El esquema de persecución jurídica contra Jadue de la A a la Z

Resultaría erróneo y simplista concebir la persecución judicial contra el exalcalde como el resultado de reuniones de estado mayor, donde se toman decisiones de modo centralizado. Como en la vida, eso no es así. Es la síntesis de variadas ansias, circunstancias, envidias, estrategias, intereses, motivos, odios, pasiones, protagonismos, recursos, voluntades y un largo etcétera. Operaciones, filtraciones, irregularidades y sus protagonistas. El eje de la conjura. El objetivo es y fue, siempre, contaminar el prestigio de Daniel Jadue, deteriorar su imagen y, en lo posible, liquidar su proyección política.

Francisco Herreros. Periodista. “Red Digital”. 4/2025. La particularidad de las conversaciones de Whatsapp, entre los abogados Luis Hermosilla, Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso, a propósito de una serie de temas que preocupaban a Piñera durante la última parte de su segundo mandato, desclasificadas por TheClinic, radica en que expone, con precisión arqueológica, uno de los momentos de origen de la conspiración mediática y jurídica contra el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El reportaje La influencia de Luis Hermosilla en el Congreso: los chats con Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, expone que en el celular de Hermosilla hay constancia de que, con Donoso y Zaliasnik, se coordinaron en una serie de causas sensibles para el gobierno de Sebastián Piñera, como la investigación penal por el manejo de la pandemia, o la acusación constitucional contra el exministro Jaime Mañalich.

Según las conversaciones, también se ocuparon de la defensa de la hermana de uno de los tres abogados, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, acusada por el Congreso de otorgar la libertad condicional a Hugo Bustamante, quien, tiempo después, asesinó a la menor Ámbar Cornejo.

Los antecedentes aportados por esta nueva desclasificación del prodigioso y temible celular de Hermosilla, coinciden en la matriz de intervención de los intereses privados; léase los grandes intereses privados, en los sistemas judicial y político, a través de esta plétora de lobistas inescrupulosos, operadores transversales y rastacueros a sueldo.

Sin embargo, el autor del reportaje no advirtió las deducciones de las conversaciones relativas a Daniel Jadue. Pasó por alto que en ellas está estampado en piedra; en rigor, en bits, el primer registro de la intencionalidad, persistencia y sevicia que ha caracterizado su encarnizada persecución, por la vía del lawfare.

Puesto que la causa penal contra Mañalich y otras autoridades durante la pandemia, se inició por una querella de Daniel Jadue, en los chats de esos abogados emergió como problema.

Así, la conversación del 27 de julio de 2020, registró que ese grupo de abogados se planteó, por primera vez probada, una ofensiva frontal contra Jadue:

Samuel Donoso: Y si nos querelláramos por el tema luminarias contra Jadue. Si no la centro norte (o la fiscal de chillan) va a matar el caso.

Eduardo Riquelme: Por algún delito contra la probidad pública, habría que ver quién, quizás algún interesado en ser candidato por Recoleta. Yo puedo buscar alguno si les parece.

Luis Hermosilla: Buena idea, Eduardo.

La siguiente conversación acaeció el 9 de octubre del mismo año:

Gabriel Zaliasnik: (a Bárbara Yévenes) tú y samuel q son expertos en transparencia podrian pedir (o x medio de alguien) todos los contratos y pagos q existan entre Muni Recoleta, corporacs municipales de Recoleta de todo tipo, y Ramon Sepulveda (habria q ver si tiene. sociedades). Creo q alguien hizo algo así con Ciro pero me llego el dato que Sepulveda es el que le blanquea las lucas a Jadue.

Barbara Yévenes: Ya hicimos previamente búsqueda por transparencia activa. Lo pido.

Las primeras luminarias de la campaña

A partir de entonces, la línea de tiempo registra el inicio de una persecución incesante contra Daniel Jadue, hasta ahora.

Los días 9, 11 y 12 de enero de 2021, La Tercera inició la andanada, con tres artículos, La llamada telefónica que enreda al alcalde Jadue en el caso luminarias.; Cuatro preguntas sobre las luces de Jadue y  Caso Luminarias LED: las 11 aristas paralelas que lleva adelante la fiscalía, firmados por Leslie Ayala.

El 26 del mismo mes, los diputados Sebastián Torrealba, jefe de bancada de RN, Luciano Cruz-Coke, su par de Evópoli y Jorge Alessandri, de la UDI, presentaron una querella por cohecho y soborno contra Daniel Jadue, a propósito del caso luminarias.

Aparte de no exhibir antecedente alguno, el libelo exigía verificar la eventual relación entre los $50 millones donados por la empresa Itelecom, vendedora de las luminarias con tecnología led, a la municipalidad de Recoleta, para apoyar el festival de música Womad, y la licitación de luminarias, que se adjudicó.

La prensa no lo informó, pero la estrategia le estalló en la cara a los intrigantes del foro de Wathsapp, como pastel de utilería en película muda, con cómicos visos de sainete.

El municipio de Recoleta demostró la corrección de la licitación, incluido, el precio.

Respecto de los $50 millones desembolsados por Itelecom en apoyo de una actividad cultural del municipio, un par de reflexiones.

Los recursos fueron utilizados para el propósito original. En el cuaderno de investigación no hay antecedente alguno que acredite apropiación indebida, malversación, desfalco, estafa o cualquier delito administrativo en la gestión de ellos.

Tampoco aparece que Jadue le puso una pistola al pecho a Marcelo Lefort, gerente general de Itelecom, para que desembolsara esa suma, en verdad irrisoria, en apoyo de una masiva actividad cultural.

El sistema de la industria cultural capitalista funciona de esa manera. Sin el avisaje, auspicio, patrocinio, o como se le quiera poner, del capital monopólico; en rigor, de cualquier capital, no existiría.

Pero basta que lo haga el alcalde de Recoleta, -comunista el ctm- para que ardan los fuegos del Vesubio, detonen los rayos de Zeus y truenen los clamores de los mentirosos, para acusarlo, por todos los medios, de enriquecimiento ilícito, o tonterías de semejante jaez.

¡Ridículos!

Coincidencia o no, apenas Lefort decidió colaborar, y salieron al baile alcaldes o funcionarios municipales de derecha, incluyendo a los alcaldes de Puerto Natales, Fernando Paredes (UDI); Luis Sanhueza (RN), de San Miguel; Germán Codina (RN), de Puente Alto, y Álvaro Lavín, asesor de Evelyn Matthei (UDI), el “caso luminarias” desapareció de la pauta de los medios hegemónicos, hasta hace unos días, cuando el Ministerio Público decidió no prosperar.

Abrumada por el “troleo” en redes sociales, la periodista de La Tercera, Leslie Ayala, cerró su cuenta de Twitter. Pero se repuso luego, y regresó en modo esteroides, como muestran los 57 artículos escritos contra Jadue, a propósito del caso Achifarp.

Un departamento, en un cuarto piso…

Resultaría erróneo y simplista concebir la persecución judicial contra Jadue como el resultado de reuniones de estado mayor, donde se toman decisiones de modo centralizado.

Como en la vida, eso no es así. Es la síntesis de variadas ansias, circunstancias, envidias, estrategias, intereses, motivos, odios, pasiones, protagonismos, recursos, voluntades y un largo etcétera.

Sin embargo, en el caso de Daniel Jadue, desde la conversación de esos abogados, en julio de 2020, al día de hoy, concurren tres elementos que se repiten en la trama, al punto de que se entretejen con ella.

Primero y esencial, la invariable presencia de abogados/as del estudio jurídico del cuarto piso de Alonso de Córdova 3788, oficina 41 A, que desde 2019 compartían Luis Hermosilla y Andrés Chadwick (hasta el 17 de noviembre de 2023, cuando el disminuido coronel retiró sus pertenencias y separó aguas y techo de su examigo, tres días después de la desclasificarse los audios grabados por la abogada Leonarda Villalobos) en todas las actuaciones judiciales relativas al “caso Jadue”, sin excepción, hasta hoy. O de abogados/as relacionados/as con ese estudio, en causas judiciales paralelas o cruzadas.

Enseguida, la complicidad de la gran prensa con el montaje, reflejada en el hecho de que, desde enero de 2021, a la fecha de formalización de Jadue, el diario La Tercera publicó 557 artículos en su contra, o sea, un artículo cada 2,4 días, sin nunca haber consultado su versión. Si no está para el Guiness, pega en el palo.

En Canal 13 y Ex Ante, medios del Grupo Luksic, se registró el mismo patrón.

Tercero, la aquiescencia y prevaricación de la fiscalía y tribunales, en áreas o sectores permeados por la influencia de Hermosilla.

Abogados de ese estudio, o relacionados, asumieron el bastón de relevo, una vez fracasada la tramoya del “caso luminarias”.

El núcleo de la trama

El eje constitutivo del nuevo asunto remite al 1 de julio de 2020 cuando Daniel Moraga, secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifarp, compró en forma directa, a la empresa BestQuality, mil termómetros infrarrojos, 80 mil cajas de mascarillas de tres pliegues y 290 mil cajas de mascarillas KN95, entre otros insumos, por un valor de $1.384 millones.

O sea, supuestamente.

El caso Achifarp ostenta sobrado mérito para incorporarse como un clásico montaje, dentro de la categoría lawfare, o persecución judicial, de frecuente uso a escala global, a la cuadra del primer cuarto del siglo veintiuno.

Al punto que evoca el caso Letelier, cuando la “inteligencia” chilena sembró pistas y evidencias aún antes de perpetrar el crimen, o el asesinato de Juan Alegría Mundaca, donde agentes esa misma inteligencia, le cortaron las dos muñecas hasta los tendones, para simular suicidio.

De la venta de esos insumos médicos en adelante, la intervención del nutrido equipo jurídico de BestQuality agobió y finalmente ahogó a la precaria estructura de la Achifarp.

En ese contexto, la invariable alineación de la fiscalía con la parte de BestQuality, tampoco es casual. Antes bien, forma parte de la conflagración de intereses económicos y políticos, represalias étnico-religiosas, e inquinas personales, imbricados en la red detrás del esquema de persecución a Daniel Jadue.

Así, desfilarán singulares personajes, cada uno con su motivo, los más de ellos con los cuatro.

El testimonio de José Matías Muñoz Becerra, del 28 de noviembre de 2023, es doblemente importante para entender el vínculo entre Achifarp y BestQuality; entre otras cosas, porque él lo fue. Conviene retener este dato, porque comparecerá una y otra vez.

En 2019, mientras gestionaba su empresa Induscorp, dedicada a la reventa de insumos de aseo, artículos de escritorio, productos de ferretería, y aseo de departamentos, conoció a César Ramírez, comisionista de BestQualily, a quién puso en contacto con Daniel Moraga, entonces secretario general de Achifarp, con el cual cerró el funesto trato que la precipitó al despeñadero, en julio de 2020.

Hay dos posibilidades. Ese encuentro entre Muñoz Becerra y César Ramírez; o bien fue producto del azar, o el primer acto de una aceitada maniobra, concebida y ejecutada por astutos abogados, duchos en esa “especialidad”. Por ahora, baste enunciarlo.

Tampoco es momento de discutir si esa compra fue buen o mal negocio, si se pagó sobreprecio, o cuánto sabían el presidente y el directorio; materias que, de otro lado, nada tienen que hacer en una causa penal. Por lo demás, independiente de lo que hiciera uno y otros, no había modo de contener la avalancha.

El punto radica en que, con esa controvertida operación de compraventa, los abogados del estudio Chadwick Hermosilla, a través del nutrido equipo jurídico deBestQuality, pudieron armar el caso reclamado en las conversaciones de whatsapp de julio y octubre de 2020; más aún cuando el propio Zaliasnik tiene contacto directo con los querellantes.

Ataque artero y letal

El ataque de ese equipo jurídico fue rápido y sorpresivo, envolvente y letal; tanto más efectivo cuanto que encontró en la Fiscalía una proactiva colaboración; manifestada, entre otras materias, en asumir la tesis de la parte querellante, sin parar mientes en pruebas, inexistentes por lo demás, y la profusa filtración de antecedentes a la prensa, lo cual predispuso a la opinión pública en la dirección del montaje.

Entre octubre y diciembre de 2020, BQ factorizó tres letras de cambio, libradas por Achifarp, por un monto de $261.322.215 millones, equivalentes al 20% de la deuda, a las empresas factorizadoras; en rigor, financieras o prestamistas informales, Emprender Capital, Logros Servicios Financieros y VNT.

Según César Ramírez, el procedimiento fue sugerido por el entonces secretario ejecutivo de Achifarp, Matías Muñoz; segundo acto de la pantomima de estos personajes, que ya habían desempeñado un papel preponderante en la operación de compraventa de insumos para la pandemia, por $1.300 y tantos millones.

Como fuere, el efecto fue devastador: se multiplicaron por tres los protestos de documentos, cobranzas extrajudiciales, acciones civiles y querellas penales, en un contexto multiplicado por la profusa filtración a la prensa; de modo que, cual tragedia griega, la caída de Achifarp quedó sentenciada.

Carece de lógica que factorizadora alguna judicialice una deuda del rango de entre cien y doscientos millones, pues el resultado inevitable es la liquidación, donde el único que gana a todo evento es el liquidador. Si fuese la norma, los tribunales civiles y comerciales colapsarían.

Sin embargo, en estetinglado, es lo que sucedió.

Siguiendo el motivo

Junio de 2020 representó el punto más crítico de la pandemia. Aún con la pésima la elección de proveedor -inducida por el proveedor- la decisión de compra de Achifarp obedeció a la sensación de urgencia que conmovió en forma horizontal, al país, incluyendo el gobierno de la época, antecedente que la fiscala abstrae, o simula ignorar.

El proveedor, BestQuality Spa, extraña empresa que emergió desde las sombras en el instante preciso, ariete de la renovada arremetida contra Jadue; está infestada de vínculos directos o cruzados con el departamento, en el cuarto piso, en pleno centro del sector opulento de la sociedad.

