La quedada en Chile de un grupo de deportistas cubanos generó un arrebato de vocerías exigiendo a la administración de Gabriel Boric que otorgue refugio o asilo a esas personas, sin que esté acreditado y documentado que aquello se ajusta a las normativas vigentes. El caso lo tomó un abogado que fue funcionario del Gobierno de Sebastián Piñera y que en su momento señaló que migrar no es un derecho humano.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago 9/11/2023. La decisión personal de un grupo de deportistas cubanas/nos de no tomar el avión de regreso a su país después de participar en el Juegos Panamericanos Santiago 2023 gatilló una andanada de presiones y emplazamientos al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
La presión se concentra en exigirles a las autoridades chilenas que otorguen asilo político o refugio a las y los atletas cubanos, pese a que pueden optar, por ejemplo, a visa de residencia, trabajo o de estudio. Obviamente que la diferencia entre esas opciones tiene una connotación política.
Al mismo tiempo se está sugiriendo que si la administración de Boric no da luz verde al refugio, le hará un guiño al Gobierno cubano, pero que si hace lo contrario, estará promoviendo los derechos humanos. En el oficialismo se piensa que es una maniobra para acorralar al mandatario.
El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido enemigo del régimen cubano, después de una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que “formalmente le he venido a pedir que lo antes posible se le conceda el refugio, el asilo, a estos deportistas cubanos”. Precisamente diputados de la UDI, entre ellos el hijo de Coloma, impulsaron en el Congreso una “solicitud de antecedentes” que pide al Presidente Boric otorgar protección internacional y asilo político a los deportistas, advirtiéndole que “deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días”. La vocera anticomunista, Rosa María Payá, emplazó: “El Presidente de Chile tiene la responsabilidad de ofrecer asilo contra la opresión”. El diputado Diego Schalper, del derechista partido Renovación Nacional, apuntó que si se otorga el asilo la administración de Boric daría “una clara señal en defensa de los derechos humanos y de la democracia”. Para los legisladores de la UDI, Guillermo Ramírez y Cristian Labbé, declaraciones de la ministra Tohá sobre el caso “denota el fanatismo ideológico que aún mantiene por la dictadura y el régimen castrista”. A esas posiciones se sumaron dirigentes del grupo de centroderecha Demócratas.
Así también, las vocerías de la oposición llevaron el asunto a un plano político/ideológico planteando que en Cuba «no hay libertad», que hay “una dictadura”, que los atletas no tienen derechos, y se llegó a decir que de volver a la isla esas personas irían a la cárcel, algo sobre lo cual no hay evidencia ni está determinado judicialmente. De hecho se sabe de deportistas que abandonaron sus delegaciones y después de un tiempo volvieron a su país sin problema.
Lo que quedó claro en estos días es que en cuanto se supo de la decisión del grupo de deportistas de no volver a la isla, se enrieló una seguidilla de declaraciones en contra de Cuba y presiones a La Moneda, al tiempo que se centró la exigencia de asilo o refugio para las y los atletas. Algunas fuentes señalan que se mezclaron los cuestionamientos a la isla con procedimientos migratorios.
El refugio
El director nacional de Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, indicó a la prensa que “el refugio es un instrumento para proteger a personas que son perseguidas en sus países de origen por motivos políticos, ideológicos o de otro tipo, y las ampara el principio de no devolución y de confidencialidad. Como es una herramienta de protección internacional, cada caso es evaluado rigurosamente y resguardamos en todo el proceso la identidad de las personas”.
Thayer precisó que aludir a motivos económicos o de ciertas condiciones personales en un país, no es causal de otorgamiento de refugio. Recalcó que “las personas que vienen por razones económicas o laborales, lo que corresponde es que soliciten una residencia temporal que les permite vivir y trabajar en el país”. El funcionario advirtió que “por lo tanto, esas solicitudes se consideran infundadas” si se pide el refugio.
Se ha explicado que la condición de refugiado se otorga a personas perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas y que temen por sus vidas, seguridad o libertad en sus países de origen, así como aquellos que huyen por conflictos armados.
Al ser entrevistado en Radio ADN, Luis Thayer, apuntó que “es importante señalar que la ley de refugio apunta a personas que están siendo perseguidas en su país de origen y su vida está en peligro, y obedece a ciertos criterios, una de ellas, es la confidencialidad” y precisó que se van a evaluar “las solicitudes que recibamos caso a caso, con un criterio técnico”. Ejemplificó: “No por el hecho de ser venezolano o venezolana -de hecho, Brasil lo hizo- de otorgar refugio por el hecho de ser venezolano, pero ese criterio en Chile no se ha aplicado”.
A eso se agrega lo establecido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en cuanto a que “huir de la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” implica condiciones para la categoría de refugiado.
En este marco, el tema es que si se puede acreditar y documentar que las jugadoras de hockey sobre césped y los atletas varones vivían persecución política en la isla, si les estaban violando los derechos humanos, si eran perseguidos y reprimidos, si se les negaba y hostigaba para el desarrollo de su actividad, si se les prohibió salir del país, si habían indicios de ser víctimas de exterminio. Razones que podrían apuntar a una petición de asilo o refugio.
