Esta comisión no está al servicio de los pueblos indígenas ni del pueblo mapuche, sino de “la razón estatal y colonial chilena”. Es una herramienta para “institucionalizar la derrota mapuche”, para convertir la resistencia en gestión administrativa y borrar del mapa a la Nación Mapuche.
Daniel Jadue. Arquitecto y Sociólogo. Santiago. 5/2025. En tiempos de crisis política, los Estados recurren a viejas fórmulas con nuevas palabras y, al parecer, la Comisión para la Paz y el Entendimiento es uno de esos inventos: un artefacto de contención con vocabulario técnico y sonrisa institucional, pero sin voluntad real de transformación. Lo que se presenta como un gesto reparador, es en verdad una operación ideológica de recolonización simbólica, que busca desactivar la lucha mapuche sin tocar los intereses estructurales que la motivan.
Ya lo decía Marx en “El 18 Brumario”: “La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”. La CPyE es exactamente eso: la pesadilla del Estado chileno tratando de enterrar, una vez más, la cuestión mapuche bajo el lenguaje de la reconciliación sin justicia.
Para partir, cabe recordar que la comisión no se gestó desde las comunidades ni sus autoridades tradicionales, sino desde el poder central del Estado burgués, cuya matriz colonial, militarista y capitalista sigue intacta, de hecho ha funcionado bajo el periodo de militarización de Wall Mapu más largo del que se tenga recuerdo. El informe habla de “reconocimiento”, “restitución” y “entendimiento”, pero jamás de autodeterminación, ni del derecho territorial colectivo que asiste a los pueblos indígenas y particularmente al pueblo mapuche como nación preexistente al Estado chileno.
Es una comisión que no dialoga, sino que impone. Convoca a hablar, pero no escucha. Su meta no es resolver el conflicto, sino administrarlo con eficiencia para perpetuar la propiedad privada sobre el territorio usurpado, ahora bajo un discurso “multicultural”. Es como “la pacificación del siglo XXI”, con menos fusiles, pero el mismo objetivo: neutralizar la demanda nacional mapuche y consolidar el poder del capital sobre su territorio.
El informe de la CPyE sugiere un Fondo de Tierras. Pero como ya señalamos, no establece montos, plazos ni mecanismos de restitución efectivos. Se trata de una promesa de devolución parcial, fragmentada y bajo control estatal. Nada de control comunitario, ni recuperación masiva, ni menos una reconfiguración del mapa territorial en favor de las autoridades tradicionales del Wallmapu.
Este mecanismo de compensación sigue la lógica del asistencialismo y la caridad, jamás la de la justicia ni la reparación integral. ¿Qué tipo de “paz” puede ofrecerse sin desmilitarización, sin expulsar a las forestales, sin tocar las bases del modelo extractivista? ¿Cómo puede hablarse de “entendimiento” si las comunidades son cercadas por carabineros y amenazadas con prisión política?
Resulta evidente, entonces, que esta comisión no está al servicio de los pueblos indígenas ni del pueblo mapuche, sino de “la razón estatal y colonial chilena”. Es una herramienta para “institucionalizar la derrota mapuche”, para convertir la resistencia en gestión administrativa y borrar del mapa a la Nación Mapuche.
Claramente esta maniobra no es nueva. Es el clásico movimiento del Estado burgués: asimilar la lucha popular en su legalidad institucional, vaciarla de contenido revolucionario y transformarla en un expediente burocrático. En lugar de resolver el conflicto, lo esteriliza. Lo hace visible para hacerlo inofensivo. Y en ese proceso, se sigue negando la raíz económica y política del conflicto: la propiedad privada que el Estado Nacional impuso sobre la tierra mapuche.
El Estado chileno no es un mediador neutral. Es parte del problema. Su legalidad es la legalidad del despojo. Sus leyes, sus mapas, sus catastros, fueron construidos para entregar el Wallmapu al capital forestal, agroexportador y minero. Por eso la CPyE no toca a Arauco, CMPC, ni a los grandes latifundistas: porque están al centro del pacto burgués que sostiene al Estado chileno.
Como decía Lenin, “el Estado es un aparato de dominación de clase”. Y en este caso, ese aparato busca reconducir la lucha mapuche hacia la inofensividad: mesas de diálogo, promesas de tierras, palabras bonitas, y ninguna transformación real. Una pacificación sin justicia, una paz sin dignidad.
La CPyE no es un paso hacia la reconciliación. Es una farsa cuidadosamente diseñada para simular solución mientras se preserva el orden vigente. No reconoce al pueblo mapuche como sujeto político, sino como víctima administrable. No devuelve el Wallmapu, apenas lo reparte en migajas a quienes puedan demostrar títulos de reclamación reconocidos por el usurpador. No desmantela el Estado monocultural, sino que lo refuerza bajo una estética multicultural.
Como toda operación colonial, busca robar el relato, reescribir la historia y normalizar la subordinación. Y mientras esta actitud colonial del Estado Burgués no cambie, seguirán existiendo sectores cada vez más importantes dentro del pueblo Mapuche que seguirán insistiendo en que la única respuesta coherente es la resistencia: seguir luchando por la autonomía, por la recuperación territorial, por la reconstrucción nacional mapuche desde abajo, fuera del marco del Estado burgués chileno.