Esa transacción en particular abrió al forado por el cual se coló el equipo jurídico de BQ, insólitamente abultado para una causa de derecho administrativo, coordinado desde el departamento, en el cuarto piso, que presionó sin tregua, por la liquidación de Achifarp, lo cual, como la boa que aprieta los anillos sobre su presa, finalmente consiguió.

Y ¿cuál sería el interés de BestQuality Spa, en participar en un esquema de persecución contra Daniel Jadue, iniciado de otra parte, por César Ramírez, uno de sus comisionistas de ventas?

¡Exagitant rem! Ese es el nudo del problema.

En primer lugar, debido a que al menos cinco de los integrantes de su nutrido equipo querellante, reportan directamente a la oficina Chadwick Hermosilla.

Pero, en lo principal, porque uno de sus propietarios, Samy YagodaAssael, ostenta los cuatro motivos para participar en una operación para acabar con Jadue; y su socia y conviviente, Ljudica Basic, al menos tres.

El tercer socio, Alvaro Castro Robles, con participación minoritaria, es el que aparece en el cuaderno de investigación; al punto que está imputado, en la variante soborno, en la acusación de la fiscalía.

Yagoda, ingeniero comercial y master en administración de negocios, de la U. Católica, es un empresario que participa en un ancho arco de intereses, el principal de ellos, una red de restoranes en el barrio Bellavista de Recoleta, y sociedades de inversión.

En ese contexto, se enfrentó en numerosos litigios contra el Municipio de Recoleta, incluyendo sanciones administrativas o ambientales, incluso, decretos de demolición.

Es el caso de la resolución 1176, del 10 de abril de 2019, que ordenó la demolición parcial, inmediata y de costo exclusivo del propietario, de todos los elementos que no ofrezcan las debidas garantías de seguridad y salubridad, o amenacen la ruina, de la propiedad situada en calle Ernesto Pinto Lagarrigue, N°s 286 a 290, que aparece en los papeles como dirección comercial de las sociedades de Yagoda.

En ese ámbito, obrarían los motivos de naturaleza personal y económico. En lo político, se identifica con la ultraderecha.

Además, tiene motivos de naturaleza étnica, ideológica y religiosa: semita de origen, judío en lo religioso y sionista en lo ideológico.

Es el mismo perfil de otros integrantes de la trama, entre ellos Gabriel Zaliasnik. Fernando Cassorla y Ljudica Basic.

Esta ha colgado, en sus redes sociales, fotos obtenidas en lugares ocupados por Israel, disparando armas de esa procedencia.

Puede que no tenga motivos personales, pero al igual que su conviviente, comparte aquellos de índole económica, política e ideológica. Y con él, participa en una densa red de sociedades; útiles, entre otros fines, para blanquear capitales, evadir impuestos, fondear activos y prestar a interés.

Igual que éste, ella y los nombrados, ven en Jadue, además de un comunista peligroso, a un terrorista palestino.

El eje de la conjura

El abogado Gabriel ZaliasnikSchilkrut, es el eje de la conjura.

Para empezar, fue quién, en la conversación de Whatsapp del 9 de octubre de 2020, pidió a Samuel Donoso y Bárbara Yévenes, que obtengan por transparencia, “o por medio de alguien, todos los contratos y pagos que existan entre la Municipalidad de Recoleta, corporaciones municipales de Recoleta, de todo tipo”.

Este dato permite identificar la fase temprana del denominado “caso Achifarp”.

Probablemente en cumplimiento de esa instrucción, poco después del 9 de octubre, la oficina de Hermosilla y Chadwick trabó conocimiento del contrato de venta por $1.300 y tantos millones de BQ a Achifarp en mascarillas e insumos médicos para la pandemia.

¿Cómo se enteraron? Quodipsum simplex.

Los abogados de BQ, Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos Herrera -que ese mismo mes y año, defendían a César Ramírez, en una causa paralela por estafa- tienen llegada directa al estudio de Chadwick y Hermosilla.

La cercanía de Vargas con este último es de tal naturaleza, que fue el pelmazo que interpuso un recurso de protección para evitar que la información del celular del lobista llegara a poder del Consejo de Defensa del Estado; bajo invocación del derecho constitucional a la privacidad; el cual, como es apenas natural, perdió.

El 16 de octubre de 2020, BestQualityfactorizó una letra de cambio de $122.806.215, a Emprender Capital, antecedente esencial de una arremetida jurídica que no ha cesado hasta hoy.

A través de nodos societales, Emprender Capital Leasing Spa tiene vínculos con LarraínVial, la corrupta corredora de bolsa y valores favorita de Sebastián Piñera, y Sartor, grupo financiero controlado por Pedro Pablo Larraín Mery, recién liquidado por la CMF. Su abogado es Gabriel ZaliasnikSchilkrut.

Este distinguido jurisconsulto de la plaza detenta los cuatro motivos para atacar a Jadue, dos de ellos muy pronunciados.

Ha sostenido por años un agrio y público debate con el exalcalde de Recoleta, a propósito de la conflagración palestino-israelí.

Pero, en lo principal, es accionista de Desarrollo Inmobiliario Bellavista S. A., propietaria del proyecto Conjunto Armónico Bellavista, o Bellavista Forestal, en el barrio homónimo, comuna de Recoleta, que consideraba tres torres de departamentos entre las calles Bellavista, Pío Nono, Dardignac y Ernesto Pinto Lagarrigue.

En el proyecto tenía participación mayoritaria la Universidad San Sebastián, el último bastión de la UDI.

Por caducidad del permiso de edificación, el municipio de Recoleta ordenó la demolición de la Torre C, en calle Dardignac, N° 44, de 19 pisos y 236 departamentos.

Después de años de litigio, hace unos días la Corte Suprema dejó las cosas donde mismo. Rechazó la demolición del edificio, pero confirmó la caducidad del permiso. Las pérdidas determinaron el cierre de la empresa.

Entre los abogados de Desarrollo Inmobiliario Bellavista S. A., está Christian Espejo, afiliado a la UDI e integrante del equipo jurídico de BQ.

Zaliansky, a su turno, integra el equipo de jurídico del grupo Patio. En ese contexto, se filtró un audio de Hermosilla, donde AlvaroJalaff, entonces integrante del grupo controlador, amenazaba con “cagar” a los que fallasen en el objetivo de sacar a Jadue del camino.

En términos políticos, milita en la UDI, a cuyos dirigentes ha defendido en numerosas causas, incluyendo los senadores Iván Moreira y Jovino Novoa, o los ministros de Piñera, Víctor Pérez, de interior, y Jaime Mañalich, de salud; además  de los empresarios del grupo Penta, y una panda transversal de boleteros de SQM.

Zaliansky es un sionista duro, condición que ostenta sin complejo. Desempeñó la presidencia de la comunidad judía de Chile, de 2006 a 2011.

Se relaciona con el prestamista Fernando CassorlaAlbagli a través de su socio y primo hermano de aquél, Rodrigo Albagli, en el estudio jurídico AlbagliZaliasnik, AZ.

Cassorla Albagli entra al baile porque los testimonios de César Ramírez y Matías Muñoz coinciden en identificarlo como proveedor de BQ, en las ventas a Achifarp, a través de la empresa Aladino Spa.

Muñoz entregó el siguiente antecedente, acerca de una conversación entre el abogado designado por Jadue, para negociar con BQ, Rodrigo Aros, y César Ramírez, encargado de esa cuenta:

“Después ingresa a la conversación Fernando Cassorla, el prestamista informal; de hecho, era él quien pagaba las operaciones comerciales de ellos, por eso en una oportunidad se juntó Rodrigo Aros con Fernando Cassorla. para tomar la decisión por BestQuality”.

Más adelante aflorará la relevancia del punto. A su turno, en su declaración del 18 de abril de 2024, Ramírez atestiguó:

“A su pregunta, el número telefónico +56 9 8156 4324, es de la empresa Aladino donde BestQualityProducts Spa, compraba Insumos médicos y de aseo, tales como, cloro, alcohol gel, desodorantes ambientales, desinfectantes y en ocasiones se les compraban mascotas. Ahí el trato se daba directamente con Bernardo Carrasco y/o con Fernando Cassorla, que son los dueños de esa empresa”.

Pero, como si lloviera, la fiscala Herrera permanece del lado de BQ, y en su oblicua investigación, Cassorla es un desaparecido en acción.

Equipo jurídico con esteroides

Según la declaración de Álvaro Castro, BQ es una empresa importadora-exportadora de mediano tamaño; la cual, en virtud de la pandemia, experimentó ventas crecientes durante 2020, y que a la fecha del testimonio judicial, el 20 de abril de 2021, debido a la deuda de  Achifarp, estaba virtualmente quebrada, con ventas reducidas a stocks remanentes de 2020, y compras y ventas calzadas con proveedores locales; con millonaria deuda de IVA, y desprovista de crédito bancario, por haber entrado en DICOM.

Impostura del tamaño de una catedral. Ese paraguas de alambre de púas no lo protege ni del rocío matinal.

Si esa fuere la situación económica de BQ, no se explica cómo puede financiar un equipo jurídico semejante, por una deuda reducida en 20%, por la venta de deuda a las factorizadoras, y también por pagos de Achifarp de $190 millones, a través de 40 transferencias bancarias, equivalentes al 13% de la misma; es decir, un 33% menor, sumado a otra reducción del 21,6%, por diferencia cambiaria, lo que arroja un saldo neto de unos $550 millones, poco más de unos US$500 mil al cambio vigente al momento de la redacción.

Una bicoca, para las espaldas financieras de los socios mayoritarios, Sami Yagoda y Ljudica Basic. No cuadra ni a martillazos.

Como fuere, se trata de un saldo incompatible con el costo de un equipo jurídico que incluye, además de los mencionados Vargas Cociña y Lagos Herrera; a María Paz Guerra, hermana de Manuel Guerra, el fiscal de la impunidad en el caso Penta, amigo cercano de Hermosilla; Christian Espejo, en simultáneo, abogado de Desarrollo Inmobiliario Bellavista SA; Isaac Ramírez Rojas, asociado al estudio LVS y Mauro Figueroa Ferrada, quién, en conjunto con Lagos Herrera y Vargas Cociña, defendió al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera.

Existen antecedentes de que ese equipo es financiado por Fernando Cassorla.

A este nutrido contingente debe sumarse a los abogados Nelson Rocco y Ximena Risco, los cuales, en tanto querellantes particulares, no suman en la boleta de gastos de defensa, de BQ. Pero eso de querellantes particulares, como todo en Chile, es un decir ambiguo e impreciso.

Rocco representa en realidad al exconcejal de Recoleta, de la UDI, Mauricio Smok, enemigo personal de Jadue, mientras que el caso de esta última, constituye casi una confesión de partes que libera la necesidad de prueba, acerca del esquema de persecución contra Daniel Jadue.

Fabricación de un delito

El 9 de junio de 2022, sin que nadie le tirara maní, y a título de escopeta, Ximena Risco presentóuna querella por el supuesto delito de cohecho, solo fundada en declaraciones de César Ramírez, en cuanto a que Daniel Jadue pidió «bonificaciones o comisiones» para concretar la venta de BQ, del 1 de julio de 2020, consistentes en “bidones de alcohol gel, pecheras desechables, guantes y mascarillas avaluadas en $20 millones y entregadas en las oficinas del PC de Recoleta”.

Esta sorpresiva aparición activó el brazo penal de la operación, mientras que, simultáneamente, el brazo civil completaba la maniobra de tenaza: el 30 de junio, tras demanda de BQ, el cuarto juzgado civil de Santiago, dispuso la liquidación forzosa de Achifarp, con lo cual ejecutó la sentencia de muerte.

El primer detalle a observar, reside en que la abogada Ximena Risco Fuentes no era cualquier abogada, que, iluminada del beatífico impulso de defender el interés público, acudió a la justicia a denunciar ese acto de corrupción.

Fue ex jefa de la división jurídica del ministerio del Interior en ambos gobiernos de Piñera, a las órdenes de Chadwick, y a la fecha de la querella, formaba parte del estudio Hermosilla Chadwick.

El segundo, consiste en que esa querella apuntaló la débil y confusa investigación de la fiscalía; al punto que viró al cohecho y estafa, como delito principal.

El tercero, remite a la condición de empresa pública de Achifarp, para efectos jurídicos y administrativos.

Si eso es así, la liquidación de Achifarp es un acto jurídico nulo, punto que será decisivo en un eventual juicio oral, en caso de que la fiscalía insista o no ofrezca salida alternativa.

Prestamista al acecho

Dos protagonistas principales, César Ramírez y Matías Muñoz, coinciden en identificar a Fernando CassorlaAlbagli como proveedor de BQ en ventas a Achifarp, lo cual plantea dudas fundadas e insospechadas ramificaciones.

Primero, destruye la versión de BQ, en el sentido de que la venta impaga de $1.384 millones, la llevó a la ruina, puesto que le impidió pagar a sus proveedores chinos.

En segundo lugar, induce a indagar acerca del objeto de la investigación de la fiscal. Esa venta, en su acusación, acredita los delitos de cohecho, estafa y fraude al fisco. Si la reunión, en la que supuestamente se materializó esa venta no existió, la acusación se cae por la base.

Es evidente que la aparición de Cassorla devela una relación compleja y anterior a la primera compra de Achifarp, lo cual añade entropía al cuadro, atendido el particular perfil del personaje.

El hecho de que la fiscala no la haya investigado, no implica la inexistencia de esa conexión. Y si lo hiciera, necesariamente aparecerían nexos que apuntan a Cassorla Albagli; un prestamista informal de bajo perfil público, pero de alta participación en el mercado de la “deuda”.

Por donde pasa, deja tembladerales de centenares de millones de pesos.

