Hemos visto cómo episodios emblemáticos como el Caso Penta y el Caso SQM han demostrado las dificultades para combatir el crimen financiero cuando el levantamiento del secreto bancario se posterga hasta casi invalidar la justicia. Estos “delitos de cuello y corbata”, perpetrados desde Sanhattan, evidencian una élite que juega con reglas distintas, protegida por un sistema que retrasa y complica la justicia en vez de facilitarla. Pero también lo usan las mafias trasnacionales, como el Tren de Aragua, para seguir cometiendo delitos. El proyecto de ley sobre Inteligencia Financiera que actualmente tramita la Sala del Senado es una medida necesaria.
Daniel Núñez. Senador. 10/3/2025. En Chile, el escenario financiero y político está dominado no solo por operaciones bancarias legítimas sino también por una larga y oscura sombra de crímenes financieros que operan con impunidad bajo la protección del secreto bancario. Es urgente y un deber alzar la voz contra este escudo que, si bien protege la privacidad, también es cómplice de la corrupción y del crimen organizado.
Hemos visto cómo episodios emblemáticos como el Caso Penta y el Caso SQM han demostrado las dificultades para combatir el crimen financiero cuando el levantamiento del secreto bancario se posterga hasta casi invalidar la justicia. Estos “delitos de cuello y corbata”, perpetrados desde Sanhattan, evidencian una élite que juega con reglas distintas, protegida por un sistema que retrasa y complica la justicia en vez de facilitarla. Pero también lo usan las mafias trasnacionales, como el Tren de Aragua, para seguir cometiendo delitos.
El proyecto de ley sobre Inteligencia Financiera que actualmente tramita la Sala del Senado es una medida necesaria. Propone que, en casos de sospecha fundada sobre actividades como el narcotráfico y grandes fraudes, se pueda acceder a información financiera sin la demora de los procesos judiciales. Sin esta ley, perseguir a criminales financieros es como correr tras un ladrón con los zapatos amarrados: aunque sepas hacia dónde se dirige, siempre se llegará tarde.
En una sesión de 2024, la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó otorgar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la herramienta para levantar el secreto bancario de manera automática, sin necesidad de autorización judicial. Sin embargo, posteriormente, la Comisión de Hacienda, dominada por la derecha, aprobó la indicación del senador Coloma para eliminar esta atribución para la CMF. ¿Fue acaso una represalia por la reacción que tuvo el organismo para investigar el caso Hermosilla, Chadwick, Sour y Jalaff? Este acto sugiere una preocupante tendencia de la derecha, encabezada por figuras como Evelyn Matthei y respaldada por la UDI, a proteger intereses particulares en detrimento del bien común.
Pero, ¿es razonable este ajuste? Consideremos el siguiente punto: cuando se trata de perseguir a sospechosos con fuertes indicios de involucramiento en delitos graves, ¿vale la pena una intrusión controlada en la privacidad? La respuesta es sí, porque el beneficio de actuar con rapidez puede desarticular operaciones criminales, recuperar activos ilícitos y prevenir futuros delitos. La UAF solo miraría donde realmente se sospecha que está el problema, manejando la información con estricta confidencialidad y, si no es relevante se elimina como documentos sin valor.
Este enfoque es como permitir que una ambulancia exceda el límite de velocidad en una emergencia: se hace para salvar vidas, respetando reglas claras y por un bien mayor. En nuestro caso, la emergencia es la lucha contra el crimen organizado y la corrupción que amenaza nuestro tejido social y económico.
Además, vale la pena destacar la experiencia de Perú, donde la Unidad de Inteligencia Financiera puede acceder a datos bancarios sin requerimiento judicial cuando investiga lavado de dinero. Esta medida ha sido crucial para desmantelar redes criminales y ha sido respaldada por la legalidad, mostrando que es posible equilibrar la necesidad de acción rápida con el respeto a los derechos fundamentales. La experiencia peruana demuestra que un marco legal bien diseñado puede mejorar significativamente la eficacia en la lucha contra el crimen financiero sin comprometer los principios constitucionales.
Es indignante y totalmente inaceptable que sectores de la derecha, encabezados por figuras como Evelyn Matthei y respaldados por la UDI, inventen reparos para finalmente esconder el rechazo a esta propuesta. Al hacerlo, defienden un statu quo que beneficia a los poderosos a costa del bienestar general. Están eligiendo mantener un sistema que permite a criminales operar con una ventaja injusta, mientras la ciudadanía sufre las consecuencias.
El levantamiento del secreto bancario para casos específicos de crimen organizado y grandes delitos financieros no es un capricho, es una necesidad urgente. No podemos permitir que Chile siga siendo un paraíso para los lavadores de dinero, delincuentes de cuello y corbata y para el narcotráfico. Es tiempo de que la ley esté del lado de los justos y no de aquellos que se esconden detrás de un muro de privacidad para perpetrar sus crímenes.
Apoyar este proyecto de ley es avanzar hacia un Chile más justo, donde la transparencia no sea solo un ideal sino una práctica común en nuestra lucha contra el crimen. Es hora de actuar por encima de las protecciones excesivas que solo sirven para encubrir el delito y la corrupción. Como senador, insto a mis colegas y a la ciudadanía a demandar un cambio, a no quedarse callados mientras se decide el futuro de nuestra seguridad y nuestra economía. Es hora de levantar el secreto bancario y traer la luz a las sombras de la delincuencia financiera en Chile.