El Presidente Gabriel Boric manifestó que “no me cierro a disponer de esas herramientas” y la ministra de Defensa, Maya Fernández, sostuvo que “el Gobierno nunca ha cerrado las puertas” a esa posibilidad. Justificando o explicando lo que fue considerado como un giro sobre el tema dentro de sectores oficialistas, Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, declaró que “no hay barreras ideológicas que nos permitan pensar en la seguridad de nuestros vecinos” y pidió la “presencia de apoyo militar” en su comuna. Se sumaron varias voces del oficialismo a favor de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a combatir la delincuencia. Aunque hubo quienes desde sectores del oficialismo se mostraron contrarios a ese camino. Contradictorio o no, se sabe que los altos mando de las FFAA están reticentes o son contrarios a esa función. La diputada Alejandra Placencia aseveró que “los militares no están preparados para cumplir labores policiales”. El tema menos tratado en este asunto es el origen y las causas de la criminalidad y las medidas preventivas y sociales frente al aumento delictivo.
“El Siglo”. Valparaíso. 15/3/2024. La posibilidad de que en las calles de muchas ciudades comiencen a verse a miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) realizando labores contra la delincuencia, se ve cercana.
Si hace poco tiempo eso era descartado sin pausa desde el oficialismo y partidos políticos del Frente Amplio y Socialismo Democrático, ahora desde esos ámbitos no sólo se estima esa posibilidad, sino que se pide. Se suma a la exigencia desde hace tiempo de la oposición, básicamente Chile Vamos y Partido Republicano, de sacar a las calles de los militares.
Ante esa alternativa, el Presidente Gabriel Boric manifestó que “yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas” y la ministra de Defensa, Maya Fernández, dijo a periodistas que “el Gobierno nunca ha cerrado las puertas” a aquello. Declaraciones no menores en el camino de tener a las FFAA desplegadas en las zonas urbanas.
El que abrió los fuegos desde el oficialismo fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, militante de Revolución Democrática (RD), quien sin más, después de reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, instó al Gobierno a recurrir a la “presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna”.
Argumentó que “hacer uso de una herramienta que el Estado dispone, que son sus Fuerzas Armadas de forma responsable, con acuerdos políticos y bajo un estricto control civil, me parece que es una alternativa a la cual tenemos que avanzar”.
Justificando o explicando lo que, por cierto, fue considerado como un giro sobre el tema dentro de sectores oficialistas, Tomás Vodanovic declaró ante la prensa que “no hay barreras ideológicas que nos permitan pensar en la seguridad de nuestros vecinos. Es algo que a mí me lo demandan permanentemente. Necesitamos terminar con esta ola de delitos”.
Vino entonces una ola de peticiones y planteamientos. Lorena Facuse (independiente), alcaldesa de Cerrillos, indicó que “esto es una petición de la presencia policial y militar que he venido reiterando también hace muchos días”. El jefe comunal de Padre Hurtado, Felipe Muñoz Heredia, del Partido Socialista (PS), sostuvo que “es necesario que los efectivos militares salgan a la calle a resguardar infraestructura crítica, hacer resguardo de nuestra ciudadanía. Y de una vez por todas, tengamos de parte del Gobierno la seguridad que hoy día estamos buscando”. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz Vallejos, (independiente), reiteró la necesidad de que “fuerzas militares pudieran apoyar la labor de Carabineros en sectores acotados” de su comuna. Carolina Leitato, alcaldesa de Peñalolén, de la Democracia Cristiana, planteó considerar que “los militares pueden colaborar con todos los medios que tienen, para poder estar en lugares donde se requiere mayor presencia, terminales de buses, lugares de harta afluencia de público, centros comerciales o centros donde se desarrolla el comercio, bancos, etc.”. El diputado Raúl Soto, del Partido por la Democracia, calificó como una señal positiva que más actores se den cuenta de que “el problema de la seguridad hay que enfrentarlo con mano dura, pragmatismo y sentido común”. “Llegó la hora de preparar el camino para que los militares salgan a la calle, a complementar los esfuerzos de nuestras policías en materia de seguridad pública, no sólo para resguardar las cosas, sino también para resguardar a las personas” aseveró.
Frente a esas declaraciones, representantes de la derecha insistieron en la exigencia de tener militares en las calles conteniendo y enfrentando la delincuencia.
El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (Independiente), se mostró a favor de “desplegar a las Fuerzas Armadas para recuperar el orden público” en la ciudad. El jefe comunal de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, de la Unión Demócrata Independiente, se mostró a favor de “contar con el apoyo de militares y así garantizar la seguridad pública y la de nuestras familias”.
Las FFAA no quieren
Paradójicamente, son los altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea los reticentes a salir a patrullar las calles o a persuadir delitos, menos a realizar acciones represivas y andar enfrentándose con delincuentes.
Han esgrimido -lo hicieron en el último Consejo de Seguridad Nacional- que técnica y profesionalmente no están capacitados para eso, ni les corresponde. Asimismo, tienen la aprensión de verse involucrados en episodios que luego se reporten como violaciones a los derechos humanos.
Y es que en las Fuerzas Armadas saben que estando en las calles, al final de cuentas se enfrentarán a delincuentes y a bandas que realizan portonazos, asaltos, robos, secuestros, venta de drogas y otros delitos, que los pone derechamente en funciones policiales.
Informalmente han dicho oficiales militares que no imaginan a soldados, persuadiendo o enfrentándose a quienes realizan un portonazo, venta de drogas o un secuestro. Y que estén parados en estaciones del Metro, terminales de buses, hospitales, no tendría gran efecto real en el combate a la delincuencia que está concentrada y operando en otros lugares, como poblaciones, villas y campamentos.
En los altos mandos de las FFAA hay dudas sobre cómo queden las normativas de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), de la Infraestructura Crítica y normativas ligadas a respeto a los derechos humanos.
La ministra Maya Fernández hizo ver que los militares están desplazados en La Araucanía para enfrentar la situación de violencia e inseguridad y en la frontera norte para frenar el ingreso irregular de extranjeros, además de estar desplegados cuando hay desastres naturales como los recientes incendios forestales en la Región de Valparaíso. Se suma que los altos mandos expresan su inquietud por falta de personal u ocupar numeroso destacamento en labores de combate a la delincuencia.
Ya el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, expresó que para esas labores los militares “carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado”.
Rechazo a militarizar las ciudades
La diputada Claudia Mix, del Partido Comunes, indicó que “no comparto su solicitud de involucrar a los militares”, en referencia al alcalde de Maipú, y señaló que “la experiencia muestra que no son realmente útiles en asuntos de seguridad pública y que el riesgo es alto para la población, porque no es su rol, no están capacitados para ello”.
La diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, dijo que “los militares no están preparados para cumplir labores policiales, no es esencial a su función, la institución (militar) no está diseñada para eso”. Enfatizó que los propios militares “lo han planteado y es un consenso en general decir que la labores de control de los militares son absolutamente excepcionales”. Más bien planteó la necesidad de “asumir que hay que reforzar la labor policial y de persecución del delito”.
Placencia indicó que si se va a optar por sacar a las FFAA a las calles de las ciudades, “debiéramos primero tener aprobada una ley de infraestructura crítica que está en el Senado hace bastantes meses y, por otra parte, (tener) las reglas de uso de la fuerza”.
Como sea, el tema menos tratado en este asunto es el origen y las causas de la criminalidad y las medidas preventivas y sociales frente al aumento delictivo.