El senador Daniel Núñez Arancibia indicó que el estallido social de 2019 “fue un pueblo que estaba agobiado, una sociedad que estaba en una verdadera olla de presión que estalló”. Cuestionó que “se ha tratado de desvirtuar toda esa movilización, toda esa expresión legítima de la ciudadanía, tratando de construir un relato y un discurso en que se pone acento en hechos de violencia”. A cinco años del suceso, el legislador del Partido Comunista valoró los avances en materia social logrados durante el Gobierno de Gabriel Boric.
Úrsula Fuentes Rivera. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 10/2024. Luego de cinco años transcurridos desde el inicio de la revuelta social el 18 de octubre de 2019, ¿considera que existe un afán de desvirtuar esa movilización que fue tan masiva a lo largo de nuestro país?
Efectivamente la derecha y los grandes poderes económicos han instalado una verdadera leyenda negra para desvirtuar lo que fue y significó el estallido social de octubre del año 2019. Acá lo que existió fue un pueblo que estaba agobiado, una sociedad que estaba en una verdadera olla de presión que estalló y exigió más justicia social, más derechos sociales, fin de los abusos y privilegios de la elite y lo hizo masivamente en las calles, de forma pacífica. Se ha tratado de desvirtuar toda esa movilización, toda esa expresión legítima de la ciudadanía, tratando sólo de construir un relato y un discurso en que se pone acento en hechos de violencia que fueron aislados y que no tienen que ver con la justicia de las demandas sociales, para deslegitimar la movilización social y tratar de criminalizar toda forma de protesta que pueda existir más adelante. Desde ese punto de vista, hay una campaña tremendamente brutal de desprestigio al sentido y a las razones de las movilizaciones sociales surgidas en octubre del 2019.
¿Cuál es su mirada sobre los que definen a la movilización social del 2019 como “octubrismo” o “estallido delincuencial”? ¿Estas calificaciones serán parte de una estrategia electoral para los comicios regionales y municipales de este 26 y 27 de octubre?
Yo creo que la derecha como la ultraderecha están desesperadas porque se dan cuenta que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha logrado desarrollarse y avanzar, incluso cumplir demandas que son muy sentidas y que se pensó iban a ser dejadas de lado, como por ejemplo, la generación de un nuevo sistema de Financiamiento para Estudios Universitarios (FES) que ponga fin al CAE (Crédito con Garantía Estatal). Y en esa desesperación, la derecha está además muy afectada por los casos de corrupción como el Caso Hermosilla y la red de corrupción del propio Andrés Chadwick. En ese escenario quiere recurrir entonces a esta leyenda negra, para tratar casi de llevar a la sociedad chilena a la discusión de quiénes son violentistas y están apoyando el estallido social y quiénes serían los que, entre comillas, defienden la democracia y critican las movilizaciones sociales. Eso es un falso dilema, pero es una maniobra desesperada que no va a tener eco en la sociedad chilena, que también comprende y valora, con todas las dificultades que tenemos en la democracia, los avances que hemos tenido bajo el Gobierno del Presidente Boric.
El estallido social provocó que se dispusiera el cambio de la Constitución, pero los dos procesos constituyentes fracasaron. ¿Cómo asumir ese fracaso, cuál es el desafío de la izquierda para cumplir ese anhelo?
Es muy importante cuando uno experimenta una derrota o un golpe duro ponerse de pie y seguir hacia adelante. Nuestro compromiso con el pueblo de Chile es siempre continuar trabajando para que haya más justicia, más conquistas sociales, más igualdad y por supuesto tener un país con mayor crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, no podemos paralizarnos, aunque haya sido muy dolorosa la derrota de los procesos constitucionales, especialmente el primero. Hay que comprender que a veces los cambios no se dan en un solo ámbito, sino que son procesos de lucha que se van acumulando y esa es la experiencia por la cual estamos transitando hoy día. Nadie podría decir que después de esta derrota no logramos avances, como fue el de las 40 horas, una ley que es de las más avanzadas en materia de jornada laboral en América Latina, o que no cumplimos con mejorar el salario mínimo. Ahora está rigiendo un salario mínimo que es de 500 mil pesos y que da un poco de dignidad a quienes viven de un sueldo y que por supuesto les cuesta llegar a fin de mes. También es un avance el royalty de la gran minería del cobre, con el que logramos que se aporten cerca de 1.350 millones de dólares todos los años por parte de las grandes mineras para poder financiar mejoras en salud, en educación, en fomento productivo. Entonces, creo que ese es el camino, seguir luchando por estos cambios y llegará el minuto en el que habrá también que abordar un tema más complejo como es el ordenamiento constitucional. Pero en este minuto hay que esmerarse por ganar cada una de las luchas particulares que estamos dando.
Dado el obstruccionismo de la derecha hacia las reformas sociales y económicas necesarias para el país y muy sentidas por las y los chilenos, ¿es necesario que la ciudadanía se movilice para que el mundo político pueda concretar estas reformas a través del trabajo legislativo?
