Su oposición a las reformas que se realizan en educación es similar a la que sostiene respecto de las AFP, del que sobran las evidencias acerca de su fracaso como sistema previsional y su insostenibilidad política y social. En ambos casos es la expresión más conspicua de la profunda contradicción de clase que cruza a nuestra sociedad entre un neoliberalismo fracasado en todos los frentes -no sólo el educacional-, y las necesidades de democratización de la sociedad.
Hernán González. Profesor. Valparaíso. 5/7/2024. El Ministerio de Educación está realizando una serie de consultas y conversaciones con las comunidades educativas para realizar una actualización del currículum vigente. La derecha, como era de esperar, salió en manada a criticar la iniciativa. Esta actitud se suma a su violenta oposición a la desmunicipalización de la educación pública y los Servicios Locales de Educación que reemplazarían a los municipios como sus responsables.
Con un oportunismo propio de su pensamiento de clase, le endosa a éstos todas las falencias y debilidades que son el resultado de un sistema de financiamiento de la educación pública mezquino e ideologizado y de décadas de administración municipal ignorante, improvisadora y producto de lo primero, de una pobreza franciscana. En muchos casos, además, administraciones burocráticas, sin política, como no sea ajustar su oferta a los vaivenes de la matrícula en vez de planificarla para constituir una masa crítica de estudiantes, apoderados y docentes que piensen en el país, la democracia y la cultura.
Lo único que puede hacer para sostener esta postura retrógrada y de oposición a los cambios que se vienen realizando en educación desde el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, es presentar algunos ejemplos aislados de supuestas exitosas administraciones municipales de la educación y los números del SIMCE, que en realidad no dicen casi nada, excepto que nuestra educación nacional hace décadas está en estado crítico y que además es profundamente inequitativa. ¿Por qué la derecha prefiere mantenerla prisionera en los estrechos límites de este sistema fracasado -y no hablemos solamente de la educación pública-.
Prefiere hacerlo porque lo único que defiende es interés de clase. Su oposición a las reformas que se realizan en educación es similar a la que sostiene respecto de las AFP, del que sobran las evidencias acerca de su fracaso como sistema previsional y su insostenibilidad política y social. En ambos casos es la expresión más conspicua de la profunda contradicción de clase que cruza a nuestra sociedad entre un neoliberalismo fracasado en todos los frentes -no sólo el educacional-, y las necesidades de democratización de la sociedad.
El argumento que ha esgrimido no puede ser más absurdo. Básicamente consiste en decir que no se debe hacer una revisión del currículum escolar, o sea, de lo que estudian niños, niñas y jóvenes en las escuelas y liceos de Chile, sino hasta que demuestren ser capaces de aprenderlo. Es como suponer que el currículum escolar no es más que un inventario de contenidos culturales que los y las estudiantes deben asimilar como si su mente fuera un refrigerador y los docentes administrar como si fueran unos burócratas que no tienen nada que decir respecto de ellos.
Esa es la razón para el ataque de histeria de la derecha y los conservadores. Defender un currículum hecho a la medida de las pruebas estandarizadas como el SIMCE, solamente demuestra que el círculo lógico en torno al que gira nuestra educación nacional, que consiste en enseñar para a rendición de las pruebas y éstas a su vez determinar lo que se debe aprender, es la sublimación de la ideología del sistema. Este círculo lógico, que en realidad es un círculo vicioso, ha demostrado una y otra vez su fracaso y no son necesarias más pruebas, pese a que la derecha las exige con tono grave y pontificador.
Lo mismo respecto de las reformas al sistema de educación pública, el cual a pesar del evidente fracaso de la administración municipal, que además se expresa en condiciones laborales precarias que solamente son disimuladas por las correcciones y regulaciones que el magisterio ha logrado arrancar a un poder político que no las ve como condiciones de enseñanza sino como expresión del corporativismo y la mezquindad de los y las docentes.
Los SLEP de hecho, deben cargar con toda la herencia de ese fracaso, que incluye precarias condiciones materiales, deudas con los trabajadores y en no pocos casos, plantas de empleados y trabajadores infladas previo a los traspasos por alcaldes descachalandrados cuando no inescrupulosos y desleales. Este traspaso, por lo menos, no ha significado asesinatos ni despidos masivos, o pérdida patrimonial y salarial de sus trabajadores, como fue la municipalización de la educación en los años ochenta del siglo pasado, situación que por lo demás, es habitual actualmente de la administración municipal en muchos casos.
La actualización curricular resistida por la derecha es necesaria, lo mismo que la desmunicipalización de la educación escolar. Es necesaria primero porque las condiciones sociales, políticas y culturales han cambiado tanto en los últimos diez años, como para haber dejado obsoletas ciertas presuntas verdades sobre las que descansaba. Como por ejemplo, la de que la tendencia a la integración comercial y la desaparición de los Estados Nacionales es permanente, progresiva e inevitable; o la del optimismo ilimitado en la capacidad de la ciencia y de la técnica para resolver todos los problemas del género humano, sin que las humanidades o el pensamiento estético y la creación artística tengan más responsabilidad que la de justificarlas o en el mejor de los casos, parafrasearlas; o la de que la incertidumbre produce poco menos que espontáneamente la adptación al cambio o la de que es su único resultado posible cuando presumiblemente ha provocado también el resurgimiento de los discursos de odio, discriminación y exclusiones de diverso signo o ha facilitado su irrupción en Europa y América.
La actualización curricular propuesta por el Mineduc es un paso adelante en la democratización de la educación. Pero requiere muchos cambios y adaptaciones. En primer lugar, respecto de la formación inicial docente; también respecto de la cultura escolar, la administración del tiempo y del plan de estudios; la evaluación educacional, y la planificación del currículum.
Oponerse sin embargo, usando como argumento que estos cambios y adaptaciones no se han realizado, es una posición reaccionaria similar a la que la derecha ha esgrimido. Es de esperar que el Consejo Nacional de Educación -que es lo que ha pasado en otras ocasiones, por ejemplo cuando negó la disminución de la frecuencia e intensidad del SIMCE hace unos años- no cumpla el papel que la institucionalidad vigente le asigna, similar a la del Banco Central y el TC, de obstaculizar las reformas y darle estabilidad al sistema neoliberal.
El magisterio chileno en cambio; los trabajadores no docentes de la educación, profesionales, técnicos y de servicios; los padres y apoderados; las organizaciones estudiantiles; alcaldes y concejales de izquierda y progresistas; parlamentarios; intelectualidad progresista y académicos comprometidos con la educación debieran participar de este debate y enfrentar de una vez a la tecnocracia economicista y el pensamiento conservador, de la que hemos escuchado mucho estos días -la que propone desde separar la facultad de ingeniería de la Universidad de Chile, del resto de la universidad, hasta detener los traspasos de las escuelas públicas a los SLEP-. Deben generar las condiciones políticas y de masas para hacerla posible y que esta se haga conforme a los intereses nacionales y de la sociedad civil. Todo lo demás es música.