El jefe de la bancada parlamentaria del Partido Comunista apuntó que es necesaria esa iniciativa porque “nace de una preocupación real, porque son cientos de miles de personas que estudiaron en la educación superior y quedaron endeudados, con un alto costo en sus vidas, en sus ingresos”. Planteó que en el Congreso “la prioridad debe estar puesta en la agenda social” y no en cuestiones como la reforma política, y en esa línea manifestó que “se requiere de medidas administrativas que sean eficaces” para atender necesidades de la gente.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 21/5/2024. ¿Qué mirada tiene frente al proyecto de condonación del CAE (Crédito con Aval del Estado), los escenarios que se presentan?
Estamos muy expectantes en cuanto al ingreso de ese proyecto de ley que condona el CAE. Primero, porque es un compromiso de campaña, del programa del Presidente Gabriel Boric, y que nace de una preocupación real, porque son cientos de miles de personas que estudiaron en la educación superior y quedaron endeudados, con un alto costo en sus vidas, en sus ingresos. Segundo, porque esto tiene que ver con la idea de que la educación es un derecho social y que la estructura de financiamiento en base a créditos bancarios responde más bien a un paradigma de la educación como un bien de mercado y eso hay que superarlo. Es importante que comencemos a debatir en serio sobre un nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior que privilegie sobre todo el desarrollo y la proyección de las universidades del Estado.
¿Cómo ve el tema del financiamiento de ese proyecto?
Va a ser importante conocer del detalle de la condonación, es decir, si no será universal, si se tenderá a ver la realidad socioeconómica de cada persona, datos específicos, y contar con un cronograma claro respecto a la condonación. Imaginamos que por el alto costo que tiene esto, no será todo en lo inmediato, tampoco universal, y será relevante conocer esos aspectos. Por eso te decía que estamos expectantes para comenzar a tratar este proyecto.
¿Cómo va la discusión de la ley antiterrorista?
El proyecto de ley acaba de llegar desde el Senado, recién se está iniciando la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados, y hay que ver con mucha atención que las modificaciones no impliquen riesgos para el respeto de los derechos humanos ni tampoco de introduzcan elementos que pretendan mezclar los fenómenos terroristas y las nuevas amenazas que tiene el Estado, con la persecución de ideas o de movimientos sociales. Estamos examinando el proyecto en detalle.
¿Y la postergación o no del Ministerio de Seguridad Pública?
Es fundamental que este proyecto avance, que se despache desde el Congreso y que entre en operación ese ministerio. Porque el sentido de aprobar estas leyes, sobre todo en materia de seguridad pública, es que tengamos instituciones que puedan dar respuestas, que sean más eficaces, que puedan tener un mejor despliegue, que respondan a la especificidad de la materia. Por eso es fundamental que esto se implemente en este Gobierno y no esperar al próximo.
Se siguen dando discusiones respecto a la agenda de seguridad, se habla del fast track (vía rápida) en agenda legislativa de seguridad.
Hay dos tiempos. Porque el año pasado se acordó entre el Gobierno y los presidentes del Senado y de la Cámara una agenda de seguridad donde no hubo debate con las bancadas parlamentarias, algunos contenidos quedaron pendientes, y ahora de volvió a hacer un diálogo entre las bancadas, hubo reuniones con el Gobierno, nosotros hemos hecho algunas propuestas en relación a las prioridades a tramitar. Pero es un debate en desarrollo. Hay que ver, además, dimensiones de la seguridad pública que no han sido abordadas, por ejemplo, nosotros presentamos en 2022 un proyecto de ley a propósito del paro de camioneros, que fue mucho más grande que el de ahora, para crear una herramienta que permita al Estado perseguir eficazmente estas amenazas a la seguridad, que es el bloqueo a las carreteras, con cuestiones como suspender el Permiso de Circulación de los camiones hasta por seis meses cuando bloqueen carreteras de forma total o parcial. Hoy no hay herramientas para despejar las vías.
En estos momentos, ¿en qué está la posibilidad de avanzar realmente en la reforma del sistema político?
No es un asunto que sea prioritario. Hoy la prioridad debe estar puesta en la agenda social, en la reforma de las pensiones, que se ha postergado por mucho tiempo, y la necesidad de recaudar más recursos para atender necesidades públicas. La reforma política parte de diagnósticos como que existe una alta fragmentación política, en el Congreso, pero algunos sectores conservadores utilizan el debate para conducir hacia un retroceso, para volver al sistema binominal, es decir, restringir la democracia. Nosotros pensamos que lo importante es apuntar a propuestas que ensanchen y profundicen la democracia, por ejemplo, instalar la herramienta del plebiscito, que se piense en la opción de revocación de autoridades cuando se alejan de sus compromisos iniciales, eso debe formar parte del debate de una reforma política. Hay que ir paso a paso, sin dejar de advertir que hay un interés de sectores conservadores de volver atrás.
Claro que se ven estancadas esas reforma de agenda social. Se llega a decir que las reformas de pensiones y fiscal no se lograrían en este período legislativo.
