El Presidente Gabriel Boric firmó el decreto que dio luz verde a la instancia y sostuvo que ojalá ésta “siente las bases para una solución duradera y sostenible del conflicto que hace larga data existe interculturalmente el Estado chileno y el pueblo mapuche”. La comisión está integrada por una diversidad de representaciones políticas, sociales e indígenas.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 21/6/2023. Era un compromiso del Gobierno para atender la situación en La Araucanía y sobre todo las realidades que viven las comunidades mapuches. Este día, en el palacio presidencial de La Moneda, se dio luz verde a la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.
Integrada por representantes de fuerzas políticas diversas, empresarios, del pueblo mapuche, del Legislativo, todas y todos con vasta experiencia en el tema e incluso que participaron en anteriores esfuerzos respecto a la situación social, política y de seguridad en la zona.
La secretaría ejecutiva de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento estará a cargo del encargado nacional del Plan Buen Vivir, Víctor Ramos Muñoz.
Y la integran: el senador por la Región de La Araucanía, de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, quien fuera representante del presidente Patricio Aylwin en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, e integrante de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, designado por el expresidente Ricardo Lagos; el empresario y exministro de Desarrollo Social y Familia y de Relaciones Exteriores en la administración de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, impulsor del Plan Impulso Araucanía, y formó parte de una delegación nacional que viajó a Nueva Zelanda para conocer la experiencia de la relación entre el Estado neozelandés y el pueblo maorí; Carmen Gloria Aravena, senadora por la Región de La Araucanía, militante del Partido Republicano y exdirectora de la Unidad de Desarrollo Económico Local en la Municipalidad de Nueva Imperial; la diputada del Partido Socialista, Emilia Nuyado, de la Región de Los Lagos, exconcejala de la comuna de San Pablo y representante del pueblo Mapuche Huilliche en la Conadi; Sebastián Naveillan, presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria Malleco; Adolfo Millabur, dirigente en distintas organizaciones mapuche, promotor de la restitución de derechos del pueblo mapuche y la defensa del borde costero, exalcalde de Tirúa; Gloria Callupe Rain, encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío, integrante de la Corporación de Profesionales Mapuche, y también fue parte de la comitiva que viajó a Nueva Zelanda; el Jefe de Gabinete del Gobernador Luciano Rivas, Juan Pablo Lepín, que fue abogado de la Multigremial de La Araucanía y luego su director ejecutivo.
Desde La Moneda se informó que esta comisión tendrá seis objetivos básicos: “Sistematizar la situación actual e histórica de las tierras mapuche y revisará las experiencias internacionales buscando las mejores alternativas que puedan contribuir a su resolución en nuestro país; Establecer un canal de diálogo con los distintos actores involucrados en estas materias como Gobiernos Regionales, gobiernos locales, comunidades, gremios empresariales, agricultores, víctimas de la violencia y ciudadanía en general; Elaborar una propuesta con los cambios que permitan llegar a un acuerdo sobre la demanda de tierras existente, diversificando mecanismos de reparación, produciendo mejoras y modificaciones legislativas e institucionales necesarias para esa tarea; Promover iniciativas de justicia hacia el pueblo mapuche, una propuesta de reparación integral a todas las víctimas, como también la incorporación de elementos que mejoren la vida y el desarrollo de todos los habitantes de las zonas involucradas; Establecer un proceso de diálogo que produzca un acuerdo preliminar con las comunidades mapuche que permita conciliar las expectativas que hoy se tienen en cuanto a reparación, con las posibilidades reales que el Estado de Chile puede ofrecer. Este acuerdo preliminar también debe ser dialogado con las distintas fuerzas de representación política y actores sociales regionales buscando un consenso transversal que haga viables las reformas necesarias; Entregar un informe al Presidente de la República y al Congreso Nacional para avanzar en las modificaciones institucionales y de la legislación requeridas, incluida la Ley 19.253. Una vez aprobadas las reformas la comisión termina su cometido y comienza la etapa de la implementación de las medidas”.
Al firmarse el Decreto que crea la Comisión Presidencial, el Presidente Gabriel Boric expresó tener la esperanza y convicción de que “a través del diálogo social amplio y de los acuerdos que en un comienzo pueden parecer improbables y difíciles”, esta instancia “siente las bases para una solución duradera y sostenible del conflicto que hace larga data existe interculturalmente el Estado chileno y el pueblo mapuche”.
El mandatario sostuvo que “a pesar de los esfuerzos que se han sostenido en las últimas décadas, las medidas que hemos tomado han sido insuficientes y hay muchas de las promesas están incumplidas, como bien decía el rector. Esto no es normal ni tiene porque ser así, no es un destino inexorable. Si miramos la experiencia internacional vamos a ver que en otros países donde, hasta hoy, subsisten pueblos originarios, su relación con el Estado y la sociedad puede ser armónica porque han alcanzado los acuerdos para ello. Han dialogado, se han encontrado”.
Boric apuntó: “Estamos ante una tarea de Estado que va a trascender al Gobierno de turno y por eso es importante la foto que sucedió recientemente de todos los partidos representados en el Parlamento, de todo el espectro político. Ellos concurren aquí a firmar las bases de esta comisión de buena fe, un acuerdo a favor del diálogo, de la seguridad, de la paz y del entendimiento. Sin ustedes éste sería una fuerzo infructuoso”.
De hecho, los presidentes y las presidentas y secretarios generales de colectividades políticas del oficialismo y la oposición, con representación parlamentaria, asistieron al lanzamiento de la comisión y rubricaron su inicio.
Miradas a lo que viene
La diputada mapuche, Emilia Nuyado, expresó que la Comisión Presidencial “va a permitir el diálogo con las comunidades que hoy día tienen la esperanza de poder avanzar en la restitución territorial. No hay que olvidar la historia de la pérdida, del despojo territorial. Esperamos ser un aporte a esta comisión y contar con la disposición de las diversas organizaciones y comunidades”.
El diputado de la Unión Demócrata Inpendiente (UDI), Henry Leal, sostuvo que ante el conflicto que se vive en La Araucanía, “no pueden haber mezquindades de ningún tipo, menos políticas” y seguidamente advirtió que “en cualquier propuesta lo más probable es que va a requerir que un proyecto de ley ingrese al Congreso. La comisión va a tener dos años para funcionar, por lo tanto, va a funcionar casi terminando el Gobierno del Presidente Boric, y va a depender mucho del próximo gobierno que haya en Chile para ver si esas propuestas se traducen en proyectos de ley o no”.
El empresario y exministro de Piñera, Alfredo Moreno, sostuvo que lo primero a atender es “el esfuerzo de seguridad. Hubo un tiempo largo en el cual algunas personas pensaban que había una causa legítima, que justificaba y que había que tomar esto de otra manera, pero creo que ahora ha quedado claro que la violencia no se justifica nunca y que el Estado tiene que defender a las personas sean mapuches o no mapuches”.
“Esta es una pequeña puerta que se abre de luz y esperanza en buscar una solución a este conflicto que nos golpea a todos y, por lo tanto, se va a requerir mucha tolerancia, se va a requerir ceder por todas las partes y buscar una solución que no sea volver el reloj de la historia al siglo XIX” dijo el senador Francisco Huenchumilla.
La senadora Carmen Gloria Aravena manifestó que la labor de Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento “obviamente requiere de diálogo, análisis técnico, jurídico y, sobre todo, acuerdos que permitan que las propuestas sean sostenibles. La idea es llegar a un acuerdo transversal en que todos tengan la flexibilidad para ceder en determinados puntos, pero que al final sea un acuerdo en que gane el país”.