Igual que otros implicados en el esquema de persecución a Daniel Jadue, posee una imbricada red de sociedades, varias en el sector inmobiliario, y otras tantas, en el “mercado” de la deuda. Y como ellos, es socio accionista del Estadio Israelita.

En Cassorla, algo no encaja. Probablemente, sea el hecho de que ha metido plata en aguas profundas, de esas que llaman la atención a la prensa, o terminan en tribunales.

Sin embargo, ha librado indemne, en el anonimato. Dos opciones: o sabe cuidarse, o tiene santos en la corte de los poderes fácticos que controlan el país.

A modo de ejemplo, era tenedor de deuda de ColoColo, a través de Factoring de Chile S.A. cuando la Jueza Helga Marchant declaró la quiebra del club, el 23 de enero de 2002, por una deuda de $22 mil millones, unos US$30 millones de la época, y traspasó la administración al síndico de quiebras, Juan Carlos Saffie.

Con el tiempo, se supo que la quiebra de Colo Colo fue el resultado de una operación que se proponía pavimentar el camino al modelo de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, SADP, entablado por el entonces senador Sebastián Piñera en 1988, y concluido en mayo de 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos.

Saffie entregó la administración del club a Blanco y Negro, una sociedad anónima creada para el efecto, que recibió, a título gratuito, la explotación, goce y usufructo de los activos de la institución, por un plazo de 30 años renovables, en un proceso plagado de vicios, coacción y falta de transparencia.

Cassorla participó a título de prestamista y emisor de facturas falsas, en un caso de cohecho, soborno y estafa, acaecido en noviembre de 2013, cuando la Universidad de Santiago le adjudicó al consorcio español Isolux-Corsán una licitación por $9.500 millones para la construcción de un edificio docente de ocho pisos.

Señala la querella del Consejo de Defensa del Estado:

“Los dineros para pagar el soborno de Mauricio Carrasco y las gestiones de Waldo Rojas como asesor o lobista, fueron sacados de la empresa LG por medio de dos facturas falsas emitidas por la empresa Comercial Tangerine S.A.”

Explica que lo son porque no existe una contraprestación de Tangerine a LG, y que los pagos corresponden a triangulaciones para entregar el dinero a Rojas, a fin de que pagara el soborno a Carrasco y retuviera para sí el saldo, como retribución. Añade:

“Se hace presente que Tangerine no pudo haber prestado los servicios que se describen en las glosas de ambas facturas ya que esta empresa, a pesar de su giro amplio, es un factoring, por lo que carece de las competencias técnicas para prestar los servicios que se indican en las facturas”.

A mayor abundamiento:

“Existen numerosos antecedentes respecto de la actividad de esta empresa, como, asimismo, del conocimiento y grado de amistad que existe entre Waldo Rojas y el dueño de Tangerine, Fernando Cassorla, conocido prestamista que desarrolla su actividad comercial a través de esta empresa”.

La querella del CDE sindica a Cassorla como emisor de facturas falsas. Sin embargo, como es usual en la corrupción judicialde la república binominal, el hilo se cortó por lo más delgado.

Mauricio Carrasco fue condenado a dos años de pena remitida. En cambio, al lobista Rojas y al prestamista Cassorla, no les salió ni por curados.

En noviembre del mismo año, el diputado de RN, Gaspar Rivas, ofició a la ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, para que explicara el pago de $1.618.253, 700 a la empresa Tangerine S.A. por un paño de terreno eriazo, en el marco del proyecto del nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores, en Los Andes, avaluado por el propio fisco en $2.764.339; o sea, un sobreprecio 600% mayor que el valor real.

Que se sepa, ni la ministra, ni nadie, ha explicado semejante hoyo negro.

Cassorla es un hombre transversal: ese mismo año, Tangerine prestó servicios de propaganda electoral a Guido Girardi (PPD), Daniel Farcas (PPD) y Carlos Montes (PS).

Cassorla es un hombre poderoso e influyente. El 10 de octubre de 2023 ingresó un escrito en la municipalidad de Lo Barnechea, donde denunció que el 20 de agosto anterior, producto de un temporal de lluvia que azotó la región, “se cayó estrepitosamente un árbol ubicado en un bien nacional de uso público encima de la reja de su piscina, debiendo ser reparada completamente”.

En apenas cinco meses, logró el acuerdo unánime del concejo municipal, de indemnizarlo en $1.066.595, por esos perjuicios.

No cualquier vecino de Cerro Navia, El Bosque o La Pintana puede impetrar indemnización para reparar sus viviendas agujereadas por algún tiroteo narco.

Llamativa su cicatería. Aún con sus millones, le endosó al erario público los costos de daños en su propiedad privada, derivados de una emergencia meteorológica que azotó al país, con miles de damnificados reales.

Es como Piñera, que imputaba al Estado hasta el combustible utilizado por sus vehículos particulares, mientras era presidente.

Por tanto, no es extraño que este personaje forme parte del esquema de persecución contra Daniel Jadue. Aparte de motivos de índole personal -que además puede tenerlos- reúne los otros tres.

No se trata, para nada, de una especulación infundada, o trivial.

Si se establece un patrón de comportamiento asociado, previo a la primera venta a Achifarp, que incluya a Cassorla, César Ramírez y Matías Muñoz, los presupuestos jurídicos y procesales del caso serían, o debieran ser, necesariamente distintos, al tiempo que perdería sentido la acusación de cohecho y estafa, fundada en una reunión en particular.

El asalto a la posición

La línea de tiempo de la actividad procesal del equipo querellante de BQ, traza una imagen en relieve de la intensidad que alcanzó la conspiración jurídica contra Daniel Jadue.

Cualquiera sea el origen, el neto es igual: los cuatro equipos jurídicos desataron andanadas de fuego concentrado, contra una organización sin fines de lucro, novata e inexperta, tomada por sorpresa, en una situación de emergencia nacional.

Fue como el ataque de un poderoso ejército, dotado de artillería y poder aéreo -y naval si hay agua de por medio- contra un fuerte de troncos, como los del lejano oeste.

El 1 de febrero de 2021, Calbuco Ltda, ex Importadora y Comercializadora Asia Pacífico, presenta demanda por incumplimiento de la factura 1252, por $49.385 millones.

El 1 de marzo de 2021, BQ protestó un cheque de Achifarp, de $103 millones 530 mil pesos.

El 4 de marzo, BQ presentó una demanda de gestión preparatoria de vía ejecutiva, por once facturas impagas por la deuda inicial de $1.384.875 pesos más intereses y monedas.

El 5 de marzo, BQ presentó una querella contra Daniel Jadue, por el presunto delito de estafa, libelo que originó la causa por la cual está en prisión domiciliaria.

El 26 de marzo, Emprender Capital protestó un cheque de Achifarp, por $22 millones 806 mil pesos y monedas.

El 1 de abril, se inició la cobranza extrajudicial de la empresa VNT, de una factura de Achifarp, por $29 millones 172 mil pesos.

El 22 de abril se notifica a Daniel Jadue la demanda de gestión preparatoria ejecutiva, entablada por BQ ante el 17° Juzgado Civil de Santiago.

El 27 de abril, Emprender Capital protestó un cheque de Achifarp por $25 millones.

El 2 de junio entra en escena la tercera factorizadora de la deuda de Achifarp. Logros Servicios Financieros, con demanda preparatoria de la vía ejecutiva por una factura de $92 millones 344 mil pesos.

El 23 de junio BQ presentó una demanda de liquidación forzosa de la Achifarp, origen de la causa 5512-2021, en el 4° juzgado civil de Santiago.

El 29 de junio, Emprender Capital protestó un cheque de Achifarp por $25 millones.

El 27 de julio Emprender Capital protestó otro cheque por $25 millones.

El 6 de septiembre Emprender Capital presentó demanda ejecutiva contra Jadue, por el protesto de ambos cheques en el 15° juzgado civil.

El 23 de septiembre el 20° juzgado civil notificó a Jadue la causa rol 4977-2031, originada en una demanda de Logros Servicios Financieros.

El 21 de octubre, el 15° juzgado civil notificó de la demanda de Emprender Capital a Jadue, por los dos cheques mencionados.

El 8 de noviembre Emprender Capital entabló querella por giro doloso contra Jadue, originando la causa ruc 4977-2021.

El 20 de noviembre Nueva Capital presenta demanda ejecutiva por impago de factura, por $29,9 millones, incoándose la causa rol 6591-2021 contra Jadue.

El 22 de noviembre, Logros Servicios Financieros presentó demanda ejecutiva por factura impaga de $92,3 millones, en la causa rol 4977-2021.

El 4 de enero de 2022, el 20° juzgado civil notificó a Jadue una demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución y embargo, en causa rol 4977-/2021 interpuesta por Logros Servicios Financieros.

El 5 de abril, VExponencial Spa. protestó un cheque por $24,8 millones.

El 21 de abril, Logros Servicios protestó un cheque por $10.12 millones.

El 5 de mayo, VExponencial Spa presentó demanda ejecutiva por no pago de ese cheque, lo que originó la causa rol 2687-2022, en el 19° juzgado civil.

El 9 de junio, sin otro antecedente que la declaración de César Ramírez, la abogada del estudio jurídico Chadwick Hermosilla, Ximena Risco, presentó una querella por el delito de cohecho, acogida a trámite de inmediato y remitida la Fiscalía Centro Norte, donde encontró cálida hospitalidad en la fiscal Giovanna Herrera.

El 23 de junio Logros Financieros protestó un cheque por $10,12 millones.

El 30 de junio, el Cuarto Juzgado Civil decretó la liquidación forzosa de Achifarp, por demanda presentada por BQ.

El 22 de julio, Logros Financieros, protestó otro cheque por un cheque por $10.12 millones.

En suma, veinticinco acciones, demandas y recursos procesales en 18 meses, por una deuda que no solo estaba reconocida, sino que se estaba pagando, y que, a la fecha de la intervención, estaba reducida al menos al 50% del monto original; aparte de que había expectativa de cubrir el saldo mediante la recaudación de las cuotas atrasadas de los socios de Achifarp.

Hasta ahora, salvo la magistrada Paula Brito, nadie en los tribunales que han visto el caso, ha sacado las debidas conclusiones de ello; sin perjuicio de la insostenibilidad de la maniobra en el juicio oral.

El espejismo de un escenario de deuda inflacionaria, oculta el hecho de que se trata de la misma deuda reproducida por las acciones del equipo jurídico de BQ, secundadas por los de las tres factorizadoras, en una coordinada maniobra de coreografía jurídica, multiplicada, para efectos de opinión pública, por una jauría mediática sobrealimentada por las filtraciones de la Fiscalía.

¿Qué empresa privada, por deudas exponencialmente superiores, ha sido víctima de semejante persecución multidimensional?

Sin ir más lejos, el hermano de una de las querellantes le impuso condena de clases de ética a los dueños del grupo Penta, condenados por delitos elevados a la enésima potencia, comparados con los que la Fiscalía le atribuye a Achifarp.

Tampoco hay registro en los escalones de la mediana y pequeña empresa, la cooperativa o en asociaciones sin fines de lucro.

En suma, el molde característico del lawfare: terso en la superficie, podrido por dentro.

De otra parte, a los propietarios de BestQuality, a su equipo jurídico, y a todos los intervinientes en el esquema de persecución contra Daniel Jadue, les tiene sin cuidado el pago de la deuda de Achifarp.

El objetivo es y fue, siempre, contaminar el prestigio de Jadue, deteriorar su imagen y, en lo posible, liquidar su proyección política.

Prueba de ello es el siguiente párrafo de la declaración de Matías Muñoz, que la acusación de la fiscalía soslayó de manera selectiva, tal vez porque define un marco de acontecimientos radicalmente distinto:

“Por diciembre de 2021 tuvimos una última reunión en que asistió el abogado Rodrigo Aros, yo, Eduardo Lagos y Mario Vargas, abogados de BestQuality. En esa reunión íbamos a plantear cómo íbamos a pagar la deuda y el abogado dice que lo único que les interesa es cagarse a Jadue”.

Eso también explica la política de filtración de la Fiscalía hacia los medios de comunicación; no sólo La Tercera y la red de medios del Grupo Luksic, sino también El Mercurio, radios Biobío y Cooperativa, y en general, todos los que tocaron su aquiescente puerta, a pesarde que se trataba de materias protegidas por el secreto de la investigación, en abierta y grave violación de derechos fundamentales del debido proceso, tales como la presunción de inocencia y el principio de la objetividad.

Esa sobreexposición mediática cumple, por virtud de la paradoja, una función de desinformación; es decir, la mera reiteración de un título en los medios, induce a los usuarios a creer que es cierto, con lo que se configura un verdadero cerco social, que limita severamente el margen de maniobra del imputado.

Peor en este caso, donde toda esa parafernalia era mero faroleo.

Cada abogado querellante que presentaba esos recursos, por la misma deuda, una y otra vez, sabía que Achifarp no podía pagarla. Entre otras razones, porque BQ, a través de Muñoz Becerra, le instaló una bomba de tiempo programada para estallar al primer vencimiento impago, como fatalmente ocurrió.

Achifarp antes de BestQuality

Cada párrafo de la farragosa acusación de la fiscala Herrera, va punteado de afirmaciones del siguiente tenor:

Oscar Daniel Jadue Jadue (…) concertado con los imputados Raúl Daniel Moraga Lagarrigue y José Matías Muñoz Becerra “realizaron una serie de actuaciones ejerciendo abusivamente sus facultades, toda vez que actuaron sin autorización ni conocimiento del directorio, contraviniendo el objeto y fines de la Achifarp”.

Los imputados Daniel Jadue Daniel Moraga y Matías Becerra se aprovecharon de la estructura organizacional y del patrimonio social que tenían a su cargo, $2.639.958, “para sus propios fines particulares, en detrimento del interés de los socios”.

En diciembre de 2020, los imputados Jadue y Muñoz Becerra, a pesar de la Ley Orgánica Constitucional 18.695, que prohíbe la actividad empresarial, “ejecutaron un proyecto que consistía en la creación de una farmacia popular Achifarp para la venta de medicamentos e insumos en general”.

