Efectos Caso Hermosilla. Se volvió a plantear necesidad de crear órgano autónomo para nombrar magistrados y magistradas en esas instancias. La idea es quitarle esa atribución al Presidente de la República de turno y al Senado, donde se vota con un criterio político sobre el postulante. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados planteó la necesidad de “una revisión exhaustiva y sobre todo de una modificación a este sistema, justamente para evitar la politización de los nombramientos de quienes van a resolver los conflictos de todas y todos los ciudadanos”. El asunto volvió a la discusión -que lleva años- cuando en otra arista del Caso Hermosilla, se conoció que hay mensajes en su celular donde aparecen los nombres de Jean Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema, y de Antonio Ulloa, magistrado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, y que habrían llegado a esas posiciones por influencia del abogado. Frente a la situación, desde la Corte Suprema se emitió un comunicado donde se señaló que esa instancia «se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura» y se reconoció que «el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad».
“El Siglo”. Santiago. 25/3/2024. Ahora el Caso Hermosilla salpicó directamente al Poder Judicial y, posiblemente, al Senado. Se abrió la posibilidad de que el abogado Luis Hermosilla haya aprovechado sus vínculos políticos y judiciales para favorecer el nombramiento de magistrados. Podría ser tráfico de influencias.
Es así que iniciada la semana, hubo reuniones, conversaciones y hasta preparación de salidas comunicacionales para encarar esta nueva situación abierta por los mensajes en el celular de Hermosilla quien, por cierto, sigue gozando de libertad y moviéndose entre su domicilio del barrio alto y su casa en la playa.
Volvió a la palestra el tema sobre cómo se eligen en Chile a los jueces y juezas que, por ejemplo, integran la Corte Suprema (máximo tribunal de justicia) y las Cortes de Apelaciones, sobre todo en el primer caso, donde incide la propuesta del Presidente y la votación del Senado, con claro criterio político y doctrinario sobre las y los propuestos.
Ahora la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) volvió a la carga para cambiar el sistema de elección o designación de magistradas y magistrados y planteó que “resulta indispensable realizar una modificación al sistema de nombramiento de todos los jueces y juezas, del escalafón primario específicamente del Poder Judicial”.
Mariela Hernández, dirigenta y vocera de la ANMM, declaró a la prensa que “la forma como se nombran a los jueces y juezas requiere de una revisión exhaustiva y sobre todo de una modificación a este sistema, justamente para evitar la politización de los nombramientos de quienes van a resolver los conflictos de todas y todos los ciudadanos”.
Sostuvo la necesidad de “la creación de un órgano autónomo, independiente, consagrado constitucionalmente y que, por cierto, sea paritario e integrado mayoritariamente por jueces, a fin de justamente consagrar el principio y proteger la independencia judicial como garantía para todos los ciudadanos y ciudadanas que recurren a tribunales”.
Jean Pierre Matus y Antonio Ulloa al ruedo
¿Por qué se reavivó este debate? Porque en el celular del abogado Luis Hermosilla, investigado por casos de corrupción, soborno, irregularidades y entrega de información reservada, entre otras cosas, aparecieron los nombres de los juristas Jean Pierre Matus y Antonio Ulloa, como contactos o con vínculos con Hermosilla. Resulta que Matus es miembro de la Corte Suprema y Ulloa integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en ambos casos habría influido Hermosilla -dados sus contactos políticos- para esas designaciones.
Por eso Mariela Hernández dijo que “creemos que es la instancia de plantear nuevamente las demandas históricas que como gremio hemos venido trabajando a lo largo de los años” respecto a cómo se eligen los jueces y las juezas en Chile para integrar las más importantes instancias del Poder Judicial.
En la actualidad, el Presidente de la República de turno y las y los senadores -que pertenecen a partidos políticos- deciden quiénes serán los miembros de la Corte Suprema. Es cierto que es en base a “una quina”, pero siempre ha estado claro que la propuesta del mandatario va de la mano con su pensamiento político y doctrinario y lo que se vota en el Senado responde a intereses y posturas políticas de senadoras y senadores.
Es algo cuestionado hace años y se han planteado fórmulas para “despolitizar” los nombramientos de “los supremos”, pero es un tema muy sensible y polémico. Ahora la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados volvió sobre el asunto.
De hecho, en este marco, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, expresó en una entrevista en The Clinic si “muchos (abogados) probablemente se preguntarán si acaso en los casos que enfrentaron, teniendo de contraparte a Luis Hermosilla, no fueron triunfos ilegítimos por este tipo de ventajas”, es decir, por haber sido quien le labró el camino a algunos jueces.