Se ven estancadas y por eso no es muy sensato plantear otras reformas que no tienen que ver con lo que el pueblo chileno está demandando. Respecto a pensiones es importante que el Gobierno mantenga el impulso, con urgencia al proyecto para que sea votado y que los senadores, de cara al país, muestren de qué lado están, si están del lado de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) o del lado de millones de jubilados que mes a mes están condenado a recibir pensiones de miseria. Y cada mes que pasa, el tiempo se agota, y se estira el padecimiento de millones de personas.
Hablando de consorcios privados, se aprobó la denominada “ley corta de las Isapres”, hubo críticas, también comentarios positivos. Se dijo que hubo algo positivo para Fonasa.
Primero, para nosotros era importante que el fallo de la Corte Suprema (para que las Isapres devolvieran el dinero indebidamente cobrado a los usuarios) se cumpliera. La derecha trató de instalar ideas que favorecían de forma excesiva a las Isapres, como instalar la mutualización, que implicaba una rebaja muy significativa de la deuda total de las Isapres, y eso no avanzó gracias a que el oficialismo recurrió al Tribunal Constitucional. Ahora, es cierto que respecto a la ley corta hay aspectos que son bastante negativos como la ampliación del plazo para el pago de la deuda, que pasó de diez a treces años. También es cierto que, dentro de una correlación de fuerzas que nos es desfavorable, la derecha impuso varios aspectos en este ley corta que no nos gustan para nada. Sin embargo, el oficialismo fue capaz de instalar cuestiones importantes que benefician a las personas como el fortalecimiento de Fonasa (Fondo Nacional de Salud) y el fortalecimiento de un mecanismo de cobertura complementaria para los afiliados a Fonasa y seguro catastrófico que beneficia a la gente, a los que están en Fonasa. Frente a una ley que contiene componentes negativos y que al mismo tiempo logra algo de fortalecer lo público, no podíamos negarnos a aprobarla y eso hicimos.
El senador y presidente de la UDI (Unión Demócrata Independiente) sostuvo que tienen voluntad de establecer una agenda legislativa para avanzar, mencionó temas de seguridad, económicos. ¿Cómo ve esa disposición?
Habría que ver el subtexto de aquello. Porque a veces la derecha dice que está de acuerdo con subir las pensiones, sin embargo, en la práctica no es así. Son titulares que parecen de buena crianza pero esperaría conocer detalles de ese tipo de propuestas y en qué aspectos dicen que se puede avanzar. Más bien desconfío, porque en la práctica lo que hemos observado en estos dos años de período legislativo es que la derecha se ha convertido en una suerte de vocera de los grandes grupos económicos y han defendido sus intereses con dientes y muelas.
Es constante el debate o el análisis de cómo trabaja en el Congreso. ¿Cómo definiría el estado actual de la agenda legislativa en términos generales? ¿Las cosas van lento, están congeladas, o se puede avanzar y ser optimistas?
Partiría de un diagnóstico que es desde el inicio de este período legislativo. La distribución de las fuerzas es desventajosa para las ideas progresistas y de izquierda, esa es la realidad, y en el Senado eso empeoró puesto que había un empate y ahora hay una mayoría de la derecha. Sin embargo, hemos sido capaces de avanzar en cuestiones sustantivas como la ley de 40 horas de jornada laboral semanal que se comenzó a implementar, de aumento del sueldo mínimo a 500 mil pesos que fue algo que se logró en base a un diálogo con los actores principales, y algunas otras iniciativas. Pese a un escenario difícil, con una derecha muy obstruccionista, que está dedicada a boicotear al Gobierno, hemos podido avanzar en cuestiones que son importantes para la gente. Sin perjuicio de eso, y hablando de mejorar la situación de chilenas y chilenos, creo que se requiere de medidas administrativas que sean eficaces. Hay problemas como en la educación pública, donde se requiere de más recursos, tenemos una crisis severa de transporte en las regiones, están los problemas en salud, y eso a veces no pasa por leyes sino por voluntad política de salir del molde que limita al Estado en transferir recursos para atender necesidades públicas.
Persiste el cuestionamiento, incluso sale hasta de vocerías del oficialismo, de que proyectos como condonación del CAE y otros, tienen una finalidad electoral de parte del Gobierno, de que están destinadas a su 30% de base electoral y política.
Son miradas mezquinas y que desconocen algo fundamental, que el Gobierno del Presidente Boric obtuvo una amplia votación, un amplio respaldo popular, y ese respaldo tenía que ver con un apoyo a un programa, es decir, a un conjunto de ideas de cambio, de transformación, para mejorar la calidad de vida de las personas. Y cada vez que se ponga centralmente el cumplimiento de ese programa, van a surgir críticas de sectores conservadores que les gustaría mantener todo tal cual está. Además, hay un interés de negarle la sal y el agua al Gobierno para evitar que pueda mostrar resultados, pero con eso condenan y castigan a las personas. Eso, en algún momento, puede tener un costo electoral para quienes se oponen a que el Gobierno cumpla su programa.