Las cifras del sistema AFP constituyen la mejor y más contundente medida de la magnitud del abuso que este representa para el pueblo trabajador, la ciudadanía toda, las cuentas fiscales, la deuda del Estado y el régimen tributario.
Manuel Riesco. Vicepresidente CENDA. Santiago. 23/7/2024. Las cifras del sistema AFP constituyen la mejor y más contundente medida de la magnitud del abuso que este representa para el pueblo trabajador, la ciudadanía toda, las cuentas fiscales, la deuda del Estado y el régimen tributario. Dan cuenta de la urgencia de acabar de una vez con esta herencia de la dictadura, agravada durante el régimen democrático con la única excepción de los retiros autorizados por el Parlamento en 2020 y 2021. Es una de las principales causas de la crisis política nacional en curso y acabarlo es condición necesaria para abrir un curso de progreso al país.
CENDA ha presentado recientemente sus Índices Mensuales de Actividad Económica Interna, IMACEI, correspondientes a julio de 2024, actualizados con las contribuciones previsionales de mayo de 2024, recién publicadas por la Superintendencia de Pensiones (SP).
Estas constituyen un censo de las nóminas de pago de todas las empresas y personas empleadoras del país. Comprueban que el promedio móvil de 12 meses de contribuciones por remuneraciones devengadas el mes precedente, que constituyen cerca del 90 por ciento del total, cayó en 4,8 mil ocupaciones en mayo de 2024 respecto de la misma medida en el mes anterior. Completa 16 caídas mensuales consecutivas de este indicador, el que acumula más de 87 mil ocupaciones perdidas en los últimos 12 meses y más de 100 mil desde febrero de 2023, mes en que se iniciaron las caídas.
La recesión económica aún en curso en abril de 2024 es así una de las más prolongadas de las últimas décadas, puesto que hasta el momento dura un mes menos que la iniciada en agosto de 1998 y supera las iniciadas en agosto de 2002, marzo de 2009 y marzo de 2020. La diferencia es que mientras las anteriores se originaron en las crisis “asiática”, “punto com”, “subprime” y “COVID”, esta se origina exclusivamente en las políticas exageradamente contractivas de la autoridad monetaria y fiscal, chilenas.
IMACEI-CENDA constata también importantes pérdidas en los valores de la cuota y fondo AFP publicados diariamente por la SP. Durante la presente década, las pérdidas de cuota y fondo, originadas en la fuerte depreciación del peso respecto del dólar y de éste respecto del oro, sumadas a caídas de activos financieros nacionales e internacionales, han contraído el valor real de la cuota, del fondo y sus ganancias brutas, al nivel que tenían en la víspera de la crisis subprime. Si el valor actual de la cuota del fondo AFP se mide en dólares corregidos por inflación, ha retrocedido exactamente al nivel que tenía en la víspera de la crisis subprime, en julio de 2007. Si se mide en oro, su valor ha retrocedido al que tenía a inicios de los años 1990.
Las ganancias brutas acumuladas por el fondo AFP desde su creación y hasta mayo de 2024, se han contraído en unos 70 mil millones de dólares, cifra cercana a un tercio de su valor máximo alcanzado en enero de 2021, hasta alrededor de cien mil millones de dólares en la actualidad. De este modo, las ganancias brutas del fondo, que ya descuentan suculentas “comisiones fantasmas” pagadas a gestores bursátiles, apenas cubren las comisiones y primas netas cobradas por el sistema AFP, reduciendo la ganancia neta del fondo AFP a una cifra cercana a cero. Ello ha sucedido en varias ocasiones en el pasado, incluidas las ocurridas en los últimos tres años.
IMACEI-CENDA constata que la sostenida alza de salarios reales compensa la caída del empleo, resultando en un incremento de la masa salarial y la recaudación de contribuciones previsionales. Éstas descuentan un total cercano a 13 por ciento de los salarios imponibles y acumulan 285 mil millones de dólares desde 1981 hasta mayo de 2024, incluyendo 13,7 mil millones en los últimos 12 meses, que equivalen a cerca de un quinto de la recaudación tributaria total del fisco en ese período y a un 4,4 por ciento del PIB.
