Es el momento de hacer explícito el contenido de clase que se disputa en la actualidad, los intereses representados en el Consejo Constitucional y emplazar a quienes la conforman a declararlos y reconocerlos explícitamente. También en lo que respecta a las iniciativas de Gobierno que van en beneficio del pueblo, que de acuerdo a cualquier análisis objetivo son bien valoradas por la población y coinciden con sus necesidades, como el alza del salario mínimo; la reforma del sistema previsional y el fin de las AFP´s; la reforma tributaria, la ampliación de la negociación colectiva, etc.
Hernán González. Valparaíso. 12/06/2023. Todo indica actualmente que la tensión social y política aumenta vertiginosamente. Quien pone el ritmo de ésta es la derecha. La derecha, efectivamente, se ha dedicado desde que asumió el Presidente Boric a radicalizar posiciones y atacarlo. Lo mismo respecto de la Convención y el proceso constituyente.
El resultado de esta política ha sido el único que lógicamente podía esperarse, el fortalecimiento del Partido Republicano y de las posiciones más fundamentalistas de su sector. Tanto, que de vez en cuando tienen algún exabrupto pinochetista, como el del consejero Luis Silva, que rápidamente es rectificado, explicado, parafraseado o sencillamente negado. Lo mismo respecto de su defensa de las bases jurídicas del sistema neoliberal. Incluso, comparando el Anteproyecto de la comisión de expertos con la Constitución actual, para terminar confesando que preferirían quedarse con la Constitución de Lagos/Pinochet. Lo ha hecho el exconvencional y actual asesor de la bancada de derecha en el Consejo, Luis Arrau, el senador Rojo Edwards y otros varios.
Las reacciones frente al fallo de la Corte Suprema respecto de la tabla de factores y la devolución de los dineros cobrados en exceso por las Isapres a sus usuarios, también son una manifestación de esta tensión. La vocera de la Suprema, Ángela Vivanco, solamente tuvo la sinceridad de reconocer que este verdadero cogoteo no es una cuestión respecto de la que el Estado pueda intervenir para restituir los derechos conculcados a los consumidores, sino de un asunto entre privados, razón por la cual solamente debieran ser beneficiados por el fallo quienes las demandaron. Los demás se quedarían mirando para la cocina.
Es la aplicación del principio de subsidiariedad a todo evento, el que el consejero republicano Luis Silva se ha dedicado a defender doctrinariamente en todas las tribunas, aparte de Pinochet. Por cierto, no todos en la derecha son tan sinceros y a lo menos respecto de esta cuestión coyuntural, preferirían una interpretación menos ortodoxa del fallo de la Suprema. Y probablemente también, respecto del debate del Consejo Constitucional y sus resoluciones en lo que dice relación con el anteproyecto entregado por la comisión experta.
Sin embargo, el resultado de la elección de las comisiones que la conforman, no permite abrigar muchas esperanzas a los optimistas de los acuerdos y el consenso. No tiene nada de raro. Los lloriqueos de la derecha durante la Convención eran expresión de sus intenciones las que hoy puede realizar gracias a la mayoría que ostenta en el Consejo. Tal como lo dijeron previo a su instalación, ¿por qué tendríamos que considerar a la minoría o llegar a consenso con ella? Por supuesto que no. La prédica sobre la importancia del diálogo, el consenso y la casa de todos es útil sólo en tanto éste sea la adaptación de la mayoría a sus concepciones políticas, doctrinarias, culturales y morales.
Durante décadas el Opus Dei y el catolicismo más conservador tuvo retenidas las leyes de divorcio, la de aborto y la educación sexual en las escuelas -lo que ha convertido nuevamente en caballito de batalla de sus concepciones beatas de familia y educación-. Lo mismo en cuanto a su singular concepción de la libertad de elección, en este caso respecto a los servicios de educación y salud, las que en el fondo son la coartada ideológica del principio del Estado subsidiario. Su intención ha sido todo este tiempo que queden las Isapres y las escuelas particulares subvencionadas por el Estado en la Constitución.
Otro punto en el que se ha manifestado en contra es lo que dice relación con derecho a huelga y negociación colectiva. Como dicen en el campo, “arrancar para adelante”. Dejar amarrados de manera todavía más sólida, las bases del sistema neoliberal. Claramente, la derecha apeló al diálogo mientras fue minoría, tal como lo hizo a o largo de los años noventa y que fue el dispositivo que le permitió contener toda reforma transformadora que pusiera en riesgo la hegemonía económica, política, social y cultural del empresariado y el resto de las clases dominantes y sectores hegemónicos.
Hoy día, en cambio, radicaliza posiciones, se pone más fundamentalista, más dogmática; más agresiva y provocadora. No tiene sentido verter lágrimas por su hipocresía. Por el contrario, es el momento de hacer explícito el contenido de clase que se disputa en la actualidad, los intereses representados en el Consejo Constitucional y emplazar a quienes la conforman a declararlos y reconocerlos explícitamente. También en lo que respecta a las iniciativas de Gobierno que van en beneficio del pueblo, que de acuerdo a cualquier análisis objetivo son bien valoradas por la población y coinciden con sus necesidades, como el alza del salario mínimo; la reforma del sistema previsional y el fin de las AFP´s; la reforma tributaria, la ampliación de la negociación colectiva, etc.
En la misma medida debieran sincerarse las posiciones de los que anteponen a sus posturas, el prefijo “centro”, lo que da para un fregado y un barrido, de manera que la definición que finalmente se deba adoptar en diciembre la exprese claramente y estos “centroalgo” puedan resolver sus contradicciones vitales de cara al pueblo. Los llamados al diálogo no solamente no tienen sentido sino que además ocultan la contradicción principal que agita a nuestra sociedad y de la que depende la posibilidad de una auténtica democratización del país o una involución autoritaria.