A 31 años de la Ley Indígena 19.253

Interrogantes presentes y compromiso electoral con los derechos indígenas.

“El Siglo”. 6/10/2024. Texto íntegro de la declaración firmada por personalidades representativas de pueblos originarios:

A 31 años de la Ley Indígena 19.253

Hace 31 años, un 5 de octubre de 1993, el presidente Patricio Aylwin promulgó la histórica Ley Indígena 19.253 en un masivo acto en Nueva Imperial, lugar en donde -años antes, en 1989- se suscribió el Pacto de Nueva Imperial que sentó las bases de un acuerdo político sustantivo entre Pueblos indígenas, y particularmente del Pueblo Mapuche con el candidato presidencial Patricio Aylwin que representaba la oposición a la dictadura. Esta Ley fue una sentida demanda indígena luego de 10 años (1979-1989) de un violento despojo territorial ocasionado por el decreto 2.568 firmado por el dictador Augusto Pinochet, además de otros hechos de violencia ocurrido desde el 11 de septiembre de 1973 hasta fines de la dictadura.

Luego de la Ley indígena 17.729 promulgada por el presidente Salvador Allende el 26 de septiembre de 1972 cuyo principal avance fue el reconocimiento de los Pueblos indígenas como personas y no solo de sus territorios fue derogada en la práctica por la dictadura militar meses después con motivo del golpe militar. La Ley que conmemora 31 años este 5 de octubre del 2024 es la segunda conquista legislativa de los pueblos indígenas y la más extensa e importante en nuestra historia. Hoy, al evaluar sus resultados y su significado es evidente que hay más saldo positivo que negativo aun cuando permanecen diversos compromisos políticos incumplidos. La Ley 19.253 abrió caminos a una valoración de la existencia de los pueblos indígenas, constituyó una respuesta institucional a través de la Conadi para diversas necesidades y generó recursos que el Estado ha debido compartir para asumir una parte de la demanda de tierras y derechos sociales y culturales. No obstante, en el momento actual es posible y necesario señalar que demandas sustantivas no han sido cumplidas.

En efecto, con la elección presidencial del 2021 y un nuevo gobierno progresista se generaron importantes expectativas en los Pueblos indígenas. Transcurridos ya tres años las mismas han decaído. En junio del 2022, en el primer mensaje presidencial al país se señalaron varios compromisos fundamentales, entre ellos los de fortalecer la aplicación de las leyes vigentes y tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile y dar cumplimiento al compromiso de impulsar la creación del Ministerio de pueblos indígenas, cuyo proyecto descansa en el congreso. Del mismo modo no se ha avanzado sustantivamente en la respuesta a las demandas de tierras y el principal acento gubernamental ha sido puesto en medidas excepcionales para afrontar situaciones de violencia en el sur, varias de las cuales no guardan relación con la demanda mapuche, poniendo por encima de una respuesta política de Estado las medidas de seguridad nacional más restrictivas que opacan las políticas públicas indígenas.

La temática indígena, como asimismo el pueblo de Chile en general, sufrió un fuerte revés en el proceso constituyente del 2022 y se ha observado por parte de las instituciones del Estado y partidos políticos un estancamiento de los compromisos y un distanciamiento que nos retrotrae a un período de oscurantismo en el abordaje de las políticas públicas referidas a los derechos indígenas. Lo único que permanece en pié es la convocatoria a una comisión presidencial de paz y entendimiento cuyos resultados serán conocidos a fines de este año 2024 y esperamos que los mismos estén por sobre las propuestas ya conocidas con otras comisiones presidenciales anteriores y que en gran parte igualmente permanecen incumplidas y/o pendientes.

Nuestro llamamiento hoy a los Pueblos indígenas, y en específico al Pueblo Mapuche es a debatir estos temas y adoptar una postura ante la falta de voluntad política para cumplir los compromisos esenciales. La política de derechos indígenas avanza a paso muy lento, lo que no se compara con otras iniciativas y esto es de responsabilidad de las instituciones del Estado, en particular del gobierno y parlamento. La conmemoración de estos 31 años de existencia de la Ley Indígena debiera permitir que los pueblos indígenas, con su voto, expresen su parecer, especialmente cuando se trate de candidatos/as que en sus programas presenten un compromiso real y efectivo con los derechos de los Pueblos Indígenas. En consecuencia, llamamos a que los electores indígenas consideren la importancia de su voto y que en estas elecciones próximas y futuras su sufragio esté orientado a quienes expresen de manera fehaciente su compromiso y no votar por más de lo mismo. Les recuerdo que el orden de lista estaría dado por los apellidos.

04 de octubre de 2024