El desalojo solo sería posible perpetrando una masacre desconocida hasta ahora en la historia urbana de Chile. Dejo en claro que, en la eventualidad de intentar consumar el desalojo en San Antonio, yo, con mis 95 años a cuestas, seré el primero en estar presente en el lugar, intentando impedir la consumación de una tragedia, y tengo la certeza que me acompañarán la mayoría de quienes suscribieron dicha adhesión (de arquitectos respaldando la candidatura presidencial de Gabriel Boric).
Miguel Lawner(*). Santiago. 25/3/2024. Hace ya más de cinco años que comenzaron a poblarse los cerros de San Antonio, dando lugar, en definitiva, a la que es hoy día la mayor toma de terrenos existente en Chile. Se estiman en 4.000 las familias instaladas en esta situación durante los últimos cinco años.
La prensa publica hoy día una sentencia definitiva de la Corte Suprema, confirmando el desalojo de todas las familias y dando un plazo de seis meses para concretarlo. ([1])
Hablando con autoridades de la zona, estamos enterados que Carabineros ha manifestado su imposibilidad para hacer efectivo dicho desalojo. No vivimos los tiempos de la dictadura militar, que desalojó en forma vil y violenta a mil familias de la Población Villa San Luis de Las Condes, las cuales habían adquirido sus departamentos conforme a todas las normas vigentes en la época.
El desalojo en San Antonio, hoy día, solo sería posible perpetrando una masacre desconocida hasta ahora en la historia urbana de Chile.
Pero es verdad. El Parlamento chileno aprobó el año pasado una Ley de Usurpaciones, autorizando el desalojo de familias instaladas en campamentos e incluso penándolas con cárcel, disposición, esta última, eliminada sólo gracias al veto presidencial. Se trata de una nueva Ley Maldita, análoga a la aprobada el siglo pasado, durante el mandato del Presidente González Videla, que significó enviar a miles de dirigentes sindicales y políticos a un Campo de Concentración en Pisagua, borrar de los registros electorales a 20.000 ciudadanos y exonerar de la administración pública a un número análogo de funcionarios.
Nunca en la historia de Chile, los campamentos, llamados originalmente poblaciones callampas ya que surgían de la noche a la mañana, fueron prohibidas judicialmente. Jamás.
Gran parte del territorio que hoy integran las comunas de San Miguel y La Granja, tuvieron sus orígenes en tomas de terreno que más tarde, gracias a su organización y al apoyo de profesionales comprometidos, se transformaron, todas, sin excepción, en asentamientos normales. Esto ocurrió con gobiernos de centro, izquierda o derecha.
Desde la dictadura hasta ahora se ha impuesto una política que ignora las demandas de los campamentos, en el sentido de transformarlos en un asentamiento normal y solo les ofrece la opción de optar a un departamento ubicado en cualquier otro lugar. Aceptan esta oferta algunas familias de este o varios otros campamentos y el mismo día que se mudan, son substituidas por nuevas familias que ocupan los sitios abandonados.
De esta manera, los campamentos se perpetúan. Se mantienen por años, con una u otra mejora, ofrecida en tiempos de campaña electoral, por políticos dedistinto color político.
Yo he discutido este asunto en varias oportunidades con Carlos Montes, el actual Ministro de la Vivienda, quién, invariablemente me responde: “Recuerda que los campamentos de hoy no son como los de ayer”.
Según el artículo publicado en El Mercurio, el Ministro Montes insiste en su punto de vista: “Se trata de un catastro ya concluido que están procesando”. “Varias de estas familias ya tienen otras viviendas, hay distintas realidades que se están trabajando”.([2]) El Ministro no dice una palabra de comprensión sobre una realidad indiscutible.
Es cierto: hoy carecemos de la conciencia social y la fraternidad que teníamos ayer, tras más de 50 años de promover el personalismo y el consumismo, introducido por la dictadura y escasamente modificado en los regímenes posteriores.
Pero, caramba, me consta que, en su inmensa mayoría, los campamentos de hoy, como numerosos asentamientos irregulares, responden a la legítima necesidad de toda familia, por tener un techo bajo el cual cobijarse y que les niegan las políticas vigentes de vivienda.
Meses atrás, visitamos las tomas de San Antonio, junto con Constanza Lizana, alcaldesa de la zona y los colegas Anita Sugranies y Alfredo Rodríguez. Nos recibió una dirigente excepcional: Gabriela Almuna, presidenta del Comité Las Lomas, con quién recorrimos el sector. Es impresionante la obra que realizan teniendo presente la difícil situación en que viven. Conocimos un centro social levantado por ellas mismas, donde se llevan a cabo eventos sociales, artísticos o culturales. Incluso cursos de alfabetización. Gabriela niega que en dicha toma haya una sola familia que no esté verdaderamente necesitada de tener vivienda. Admite que puede haber en la zona algún sector dominado por traficantes de droga, pero eso dista bastante de reflejar la realidad del conjunto de la toma.
Descalificar a personas honorables como Gabriela, es un agravio demasiado injusto.
Teniendo presente los compromisos contraídos en el Plan de Emergencia Habitacional, por el propio Ministro de la Vivienda en materia de solución a los campamentos, he publicado en estos días varias columnas relativas a la inacción en este tema, incluida una carta abierta enviada al propio ministro Carlos Montes.
Veo con un alto grado de preocupación, su actitud respecto a la posibilidad del lanzamiento de las 4.000 familias instaladas en las tomas de San Antonio.
Cuando lanzamos la candidatura de Gabriel Boric a la Presidencia de la República, durante un histórico acto con dirigentes de campamentos, que colmaron el anfiteatro de San Joaquín, le hice entrega a Boric de un documento adhiriendo a su candidatura, suscrito por 1.016 arquitectos. Un hecho histórico.
Dejo en claro que, en la eventualidad de intentar consumar el desalojo en San Antonio, yo, con mis 95 años a cuestas, seré el primero en estar presente en ellugar, intentando impedir la consumación de una tragedia, y tengo la certeza que me acompañarán la mayoría de quienes suscribieron dicha adhesión.
(*)Miguel Lawner. Premio Nacional de Arquitectura, fue director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) en el Gobierno de Salvador Allende, académico en universidades chilenas y del extranjero.
[1] El Mercurio.24.03,2024, Cuerpo C. Pg. 9.
[2] El Mercurio.24.03.2024, Cuerpo C Pg.9.