No se sabe a ciencia cierta en que puede terminar todo. En un ambiente donde para la gente la discusión se torna ininteligible, técnica, de expertos, y no se entiende bien si llegará o no a buen puerto el proyecto. Un tema central es que la oposición, que tiene mayorías en las cámaras Alta y Baja del Congreso, objeta aspectos fundamentales del proyecto y, básicamente, busca seguir con el modelo privado y monopólico actual, defender a las AFP, priorizar por la capitalización individual y no abrir componentes solidarios. Hay sectores de derecha y extrema derecha que desean desdibujar o aniquilar la reforma de pensiones. El gobierno y el oficialismo defienden un aumento real de las jubilaciones, modificar el modelo hegemonizado por las AFP, hacer justicia con las mujeres a la hora de pensionarse, bajar las comisiones, entre otras cosas.
Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 24/12/2024. En términos concretos y ciudadanos, lo que pueda ocurrir con el proyecto de pensiones va más allá de las controversias contingentes y tiene que ver, obviamente, con que si finalmente habrá o no un aumento real de las jubilaciones, si se pondrá fin o no al injusto trato de las mujeres jubiladas, si persistirá o no el hegemónico modelo privado de seguridad social y si habrá o no opción de las y los trabajadores a vincularse a una entidad pública o estatal y no estar obligados a cotizar y recibir la pensión desde un consorcio financiero.
La reforma de pensiones hoy está en manos del Congreso y en las gestiones que haga el gobierno. Se había dicho que en diciembre se terminaría de discutir y se votaría, pero luego se fijó el plazo para enero, como lo señaló el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el senador Juan Antonio Coloma (UDI). No hay duda de que el proyecto continúa circulando por un laberinto enredoso y polémico, y no se sabe a ciencia cierta en que puede terminar todo. En un ambiente donde para la gente la discusión se torna ininteligible, técnica, de expertos, y no se entiende bien si llegará o no a buen puerto el proyecto.
La reforma tiene varios contenidos y alcances, pero en lo básico, de acuerdo a legisladores, economistas y dirigentes sindicales consultados, se trata de cómo quedarán las tasas de reemplazo, es decir, si subirán o no las pensiones, si tendrá cambios sustanciales o no el modelo privado y financiero de pensiones, si seguirá siendo fundamental el mecanismo de capitalización individual o se introducirán componentes solidarios y si las mujeres podrán mejorar sus jubilaciones.
Un tema central es que la oposición, que tiene mayorías en las cámaras Alta y Baja del Congreso, en definitiva objeta aspectos fundamentales del proyecto y, básicamente, busca seguir con el modelo privado y monopólico actual, defender a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), eliminar los factores de solidaridad, dejar el 6% o un alto porcentaje del nuevo aporte del empleador en capitalización individual y evitar el ingreso de otros actores como el Estado al sistema de pensiones.
Hay una concomitancia entre “la industria de las pensiones”, es decir, los directorios de las AFP, los gremios patronales, los grandes empresarios, la derecha y la extrema derecha, los académicos y economistas conservadores y neoliberales, y los medios de comunicación afines para desdibujar o aniquilar el proyecto de reforma de pensiones (sobre todo en sus aspectos iniciales), protegiendo las características del vigente modelo privado, trasnacional y monopólico de pensiones.
En contrapunto, la propuesta inicial y sustancial del Gobierno y respaldada por el oficialismo, apunta a un sistema solidario, a terminar con las AFP o al menos su papel hegemónico, a contar con un mecanismo que aumente de manera real las jubilaciones, hacer justicia con las mujeres a la hora de pensionarse, crear una entidad estatal, bajar las comisiones, entre otras cosas. Hace poco, en entrevista con el diario Pulso, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, apuntó que “esta reforma (propone) una reorganización” del sistema previsional, y que “queremos que se alineen los incentivos para que la rentabilidad de los cotizantes mejore, las comisiones bajen y tengan una verdadera libertad de elegir entre el sector público y privado, y la industria se desconcentre”.
Sin embargo, la postura de los sectores conservadores y empresariales tiene no sólo entrampada la reforma previsional, sino que amenaza con dejarla escuálida, sin cumplir con su objetivo primario y esencial. Desde el gobierno y las fuerzas oficialistas se consideran varios contenidos de la iniciativa que, sumados, dicen, daría con un resultado satisfactorio.
Es obvio que la oposición, en todas sus expresiones, más los sectores patronales y empresariales, están defendiendo lo que llaman “la industria de las pensiones”, vía abortar o disminuir la reforma. Están protegiendo el funcionamiento de uno de los más poderosos grupos financieros del país y, más aún, están queriendo garantizar que esos grupos mantengan un alto índice de ganancias. Además, reivindican el carácter privado de la seguridad social en su expresión hegemónica, como un pilar del modelo económico que domina el funcionamiento del país. Hay claramente un componente ideológico en la postura de la derecha, la extrema derecha, el empresariado y los gremios patronales. No en vano, el excandidato presidencial ultraderechista, José Antonio Kast, dijo que la reforma previsional “es la madre de todas las batallas” y no la quieren perder.
La correlación de fuerzas en el Congreso, las distorsiones en un relato comunicacional conservador y hegemónico, la acción de poderes fácticos, una penetración de la ideología conservadora en grandes capas de la población, y la operación técnica de expertos y economistas neoliberales, tiene a la reforma de pensiones en un complicado escenario, con peligro de no fraguar o fraguar débilmente.
Es decir, el peligro radica en que realmente no suban las pensiones o suban muy poco, que las AFP sigan dominando la seguridad social en Chile, que las mujeres jubiladas no alcancen lo que les corresponde en justicia, que no se establezcan un criterio de solidaridad, que el papel del sector público continúe siendo acotado, que las comisiones y condiciones sigan afectando el ingreso de las y los jubilados y, en definitiva, prevalezca lo sustancia del actual modelo de pensiones que hay en Chile.
No va quedando mucho tiempo y todo se tendría que resolver las próximas semanas del 2025 en la discusión en el Senado y luego en los trámites y votaciones sucesivas en el Congreso donde no se puede saber a qué punto lleguen las negociaciones y los acuerdos. Con datos como que el movimiento No+AFP, economistas y representantes sindicales, están planteando que el gobierno retire la reforma porque no hay manera de que salga bien ante las posiciones de la derecha y la extrema derecha. Y vocerías de dirigentes y legisladores del oficialismo que apuntan a un rechazo si no se cumplen cuestiones básicas como eliminación de las AFP, uso al menos del 3% (del 6%) en componentes solidarios, mejores tasas de de reemplazo o pensiones para las y los jubilados, un papel preponderante que juegue el Estado, y mejora de las jubilaciones de las mujeres.
Se apunta en estos días a consideraciones políticas y electorales -dado que 2025 es año de elecciones legislativas y presidenciales-, pero es indesmentible que la reforma de pensiones tiene un componente estratégico respecto al tipo de modelo de seguridad social que se instale, a la noción solidaria, al peso del sistema financiero especulativo en el área de pensiones, a las respuestas concretas que se le da a millones de jubiladas y jubilados de ahora y el futuro, a la posibilidad de un modelo mixto o de reparto, entre otros elementos. Y eso tiene que ver con el tipo de país que se construye y el tipo de respuestas que se da a jubiladas y jubilados.
Es mucho lo que está en juego, paradójicamente para las y los pensionados, y para los consorcios financieros. Todo quedará más claro cuando la reforma llegue a la salida del laberinto en que se mueve estas semanas.