La descamada acusación de la fiscalía prescinde de hechos, pruebas, contextos y circunstancias, de forma que los motivos de Jadue parecen reducirse a la maldad puramente, o a la intención de labrarse una plataforma política a través de Achifarp, o al error de intentar solucionar problemas sociales por vías distintas al mercado; enumeración extraída del discurso de la fiscala que aseguró estar libre de motivaciones políticas.

Si a esa acusación, se le suministran antecedentes omitidos y superponen elementos de contexto, emerge un panorama radicalmente distinto, donde aparece que el único protagonista que se jugó hasta el patrimonio personal para enfrentar los compromisos de Achifarp, fue su presidente, Daniel Jadue.

La misma cronología que utilizó la fiscalía, lo deja esculpido, al tiempo que corrobora la inveterada vigencia del principio de la navaja de Occam: “en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable”.

Inicialmente, desde su puesta en régimen, en 2017, Achifarp gestionó convenios con distintos proveedores de equipos, insumos, ayudas técnicas y artículos de ortopedia, que ofrecían sus productos a bajo precio, atraídos por el volumen de compra que prometía.

Entonces, representaba una esperanza para directores técnicos y funcionarios de las farmacias populares, dado que el esfuerzo colectivo para cumplir con la creciente demanda, generó un considerable fondo de inversión.

Hasta el 1 de julio de 2020, fecha en que pisó el garlito que le tendió BQ, Achifarp era una organización municipal sin fines de lucro, integrada por 91 municipios, que estaba a medio camino entre el objetivo de economía de escala como poder comprador, y la realidad, según la cual, la Ley 18.695, impide que las asociaciones municipales desarrollen actividades empresariales, “en tanto no exista una ley de quorum calificado que lo autorice”.

Además, no había avanzado hacia la constitución de una droguería, figura legal que permite importar, comprar e intermediar con el usuario, insumos y medicamentos no ofrecidos por Cenabast ni el sistema público de compras, al menos no en la escala exigida por la eficiencia del sistema; como explicó Marco Antonio Fernández, uno de los creadores del concepto farmacia popular.

El aparato administrativo se reducía a cinco personas y un contador externo.

Daniel Moraga Alcalde, psicólogo de profesión, carecía de competencia técnica para manejar una estructura de más de noventa municipios.

La “fortaleza” que asaltaron simultáneamente el equipo jurídico de BQ y fuerzas especiales del sistema, tales como el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República, y ciertos tribunales, disponía de tecnología, por decir lo menos, rudimentaria.

Utilizaba una cuenta corriente, sin tarjetas de crédito o débito.

Dijo Daniel Moraga, en su declaración del 23 de enero de 2023:

“El modelo de negocio que yo tenía cuando fui secretario ejecutivo, era hacer compras específicas e intermediar, pagar y entregar al socio, o convenios específicos. La idea era comprar cuando teníamos demanda y el dinero en nuestras arcas o lo tendríamos en un corto tiempo”.

O sea, negocios en pequeña escala. Agregó:

“Nosotros llevábamos contabilidad simplificada y hacíamos declaración de Impuestos y los balances anuales, esto lo subíamos al Sil y a Transparencia Activa”.

Matías Muñoz, cuando le clavó el puñal por la espalda, en el informe solicitado por el propio Moraga, acusó ausencia de sistema contable:

“No había comprobantes de ingresos y egresos”.

Según la fiscalía, Achifarp llegó a movilizar un flujo de recursos de $2.639.959.

Las cifras del informe de Contraloría son más modestas:

“Entre los años 2019 y primer semestre de 2021, los aportes de los municipios

a la Achifarp, ascendieron a $647.018.669”.

A mediados de 2020, fecha de los hechos, entre la eclosión de la pandemia y la ausencia de beneficios, prendió un éxodo centrífugo de comunas asociadas, que continuó hasta la liquidación, dos años después;ocasión en que quedaban 47 socios, la mayor parte con las cuotas impagas.

Pero nadie podía saberlo a esa altura. La acusación de la fiscalía abusa de la razón ex post, donde después de la batalla, cualquiera es general.

Pecho a las balas

Apenas despuntaron las primeras señales de la crisis, en agosto de 2020, Jadue le pidió la renuncia a Moraga, y nombró en su reemplazo a Matías Muñoz Becerra, a la sazón encargado de ventas, contratado por Moraga, quién, fue ratificado por el directorio recién el 16 de noviembre de ese año.

Entonces, no se puede afirmar, como la fiscalía, que Jadue permaneció impasible.

Distinto es que, a esa altura, no tenía como saber que el cambio de Moraga por Muñoz Becerra, significó, en realidad, descender desde la periferia al centro del dogal tendido por BestQuality.

Tampoco tuvo información suficiente acerca del vendaval jurídico que sobrevenía, a velocidad inusitada para este tipo de litigios; porque ninguno de los secretarios generales lo reportó.

En su declaración de noviembre de 2023, Muñoz Becerra reconoció que le informó a Jadue sobre la venta de BQ -o compra de Achifarp- recién al asumir, la secretaría general, el 19 de noviembre de 2020.

En su declaración del 24 de abril de 2024, Jadue señaló.

“Tengo que haber conocido de lo compra cuando empezaron los problemas, en agosto de 2020 aproximadamente”.

Cuando se desató el torbellino, a partir de marzo de 2021, Jadue no tuvo asistencia del tesorero; en rigor, responsable de ese desbarajuste, el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, ni apoyo del directorio, más por desinterés y afán de poner distancia de un acontecimiento que estallaba en la prensa como festival de fuego griego, que por falta de convocatoria.

El presidente de la Achifarp resistió, con los escasos recursos a su disposición, hasta el 30 de junio de 2022, fecha en la que el cuarto juzgado civil, por una deuda que se estaba pagando, reducida al 50% del monto original, decretó la liquidación forzosa; lo cual, por virtud de la paradoja, o más bien del absurdo, le impidió seguir cumpliendo las obligaciones.

Así, el 5 de octubre de 2020, Achifarp firmó un reconocimiento de deuda y convenio de pago con la empresa cubana Centro Inmuno Ensayo.

En marzo de 2021, Achifarp renegoció deuda con Emprender Capital, por lo cual Jadue firmó cinco cheques a fecha por un total de $122.806.815.

El 16 de abril, Achifarp renegoció deuda con Calbuco S.A. por $20 millones, con cinco cheques de $4 millones.

El 30 de junio, Achifarp renegoció deuda con VExponencial, por diez cheques de $24.800.000 cada uno.

El 24 de noviembre Achifarp solicitó prórroga del pago de la deuda, a VExponencial, ascendente a $242.998.000.

El 22 de diciembre Achifarp renegoció deuda con Emprender Capital, por un monto de $46.460.620, pagaderos en cuatro cuotas de $11.615.155

El 31 de enero de 2022, Achifarp renegoció deuda con Logros Servicios Financieros, por $90.743.780, a cambio de una cuota de $30 millones y seis   cheques de $10.123.955

El relato de la fiscalía contabiliza estos “eventos” en la cuenta de incumplimientos de obligaciones, protestos bancarios y cobranzas civiles o penales; pues, como es apenas natural en la positivista evaluación ex post, el resultado fue una nueva oleada de recursos judiciales. Tal como debía suceder.

La fiscala Herrera podrá decir lo que quiera; total, hablar es gratis. Pero, en el juicio oral no tendrá cómo impedir que, si toca un tribunal imparcial, pondere esos hechos como lo que son: una manifestación de la voluntad de negociación del imputado.

A poco que dicho tribunal razone con el cartabón de la lógica, debiera despejar otra evidente contradicción de la Fiscalía: si la finalidad de Jadue consistió en abusar, estafar o menoscabar el patrimonio de Achifarp, entonces no se explica cómo fue el único exponente de la asociación, que, en lo más hondo de la crisis, tuvo el coraje de colocar en juego su patrimonio personal, para asumir los compromisos de la institución a la que se le acusa de perjudicar.

Jadue firmó esos cheques, convencido que, dada la situación, las comunas asociadas se colocarían al día con las cuotas. No ocurrió así, sino más bien lo contrario. Pero, ex ante, no había cómo saberlo.

Lo dejó establecido en una columna de opinión, días antes de ser formalizado:

“En la quiebra de Achifarp tuvo un rol fundamental la pandemia, pero también la desidia de más de 70% de sus socios (municipalidades), que dejaron de cumplir sus compromisos, generando una deuda por cobrar de más de $1.500 millones, con los cuales de sobra habríamos cubierto todas las obligaciones”.

Naturalmente, la fiscalía no informó al tribunal que la dirección jurídica de Achifarp emprendió acción de gestión preparatoria de vía ejecutiva, para perseguir el cobro de la deuda de esos municipios.

Esa desafección obedeció, en parte no menor, al impacto mediático generado por las filtraciones de la fiscalía, que, literalmente, “incendiaron” la marca Achifarp; con todo lo que significaba en el marco de la realimentación de la crisis, como también debía suceder.

La capacidad de los medios hegemónicos, de crear realidad con solo repetir una mentira, o peor, una media verdad; es una práctica infame que está socavando la credibilidad, y por extensión, la legitimidad del sistema democrático.

En el Chile post neoliberal, liquidar el monopolio mediático debe estar entre las tareas de primer orden. Y si se puede antes, para apurar ese proceso, tanto mejor.

Las extrañas matemáticas de la fiscala

La profusa retórica de la acusación acerca de la deuda de Achifarp, representa una imagen especular -en el sentido de espejo- acerca del clásico recurso del lawfare, de abrumar con cifras que no se pueden desmentir sin análisis, ni por el juez, ni por cualquier jurado ni por la opinión pública; potestad que se arroga, sin control ni regulación alguna, el Ministerio Público de Chile; lo cual constituye, sin duda, un abuso que clama corrección.

Se lanza al ruedo con los $1.384.875 de la compra de Achifarp a BQ, del 1 de julio, según acreditan 11 facturas, entre ese día y el 10 de noviembre de 2020, mercadería entregada entre el 1 de julio y el 17 de octubre, “quedando la mayoría en bodegas, sin uso”.

Prosigue con un detalle significativo. En su afán de acumular imputaciones delictivas contra Jadue, lo acusa -y a Moraga- de “pagar una contratación abusiva, por un monto parcial de $240.555.660 a la empresa proveedora, y la suma de $195.555.932 a las empresas de factoring, que recibieron las facturas cedidas, sin velar por el buen uso del patrimonio social”.

O sea, con la mano derecha acusa un sobreprecio por ese valor, mientras, con la izquierda, saca a pasear un monto parcial del pasivo relativo a la factorización, para distraer.

En ese entendimiento, y por virtud de su propia ansiedad, la fiscalía asume que BestQuality vendió con sobreprecio en el vórtice de la pandemia, del 17,4% de su valor real.

Sin embargo, no saca conclusiones de ello, y sin otra explicación que un comportamiento predeterminado, se aferra a cada elemento que sume a la culpabilidad de Jadue, y omite todo aquel que lo dispense.

Más adelante, profusos pormenores acerca de esa pronunciada inclinación.

Resume la deuda contraída con BQ por esa compraventa en $1.012,74 millones, y $76.516.000 con las factorizadoras, un total de $1.089.260 millones; que designa como “pasivo”.

En su libelo acusatorio, funda el delito de estafa en esos $1.012,74 millones, lo cual evidencia que confunde pasivo con deuda y deuda con estafa, absurdo que han hecho suyo, hasta ahora, el Consejo de Defensa del Estado, el Tercer Juzgado de Garantía y tres salas de la Corte de Apelaciones.

BestQualityvendió tres facturas a las factorizadoras, por un total de $261.322.215. Desagregar esa cifra, o citarla fuera de contexto, equivale a espesar la sopa con estuco, o hacerse trampa en el solitario.

Lo que la fiscala no dijo en su exposición, fue que esos $76.516.000 significan que Achifarp pagó a las factorizadoras $184.806.215, o sea, el 70,7% de la deuda.

Pocas líneas adelante, aparece un arquetipo de la frivolidad e insolvencia en la dispersión de los datos de la fiscalía.

El mismo relato que al principio afirmó que la mercadería entregada por BQ, “quedó en bodegas sin uso”, viró a medio camino a que ésta no fue entregada a los municipios; que se destinó a otros fines, y que “a la fecha no se han encontrado y no existe registro contable, tributario o financiero, que dé cuenta de 4.096.974 unidades de mascarillas, avaluadas en $1.488,47 millones, correspondiendo a una pérdida del activo e inventario de la Achifarp, que no ha sido determinada su destino”.

O sea, esas mascarillas que permanecían sin uso en bodegas, de pronto desaparecieron, y pese a que no hay registros contables ni tributarios, generaron una “pérdida de inventarios” superior a la deuda total de la compraventa original.

Asombroso.

La fiscalía tampoco informó al tribunal del inventario proporcionado por Muñoz, el 27 de mayo de 2021, donde aparece que el stock de mercadería sin vender comprada a BQ, estaba en la bodega K01.1, ubicada en Av. Vespucio 1980, comuna de Conchalí; con un valor comercial estimado en $1.148.511.840.

Entonces, ¿a cuál inventario se refiere la Fiscalía?; ¿al que estaba en bodega sin uso, o al que desapareció?

Ese stock es un crédito, en el proceso de liquidación, de modo que contribuye a amortizar la deuda. Nada de ello informó la fiscalía al tribunal.

Desde otra perspectiva, si Achifarp no hubiese sido liquidada, en hipótesis, podría haber vendido esa mercadería para pagar la deuda.

La fiscalía acusa al tribunal la desaparición de poco más de cuatro millones de mascarillas en plena pandemia.

¿Acaso no se compraron para distribuir?; ¿qué pretende la fiscalía, una constancia por triplicado de cada mascarilla entregada?