Situaciones y citaciones incómodas
Las cosas están llegando harto lejos con el Caso Hermosilla. Hace unos días, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, indicó en entrevista con ElSiglo.cl, que “el caso Muñoz-Hermosilla es la punta del iceberg” (en referencia también a Sergio Muñoz, exjefe de la PDI), y sostuvo que “sería ingenuo de parte del Estado no ir más lejos, no hacer lo que hará la comisión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, o lo que harán otros organismos del Estado. ¿Van a citar a gente del Poder Judicial, a más gente de la PDI, a otros abogados, a los políticos que aparecen mencionados, a representantes de las empresas señaladas en WhatsApp y otros mensajes? Este señor Hermosilla, con tantas influencias…me gustaría saber si en el Poder Judicial nadie sabía que Sergio Muñoz hacía las tareas con copia a otros interesados”.
En esa línea, el presidente de la Comisión Investigadora del Caso Hermosilla de la Cámara de Diputadas y Diputados, Daniel Manouchehri, declaró que “enfrentamos redes poderosas y secretas, pero la gente espera de nosotros que hagamos lo correcto. Hay que investigar si existen causas judiciales representadas por Hermosilla y falladas por los jueces mencionados”, es decir, Matus y Ulloa. Añadió que “ya sabemos que existió influencia en los nombramientos, aún no sabemos si existió influencia o informaciones filtradas en los fallos”.
Resulta que ahora se informó que serán citados o invitados a la Comisión Investigadora todos los integrantes de la Corte Suprema y los presidentes de las Cortes de Apelación. Una situación delicada y hasta bochornosa para esas y esos magistrados.
Pero, de acuerdo a trascendidos en la noche de este día, los integrantes de la Corte Suprema rechazarían la citación o invitación a la Comisión Investigado de la Cámara de Diputadas y Diputados. Argumentaría que constitucionalmente no corresponde, y en medio de un episodio delicado, nuevamente la Corte Suprema evita un escrutinio público o de una entidad del Estado.
Sin duda las preguntas irían sobre información que haya en cuanto a la influencia de Luis Hermosilla, la prolijidad en procedimientos y nombramientos y si lo hecho por el abogado es una práctica extendida en la labor de juristas y del Poder Judicial. Pero los jueces y las juezas no quieren ir a declarar o informar.
La postura de la Corte Suprema
Frente a la polémica abierta por el Caso Hermosilla y las menciones a Matus y Ulloa en mensajes, desde la Corte Suprema se emitió un comunicado donde se sostuvo que “el Poder Judicial continuará ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infrinjan la normativa vigente, con el objeto de preservar su independencia y correcta administración de justicia”, mencionando que “esta Corte se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura, como lo hizo presente al informar el Proyecto de Ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, y ha instado por cambios en el sistema, en los procesos constituyentes recientes, particularmente, en lo que se refiere a separar la función jurisdiccional del gobierno judicial, conforme a los acuerdos adoptados en diferentes jornadas de trabajo”.
En el escrito se sostuvo que “conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros, entre las cuales se han afinado los procedimientos para ponderar, previo cumplimiento de los requisitos legales, la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las postulantes, y, en especial, la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones”.
Se precisó que “en torno a este punto, el Poder Judicial seguirá trabajando para mejorar la transparencia y rendición de cuentas”.
Posturas desde el Gobierno
El ministro Luis Cordero abundó en esta situación: “No hay sistema institucional ni reforma legal que pueda sobrepasar o que pueda resguardar cuando se afecta la integridad en general. De lo que hemos visto, no solo se resuelve con modificación del sistema de nombramiento sobre el cual hay consenso en hacerlo. Se ha avanzado, pero hay consenso en hacerlo, si no que genuinamente se avanza si uno mantiene políticas de integridad y eso no solo tiene que ver con el Poder Judicial, sino también con la profesión legal: el Código de Ética del Colegio de Abogados tiene reglas estrictas para vinculación con jueces en ejercicio. Ese tipo de situaciones hay que observarla”.
“No nos quedemos con la sensación que con solo modificar la ley vamos a solucionar malas prácticas; implica cambios de conductas, culturales y prácticas de desarrollo institucional que, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho, hemos visto que algunas se han mantenido”, enfatizó el titular de Justicia y Derechos Humanos.
En tanto, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, apuntó que “siempre es relevante revisar los distintos aspectos que hay en materias de nombramiento. Han habido distintas propuestas y por cierto nosotros como Ejecutivo siempre vamos a estar dispuestos a aquello”.
Recordó que durante los procesos constitucionales fracasados se hicieron propuestas y están a la mano “para que la ciudadanía y además los distintos órganos, las tomemos a consideración”, colocando el punto en que “hay que revisar los nombramientos cómo se realizan, porque efectivamente es fundamental que en materia de nombramiento, la ciudadanía considere que los estándares de transparencia y probidad se cumplan adecuadamente”.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “todo lo que haya que modificar para evitar tráficos de influencias o influencias y presiones indebidas, por decirlo de alguna manera, frente a nombramientos que están reglados, siempre hay que considerarlos y tenerlos sobre la mesa”. Agregó que “hay que tener una discusión mucho más amplia que no es solamente normativa, sino que de conducta de ética y tienen que estar consideradas obviamente las figuras penales para evitarlo”.