La situación de seguridad pública plantea desafíos de primer orden al Gobierno y las fuerzas políticas oficialistas en el sentido de trabajar con coherencia y eficacia, y a la oposición el reto de dejar la politiquería y los exabruptos ante el tema de la delincuencia.
El Editorial. “El Siglo”. Santiago. 7/2024. Es indiscutible que avanzar sobre pasos seguros y eficaces en políticas de seguridad pública requiere de un acuerdo nacional transversal y de toma de medidas sin complejos ni ambigüedades.
Ello plantea desafíos de primer orden al Gobierno y las fuerzas políticas oficialistas en el sentido de trabajar con coherencia y eficacia, y a la oposición el reto de dejar la politiquería y los exabruptos ante el tema de la delincuencia.
Plantea un desafío a distintos estamentos de la sociedad que, de una u otra forma, pueden incidir en la implementación de políticas de seguridad pública y en la prevención de la expansión del crimen.
El Gobierno, en estos días, dio a conocer al menos diez iniciativas destinadas a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la posesión de armas y la delincuencia en sus variadas expresiones, que se suman a otras anteriores. Puede y debe haber una sensata e inteligente discusión sobre esas iniciativas, sobre todo en el ámbito del Poder Legislativo, desprovista de distorsionadas intenciones, y se debe reforzar todo lo que el Estado debe asumir ante este fenómeno que presenta, innegablemente, nuevas características.
Hay que reiterar que detrás de lo que se vive en materia de seguridad pública, subyacen problemas y realidades que tienen que ver con ámbitos educativos, sociales, migratorios, culturales, de oportunidades versus exclusiones, de funcionamiento de espacios financieros y comerciales, es decir, elementos que están en el origen del desarrollo del narco, el crimen organizado y la delincuencia más dura.
La realidad que está viviendo Chile, por lo tanto, requiere de medidas eficaces en términos legislativos, policiales, punitivos, carcelarios, pero también de atención de déficit sociales y de convivencia, pobreza, exclusión y educación que permiten y alientan prácticas delictivas.
Los dramáticos y extendidos hechos de violencia delictiva impactan en la población. Interpelan al Estado. Exigen al Parlamento. Apelan a distintos sectores de la sociedad. Es por eso que se requiere un acuerdo nacional para enfrentar esa tarea y, al mismo tiempo, actuar sin complejos y con decisión.
Por cierto, atender esta situación no debe quedar a merced de hechos circunstanciales, por trágicos que sean, como ha venido ocurriendo en estos meses, sino que debe constituir una atención y respuesta con un sentido continuo, de fondo, estratégico y eficaz.