Se trata de situaciones que afectaron a chilenas y chilenos en el contexto de la revuelta social de 2019. Según Amnistía Internacional se “generaría impunidad en muchísimos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2019”. Raquel Torres, coordinadora Grupo Iniciativas por los Derechos Humanos, indicó que “la decisión de no perseverar argumentando un mecanismo administrativo para destrabar el sistema penal en este caso puede ser interpretado como un velado sobreseimiento” en beneficio de uniformados. Desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular se expresó que “quienes se atrevieron a denunciar quedan hoy con las manos vacías, porque el Ministerio Público y la justicia se encargaron de mantener a los responsables en impunidad”. El Doctor en Derecho, Claudio Nash, dijo que se trata de “una decisión ilegítima por parte del Ministerio Público” y expresó que con estas resoluciones “la situación de impunidad se va configurando, se va instalando y lo peor de todo es que se va normalizando”.
Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 2/2025. El Ministerio Público decidió “no perseverar” en la investigación de 1.509 casos de denuncias por violencia ejercida por agentes del Estado contra ciudadanas y ciudadanos chilenos en el contexto de la revuelta social de 2019. Entre otros argumentos, se apuntó a la falta de antecedentes para continuar investigando y se supo de criterios respecto a no proseguir con un número tan alto de causas, también por problemas administrativos.
A ello hay que sumar datos como los entregados por Amnistía Internacional, donde se señaló que de miles de casos denunciados, Fiscalía sólo ha formalizado 252, llegándose a la cantidad de 44 sentencias condenatorias.
“Es una cruda evidencia de falta de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición”
Raquel Torres Guerrero, coordinadora Grupo Iniciativas por los Derechos Humanos, indicó que “el uso de la facultad de no perseverar del Ministerio Público en 1509 causas en que se denuncian violaciones a derechos humanos cometidas en el periodo de la revuelta social iniciada en octubre del 2019 pone nuevamente de manifiesto el incumplimiento del Estado de Chile respecto a sus obligaciones en esta materia” y enfatizó que ello “es una cruda evidencia de como la falta de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición del pasado permiten que la historia se repita, profundizando el trauma social al imponer nuevamente la impunidad a las víctimas, sus familias y la sociedad”.
Sostuvo que “la decisión de no perseverar argumentando un mecanismo administrativo para destrabar el sistema penal en este caso puede ser interpretado como un velado sobreseimiento, estableciendo un cuestionamiento imposible de omitir relacionado con el impacto y consecuencias en las victimas, en su entorno así como en toda la sociedad, profundizando la percepción de injusticia, indefensión e impunidad y afectando la posibilidad de consolidación de un Estado de Derecho enfocado en el principio de justicia accesible e igualitaria, situación que incumple además obligaciones internacionales contraídas en esta materia que obligan a investigar, castigar y reparar en causas que son imprescriptibles por tratarse de violaciones a los derechos humanos”.
Raquel Torres hizo recalcó que “el Ministerio Publico tiene el deber de priorizar y poner a disposición todos sus recursos cuando se trata de delitos relacionados con derechos humanos, tales como tortura y apremios ilegítimos, debiendo considerar la vulnerabilidad de las víctimas, con especial atención en aquellos delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes, así como población de especial protección”, lo que con esta decisión de no perseverar, no se estaría cumpliendo.
Hizo ver que “resulta inverosímil, cuestionable y arbitrario que, existiendo un inusitado despliegue de contingente, grabaciones, cámaras de monitoreo y otros múltiples recursos técnicos en los espacios en que ocurrieron los delitos denunciados, el Ministerio Publico no haya tenido o exigido en su momento acceso a los antecedentes probatorios suficientes para la realización de juicio oral precisamente en causas que comprometen gravemente al Estado al tratarse de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, generando doble vulneración a causa del daño causado por la negligencia de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas, a quienes además se les traspasa la responsabilidad de la falta de material probatorio”.
“Nula voluntad de esclarecer, investigar y perseguir a los culpables de tortura y apremios ilegítimos”
Ante esta situación, Amnistía Internacional Chile (AI), emitió un comunicado cuestionando la resolución del Ministerio Público, e indicando que existirían 1.329 denuncias en riesgo de prescribir, lo que significa que un 13% de los casos sin formalizar quedarían sin ser investigados. Esto, de acuerdo con la entidad, generaría impunidad en muchísimos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2019. Desde AI se recordaron las más de 10.000 denuncias sobre uso indebido de la fuerza por parte de policías y militares.
Desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, se indicó que esta decisión desde el Poder Judicial apunta a “la nula voluntad de esclarecer, investigar y perseguir a los culpables de tortura y apremios ilegítimos, lo que se traduce en completa complicidad en pos de la impunidad y de garantías de repetición futuras”. Se manifestó que “quienes se atrevieron a denunciar, la gran mayoría, quedan hoy con las manos vacías, porque el Ministerio Público y la justicia se encargaron de mantener a los responsables en impunidad”.
Según acusa la organización, la Fiscalía, en múltiples casos, no obtuvo las cámaras de seguridad y municipales, desestimando pruebas contundentes, y tampoco citó a los testigos indicados por las víctimas. Asimismo, la impunidad contó con la obstrucción de los agentes estatales, quienes se negaban a entregar cámaras, borrar material y entregar la nómina de los agentes participantes en los hechos.
Decisión que “hay que impugnarla en todas las esferas”
Entrevistado en Radio y Diario Universidad de Chile, Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, sostuvo que lo obrado por el Ministerio Público “deja sin posibilidad de justicia a un grupo importante de casos” de víctimas de violencia por parte de agentes del Estado. Añadió que “en un ambiente como el que estamos viviendo, este tipo de decisiones se facilitan, no las hacen legítimas. Sigue siendo, a mi juicio, una decisión ilegítima por parte del Ministerio Público, pero es una decisión que se facilita atendido este contexto”.
Indicó que “la situación de impunidad se va configurando, se va instalando y lo peor de todo es que se va normalizando. Frente a eso tenemos que elevar la voz y decir que no corresponde en una sociedad democrática y que se debieran tomar medidas para modificar esta decisión del Ministerio Público”.
El académico de la Universidad de Chile insistió en que “aquí hay una decisión que implica impunidad y hay que impugnarla en todas las esferas, políticas, judiciales e internacionales. Yo espero que las víctimas que están quedando en impunidad recurran a los organismos internacionales”.
El Doctor en Derecho sostuvo que “todavía estamos en una batalla cultural donde se intenta negar esos hechos (de violaciones a los derechos humanos en el estallido social), se intenta desvirtuarlos, la idea de la criminalización de la protesta social todavía opera con mucha fuerza. Se ha generado ahí un contexto donde la impunidad puede operar con mayor facilidad”.
En otro ángulo del tema, indicó que “ha habido una total omisión por parte del Gobierno respecto de los crímenes ocurridos durante el Gobierno de Sebastián Piñera. Más aún, se protegió permanentemente al ex Director General de Carabineros para que no se presentara ante la justicia, eso lo hizo este gobierno, no el de Piñera. El compromiso con la impunidad de este gobierno ha sido firme, no por la justicia, sino que por la impunidad y eso duele decirlo”.