Los sucesos, cifras, opiniones, sondeos y percepciones, tiene a funcionarios, oficiales, analistas, legisladores expertos, abogados y técnicos del Ministerio del Interior, La Moneda, Carabineros, PDI, comisiones del Congreso, entre otros estamentos, de cabeza para enfrentar la situación de seguridad pública. Todo cruzado por polémicas políticas, instalaciones mediáticas y debates técnicos. Algunos objetivos son establecer lo más acertadamente posible la realidad de la situación delictiva y aterrizar medidas concretas para atacar este fenómeno que es protagónico en la agenda. Guste o no, la seguridad pública cruza ámbitos ciudadanos, sociales, mediáticos, políticos, judiciales y hasta culturales, y está impactando sobre manera a la sociedad. El Gobierno implementa planes y aumentó a casi 6% el presupuesto en seguridad ciudadana.
Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 27/11/2023. Equipos multidisciplinarios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de los altos mandos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), las comisiones de Seguridad Pública del Senado y Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, el Servicio Nacional de Migraciones y grupos de expertos de centros de estudios, fundaciones y partidos políticos, están de cabeza analizando el escenario delictivo y de seguridad pública que cruza al país. Se sabe que incluso dentro del Ejército y la Armada analizan el escenario, sobre todo en relación a fronteras, crimen organizado y narcotráfico.
Todos esos estamentos tienen en tensión a funcionarios, oficiales, analistas, expertos, legisladores, abogados, técnicos, analizando la situación de criminología, sus características, las cifras y encuestas, los antecedentes de bandas delictivas nacionales y extranjeras, la geografía del delito, y todo antecedente cualitativo y dato cuantitativo que permita, primero, establecer lo más acertadamente la realidad de la situación delictiva y, segundo, aterrizar medidas concretas para atacar este fenómeno para proteger a la población y detectar a los delincuentes.
De acuerdo a informes de prensa y extraoficiales, todo ese trabajo es una de las preocupaciones del Presidente Gabriel Boric y aparte de las dependencias a cargo del asunto, también es motivo de trabajo en su gabinete y en el grupo de asesores del segundo piso.
Y es que, guste o no, se piense que se exacerba o no el tema, la seguridad pública cruza ámbitos ciudadanos, sociales, mediáticos, políticos, judiciales y hasta culturales, y está impactando sobre manera a la sociedad. Como ocurre actualmente de manera más o menos reciente en países como Ecuador y Perú, y de más larga data como en México, Colombia o El Salvador.
Balaceras, asesinatos, secuestros, extorsiones, robos con violencia, asaltos a vivienda, “portonazos”, invaden las agendas comunicacionales y políticas e impactan en percepciones de ciudadanas y ciudadanos, incluso en regiones y comunas donde esos delitos no se cometen o son muy bajos.
Además, la oposición se ha encargado de convertir esta situación en un choque político, atacando permanentemente al Gobierno y colocando sobre la mesa exigencias o amenazas como que se expulsen del país de aquí a fin de año a 12 mil migrantes y anunciando acusación constitucional en contra de la titular de Interior, Carolina Tohá.
La delincuencia es tema en la franja electoral por el plebiscito del 17 de diciembre y en el debate sobre el nuevo texto constitucional que deberá votarse.
El Gobierno parece tener claro que esta es una papa caliente que requiere respuestas precisas, aunque junto a las medidas a tomar, está el desempeño político y comunicacional al respecto.
Están funcionando planes como Calles Sin Violencia y Contra el Crimen Organizado, el reforzamiento de fronteras, el trabajo territorial, el apoyo y coordinación con municipalidades, el control migratorio, la recuperación de espacios públicos, medidas frente a episodios como “narcofunerales” o “narcomausoleos”, se aumentó casi en un 6% el presupuesto para orden y seguridad, y habrá más dineros para Carabineros y la PDI.
Todo eso, en todo caso, en un contexto de impacto y percepción ciudadana negativa viendo “nuevos delitos” como balaceras que terminan con muertos “por ajustes de cuentas” -sin dejar de mencionar menores inocentes que mueren en esos episodios- y secuestros con exigencia de pagos de rescate.
Tuvo su efecto el resultado de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) que estableció en un 90.6% la percepción de la ciudadanía sobre el aumento de la delincuencia, y el 51% que dijo en el sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP) que el principal problema a solucionar por el Gobierno es la delincuencia. En el caso de la ENUSC, es sensible ya que en la edición anterior, la percepción de aumento de la delincuencia era de un 86.9%
En la ENUSC también se indicó que durante el periodo 2022, el 21,8% de los hogares del país fue víctima de algún delito de mayor connotación social, con un alza de 4,9 puntos respecto a los datos conocidos el año pasado.
Hay otros datos como que los ingresos de causas desde 2006 a 2022 aumentaron en 50%, los homicidios se incrementaron en 40% en los últimos seis años y los secuestros en 140% en 10 años. De acuerdo a datos oficiales y de Carabineros, en 2023 van 696 homicidios, aunque la tasa de homicidios en Chile es de las más bajas de la región, con 4.7 por cada 100 mil habitantes en 2022.
Hay que agregar los robos con violencia, robos en viviendas, hurtos, “portonazos”, que persisten en cifras preocupantes y en impacto ciudadano. Situaciones que están instaladas en la ciudadanía y que tiene origen en crimen organizado, grupos de narcos o delincuentes “tradicionales”. Se plantea un matiz en cuanto a que los datos del total de regiones y comunas muestra un mapa no tan desolador, con concentración de casos, por ejemplo, en comunas de la Región Metropolitana.
Desde la oposición y entidades que analizan estas materias, se está exigiendo aumento de penas, declarar Estado de Excepción en varias ciudades, incluida Santiago, movilizar a las Fuerzas Armadas, “poner mano dura”, garantizar que los delincuentes vayan a la cárcel y cumplan las condenas. Sin embargo, el senador Jaime Quintana indicó que “el crimen organizado necesita medidas permanentes y no excepcionales” y la diputada Nathalie Castillo afirmó que los “delitos de alta criminalidad, como secuestros y otros, se deben resolver con más inteligencia y no caer en medidas efectistas”.
El Presidente Gabriel Boric, en su “apretada de tuercas” reciente, incluyó el reforzar el combate a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico y sostuvo que “a los delincuentes los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a encarcelar y si es necesario los vamos a echar” del país.
En un comunicado distribuido desde el Ministerio del Interior, el 17 de noviembre, se apuntó que esa entidad, junto al Gobierno, “ha decidido reforzar las estrategias en curso para enfrentar el nuevo tipo de criminalidad que existe en Chile, caracterizada por mayores grados de violencia. Las medidas, trabajadas en conjunto con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, incluyen las siguientes fases de acción: Control territorial y Control Migratorio y expulsiones”.
Como sea, hoy la lupa de distintos sectores políticos y sociales, de los medios de prensa y espacios académicos, legisladores y fuerzas políticas, está puesta en el escenario delictivo y de la seguridad pública, y donde resultados y cifras serán determinantes.