en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, apoyaron la opción “Sí”, es decir, que Pinochet siguiera asesinando y robando desde el poder por 8 años más), de la que muchos de sus fundadores fueron activos integrantes. No olvidemos que es durante esta dictadura que la corrupción alcanzó los mayores niveles de la historia en nuestro país. Sólo el propio dictador se robó más de 16 millones de dólares según lo ha dictaminado la justicia recientemente.
La UDI surge desde el llamado “movimiento gremialista”, cuyos máximos dirigentes estuvieron involucrados ya en la estafa que significó la “Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Financieros “La Familia Ltda.”, en los años 1976 y 1977 y que significó la condena de varios en 1982.
Renovación Nacional surge de la fusión del Movimiento Unión Nacional, liderado por Andrés Allamand, el Frente Nacional del Trabajo, vinculado a Sergio Onofre Jarpa, ministro del Interior del dictador y responsable directo de centenares de muertos en las protestas, el Partido Nacional Renovado, y otros grupos menores.
Pero recordemos también que no sólo surgen para apoyar a un gobierno corrupto del que formaban parte. Hasta hoy, sus principales exponentes en este momento, Matthei, Kast y Kaiser, siguen defendiendo el gobierno más criminal, corrupto y asesino que ha conocido nuestra historia.
Sin embargo el elemento que mejor ayuda a explicar una subcultura de la corrupción probablemente sea el mantenimiento de forma sostenida en el tiempo, de una ética carente de principios, que hace de la corrupción una práctica más, que en algunos casos se esconde, en otros se apoya y en algunos se condena de los dientes para afuera.
Tener principios morales significa adherirse a un conjunto de normas y valores que guían el comportamiento de una persona, que funcionan como una verdadera “brújula” interna que lo orienta ayudándolo a diferenciar entre lo que considera correcto e incorrecto, justo e injusto. En resumen, tener principios es actuar de acuerdo con un conjunto de valores que guían el comportamiento hacia lo que se percibe como correcto, promoviendo el bienestar propio y el de los demás. Se tiene principios no cuando en el discurso público se anuncian, sino cuando éstos orientan las decisiones y las acciones en la vida diaria, cuando existe una consecuencia entre el decir y el actuar.
Con la élite derechista pasa todo lo contrario. Por un lado presentan un discurso valórico muy rígido, en algunas materias con apego irrestricto al discurso católico conservador, en materia de corrupción a veces con un discurso vociferante, pero un gran número de sus más altos dirigentes hacen exactamente lo contrario, y ello con la condescendencia de sus organizaciones.
Sabido es que en materia sexual y matrimonial su discurso suele ser de una pacatería propia de Edad Media, pero defendieron a pedófilos como Paul Shafer, Karadima o Macaya. Marcela Cubillos, como muchos de su sector, votó en contra del divorcio, pero nada más aprobada la ley, se divorció para casarse con Andrés Allamand. Kathy Barriga, alcaldesa de la UDI, el partido más conservador en su discurso moralizante, terminó haciendo pornografía y vendiéndola.
Jovino Novoa condenado como delincuente a una pena remitida de 3 años el 2015, continuó en el partido hasta su muerte, seis años después, el 2021.
Joaquín Lavin Infante reconoció en un programa de televisión haber lucrado con su inversión en la Universidad del Desarrollo, lo que era, y es, absolutamente ilegal, pues por ley las universidades no pueden tener fines de lucro, y sin embargo siguió siendo militante de la UDI sin problema alguno por sus declaraciones.
Un caso paradigmático de este doble discurso es el caso del diputado Marcelo Ojeda, diputado del Partido Republicano, cuyo encendido discurso anticorrupción en el parlamento sigue circulando en las redes sociales. Hoy está preso por fraude al Fisco reiterado y fraude frustrado y la Fiscalía pide una condena a 19 años.
En donde sin embargo el cinismo, el doble estándar y la falta de principios alcanza niveles inconmensurables es en materia económica.
