En los últimos días hubo quejas por la decisión de establecer nuevos Sitios de Memoria, lo que se agrega a la demanda de cierre del penal Punta Peuco, las dudas respecto a resultados del plan de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y la instalación del negacionismo que se pretende establecer en estos meses. Más allá de lo retórico o reflexivo, la efeméride se está dotando de contenido político e histórico controversial.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 26/5/2023. La exigencia de cerrar el penal de Punta Peuco este año, las dudas sobre resultados concretos que pudiera arrojar del plan de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, la controversia por el establecimiento de nuevos Sitios de Memoria, la decisión de las Fuerzas Armadas y Carabineros de no realizar gestos ni actividades en torno de la fecha, y la instalación de tesis negacionistas y relativistas, son algunos de los puntos de tensión que aparecen en torno de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende que se cumplen este 11 de septiembre.
La idea de abordar la efeméride en un tono reflexivo y con “una mirada de futuro” como dijo el comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, parece diluirse frente a la intensidad política del episodio histórico con, por ejemplo, graves consecuencias en materia de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y todo lo que rodeó la asonada militar que derrocó a un Gobierno constitucional en una operación de partidos políticos, gremios empresariales, medios de prensa, grupos de extrema derecha, embajadas extranjeras y altos mandos castrenses.
Más allá de lo retórico, lo banal, lo meramente reflexivo y lo esquivo, como se podía esperar, surgen en estas semanas puntos de tensión frente a la significación del medio siglo de un episodio traumático y deplorable en la historia de Chile.
Surgen situaciones que tienen que ver con el presente incidido aún por lo que fue el golpe de Estado y sus consecuencias, con claras heridas abiertas y temas sin resolver, y con la crudeza de lo ocurrido hace 50 años que marcó no sólo el derrocamiento de un Gobierno constitucional y democrático, sino el inicio de una dictadura civil-militar que produjo miles de muertos y desaparecidos y llevó al país a los peores índices de pobreza, desigualdad y deterioro de la calidad de vida de chilenas y chilenos.
¿Cerrarán Punto Peuco?
Uno de los temas instalados en el marco de los 50 años del derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular (UP) es la reiteración de la exigencia del cierre del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, que alberga en la actualidad a 129 exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Hace un par de meses surgió la versión de que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se habría instruido “en octubre del año pasado al director de Gendarmería, Sebastián Urra, a realizar los preparativos para anunciar el cierre del penal”. Sin embargo, la información fue desmentida por el titular de esa dependencia, Jaime Gajardo. “Quiero ser bien categórico al respecto. No hay ninguna instrucción formal o informal para el cierre de Punta Peuco que yo haya dado al director nacional de Gendarmería” sostuvo enfático Gajardo. Y para que quedara más claro, la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que ese asunto esté en la agenda del Gobierno en este año de conmemoración de la asonada golpista.
Inmediatamente surgieron las reacciones sobre el asunto. La diputada Lorena Pizarro, consultada por ElSiglo.cl, manifestó que “me parece importante que se ponga en el consciente nacional la necesidad de cerrar el penal de Punta Peuco”. “Voy a reiterar lo que por muchos años venimos señalando, en cuanto a que este centro de detención fue creado y construido para aquellos que no pudieron evadir la justicia”, planteó la congresista. La también ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), sostuvo que “Chile tiene una deuda enorme para con la verdad total y la justicia plena frente a los crímenes de la dictadura”. Enfatizó: “Me parece que una de las acciones, sin duda, tiene que ser el cierre del penal Punta Peuco”.
Consultado por El Siglo, Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, indicó que “el cierre del penal de Punta Peuco constituye una demanda histórica del movimiento de derechos humanos”. Explicó que “respecto al derecho internacional en materia de derechos humanos, y el ordenamiento jurídico constitucional que nos rige, cabe tener presente que el principio de igualdad está consagrado en la Constitución de (Augusto) Pinochet, y establece que en Chile no hay privilegio alguno, y en circunstancias que el penal Punta Peuco constituye en sí mismo un acto de discriminación respecto del conjunto de demás criminales que se encuentran agrupados, cumpliendo sus condenas, en recintos penitenciarios comunes”. Agregó que “todos los condenados por crímenes de lesa humanidad que están cumpliendo penas por sus gravísimos crímenes contra los derechos humanos, deben ser trasladados a un recinto penitenciario común”.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), manifestó que “en estos largos años nos hemos visto enfrentadas a mucha violencia psicológica y moral, que es el negacionismo, la bandalización de los Memoriales o Sitios de Memoria, la impunidad biológica, y por una justicia demasiada tardía. Uno de los hechos más violentos es hacer un penal especial y de privilegios para los autores de los crímenes de lesa humanidad, criminales que ya han recibido beneficios como bajísimas penas de cárcel”. Expresó que junto a las injusticias y falta de acciones en materia de derechos humanos (DDHH), “está el uso de los recursos de todos los chilenos y chilenas, incluyendo los de las víctimas y familiares de las víctimas, para tener un penal tipo hostal para estos criminales”. Añadió que ahí “siguen negando sus delitos, hacen fiestas y reivindican sus actos criminales, reivindican el no haber matado más comunistas, residen en verdaderos departamentos acondicionados, con baño propio, con regalías que la población carcelaria común no tiene, es una discriminación de clase frente a los delincuentes comunes”. Recordó que “hemos pedido, hemos exigido, nos hemos movilizado para el cierre de Punta Peuco, nos han prometido que se haría, como fue con la expresidenta (Michelle) Bachelet, y no han cumplido”. La presidenta de la AFEP fue enfática: “Sería un acto reparatorio que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric cerrara Punta Peuco. Es más, hoy exigimos que sea cerrado y no solo por las víctimas que sobrevivieron a la tortura, a la cárcel y por los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, sino también por la sociedad, ya que se necesitan señales de justicia reparatoria dignas y a la altura del daño causado”.