Poco después, se embarca en otro monto de deuda:

“La Achifarp desde el año 2020 adquirió diversos productos o insumos médicos, en especial mascarillas de tres pliegues y KN 95, comprando aproximadamente 4.985.600 unidades del producto, avaluadas en $1.700,17 millones”.

¿Qué pasa con ese guarismo fuera de contexto?, ¿debe sumarse o restarse a la deuda neta?

En el párrafo final del acápite N°6, vuelve a las mascarillas desaparecidas en acción:

“Al momento de la liquidación forzosa, en junio de 2022, no hay registro contable, tributario o financiero que dé cuenta del destino de a lo menos 4.096.974 unidades de mascarillas, avaluadas en $1.488,47 millones”.

En la tipificación del delito de estafa reaparece, en otro contexto, la singular figura de la deuda-estafa:

“El imputado, habiendo recibido el total de la mercadería, pagó solo una parte del precio y defraudó a la víctima ocasionándole un perjuicio total de $1.012,74 millones”.

La Fiscalía altera los hechos, obra fuera de tiesto y desatiende elementos fundamentales en el cálculo de la deuda.

A modo de ejemplo, omitió al tribunal la declaración de Matías Muñoz, del 27 de mayo de 2021, donde acredita pagos a BQ por $455.705.875, “sea mediante transferencia directa por parte de la asociación, o con ocasión del pago a través de factoring”.

Tampoco incluyó la declaración de Álvaro Castro, el propietario minoritario de BQ que aparece como querellante en la causa, en la parte en que señala:

“Tras más de 9 meses desde que iniciamos relación comercial, tan solo ha pagado directamente la suma de $190.000.000, (a través de 40 transferencias bancarias) dejando un saldo restante de $956.667.273”.

O sea, un nuevo importe de deuda, al precio de admitir la cancelación de parte de ella.

¿Qué se propone la fiscalía con ese arbitrario y confuso manejo de cifras?

Evidentemente, redundar para enredar e impresionar.

Lo logró en el Tercer Juzgado de Garantía y en tres salas de la Corte de Apelaciones. Pero la acusación debe acreditarse en juicio oral, donde el estándar probatorio es cualitativamente superior. Un perito contable de habilidad corriente, tardaría narices en desmenuzar ese borroso amasijo de cifras.

De otra parte, la tipificación del presunto delito de estafa no entrega otro fundamento, en la carpeta investigativa, que la insólita hipótesis de la querella de BQ, aquella de la cópula entre el perjuicio y el engaño, barata hasta para el examen de un alumno de primer año de derecho.

Según los jurisconsultos de BQ, el engaño fue de “tal magnitud y seriedad” que los llevó a caer en el engaño de un lucrativo escenario, “ilusión que provocó el error de confiar en el querellado y proceder a disponer patrimonialmente de nuestros bienes importados”.

La estafa, arguyen, es un tipo especial de defraudación, “en el que se requiere un engaño elaborado, esto es uno de aquellos en que el engaño va más allá de una simple mentira”.

Al engaño sigue el error, dicen, en la medida en que nuestra representada, engañada, yerra en pensar que las condiciones ofrecidas y la “empresa” es seria y va a cumplir. Es decir, “incurre en el error de creer en la veracidad de lo que le ofrecían”.

La Fiscalía hizo suya esa pueril conjetura, incompatible con los antecedentes del denunciante, los abogados que la redactaron y los propietarios de BQ.

¿De qué privilegios dispone BestQuality, o qué prebendas ofrece, para disfrutar de este automático crédito fiscal?

Solo con base en esatenue abstracción al filo del reglamento, la Fiscalía y ciertos estratos del aparato judicial, destituyeron por secretaría a una autoridad elegida en tres períodos consecutivos; lo cual expone, de paso, la fragilidad de la democracia chilena.

La historia rescatará los nombres para su eterna vergüenza. Mientras, los puede conoceren el siguiente anexo.

La real dirección de la maniobra no tardó en asomar.

La plasticidad de la figura deuda-estafa, justificada de manera tan liviana, casi de oficio, y sin oposición, le permitió a la fiscala saltar sin transición, del derecho civil o comercial, donde corresponde la deuda, al derecho penal, donde campea la estafa, sin que se le moviera músculo de un rostro de suyo pétreo.

De otra parte, la fiscalía abstrae el contexto de la pandemia, que alteró violentamente el mercado; primero con una inflación desatada de los precios, seguida de una abrupta caída, giro circunstancial que llevó a la quiebra en cadena de numerosas empresas y generó la deuda por la cual BestQuality se querelló contra Achifarp.

Que se sepa, ninguna de miles de empresas quebradas durante la pandemia ha sido acosada por deudas en proceso de negociación, con la saña descrita, como la fiscalía centro norte hace con Achifarp; y Daniel Jadue en particular, sin perjuicio de lo cual, la fiscala Herrera subraya cada vez que puede, que no hay persecución política.

Durante los dos días en que la fiscala monopolizó la palabra, en el Tercer Juzgado de Garantía, se cuidó bien de mención alguna, de cualquier antecedente, indicio o mérito que apunte a la inocencia del imputado, como establece la ley.

En el caso de la factorización, no dijo que esos $261.322.210 millones rebajan la deuda de Achifarp con BQ a $751.421.790

En las extrañas matemáticas del oblicuo derecho de la fiscalía, hay restas que suman, o viceversa.

Suma la deuda de las factorizadoras al pasivo de Achifarp, pero no la resta de la deuda con BQ.

Prodigioso.

Tampoco le dijo al tribunal que Achifarp pagó a las factorizadoras $184.806.215, o sea, el 70,7% de la deuda.

A juzgar por el texto de la acusación, la Fiscalía ignora, o no toma en cuenta, el efecto del tipo de cambio en cualquier deuda.

Si se aprecia el peso baja, y si se aprecia el dólar sube. Al momento de redactarse estas líneas, esa deuda por efecto cambiario, tomando los promedios de julio de 2020 y enero de 2025, se redujo en 21,6%, es decir a unos $589.114.684

Es cierto que el viento puede cambiar, y que la apreciación del dólar aumente la deuda de Achifarp. Pero qué hacerle; ¡es la economía, estúpido!…

Es por este orden de razones, que Jadue, en el concejo municipal de Recoleta, aseguró que la deuda estaba cancelada en un 50%.

Equipo de comandos especiales para liquidar a Jadue

La atrabiliaria acusación de la Fiscalía acerca de la deuda de Achifarp, supuso un atentado a las garantías constitucionales del imputado Jadue. Sin embargo, peor es la que se hace cargo del supuesto delito estafa, a partir de la operación de compraventa del 1 de julio de 2020, por $1.300 millones y fracción, que, según los antecedentes que malinterpretó la fiscalía, nunca existió.

Es decir, no la operación, sino la reunión que la habría originado, aparte de que tampoco se trató de una operación de compraventa, sino de varias; ninguna de las cuales registra contrato formal.

Según la Fiscalía, entre junio y julio de 2020, Jadue se reunió, “en diversas oportunidades” con César Ramírez, para negociar ese contrato, sin precisar dato sobre fecha, lugar y circunstancia.

En ese relato, Jadue se aprovechó de su posición como presidente de Achifarp y alcalde de Recoleta, para presumir “capacidad económica y bienes suficientes para responder a la compra”.

Así, “la víctima engañada y creyendo en la seriedad del negocio, entregó las mercaderías acordadas, ocasionándole un perjuicio total de $1.012.744.108”, la talmúdica cifrainscrita en las tablas de la ley.

Cuesta creer que la fiscala Herrera, quién caracteriza a César Ramírez de “víctima engañada”, ignorase que, por esos mismos días, era enjuiciado por delito de estafa, por el cual resultó condenado.

Su empresa, Frutti di Bosco, importó frambuesa congelada desde China y la exportó a Canadá como producto orgánico cultivado en Chile; con lo cual marginaba el 6% de impuestos a las importaciones chinas.

La “empresa” del acusador de Jadue envió frambuesas de modo fraudulento, a Canadá, por un valor de US$12 millones, entre 2014 y 2016.

Completos antecedentes en el artículo Investigación deja al descubierto estafas con frambuesas chilenas y también la pasividad de Aduana y las autoridades

Para evitar el uniforme a rayas, el Señor de las Frambuesas aceptó la alternativa propuesta por la fiscalía. Se declaró culpable de dos cargos criminales, por declaraciones falsas sobre registros de exportación, a cambio de una multa de US$6.266 y una sentencia remitida de 122 días de cárcel.

Difícil que la fiscala no lo supiera, porque el caso obtuvo notoriedad, atendida la crisis diplomática que estuvo a un pelo de provocar.

Ciudadano ejemplar, dechado de virtudes el tal Ramírez, autor material de la campaña de desprestigio y asesinato de imagen de Jadue; cuyas huellas aparecen en la trama antes del funesto contacto con Achifarp.

Más difícil todavía que desconozca la causa en la que está envuelto Eduardo Lagos Herrera, uno de los abogados de Ramírez, por los delitos de prevaricación apropiación indebida y cohecho, por la sencilla razón de que entre los tres imputados aparece Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama Rebolledo.

La investigación, que lleva adelante el fiscal Marcelo Carrasco, actualmente radicada en el Séptimo Juzgado de Garantía, versa sobre delitos vinculados a la venta de un terreno de 8,6 hectáreas, en la comuna de San Bernardo, muy por debajo de su valor, a la empresa Compañía Minera Santa Laura Ltda., cuyo propietario, Juan Cristi Scheggia, es el tercer imputado.

El fiscal Carrasco tiene por acreditado que Lagos y Valderrama realizaron diversas gestiones para vender ese predio, de la sucesión Padilla Arellano, a la Compañía Minera Santa Laura Ltda., de Cristi, en un precio muy inferior al que había establecido la familia heredera.

Lagos Herrera era el abogado de la familia Padilla Arellano; Valderrama Escobar el juez partidor, y Cristi Scheggia, el comprador.

En breve, Cristi pagó $2.000 mil millones, por un predio avaluado en $6.500 millones.

El ministerio público tiene en su poder los depósitos que recibió Valderrama de la Compañía Minera Santa Laura Ltda. y la sociedad Inversiones Lagos y Lagos Ltda.

De otra parte, está acreditado de que Eduardo Lagos Herrera y Juan Alfonso Miguel Cristi Scheggia, están relacionados a través de la sociedad de Inversiones San Alfonso Spa.

Sin embargo, hasta ahora han evitado ser formalizados, en virtud de tinterilladas procesales que han eternizado el caso desde hace siete años, incluidos tres recursos de inaplicabilidad ante el inefable tribunal constitucional.

Carrasco intentó dos veces fijar audiencia para formalizar, pero, como en El Castillo, de Kafka, ante cada embate, surge un nuevo obstáculo procesal que dilata el objetivo.

Por algo son los que son, y tienen los amigos que tienen.

Lagos Herrera fue elegido diputado por el Partido Radical Socialdemócrata, período 2002-2006, por el distrito 57, que incluye las comunas de Puerto Montt, Cochamó, Calbuco y Maullín. Pero el curul parlamentario le duró menos que pedo en canasto.

El 9 de julio de 2003, por 17 votos a 6, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago lo desaforó por falsificación de certificado de licencia de educación media, y, porende, de educación superior.

Ya estaba desaforado desde marzo de ese año, y sometido a proceso por el ministro en visita del caso coimas, Carlos Aránguiz, por el delito de cohecho, pues acreditó que, en una reunión en el Hotel Kempinsky de Santiago, junto a los exdiputados, DC Cristián Pareto y Jaime Jiménez, requirieron al empresario Alejandro Denham una retribución económica para garantizar la concesión de nuevas plantas de revisión técnica.

Para completar el cuadro, el abogado de Cristi Scheggia es Mario Vargas Cociña, socio de Lagos Herrera en el estudio LVS, que también integra el irreductible enemigo de Jadue, Gabriel Silber, por al menos tres de los cuatro motivos mencionados.

Lagos Herrera y Vargas Cociña fueron los abogados de la firma chileno-bielorrusa Consorcio BelazMovitec Spa, que, mediante un recurso de protección, generaron una pérdida de US$20 millones a Codelco, y por tanto al tesoro público, mediante un supremazo de la tercera sala, presidida interinamente por la ministra Angela Vivanco, pieza clave en el esquema de Hermosilla; destituida por ese caso, entre otros.

En resumen, una sarta de bribones, caraduras, pelandrunes, perdulariosysinvergüenzas: el equipo de fuerzas especiales reclutado para descarrilar a Daniel Jadue, y “sacarlo del camino”.

La Fiscalía tendrá que justificar ante la historia, y previo a eso, en el juicio oral, la razón por lacual se aferró con unción casi religiosa al relato de un convicto por estafa, preñado de brotes de confabulación y redactado por letrados de dudosos antecedentes; por encima de la versión de un ciudadano de intachables antecedentes y conducta, elegido democráticamente por tres períodos como alcalde de Recoleta, y de indudable proyección política.

Salvo, naturalmente, que se trate de eso.

Insulto a la inteligencia

La desmañada profusión de cifras acerca de la deuda de Achifarp denota la indiferencia de la fiscalía por los derechos del imputado, y el inocultable sesgo de su investigación.

La precaria caracterización del presunto delito de estafa, ilustra, por contraste, la debilidad de la base probatoria de la acusación de la fiscalía.

Pero la tipificación del supuesto delito de cohecho, no solo tortura los límites del derecho, sino constituyeun insulto a la inteligencia que no resistiría análisis; salvo queuna de las derivadascondujo a un mundo distópico e incierto, donde nada es lo que parece, cualquier cosa puede suceder y lo que falta se falsea, como en este caso.

Es tan absurda como postular que un delito se puede perpetrar dos años después de acontecido, pero en este bulo infame y nauseabundo, resulta casi literal.