Toda la derecha dice defender el libre mercado, pero defendieron y representan a aquellos empresarios que no tuvieron escrúpulos para robar a todos los chilenos con la colusión de los pollos y del papel tisú (papel higiénico, servilletas, toallas de papel, pañuelos desechables, a los enfermos con la colusión de las farmacias, a los compradores de autos con la colusión de las navieras que los traían, a los jugadores con la colusión de los casinos, o a las empresas naviera comprando parlamentarios que aprueban leyes cuyos textos son redactados por las mismas navieras que se benefician con ellos. (Hoy deberíamos hablar del “Tren de los Pollos” o el “Tren de las Farmacias”, aunque el daño económico causado a los chilenos por estos delincuentes es mayor, en monto y número de personas afectadas, que el ocasionando por los otros delincuentes a quienes si llamamos “Tren de Aragua”).
La corrupción en la derecha no es por cierto un tema individual, y no comprende sectores aislados de las esferas de poder en el país. El Caso Hermosilla, por ejemplo, permitió develar una compleja telaraña, en la que las redes de corrupción comprendían, entre otros a abogados, (Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos), empresarios (Daniel Sauer), políticos (Andrés Chadwick, Marcela Cubillos), fiscales del Ministerio Público (Manuel Guerra), Ministros de Corte Suprema (Ángela Vivanco), Director General de la PDI (Sergio Muñoz Yáñez), y con la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián como caja pagadora de favores políticos, financiada entre un 57 y un 60% con recursos públicos, (Aporte Fiscal Directo AFD, Aporte Fiscal Indirecto, AFI, fondos de gratuidad, becas, etc.), es decir de todos los chilenos.
Pero no sólo eso, incluso premian a los corruptos, conociéndose públicamente que son corruptos.
La médico María Luisa Cordero, cuya concepción política es pre revolución francesa, pre democracia, en donde el voto de las personas vale lo mismo para todos, (el voto de ella debiera valer 10 veces el de una nana, dice ella) fue sorprendida por un equipo de televisión vendiendo licencias, sin que existiera enfermedad, y luego fue premiada por la derecha con una candidatura a diputada, que le permite hoy ocupar un escaño como parlamentaria de la nación. Y no olvidemos que cuando estalló el escándalo de los viajes al extranjero estando con licencia médica, destapado por la Contraloría, salieron rasgando vestiduras y desprestigiando -una vez más- a todos los funcionarios públicos.
Hace unas semanas José Antonio Kast presentó con mucho orgullo a su “coordinador de toda la propuesta económica”, el “destacado economista” Jorge Quirós, quien fue la persona que diseñó el modelo económico que permitió que las principales empresas avícolas se repartieran el mercado mediante cuotas de producción, la colusión de los pollos, coordinador de la colusión de los pollos, y más tarde el que defendiera a SalcoBrand, negando la colusión de las farmacias.
Como alcaldesa de Providencia, Matthey contrató a Manuel Guerra como “asesor de probidad” en la municipalidad, más tarde lo hizo Rodolfo Carter en la Municipalidad de La Florida, para ejercer el rol de “defensor de la gente”, hoy implicado en el caso Hermosilla.
Matthei contempla en su equipo de “expertos en seguridad” a Christian Alveal, ex funcionario de Gendarmería, condenado por acoso laboral en 2023, y sancionado por la Contraloría por dejar sin efecto un sumario que lo involucraba a el mismo, por pago de doble remuneración.
Pues bien, no puede extrañar entonces que una historia de corrupción, y una práctica que lejos de condenarla, (más allá de los discursos), terminan minimizándola, o aún premiándola, generan una subcultura en que el soborno, el cohecho y en general la corrupción, se presentan como una realidad cotidiana, que no merece sanción social alguna entre los pares, o cuando estalla por la prensa, muy baja, (¿clases de ética?) pues al tener capturada buena parte de la institucionalidad, y ser dueños de los medios de comunicación, la impunidad es la regla.
Edwin Sutherland, el mismo autor que citamos al comienzo, plantea, en su teoría de la asociación diferencial, que el comportamiento delictivo se adquiere mediante contacto frecuente con personas que aprueban o practican el delito. Tal vez sea tiempo de tenerlo presente para entender la corrupción en la derecha.