Desde la oposición y abogados involucrados en el caso, eso no se ha precisado y tampoco hay denuncias de las y los deportistas, salvo señalar que en Chile se sienten “en libertad”. De hecho el director de Migraciones manifestó que “es inédito y nos llama la atención la fuerte presencia pública y política que habido aquí, respecto de un tema que es muy delicado”, en tácita referencia a las reacciones de la derecha y representantes de opositores al régimen cubano en torno al caso de los deportistas caribeños y la ruptura de la confidencialidad.
Otra cosa es que se esté enfrente de decisiones personales de esos deportistas, tomadas por problemas económicos, carencias, frustración de aspiraciones, deseos de buscar otras condiciones de vida y querer vivir en el extranjero. En ese camino, como se señaló desde Migración, podrían solicitar visa de residencia, trabajo o estudio, cumpliendo los trámites respectivos. No serían las primeras o los primeros deportistas de Cuba en optar por ello, incluidos los que después han retornado a la isla.
Por lo demás, muchas y muchos deportistas de países latinoamericanos ambicionan irse de sus territorios porque hay mejores condiciones en Estados Unidos, Canadá o Europa. Hay que tener en cuenta la existencia de la Ley de Ajuste Cubano implementada por Estados Unidos (EU) que, por ejemplo, permite otorgar residencia a un deportista cubano que “deserte” y llegue de manera irregular o ilegal a territorio estadounidense, lo que motiva a muchas y muchos a seguir ese camino.
De acuerdo a fuentes vinculadas al tema migratorio, este sería más bien un caso de petición de visa de residencia y trabajo pero no de asilo o refugio, aunque eso último se ha convertido en estos días en un tema más bien político, encajonando al Gobierno.
Como sea, la decisión de las deportistas y los deportistas cubanos, lo quisieran o no, le dio el piso a la oposición de derecha y a voceros enemigos de la Revolución Cubana para presionar al Gobierno de Boric y querer colocarlo contra la espada y la pared.
El abogado
Cuando salieron de la Villa Olímpica, las integrantes del equipo de hockey sobre césped contactaron amistades que luego las pusieron en medio del engranaje coordinado por el abogado Mijael Bonito, de origen cubano, militante del partido de derecha Evópoli (fue candidato a diputado por ese partido), exfuncionario de migración del Gobierno de Sebastián Piñera, participante y promotor de organizaciones internacionales y regionales anticubanas donde fue cercano a Hubber Matus, un personaje acusado de actos terroristas. Fue generador de la política migratoria en la administración de Piñera y aprovechando esos conocimientos y contactos, creó la sociedad Hurtado&Bonito que, de acuerdo a un reportaje de Ciper-Chile “opera en alianza con una oficina de abogados de Venezuela que consigue documentos para sus clientes”. Hurtado&Bonito está pendiente de cubanas y cubanos que llegan a Chile y que desean quedarse.
En una entrevista con The Clinic, se le preguntó a Bonito si “¿es un derecho humano migrar?” y él, tajante, contestó: “No”. Luego sostuvo que “la condición de refugiado la reconoce el Estado y lo hace a partir que usted acredite lógicamente los niveles de persecución y amenaza a la integridad física”. Su postura ante el caso de los deportistas cubanos sería contradictoria con aquello.
Pese a eso, declaró a la prensa que “hay una alta probabilidad de que tengamos que hacer las solicitudes de refugio que corresponden” en relación a las jugadoras y corredores de la isla y enfatizó que “efectivamente todas estas personas podrían haber pedido asilo político” sin hacer referencia a las causales que permiten esa condición.
Como explicación entregó un argumento político: “En Cuba hay una dictadura totalitaria, eso lo conocemos absolutamente todos” y dijo que “cuando hablamos de Cuba no estamos hablando de un país democrático en regla general”.
Luego se sumó a las presiones al Gobierno chileno y expuso que “lo que importa acá es que el Estado de Chile opere en virtud de la protección de las personas a las que está obligado a proteger, más allá de cuál sea el otro Estado”.
La salida
Bonito, Payá, más los dirigentes de la derecha local, insisten en que el Gobierno debe dar el refugio o el asilo a las y los atletas y desechan otro tipo de visa o resolución. Lo convirtieron en un emplazamiento al Gobierno y si no se opera en ese sentido podría aumentar la tensión y la presión.
Eso podría incluir el intento de generar roces o abrir tensiones entre los gobiernos cubano y chileno, aunque ambos han actuado con prudencia.
Cuando se tomó conocimiento de esta situación, la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, declaró que “si hubiese algún tipo de solicitud o requerimiento…debe ser canalizado a través de las instituciones pertinentes, en este caso, el Servicio Nacional de Migraciones”.
Agregó que “no nos corresponde pasar por encima de los procedimientos que están estipulados para este tipo de casos”.
Todo está en manos, en efecto, de Migraciones y ya su titular se encargó de precisar las condiciones que generan la categoría de refugiado y que, en definitiva, se verá de manera individual de las y los deportistas de la isla.
Por cierto, tampoco se descarta que algunas de ellas o algunos de ellos quieran desplazarse a Estados Unidos u otros países y la embajada estadounidense estaría monitoreando este caso.
Sin embargo, más allá de las resoluciones sobre los deportistas, parece cierto que se instaló una controversia política alentada por la derecha en la vía de abrirle otro flanco al Gobierno.