Hasta el 9 de junio de 2022, no se había mencionado los delitos de cohecho y soborno, en la causa RUC 2110011091-9, que conduce la fiscala Herrera.

Tanto así que, en su primera declaración, el 30 de junio de 2021, nada de eso refirió Ramírez.

Ese día, la abogada Ximena Risco entabló querella contra los autores, cómplices o encubridores, del delito de cohecho, perpetrado en la ya mítica efeméride del 1 de julio de 2020; una suerte de aleph por el que parecen atravesar todos los hilos de la trama.

Entre ellos, el hecho que el origen del tiro por elevación provenía del estudio Chadwick Hermosilla, donde trabajaba entonces, y que su objetivo apuntaba a pautear a la fiscalía en esa dirección.

No menos singular era su fuente: una declaración de César Ramírez en radio Biobío, filtrada por la fiscalía. O sea, meta realidad, o realidad virtual, tamizada por el monopolio mediático, que de tanto repetirla, la transforma en realidad factual, pero no por ello verdadera. Añade el texto de la querella:

“Como informa Biobío Chile, citando a Ramírez: ‘en este momento cuando cerramos el trato de los 10 millones de mascarillas entonces Daniel Jadueme dice y cuánto va ser la bonificación?’ cuando le pido me explique que es la bonificaciónme dijo que era una donación, me dice que todos los proveedores le daban bonificación, quetodos los proveedores afiliados a la Asociación, le hacían una bonificación”.

El remate de la tramoya remite al 18 de abril de 2024, cuando César Ramírez acudió a la fiscalía, a autodenunciarse de haber recibido soborno de Daniel Jadue, a quien acusó de cohecho, en la ilusoria reunión del 1 de julio:

“A las 16:00 hrs. nos reunimos con Jadue y Muñoz. Yo fui con el chofer Oscar, que se quedó al margen de la reunión. En la oficina, en ese momento Jadue nos ofrece ser los proveedores principales de la Achifarp y para otros productos para supermercados populares. Y cuando cerramos el negocio él directamente me pide una bonificación, por la gran compra que ellos estaban haciendo; yo le pregunto a qué se refiere y me indicó que es una donación en productos, en ese momento llamé a Álvaro para que nos autorizara la donación a Jadue, quien dio el ok, lo hice por Whatsapp”.

¡Eureka! ¡El delito de cohecho quedó por fin probado!

No es broma. Del lato y desordenado cuaderno investigativo de la Fiscalía, no hay otro antecedente que vincule a Jadue con el imaginario delito de cohecho, que esta declaración de Ramírez, redactada por abogados de equívocos antecedentes, cercanos al estudio Chadwick Hermosilla; quienes dejaron huellas antes de que se cometiera el presunto delito, y sembraron errores no forzados que pueden costarles caro.

Es el caso de la insistencia en la supuesta reunión del 1 de julio de 2020, imposible de probar, simplemente porque no ocurrió, por más que lo intenten tantas veces quieran. Coincide en ello la escasa evidencia probatoria disponible.

En una investigación desprovista de pruebas, el principal elemento de juicio a disposición del tribunal y las partes intervinientes, consiste en el cotejo de las declaraciones de los litigantesy la evaluación de la manera cómo encajan en la lógica y en los hechos.

La acusación de la fiscalía representa, por así decirlo, la historia oficial. Solo con cargo a la versión de Ramírez, el 1 de julio de 2020, en su oficina, en dependenciasmunicipales, Jadue le habría solicitado “un beneficio económico como bonificación, a cambio de concretar el negocio, consistente en una donación de productos”.

Esa tarde, según el relato de la fiscalía, se hizo efectivo el supuesto pago, en dependencias del Partido Comunista de Recoleta, en calle Lircay, de productos consistentes en “100 bidones de alcohol gel de 5 litros, 2.000 pecheras desechables, 400 cajas de guantes de vinilo (40.000 unidades) y 500 cajas de mascarillas de tres pliegues (25.000 unidades), avaluadas en la suma de $20 millones”.

A su turno, el querellante Álvaro Castro Robles, afirmó que a finales de junio se realizó la primera de una seguidilla de cuatro reuniones “entre el Sr. Daniel Jadue y nuestro vendedor César Ramírez, en compañía del chofer de la empresa, Oscar Doussang”.

Reconoce enseguida que no participó en esas reuniones, pero que fue informado de ellas por Ramírez.Agrega en su declaración en fiscalía, el 20 de abril de 2021:

“El gerente de esa época, Daniel Moraga, se reunió con Ramírez y negociaron la primera venta. No se celebró ningún contrato. Tampoco se envió una orden de compra. De esa manera se realizó la primera venta el 1 de julio 2020 para Achifarp, la Factura Nº 203 era por un monto total $157.080.000 pesos”.

La informalidad de una operación en que no se celebró contrato alguno, ni medió orden de compra, no impide que la fiscalía permanezca prendida a la versión de BestQuality, como lapa a la roca; por más que el fuego amigo suela dejarla en posición fuera de juego.

Es el caso de lo que dice Castro, a continuación:

“Esa fecha fue coincidente con la entrega de la mercadería el mismo día, no recuerdo el lugar donde entregamos la mercadería, lo voy averiguar”.

Si el querellante afirmaque el 1 de julio de 2020 entregó la mercadería correspondiente la factura Nº 203 por un monto de $157 millones; entonces pierde sustento la versión de Ramírez -y de la fiscalía-de que ese día se entregaron insumos médicos por valor de $20 millones, en el local del partido comunista de Recoleta, en calle Lircay, correspondientes al supuesto delito de cohecho-soborno.

Una cosa o la otra; no caben las dos al mismo tiempo.

En el Oficio N° 20 de fecha 27 de mayo de 2021, Matías Muñoz ratifica que esta relación contractual no fue escriturada, sino “consensuada y ratificada en las distintas órdenes de compra, guías de despacho y facturas”.

En otras palabras, una relación informal sustentada en órdenes de compra, guías de despacho y facturas le basta a la fiscala Giovanna Herrera, para perseguir a una autoridad democrática legítimamente elegida, sin pruebas de su participación.

El carcinoma de las facultades intrusivas del Ministerio Público, sin protocolos que lo controlen, ni normas que lo subordinen al poder democrático, debe ser extraído con urgencia; antes de que se siga expandiendo y naturalizando sin control por el cuerpo social.

De otra parte, carece de lógica que, habiendo recién cerrado una compra de más de mil 300 millones de pesos en ese mismo tipo de productos, Daniel Jadue se rebajara a un negocio tan burdo, sin haber para qué, nada que ganar, ni sentido alguno.

Declaró que se enteró de esa operación en agosto de 2020, dos meses después, cuando ya en el horizonte se perfilaban los negros nubarrones provenientes de la celada que César Ramírez y Matías Muñoz le tendieron a Daniel Moraga, los primeros días de julio de 2020.

Tanto en su declaración ante la fiscalía, del 25 de abril de 2024, como en la contestación de su defensa a la acusación y videos en redes sociales Daniel Jadue ha afirmado:

1. a) No participó en reunión alguna con César Ramírez, a quién no conoce.
2. b) La gestión administrativa de la asociación fue entregada por parte del directorio al secretario ejecutivo elegido por éste. Nunca intervino en sus atribuciones.
3. c) Como presidente, no entraba en sus funciones gestionar o participar en negociación alguna por cuenta de Achifarp.
4. d) Según los estatutos de la asociación, la función de velar por el manejo patrimonial y administración recaía en quién fue designado como tesorero de la misma; el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

En su declaración del 23 de enero de 2023, Daniel Moraga, secretario ejecutivo de Achifarp, a la fecha de los hechos, señaló, en relación con la fantasmal reunión del 1 de julio:

“No estuve presente en una reunión con Jadue y Ramírez en que se ofreció una bonificación. No me consta”.

A mayor claridad:

“A su pregunta nunca me reuní con Daniel Jadue, Matías Muñoz y Cesar Ramírez en las oficinas de la alcaldía para negociar ninguna parte del contrato”.

En la suya, del 28 de noviembre de 2023; Matías Muñoz, manifestó:

“Niego haber estado en una reunión con César Ramírez y Daniel Jadue. Niego que Daniel Jadue pidió una bonificación por la compra de los mil millones. César siempre hablaba de bonificación para todo”.

En resumen, la fiscalía acusa a Jadue de cohecho, estafa y fraude reiterado al Fisco solo con el mérito de la declaración de Ramírez.También hace pie en la fecha: el ubicuo 1 de julio de 2020.

El querellante, Álvaro Castro, dijo conocer de las reuniones con Jadue por la información que le suministraba Ramírez. Sin embargo, manifiesta radical diferencia con la fiscalía, respecto a que el 1 de julio de 2020 entregó la mercadería correspondiente la factura Nº203 por un monto de $157 millones.

Según Castro, esa venta la concertaron directamente Daniel Moraga y César Ramírez, sin contrato ni orden de compra.

Los tres imputados, que a esta altura no tienen motivo alguno para guardarse las espaldas entre sí, más bien todo lo contrario, declararon no haber participado en ninguna reunión donde hayan estado presentes Daniel Jadue y César Ramírez.

Cuando la niebla del tiempo disipe los hechos, los estudiosos de entonces se asombrarán de lo poco que tenía la fiscalía en la faltriquera, y aún más, de que, sobre esa precaria base, se removiera a una autoridad legítimamente elegida, ante la impavidez ciudadana y la indiferencia de la casta política.

A pesar de su dudosa existencia, o precisamente por eso, la quimérica reunión del 1 de julio de 2020, a las 16:00 hrs. que supuestamente sostuvieron Cesar Ramírez, Matías Muñoz y Daniel Jadue, en el despacho alcaldicio de la municipalidad de Recoleta, reviste especial preeminencia en la trama, toda vez que en ella se habrían materializado el engaño de la estafa, el cohecho y parte importante de la administración desleal; imputación que, en la reformalización del 23 de enero pasado, fue reemplazada por fraude al Fisco reiterado.

Por lo expuesto hasta acá, la evidencia testimonial citada, con base en el cuaderno de investigación de la causa RUC N° 2110011091-9, está muy por debajo de los estándares probatorios prevalecientes en un juicio oral.

No alcanza siquiera la vara del Código de Ética del Colegio de Periodistas, en cuanto a la necesidad de fundamentar la información, de no manipularla o modificarla, ni alterar u omitir cualquier de sus partes.

La evidencia probatoria, más que física o concreta, es una categoría epistemológica; en la medida en que, para serlo, debe estar respaldada por antecedente, dato o elemento que acredite su existencia, o haga que se tenga por cierta, más allá de duda razonable.

La evidencia de esa naturaleza es escasa en el cuaderno de la fiscala, y de esta, hay una que descarta la épica reunión.

Se trata del Informe Policial Oficio 2903, 24 de septiembre de 2024, del OS7 de Carabineros, cuyo objetivo apuntaba a determinargeoposicionamiento con antenas, de los teléfonos de César Ramírez y Oscar Doussang.

La conclusión del informe va en la dirección opuesta a la acusación de la fiscalía:

“Por la posición de las antenas telefónicas, ni el señor Ramírez, ni el señor Doussang estaban en la Municipalidad de Recoleta a las 16:00 el día 1 de julio de 2020”.

El informe establece sobre el teléfono de Doussang:

“Entre las 14:50 y las 17:06 se habría retirado de la comuna de Recoleta hasta el sector de San Joaquín-Lo Espejo, donde habría cargado nuevos insumos, para luego entre las 17:32 y 17:34 posicionarse nuevamente en Recoleta en las antenas de La Serena 776 y Lircay 352 para luego aparecer con señal de antena en calle Compañía de Jesús 1360, a las 18:28 horas”.

En suma, no estaba en Recoleta a las 16:00 horas del 1 de julio de 2020, sino a una distancia considerable, al menos 18 kilómetros lineales, con tiempos de viaje de 44 minutos en autopista, en las comunas de San Joaquín o Lo Espejo, entre las 14:50 y 17:32 al menos; según acreditan llamadas a las 15:59, 16:27, 16:43, 16:52, 16:58, 17:06, 17:14 y 17:15.

Tampoco se encontraba en calle Lircay486, sede del Partido Comunista de Recoleta, entre las 18:00 y 18:30, en la supuestaentrega de la donación del cohecho, pues a esa hora estaba en calle Compañía, Santiago Centro.

Agrega el informe:

“La data del teléfono del señor César Ramírez no lo posiciona en el lugar de los supuestos hechos el día 1/7/2020”.

La pericia policial muestra que la hipótesis de la reunión de las 16:00 horas de ese día, en la municipalidad de Recoleta, donde se habríaejecutado los supuestos delitos, es inverosímil.

Este importante antecedente fue acompañado por la defensa de Jadue, en la audiencia de revisión de cautelares, del 15 de enero pasado, en la Corte de Apelaciones.

A pesar de que el informe destruye la tesis de la fiscalía, o tal vez por lo mismo; y de que la apelación a medidas cautelares remite siempre a derechos básicos del imputado, la cuarta sala de la CAP Santiago, estimó que no tiene “la entidad necesaria para estimar que las circunstancias que se tuvieron presente al momento decretar las medidas cautelares actualmente vigentes han variado en términos tales que justifiquen su modificación”.

Pero, ¡precisamente!

Las circunstancias al momento de decretarse las medidas cautelaresexperimentan un giro dramático, a la luz del informe. A partir de ese antecedente, la corte supervisora debió, por lo bajo, ordenar una diligencia que confirme o rechace su mérito.

En cambio, mantuvo inalterable el criterio de la fiscalía y del tercer juzgado de garantía, de condena anticipada a Daniel Jadue, y atropello prolongado de sus derechos, por el “delito” ser quién es y lo que representa.

Enteró 91 días en prisión preventiva, y a la fecha, acumula casi 300 días privado de libertad; de manera arbitraria e injusta, tiempo que, dada la debilidad de la acusación de la fiscalía y ausencia de prueba, excede con holgura la eventual y remota posibilidad y magnitud de una condena.

