En un comunicado, la multisindical indicó que “la actual redacción no resuelve las demandas populares y se aleja de las urgentes necesidades que tiene el pueblo de Chile” y “no asegura el derecho a la educación, a la vivienda y a la salud”. La principal organización sindical chilena llamó “al movimiento sindical y a la ciudadanía a votar En Contra en el plebiscito de salida del 17 de diciembre”. La CChDH señaló que “el texto aprobado constituye un grave retroceso civilizatorio en materia de Derechos Humanos y un serio obstáculo para la paz social”. También que “el militarismo pinochetista se impone en el texto, al favorecer la impunidad de los condenados por crímenes contra la humanidad”.
“El Siglo”. Santiago. 26/10/2023. El siguiente es el texto íntegro del Voto Político aprobado por el Consejo Directivo Nacional Ampliado de la Central Unitaria de Trabajadores frente al nuevo texto constitucional:
Construir una nueva constitución en democracia, ha sido una lucha que los trabajadores y trabajadoras hemos impulsado desde que se impusiera a sangre y fuego por la dictadura en 1980. El pueblo necesita una constitución que sea discutida entre todos y todas que ponga al centro los derechos de las y los trabajadores.
Hoy los tiempos se agotan. Se han hecho todos los esfuerzos para producir un entendimiento democrático que permita que la Constitución que se votará el próximo 17 de diciembre, contenga los principales derechos que la ciudadanía demandó en las calles y que abrió este debate constitucional. Pero estos esfuerzos chocaron con los intereses de una mayoría circunstancial, que obedece a una coyuntura y que ha hecho primar sus intereses ideológicos, económicos, culturales y sociales.
La actual redacción no resuelve las demandas populares y se aleja de las urgentes necesidades que tiene el pueblo de Chile.
Entre algunas de las razones que sostienen nuestra posición, citamos los siguientes elementos:
1.- No resuelve las desigualdades que tienen origen en el mundo del trabajo y no garantiza condiciones para el justo equilibrio en las relaciones laborales.
2.- Consagra el negocio de las AFP y las ISAPRES, perpetuando el abuso y el lucro con nuestros derechos.
3.- Significa un retroceso en materia de derechos reproductivos de las mujeres, un retroceso en lo que se ha avanzado por el movimiento feminista en materias de derechos de la mujer y la lucha contra el patriarcado.
4.- No asegura el derecho a la educación, a la vivienda y a la salud.
5.- No garantiza un Estado social y de derecho.
Los empresarios utilizan, como siempre, el miedo a la inestabilidad y la amenaza de no invertir en la economía. Hay voces en el empresariado que caen en prácticas de cohecho que representan un verdadero método de terrorismo empresarial.
Este proceso ha fracasado en los objetivos de recuperar la convivencia nacional y de profundizar la democracia.
Por ello, el Consejo Directivo Nacional Ampliado, máxima autoridad de la CUT entre congreso y congreso, ha resuelto rechazar la actual redacción constitucional. Hacemos un llamado al movimiento sindical y a la ciudadanía a votar en contra en el plebiscito de salida del 17 de diciembre.
Llamamos a los trabajadores y trabajadoras a no dejarse chantajear por los supuestos efectos en la estabilidad económica y laboral. Hoy es el tiempo que el país se ponga a discutir medidas de emergencia que se encarguen de las demandas sociales y económicas de la gente.
No estamos por eternizar un proceso constituyente. Más que nadie sabemos del cansancio de la gente de las formas de hacer política, sin considerar sus realidades y sus urgencias. Pero será otro momento, en nuevos escenarios, cuando, con tranquilidad, retomemos un proceso constituyente con verdadera participación popular.
Finalmente hacemos un llamado al movimiento social organizado a construir un frente social que se oponga al retroceso conservador y que tenga por objetivo construir un programa de transformaciones en favor de la Clase Trabajadora.
El “En contra” de la CChDH
El siguiente es el texto íntegro de la Declaración Pública dada a conocer por la Comisión Chilena de Derechos Humanos:
1)El cuestionado proceso constitucional en curso, está llegando a su fin. El texto aprobado por la Comisión Mixta -que será refrendado por el Consejo Constitucional- constituye un grave retroceso civilizatorio en materia de Derechos Humanos y un serio obstáculo para la paz social.
2)El texto que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre es una propuesta que pretende perpetuar el orden social injusto impuesto en la Constitución de 1980, que viola principios y normas de derechos humanos consagrados en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y carece de validez jurídica, tanto por su falta legitimidad democrática de origen como en su contenido. Su eventual aprobación plebiscitaria no sólo atentaría contra los intereses y anhelos de las grandes mayorías, sino sería nula ante la comunidad internacional.
3)En efecto, el mencionado texto -expresivo de un integrismo religioso alejado del sentir mayoritario de la población y de un contenido esencialmente populista- hace retroceder los avances obtenidos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, consolida la mercantilización de los derechos sociales al constitucionalizar el modelo de las AFPs y las Isapres, condenando a millones de jubilados a recibir pensiones miserables e indignas; limita el acceso al derecho a la salud y a la educación, haciendo depender su ejercicio a la capacidad económica de la población; el derecho a la vivienda digna seguirá siendo una mera aspiración para miles de pobladores que viven en campamentos o de personas allegadas; priva del derecho humano al agua a miles de nuestros compatriotas; perpetúa la injusticia con nuestros pueblos indígenas; restringe el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país; mantiene el statu quo de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y por tanto, el derecho a la comunicación y la libertad de expresión seguirán siendo violentados; el derecho al medio ambiente seguirá condicionado por los intereses empresariales, las comunidades de las diversidades sexuales seguirán sufriendo discriminación y los migrantes sufrirán la xenofobia institucionalizada.
4)Además, el militarismo pinochetista se impone en el texto, al favorecer la impunidad de los condenados por crímenes contra la humanidad cometidos en la Dictadura Civil-Militar, promoviendo la eliminación de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, además de retroceder en materia de Justicia Militar, otorgándole competencia para juzgar a civiles y a militares, por delitos comunes.
5)En definitiva, es un texto que mantiene y profundiza la desigualdad social junto a la grosera concentración de la riqueza e institucionaliza los privilegios negando el ejercicio de derechos humanos básicos a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, consolidando el Estado subsidiario de la Constitución de Pinochet y relegando el Estado Social y Democrático a una mera enunciación formal, sin contenido. Así las cosas, el fundado descontento que provocará, traerá consigo nuevos y justificados estallidos sociales. Al mismo tiempo, la mantención de las condiciones estructurales de pobreza, desigualdad, marginación y exclusión, aumentarán potencialmente la inseguridad y la delincuencia.
6)La Comisión Chilena de Derechos Humanos, junto con recordar que, desde su génesis, impugnó y denunció este proceso constitucional ante el ACNUDH, por carecer de legitimidad, hoy cumple con su deber de convocar a la ciudadanía a votar en contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, porque el texto atenta gravemente contra los derechos humanos de la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro territorio.
7)Al mismo tiempo, cumple con reiterar que -en virtud del derecho de libre determinación, consagrado en el artículo 1°, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -el pueblo chileno es soberano para decider qué Constitución anhela, tanto en su gestación como en su contenido, por lo que ningún sector político tiene el derecho de amenazar a la ciudadanía con la clausura del debate constitucional si el texto propuesto no se aprueba en diciembre próximo.