Quienes hoy intentan porfiadamente relativizar con argumentos falaces y carentes de sustento histórico esa realidad, sólo pretenden preservar una línea argumentativa de antigua data que permitió justificar el golpe militar y las violaciones a los derechos humanos que vinieron aparejadas a la acción golpista contra el poder civil democráticamente constituido.
Walter Manuel Molina Chávez. Trabajador Social. Santiago. 9/2024. Este 11 de septiembre se cumplen cincuenta y un años del golpe militar de 1973. El tiempo transcurrido nos permite sin duda una comprensión contextualizada de los hechos históricos que configuraron el golpe de Estado en Chile.
Por ello, resulta fundamental analizar en su justa dimensión histórica el legado tanto de la Unidad Popular (UP) como del Presidente Salvador Allende. El destacado historiador inglés Eric Hobsbawm (1973-2012) a pocos de días de perpetrado el golpe de Estado en nuestro país, escribió el ensayo “El asesinato de Chile”. En este escrito pionero, Hobsbawm niega rotundamente la hipótesis que justificó el golpe, de que en el propio Gobierno del Presidente Allende estarían las causas de su abrupto final. En otras palabras, no es posible acuñar metafóricamente la expresión “el Gobierno de Allende se habría suicidado” pues, además de ser una contradicción (agente y víctima al mismo tiempo), es el argumento central tanto de aquellos que lideraron el golpe de Estado como quienes en la actualidad lo justifican retrospectivamente.
Incluso hoy, tras 51 años de historiografía y evidencia acumulada sobre la orquestación, organización, planificación y ejecución del golpe, algunos “sociólogos” de la plaza (comercial) sostienen, con fingida ingenuidad, afirmaciones como la siguiente: “Si Allende hubiese tenido mayor flexibilidad no se habría producido el golpe”, haciendo gala del razonamiento propio de un pensamiento mágico y a-científico.
Afirmaciones como la anterior se sostienen además en una comprensión reduccionista de la historia, cuyo devenir sería determinado exclusivamente por las cualidades subjetivas (“flexibilidad”) de un sujeto aislado, negando variables políticas, geopolíticas, relaciones de poder y, particularmente, desconociendo la fuerza de los grupos humanos, la voluntad colectiva y sus necesidades de transformación, omitiendo a su vez el rol de una minoría económica y política que vio una amenaza en el proyecto político y económico igualitario de la Unidad Popular.
En este debate, Hobsbawm, uno de los historiadores más importantes del siglo XX, propone una versión alternativa y opuesta tanto en lo metodológico como en las conclusiones de su análisis, basado en datos contundentes y múltiples fuentes: documentos oficiales desclasificados, testimonios históricos, acreditación judicial de los actos terroristas de desestabilización y asesinatos (Generales Schneider y Prats) y maniobras militares previas, a partir de los cuales el autor demuestra que la planificación del golpe de Estado se remonta al primer día del triunfo electoral del Presidente Allende.
En consecuencia, sostiene que lo que acabó con el Gobierno de Allende no fueron “errores políticos o económicos” ni las “crisis financieras”, sino las armas y las bombas que ese día fueron empuñadas y dirigidas contra un Gobierno Popular legal, legítimo y constitucionalmente electo con una primera mayoría por el pueblo de Chile.
En el actual contexto de conmemoración de los 51 años del golpe, existen suficientes argumentos para desmentir y reivindicar el legado intachable e indiscutible del Presidente Allende y su Gobierno democrático.
Quienes hoy intentan porfiadamente relativizar con argumentos falaces y carentes de sustento histórico esa realidad, sólo pretenden preservar una línea argumentativa de antigua data que permitió justificar el golpe militar y las violaciones a los derechos humanos que vinieron aparejadas a la acción golpista contra el poder civil democráticamente constituido.
Desde nuestro punto de vista la razón de fondo es justamente borrar de la historia reciente de Chile el legado de la Unidad Popular en tanto proyecto político del pueblo de Chile para alcanzar sus postergados anhelos de justicia social y simultáneamente negar el testimonio de lucha de su líder Salvador Allende y de toda una generación de mujeres y hombres que entregaron su trabajo, su compromiso y su vida en pos de conquistar una sociedad genuinamente democrática. El testimonio de lucha de Allende así como el heroísmo de todos quienes le acompañaron entregando sus vidas por defender la democracia y las conquistas sociales logradas por el pueblo coinciden plenamente con lo señalado por el filósofo francés Paul Ricoeur, quien en el marco de la hermenéutica filosófica o su “interpretación filosófica del testimonio” señaló: “El testimonio atestigua desde la exterioridad de la acción al hombre/mujer interior mismo o misma, sus convicciones y adhesión a una causa con la cual identifican su propia vida”. Claramente, los múltiples testimonios de lucha de todos quienes defendieron al Gobierno democrático del Presidente Allende “atestiguan” desde la exterioridad de sus acciones toda la humanidad de esos hombres y mujeres que “puestos en un trance histórico” y frente a un dilema propiamente humano (Vida/Muerte), lo resolvieron dignamente y enfrentaron solo con su humanidad a un régimen de terror y muerte que junto con asesinar a miles de chilenas y chilenos destruyó la vida democrática de Chile.
Y por ello, es de toda justicia conmemorar, una y otra vez más, como lo hace recientemente María Angélica Illanes, la brillante historiadora chilena: “Un proyecto de nueva sociedad, inspirado en valores modernos transcendentes y universales de democracia, justicia e igualdad, y aplicados como principios activos de oposición al autoritarismo, la injusticia y la desigualdad (…) Hemos también conmemorado los cincuenta años del golpe armado a la democracia, que inauguro una tiranía que hizo, demoniacamente, de la muerte de sus adversarios su política (…) Pero hay que conmemorar la vida de sus víctimas inocentes, quienes, en sus trabajos y sus días, contribuían en democracia y con plena legitimidad legal, a la construcción de la nueva sociedad; hemos de volver siempre a hablar de estos cuerpos martirizados para restituirles su nombre, su luz, su dignidad, su inmortalidad (…) Para ellos y ellas, y para sus madres y familiares que los han llorado y para el pueblo democrático que no les olvida” (Illanes, 2024:17).