Se trata de un notorio abuso de poder, corriente en la interna judicial, debido en parte a un típico efecto manada: si todos creen que Jadue es culpable, y lo afirma la prensa, entonces algo habrá hecho, y no seré yo quien arriesgue el pellejo paradesmentirlo.

Asociación y concierto previo

Del análisis del cuaderno de investigación, emerge un antecedente de línea principal, sin el cual no se explica el “caso” Achifap; patrón que, pese a su importancia para la determinación de los hechos, o quizá también por lo mismo, no fue informado al tribunal, en la acusación de la fiscalía.

Se trata de la estrecha, decisiva, y transversal relación entre César Ramírez, el denunciante y vendedor de BQ, y Matías Muñoz, su cómplice y doble agente; quién lo puso en contacto con Daniel Moraga, a quién simultáneamente manipuló para inducirlo a comprar; mientras cobraba comisión por esa venta; yluego traicionó para trepar hasta la secretaría ejecutiva de la Achifarp, donde terminó de inocular el veneno que condujo a su liquidación; en rigor, el pretexto puente para involucrar a Jadue en esta operación de guerra sucia judicial; la cual, como es apenas natural, simula una fachada impecable y una acrisolada legalidad.

Sin embargo, de probarse ese vínculo en estrados; lo cual, sin ir más lejos, está recíprocamente reconocido en sus declaraciones en fiscalía, el eje del delito experimenta un giro en 180 grados; desde cohecho estafa y fraude al fisco, perpetrados desde Achifarp, a delitos que presuponen asociación y concierto previo, en su contra.

Muñoz y Ramírez, personajes centrales de la trama, a quienes en Chile se tiene por vivarachos, pechos de buque, movidos, inescrupulosos, entradores y astutos; condiciones, de otra parte,esenciales para sobrevivir en un rudo mercado, donde predominan sin competencia las relaciones monopólicas, oligopólicas y monopsómicas, se conocieron en terreno, en plena arena comercial; entre febrero y marzo de 2020, de acuerdo a Muñoz; según Ramírez, en abril.

En una secuencia, que, en el lenguaje cinematográfico, sobreviene al montaje de la escenografía donde acontecerá esa parte de la trama, aparece de la nada Ramírez con la oferta que demanda Muñoz; esto es, mascarillas, alcohol gel, termómetros y guantes de nitrilo, entre otros insumos para la reventa, en los apremiantese inciertos albores de la pandemia.

Eslabón de una cadena de casualidades, evidentemente causales, estaba la coincidencia de que, entre la clientela de Muñoz, aparecía Achifarp, desde el 3 de abril de 2020.

Refuerza la impresión de escenografía preconstituida, el siguiente párrafo de la declaración de Muñoz Becerra, de noviembre de 2023, a propósito de su primera reunión con Ramírez:

“Me junté con él en el Hotel Gran Palace, y ahí me dijo que todo el pago debía ser al contado o enefectivo. Él siempre estaba con el peoneta Alexis Maturana y el chofer Oscar Doussang, el míster. Yo me juntaba siempre con ellos en una oficina del Gran Palace, y ahí mantenían la mercadería, notenían bodega o yo no la conocí; yo tenía que ir a buscar ahí la mercadería en mi auto”.

¿Una empresa de comercio exterior de mediano tamaño carente de bodega y que entrega mercadería en una oficina arrendadaa un céntrico hotel?

Desusado, por decir lo menos.

De Muñoz Becerra se podrá decir lo más, a propósito de su comportamiento en el caso Achifarp, menos que no es un sañudo combatiente por la subsistencia, ni un avezado trepador.

Conoció a Daniel Moraga en 2013, en la primera administración de Jadue, en la Municipalidad de Recoleta. Pero mientras Moraga ingresó por la Oficina de Intermediación Laboral, OMIL; Muñoz entró a la Corporación de Deportes, como auxiliar de aseo. Mientras hacía aseo de día, de noche estudiaba ingeniería en gestión en deporte, en AIEP, donde se tituló en 2016.

En 2017, estrenó su título en el Departamento de Deportes de la Municipalidad de Renca, para retornar a la Corporación de Deportes de Recoleta, al cabo de seis meses, como administrador del estadio municipal.

Ambicioso y emprendedor, en paralelo, ese mismo año, creó la empresa MyM, dedicada a la venta de artículos de aseo y oficina.

En 2019 formó Induscorp, consagrada al mismo mercado, en cuya cartera de clientes estaba Achifarp, por virtud de sus relaciones con Daniel Moraga; quién, para no ir lejos, le pagaba en la cuenta corriente de su expareja, María Constanza Matus, por estar Muñoz en DICOM.

El momento de la epifanía, cuando Dios y Adán entrechocan los dedos índices, Muñoz lo describe así:

“Me contacto con Moraga porque mi papá trabaja en una red de carnicerías y Moraga me pidió carne; en ese contacto me consulta si estaba vendiendo mascarillas, y así comienza el contacto con Achifarp. Todas estas mascarillas se las compré como proveedor a César Ramírez”.

Reaparecerá la carne. Pero, entretanto, juzgó prudente colocardistancia:

“Para la compra de julio de 2020 entre la Achifarp y BestQuality me contactó Daniel Moraga y me dijo que necesitaba $800 millones en mascarillas. Esto fue por teléfono. Yole dije que era imposible y le di el número de César Ramírez, y no estaba pendiente de lo que hacía César Ramírez”.

Relata después que Ramírez le informó que se había contactado con Daniel Moraga y se habían reunido la oficina del SECPLAC de la Municipalidad de Recoleta, en el piso 6.

Agrega:

“En esa reunión estuvieron César Ramírez, Daniel Moraga, Oscar Doussang y Alexis Maturana. Después de esa reunión de ese mismo día, cerca de las 19:00 horas, yo fui a ver a César Ramírez a su oficina para cobrarle $250 mil que me debía, y ahí me cuenta que llegaron al acuerdo de comprar cerca de $1.100 millones, y que le había pedido a Daniel Moraga un cheque en garantía de $103 millones”.

Muñoz dice que, en la reunión del 1 de julio de 2020, en la que se llegó al acuerdo por la compra de más de mil cien millones, participaron Moraga, Ramírez y Doussang, lo cual coincide con la versión de Álvaro Castro.

Además, si estaba con Ramírez cerca de las 19:00 hrs., en su oficina, éste no pudo estar simultáneamente en calle Lircay, a las 18:30 hrs., entregando el supuesto soborno.

En la cueva del lobo: entre la ingenuidad y la traición

Respecto de la operación de compraventa del 1 de julio de 2020, la declaración de Daniel Moraga, del 23 de enero de 2023, difiere radicalmente de la de Muñoz Becerra. No en cuanto a los participantes, sino al doble papel de éste.

Sutil como la tentación, hacia mediados de junio de 2020, se le acercó para informarle que estaba vendiendo en una nueva empresa. Le sugirió que podían hacer buenos negocios, y para tentarlo, le ofreció mascarillas a un precio que no se podía rechazar.

Moraga manifestó que tenía stock inmovilizado, y por tanto, no necesitaba mercadería. Pero Muñoz insistió, al tiempo que le presentó a Ramírez:

“Me ofrecía comprar un volumen grande con facilidades y salir a vender rápidamente y tener una ganancia y diseñamos un plan de venta. Conversamos de una compra de $200 millones de pesos. Me junte con Cesar Ramírez, me ratificó la información de facilidades de compra con cheque para noviembre y diciembre, y un precio bajo de mascarillas y podríamos hablar de una compra a largo plazo”.

O sea, Muñoz Becerra presiona a Moraga, para que le compre insumos a Ramírez, vendedor de BQ. En las antípodas de la acusación de la fiscalía, donde Jadue engaña como niño impúber a Ramírez, con el cuento del cuerno de la abundancia de las farmacias y supermercados populares

Desde el punto del establecimiento de los hechos, el siguiente párrafo de la declaración de Moraga es determinante, en el contexto del juicio oral:

“Yo cometí un grave error porque antes de este negocio con BestQuality, teníamos una deuda de $200 millones en stock que no habíamos podido vender. Yo asumí un negocio de $1.000 millones creyendo que de esa manera tendríamos  la ganancia que permitiría salir de las deudas. Esta idea me la reforzó Matías Muñoz”.

La importancia de la confesión del autor de la operación de compra radica en que descarta la participación de Jadue, al tiempo que confirma la confabulación entre Muñoz Becerra y Ramírez, para inducirlo a comprar.

Más aún, está acreditado que Muñoz Becerra recibió comisión de BQ por esa venta. La relevancia del hecho no radica sólo en el retrato de su estofa moral, sino en la nueva demostración de concierto previo para perjudicar por distintas vías a Achifarp, tiro por elevación dirigido contra Daniel Jadue.

Pero no sería el único error de Moraga respecto a su “amigo” Muñoz Becerra.

Para vender esos productos no encontró mejor idea que la ingenuidad de contratarlo como encargado de ventas, con un sueldo mensual de dos millones de pesos, el mismo mes de julio de 2020; si bien posteriormente, en la misma declaración, afirmó que nunca justificó.

Como posaba de tipo sabido -por algo era ingeniero- Moraga persistió en el error. Le pidió un informe sobre la gestión del encargado comercial de Achifarp, Pablo Zúñiga.

El informe concluyó que había falta decontabilidad y de información en recursos humanos, inexistencia de plan comercial, ausencia de rendiciones de gastos, y variadas anomalías administrativas.

En conocimiento de Jadue, el informe determinó el despido de Moraga, en agosto de 2020, el cual retrasó por medio de licencias médicas, hasta el 16 de noviembre de ese año, cuando asumió Matías Muñoz, ratificado por el directorio.

En ese contexto, de crisis de conducción de Achifarp y pandemia, Muñoz Becerra redactó un segundo informe, que entregó personalmente a Jadue.

Entre las anomalías que detalló, aparecenfalta de rendición de gastos de Moraga, pagos a su señora; gastos injustificados en viajes, taxis y restoranes; compras de mascarillas a otras empresas en el mismo momento que le compraba a Induscorp ya BestQuality; ausencia de sistema contable; falta de comprobantes de ingreso y egreso, e incluso… “$150.000 de compras en carne”, que le vendió su papá, cuando se encontraron y le pidió el dato por mascarillas.

Con esos amigos, quién necesita a los otros.

Los delitos que hay

Independiente de sus motivaciones, ese informe revela serias irregularidades en la administración de Achifarp en tiempos de Moraga. Los hechos ulteriores demostrarían que la administración de Muñoz Becerra fue todavía peor, no sólo en el desempeño del papel del Judas de la trama, sino también en el cobro de sus denarios de plata.

O sea, no es que la fiscalía esté dedicada solo a perseguir fantasmaso delitos inexistentes. Pero, en su afán de capturar al culpable equivocado, pasa por alto que, en su propia investigación, los autores de los delitos reales, aquellos representan provecho o ventaja personal o perjuicio para la sociedad, están, básicamente, identificados y confesos.

Moraga reconoció la compra de $1.300 millones en insumos médicos para la pandemia comoun error. Confesión. ¿Qué más necesita la fiscalía?

La querella del CDE le atribuye gastos sin justificar por $9 millones.

Según el Informe Pericial Contable N° 86 de 2023 de la PDl, Moraga recibió una renta imponible de $47.158.383: $26.502.247 en 2019 y$20.655.136 en 2020.

Sin embargo, el mismo informe establece que recibió transferencias de Achifarp por $68.442.584, entre los años 2019 y 2021, con una diferencia de $21.284.201sin justificación.

De otra parte, de la propia investigación de la fiscalía se desprende que Muñoz Becerra recibió una comisión de $17,4 millones por la/s venta/s a Achifarp; de $1.300 millones, depositada desde la cuenta del Banco de Chile, de BQ, a la de Constanza Matus Pérez, del Banco de Santander.  Además, recibió $11.400.00 de BQ, “por asegurar la compra y pagos de la asociación a dicha empresa”.

Por los delitos de lavado de activos, cohecho y malversación, la Fiscalía le imputa una ganancia ilícita de $66.817.203

Tampoco es que haya mucho más. Raterías de poca monta de funcionarios que, en el ambiente permisivo de una novel institución que no encontraba destino y lugar, aprovecharon que la ocasión la pintaban calvapara obtener beneficio personal, y por tanto traicionaron una iniciativa que apuntaba al bien común. Si tienen consciencia de ello, será peor que su eventual condena.

Pero en este caso, nunca se ha tratado de impartir justicia, o reestablecer el bien común ni castigar culpables. Desde suinicio, esta investigación al cuete ha estado orientada en una única y exclusiva dirección: librar de Daniel Jadue el horizonte de los poderosos.

En consecuencia, el caso Achifarp, deparó la oportunidad que estaban esperando Hermosilla y sus amigos, no por los eventuales delitos cometidos, ni por sus montos, ni por contingentes perjuicios a la sociedad, sino por los flancos para un ataque en regla que ofrecía su bisoña, negligente y precaria cultura organizativa.

Ha llegado carta por el correo temprano

Aparte de las declaraciones de Ramírez, y en ausencia de otras pruebas, las imputaciones de la fiscalía a Daniel Jadue se reducen a sus responsabilidades políticas, dado el hecho que presidía la organización.

Le atribuyen erróneamente, o peor, en forma deliberada, un supuesto conocimiento completo y globalde la administración de Achifarp; algo así como el desempeño de un supra gerente con esteroides, por encima de todo.

Este es un punto crucial, de cara al desenlace.

La evidencia testimonial es débil, y las declaraciones de Ramírez, respecto de la legendaria operación de compraventa del 1 de julio de 2020, no solo son de suyo inconsistentes, sino también están refutadas por los otros intervinientes de la trama.

La acusación de la fiscalía no luce mejor aspectada en lo que respecta a la responsabilidad institucional de Jadue.