Si se destina directamente a pagar pensiones sobre la marcha, como hacen todos los países, las contribuciones previsionales actuales permiten financiar más de dos veces el costo total de las pensiones pagadas por el sistema AFP en su conjunto, sin subsidio fiscal alguno ni subir la tasa actual. En cambio, el 84 por ciento de las mismas es desviado a pagar comisiones y primas cobradas por sus gestores, y al ahorro forzoso en el mercado de capitales.
Dicha gigantesca, regresiva y “atípica transferencia forzosa el sector privado”, como la califica el reciente informe tributario de la OCDE, se ha destinado principalmente a financiar negocios de grandes empresarios nacionales y extranjeros. Especialmente los de cuatro reconocidos grupos nacionales que controlan el sistema AFP a partir de las compañías de seguros relacionadas con el negocio.
Tras pagar las onerosas comisiones de administración cobradas por AFP y traspasar a compañías de seguros las primas de invalidez y sobrevivencia, la mayor parte de las contribuciones previsionales son registradas en el fondo AFP, desde donde una parte significativa se traspasa a su vez y de inmediato a las compañías de seguros como “primas únicas” y comisiones de las nuevas rentas vitalicias. De este modo, cerca de la mitad de la recaudación total es traspasada de inmediato y en propiedad plena a las compañías de seguros relacionadas con el negocio. La mitad de estas primas som pagadas a las aseguradoras que pertenecen a los cuatro grupos referidos. Dos aseguradoras extranjeras reciben asimismo parte significativa de estas transferencias.
Con menos de la mitad del enorme flujo de primas brutas que reciben cada mes, que en los últimos alcanza un nivel récord por incremento en las nuevas rentas vitalicias, las compañías de seguros pagan las que corresponden a ese mes de estas y todas las contratadas con anterioridad.
Parte del saldo de primas brutas del mes es registrado en sus balances como activos denominados “reservas técnicas” de las pensiones que adeudan hacia el futuro. Junto con el fondo AFP, ambas constituyen el aporte de salarios y subsidios fiscales al mercado de capitales y, según el Banco Central, financian la mayor parte del crédito de las empresas que operan en el país y parte significativa del que prestan los bancos, así como del patrimonio bursátil de las que se transan en la bolsa chilena. Por cierto, otras empresas pertenecientes a los dueños de estas compañías de seguros, figuran entre las mayores receptoras de inversiones de las “reservas técnicas” de las mismas, y también de las inversiones del fondo AFP en el país.
Sólo menos de un sexto de las contribuciones previsionales recaudadas fue destinado a financiar el modesto aporte del sistema AFP a las pensiones de personas afiliadas. Dos tercios de estas fueron financiadas por subsidios monetarios directos, bonos de reconocimiento y PGU, los que nuevamente crecieron significativamente y, sumados al gasto fiscal en pensiones públicas, absorben más de un quinto del gasto fiscal total y cubren cerca el 88 por ciento del gasto nacional en pensiones.
De este modo, en los últimos 12 meses a mayo de 2024, los afiliados y el fisco aportaron al sistema AFP cerca de 11,6 mil millones de dólares de excedente corriente neto, calculado como la suma de contribuciones y subsidios menos pensiones pagadas por éste. Así ha venido sucediendo cada mes y cada año desde la creación de este sistema en 1981. A mayo de 2024 el monto de dicho excedente corriente neto aportado por los afiliados y el fisco al sistema AFP acumula más de 238 mil millones de dólares y cubre con creces el valor total del fondo AFP y casi todos los demás beneficios netos retirados por los afiliados, incluidos los retiros autorizados por el Parlamento en 2020 y 2021, únicos años en que el sistema AFP restituyó a las personas afiliadas más dinero del que ellas y el fisco aportaron al sistema.
Para acabar con este gigantesco abuso impuesto en dictadura y agravado en democracia, ha llegado el momento de entregar al pueblo trabajador y la ciudadanía la libre elección de qué hacer con sus contribuciones a la seguridad social, autorizando a todas las personas afiliadas al sistema AFP a cambiarse voluntariamente al Instituto de Previsión Social (IPS), trasladando sus contribuciones previsionales pasadas y futuras, y a retirar el saldo remanente de sus ahorros previsionales.