Por supuesto, y lo planteé hace varios meses atrás al señalar que incluso era el Gobierno el que podía convocar a la ciudadanía a manifestar su opinión frente a demandas sociales y a proyectos de ley, pero el rol principal lo tienen los movimientos sociales. Desde ese punto de vista, toda expresión de una opinión mediante una marcha, una asamblea o un plantón frente al Congreso a través de un mitin, es la esencia de las democracias. Poder manifestarse y expresar una opinión, decirle al Parlamento lo que nos gusta y lo que no nos gusta de una ley es muy importante, al igual que la ciudadanía esté activa para que se aprueben leyes tan emblemáticas como la reforma previsional. Hace unos días estuve en Coquimbo discutiendo con los pescadores artesanales la nueva Ley de Pesca, que es muy importante porque entrega más recursos como el jurel y la merluza a la pesca artesanal. Se requiere la participación, la movilización y el apoyo de la ciudadanía. Así es que desde ese punto de vista comparto plenamente que en democracia la movilización social es un derecho legítimo y hay que ocuparlo.
De acuerdo con lo indicado por el informe de Desarrollo Humano 2024 del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), los chilenos desean cambios, pero con gradualidad. ¿Qué opina de esta aseveración planteada en dicho documento, estando en víspera de la conmemoración del 18/O?
Lo más cierto de todo es que los chilenos y chilenas quieren cambios profundos porque hay mucha desigualdad, mucha injusticia y muchos abusos en el Chile actual. El mejor ejemplo de eso es la desazón que provoca en todos nosotros y nosotras las situaciones de corrupción, como el Caso Hermosilla y todo en lo que ha derivado, que incluso ha llevado a la remoción de una jueza de la Corte Suprema, como ocurrió con Ángela Vivanco. Acá claramente hay gente que tiene el poder económico, el poder político y que abusó para incluso manipular fallos de la Corte Suprema a través de la señora Vivanco y eso a la gente obviamente la hace sentir vulnerada y agredida. Entonces, cuando todas esas cosas suceden uno dice, esto tiene que cambiar, y creo que la gran experiencia del estallido social fue que lamentablemente esa esperanza generó mucha frustración y desazón tras el fracaso de dos procesos constitucionales. Por lo tanto, el deber del mundo político es escuchar ese llamado de alerta y malestar y provocar las transformaciones sociales que la gente quiere y de la cual nada cuenta este informe del PNUD. Y esto se hace aprobando la reforma previsional para tener mejores pensiones, no aceptando que haya jueces corruptos como la ministra Vivanco y aprobando la nueva ley de Financiamiento de Estudios Universitarios (FES) que pone fin al CAE y al endeudamiento con los bancos. Por lo tanto, nuestro deber es transformar en esperanza esa sensación de frustración, ese dolor que se manifestó en el estallido social y creo que en eso el Gobierno del Presidente Boric está haciendo un gran esfuerzo.
Durante los últimos 30 años hemos estado al debe con un nuevo pacto social. ¿El fin del CAE mediante un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior sería una medida para ponernos al día en ello?
Las deudas del CAE afectan a más de un millón 200 mil chilenos y chilenas, incluso a quienes no pudieron terminar sus estudios de educación superior pero que arrastran deudas que se han duplicado o incluso triplicado y que por esa vía de pagar mucho más de la deuda original han enriquecido a los bancos. Por lo tanto, es muy importante enfrentar esta situación dramática y la solución que ha propuesto el Gobierno según lo que hemos escuchado y conocido hasta ahora, nos parece muy razonable. Se está buscando la mayor condonación posible en el marco de las altas cifras de deudores, así como sacar a los bancos para que sea el Estado directamente quien preste dinero a los jóvenes que no accedan a gratuidad y que tengan que financiar sus estudios con créditos del Estado. Es una propuesta muy interesante y seguro que en el debate en el Parlamento vamos a poder mejorar o enriquecer algunos aspectos.
Ante la turbulencia generada por los casos de corrupción que han salido a la luz con el Caso Hermosilla, ¿cuál es el rol que deben tener los parlamentarios para que la ciudadanía recupere la confianza y credibilidad en las instituciones?
Debemos tener una política de tolerancia cero frente a la corrupción, a la delincuencia, al narcotráfico, pero especialmente frente a esta corrupción que se enquista en todas las instituciones. Por eso es muy importante el proceso que se inició en el Senado este martes, puesto que tenemos dos acusaciones constitucionales hacia los ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco. Lo primero es actuar con la máxima rigurosidad y por eso el Senado debe evaluar cada acusación por separado. A la ministra Vivanco ya se la destituyó por tráfico de influencias, pero igual hay que votar la acusación constitucional que fue aprobada, en la que los hechos son muy nítidos. Y la situación de la cual se acusa al juez Muñoz tenemos que analizarla en su mérito, pero entendiendo que es un caso distinto al de la ministra Vivanco. Creo que en ese sentido la Cámara de Diputados cometió un error al amarrar estas dos acusaciones. Yo me la voy a jugar porque el Senado analice cada caso y por supuesto que vamos a obrar para dar una señal muy nítida de transparencia, de que vamos a tener por fin probidad en todo el desempeño de las labores públicas y de las autoridades, ya sean gubernamentales o del Poder Judicial. Así es que vamos a estar muy atentos en dar una señal de transparencia a la sociedad chilena con la votación del Senado.