En primer lugar, dado el hecho que el marco de sus atribuciones, en el organigrama de Achifarp es muy preciso; segundo, porque Jadue, en sus dos declaraciones ante la fiscalía sostuvo que jamás excedió sus facultades ni medió en negociación alguna de Achifarp; y tercero, debido a que la acusación de la fiscalía carece de prueba de que eso haya sucedido, salvo la consabida declaración de Ramírez.

La escasa evidencia empírica existente al respecto, tampoco respalda la acusación de la fiscalía; al revés.

El Informe policial Oficio 2755, del 5 de septiembre de 2024, no deja espacio a la infundada imputación de un eventual gobierno de facto de Jadue, dado que, mediante filtros de correo electrónico, devela el día a día de Achifarp, e identifica a quiénes tomaban las decisiones relativas a la gestión.

El software analizó una muestra de 250 mensajes de correo electrónico, dentro de miles incautados, de funcionarios de la Municipalidad de Recoleta señalados en la investigación, entre ellos, Eduardo Sendra, María Eugenia Chadwick y Daniel Jadue, en variadas interacciones con funcionarios de Achifarp, como Ana María Pineida, Daniel Moraga y Matías Muñoz, entre otros; y los filtró por parámetros de búsqueda claves de la investigación, tales como: “Achifarp, “audífonos”, “Daniel Moraga”, “glucómetros”, “Horentek”, “interferon” y “prótesis auditivas”; entre otros.

De esos 250 correos, solo cuatro son dirigidos directamente a Jadue y en otros cuatro es copiado. Ninguno relacionado con la gestión de Achufarp, salvo uno, indirectamente, enviado por Jadue, relativo a uno de los parámetros de búsqueda.

Se trata de una consulta acerca de una factura de un proveedor, no relacionado con la causa.

Jadue tampoco aparece copiado en los correos donde se intercambiaba información relevanterespecto a los hechos de la investigación; incluidos eventos como la adquisición de glucómetros y audífonos, pago de facturas, y en general, la gestión comercial y financiera de Achifarp, discusión que se daba entre los funcionarios en quienes recaían las facultades, en la cual nunca participó.

Responsabilidades institucionales

Hay un aspecto subjetivo que avala el resultado de la pericia. Quienes conocen a Jadue, saben que nunca, en sus tres períodos, participó en alguna gestión comercial, económica o productiva en la Municipalidad de Recoleta.

Para empezar, por una razón de principios, pero en particular, porque está convencido de que la diferenciación de su propuesta y la radicalidad de su programa, lo transforman en blanco dilecto de operaciones hostiles en su contra.

Eso explica por qué, hasta la querella de BestQuality, su hoja de vida y papel de antecedentes lucían impecables. No hay ninguna lógica, prueba o razón, que lo haya impulsado a cambiar de conducta en el caso Achifarp, menos aún si se considera la correlación política al interior del directorio.

Este último elemento esclarece, en parte, su inmovilismo, traducido en el hecho de que, en sus cuatro años de existencia, el directorio se reunió apenas en cuatro oportunidades.

La razón, en parte, está explicada.  La ofensiva contra Jadue estuvo jalonada desde el principio, por una abrumadora cobertura de prensa, alimentada por copiosas filtraciones de la fiscalía, de manera que, quienes solían correr para salir en la foto, consideraron prudente ceñirse al viejo principio de que soldado que huye, sirve para otra batalla

La crisis de conducción de Achifarp era evidente. Pero, aparte que no es materia que corresponda a un tribunal penal, tampoco era de responsabilidad exclusiva de Jadue. Por lo demás, hacer un mal negocio no es delito, menos en el caso de Jadue, dado que no hay prueba de que haya intervino en él.

Como estableció el fallo de la magistrada Paula Brito, mediante el cual cambió la medida cautelar a arresto domiciliario, la responsabilidad de Jadue no es distinta ni superior a la que le corresponde al directorio, al tesorero y al secretario general.

En consecuencia, Fuenteovejuna: o se los condena a todos, o a ninguno,  por esa variante de la acusación. Por tanto, en este aspecto, a la acusación de la fiscalía tampoco se ve mejor aspectada.

Testimonio de funcionarios de Achifarp

A la misma conclusión conducen las declaraciones de los funcionarios de Achifarp.

Pablo Zúñiga Jorquera:

“Las decisiones financieras y comerciales de la asociación eran tomadas por Daniel Moraga, secretario ejecutivo y Ana María Pineida, secretaria de Achifarp, los cuales eran los únicos que tenía acceso y portaban los pinpass, manteniendo pleno control de las cuentas bancarias, cheques, prestamos, entre otros. Las reuniones que tenían que ver con temas económicos, sueldos, traspasos de dinero, eran reuniones cerradas, en las cuales participaban Daniel Moraga y Ana María Pineida”.

Pablo Lanfranco Herrera:

“La administración de los recursos, especialmente respecto a claves de sistemas bancarios, personas autorizadas para firmar documentos bancarios o realizar giros, recaía en Ana Pineida y Roberto Pezoa en su momento. También tengo entendido que Daniel Moraga tenía autorización para ello. En relación al tema de las mascarillas y el problema surgido con BestQuality lo desconozco. Entiendo que este tema era un problema más bien comercial, por lo cual, esas negociaciones pasaban por Roberto Pezoa y Matías Muñoz. Debo mencionar que Matías Muñoz se reunía con las personas de BestQuality a puertas cerradas, era todo muy hermético”.

Nicolás Muñoz Huenchullán:

“Las decisiones financieras y comerciales de la asociación eran tomadas por Roberto Pezoa y Matías Muñoz, quienes mantenían el control de las cuentas bancarias, cheques, préstamo, entre otros. Además, debo hacer presente que por lo general las reuniones que tenían que ver con temas económicos, sueldos y comerciales, eran reuniones cerradas en las cuales participaba Matías Muñoz, Roberto Pezoa, de los que recuerdo”.

Querella por prevaricación y conflicto de interés

Tanto ha ido el cántaro al agua, y ha sido tan evidente el abuso y la violación de sus derechos, que la defensa de Jadue emprendió la acción legal extremadamente excepcional, de entablar una querella por prevaricación y fraude procesal, contra la fiscala Giovanna Herrera Andreucci y los abogados Mario Vargas Cociñay Gabriel Zaliasnik Schilkrut.

El libelo, presentado por el abogado Lorenzo Morales el 21 de marzo pasado, acusa a la fiscala Herrera de un conflicto de interés que la inhabilita para conocer la causa.

En efecto, Giovanna Herrera es concuñada de Juana Montes Cruz, hija de Carlos Montes, cuyo cónyuge, Javier Vega Sepúlveda, es cofundador y gerente general de Farmacias Fracción.

No es necesario un magister de economía, para caer en cuenta de que su competidor directo era Achifarp, liquidada el 1 de junio de 2022, por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, antecedente que integra la acusación de la fiscala Herrera contra Jadue.

Tampoco es accesorio consignar que, en la estructura accionaria de Farmacias Fracción, aparece, con un 15,23% del capital accionario, Sociedad de Inversiones San Roque Ltda, que presenta vínculos con Minera Activa Uno SpA, dueña de Dominga, sociedad de Piñera con Juan Carlos Delano, que traspasó derechos sociales en las Islas Vírgenes Británicas; Agrosúper, de la familia Vial; Aguas Andinas y SQM.

Nueva aparición de los grandes intereses interesados en terminar con la carrera política de Jadue.

La querella acusa a BestQualityde accionar contra Jadue “a pesar de existir una negociación en curso”, y la posterior venta de la deuda “al prestamista informal Fernando Cassorla, quien también era proveedor de BestQuality”.

El libelo fue acogido a trámite, y aunque no lo hubiera sido, e independiente de su resultado, representa un alegato para la posteridad, acerca de la necesidad de preservar la dignidad, ante una acusación así de espuria.

No es accesorio consignar que uno de los argumentos consulares de la fiscalía, relativo a la defensa del patrimonio público, también ha resultado un fracaso.

Según la última cuenta del liquidador de Achifarp, José Alfredo Rojas, la quiebra ha recaudado apenas $108 millones. Los ingresos por cobranzas han superado levemente los $6 millones. En el remate de bienes de Achifarp, la subasta de dos impresoras 3D, un escáner 3D y algunos insumos médicos, se declaró desierta por falta de interesados.

Otro aspecto esencial omitido por la fiscala Herrera, el Tercer Juzgado de Garantía y determinadas salas de la Corte de Apelaciones, remite al daño patrimonial que le está ocasionando a Daniel Jadue la política de castigo anticipado e ilegal que le están infligiendo, con una acusación torcida, desprovista de prueba y políticamente orientada.

De aquello da cuenta el informe de la perita judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Laura Oyarzún, del 28 de diciembre de 2024.

A pesar de que la resolución de la magistrada Paulina Moya, cuando lo envió a prisión preventiva, el 3 de junio de 2024, fijó un plazo de investigación de 120 días, Jadue enteró 308 días privado de libertad, a la fecha de redacción, sin que asome fecha para el juicio oral, mientras que cumplió cinco meses sin recibir el sueldo de $5.854.574, que le correspondía como alcalde, y sin que se avizore el inicio del juicio oral.

Señala el informe:

“Los gastos informados por el peritado, sólo en dividendos suman $2.700.000, más el aporte a su hija, compromisos bancarios y gastos del diario vivir, alcanzan en total a cerca de $4.000.000, incluyendo la mantención de su madre, paciente con severa dependencia”.

A eso debe sumarse el pago de dividendos de cuatro propiedades que constituyen su patrimonio, incluyendo un departamento con bodega, la casa en la comuna de La Reina donde vive y otra casa en Huechuraba, por lo que resulta de extrema urgencia que se reinserte en el mercado laboral.

Agrega el informe:

“Se sugiere a US., quesustituya la medida cautelar de arresto domiciliario total por firma quincenal (artículo 155 letra c del Código Procesal Penal, o arresto domiciliario nocturno (artículo 155 letra a del Código Procesal Penal), con el objeto de que pueda trabajar en el día y cubrir los compromisos y obligaciones financieras y económicas de la familia y personales, por cuanto la actual medida cautelar le impide trabajar y de continuar en esa situación corre el riesgo de caer en insolvencia económica, juicios civiles de cobros ejecutivos si no paga los créditos hipotecarios, no pago de impuesto territorial, y ayuda económica a familiares dependientes como su madre e hija”.

El informe concluye:

“El peritado tenía un sueldo líquido de sobre $5.000.000 y sus gastos mínimos son de $4.000.000, que después de cinco meses de no recibir sueldo, ha hecho uso de sus ahorros para mantenerse, siendo insostenible mantener esta situación por más tiempo”.

Desde ese punto de vista, a esta altura, y con dichos argumentos, la medida cautelar de arresto domiciliario total, ratificada el pasado 3 de abril, por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, suma un nuevo abuso a la larga lista y confirma la tesis de un castigo anticipado imposible de lograr en un juicio oral.

La ofensiva de los poderes fácticos, instrumentada por la fiscala Herrera y reproducida hasta el espasmo por el poder mediático, oculta una dimensión política y social insoslayable de Achifarp, esbozada por el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, del 18 de noviembre de 2024, que, entre sus conclusiones y recomendaciones, plantea:

“Conviene sugerir a la Cámara que se legislepara avanzar en mayor transparencia, fiscalización y mecanismos de control queeviten cuestionamientos públicos y la consecución de posibles delitos en elfuncionamiento de la Asociación que surgió por la poca accesibilidad que tiene la ciudadanía de adquirir a medicamentos e insumos médicos a precios bajos”.

Agrega:

“Es imposible soslayar que la génesis de la Achifarp espor una necesidad país de asegurar el derecho a la salud de las personas, de modotal que el mercado no continúe reproduciendo una discriminación monetaria paratodos quienes requieran de algún insumo médico”.

A mayor abundamiento:

“La existencia de Achifarp como una red y coordinación integrada de distintos municipios es una expresión de que sí esposible desarrollar proyectos desde una perspectiva pública y de derechos. Pese a las observaciones críticas sobre su funcionamiento, no esadmisible formulaciones negativas sobre sus resultados, toda vez que se presentacomo una alternativa al monopolio de farmacias de Chile y ha resuelto parcialmentelas demandas de mayores insumos médicos por parte de un sector mayoritario depoblación. Así lo reflejan distintos testimonios de ciudadanas y ciudadanos querescatan el impacto positivo que tuvo la Achifarp en sus territorios”.

Tal como señaló el primer artículo de esta serie, Persecución a Daniel Jadue: Anatomía de un Montaje (Y sus Consecuencias), asistimos a una conflagración de ribetes históricos, con costos eventualmente decisivos para el contendor que pierda el combate.

Si triunfa la confabulación de los poderes fácticos, con la fiscala Herrera como guaripola, y Jadue es condenado a pena aflictiva, el peligro que representa para ellos, habrá sido conjurado.

Pero, no hay cuidado. La fiscalía agotó sus fichas y mostró sus cartas antes de llegar al juicio oral. Tiene lo que tiene y no conseguirá más, aunque despache orden de investigar a Mandrake el Mago.

Con ese juego, no le hace un gol ni al arco iris.

Si es la fiscala la que pierde, por moral debiera renunciar. Y si no lo hace, su superioridad jerárquica debiera removerla, pues no es admisible que una funcionaria del aparato de la justicia utilice las facultades de que está investida en función de intereses privados o políticos.

Y si el partido del orden la protege, tampoco podrá sacar las barbas del remojo.

Si el espurio proceso contra Jadue, impulsa su trayectoria política, como, guardando distancias y proporciones ocurrió con Lula, Fidel y Mandela, la fiscala y el partido del orden, deben tener por seguro que su eventual gobierno incorporará en su programa, corregir y democratizar las copiosas deudas del Poder Judicial con la Justicia, partiendo con las inmerecidas e intrusivas atribuciones del Ministerio Público.

Una pausa y ya volvemos.