La diputada Carmen Hertz sostuvo que el recinto “debió cerrase hace mucho tiempo”. Planteó que “no es concordante con los estándares del derecho internacional y de los derechos humanos que criminales de lesa humanidad que han cometido los crímenes que más repugnan a la consciencia civilizada del mundo disfruten de una cárcel especial”. El diputado Alejandro Bernales planteó que “cerrar Punta Peuco es una deuda de reparación que han prometido varios gobiernos y es de esperar que esa palabra empeñada se cumpla”. El congresista Jaime Naranjo, expresó: “Creo que hay una demanda social y de justicia en materia de derechos humanos que hace imprescindible abordar este tema, de tal manera que yo llamaría al Gobierno a abordar esta situación porque creo que sería lamentable que estas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, hace 50 años atrás, sigan gozando de privilegios carcelarios que son una bofetada en la cara de los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, de los exiliados y de tanta gente que fue torturada durante la época de la dictadura militar”. Pedro Browne, ex diputado de Renovación Nacional (RN), colocara en Twitter: “¿Cómo se puede justificar que condenados por crímenes de Lesa Humanidad durante una Dictadura tengan un trato preferencial? Por qué el Estado debería mantener dicho privilegio?”.
En noviembre del 2022, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 67 votos a favor la moción de los diputados Carlos Bianchi, René Alinco, Jaime Araya, Marta González y Héctor Ulloa para reestructurar y cambiar el acondicionamiento y el funcionamiento de esa cárcel especial, sobre todo pensando en que allí llegaran delincuentes comunes. Pero en el Poder Legislativo hace tiempo que el tema no se aborda y estaría archivado.
El único momento en que se dio alguna señal desde La Moneda, fue cuando el Presidente Gabriel Boric declaró que “las cosas no se anuncian, se hacen”, ante una afirmación de la ministra de Defensa, Maya Fernández, en entrevista en El Mercurio, de que “el penal especial de Punta Peuco no debe continuar”.
Como sea, de acuerdo a abogados consultados, el Presidente de la República, mediante un decreto, y en trámite del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede determinar el cierre de Punta Peuco y se pueden efectuar cambios y reestructuraciones en el sistema carcelario. “El cierre, modificación, reestructuración de cualquier cárcel en potestad del Ministerio, del Gobierno”, dijo un jurista consultado.
Se recordó que el ex presidente Sebastián Piñera cerró el recinto especial de detención de exuniformados, Centro Penitenciario Cordillera, y argumentó la necesidad de respetar “la igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería”.
Por cierto, agrupaciones de antiguos oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, familiares de los represores y abogados ligados a los militares, llevan años oponiéndose al cierre del penal e inclusive llegan a sostener que llevar a los exuniformados a recintos del sistema carcelario sería una violación a sus derechos humanos.
La pregunta que salta es, ¿si Piñera cerró Cordillera por qué Boric no podría cerrar Punta Peuco?
En el Gobierno es un tema que se maneja con discreción y se seguiría la línea del mandatario en cuanto a que más que hablar, hay que tomar decisiones. Pero la incertidumbre persiste respecto a si se cerrará o no Punta Peuco en el marco de los 50 años de la asonada golpista.
La búsqueda de restos de más de mil detenidos desaparecidos
Otro tema de tensión que se apareció este año, a medio siglo del golpe de Estado, tiene que ver con la posibilidad de dar pasos concretos para hallar los restos de mil 159 chilenas y chilenos, detenidos desaparecidos, quienes fueron arrestados, torturados, ejecutados y hechos desaparecer por integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerzas Aérea, Carabineros y organismos represivos con la Dina y la Cni.
Esa es probablemente una de las consecuencias más dramática que perdura de lo que significó la toma del poder por parte de los altos mandos militares y policiales, con el dato no menor de que si no se encuentran esos restos de compatriotas, es porque las instituciones militares y policiales no han entregado la información necesaria y requerida.
Ahora, por decisión del Gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ideó y puso en marcha un Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada en dictadura, colocando expertos y funcionarios al servicio de esa labor, en coordinación con familiares de las víctimas, agrupaciones de derechos humanos y Sitios de Memoria.
Una tarea que puede aparece titánica, teniendo en cuenta la escasa o nula colaboración de las Fuerzas Armadas y Carabineros, con diversos problemas en los procesos judiciales, e información incompleta.
Como ejemplo de las circunstancias que existen actualmente, hay un dato en el documento sobre este plan, donde se señala que “actualmente, en los registros del Programa existen aproximadamente 573 Consejos de Guerra y se encuentra pendiente la respuesta de un oficio dirigido al Ejército de Chile mediante el cual se requirió copia de los expedientes de otros 396 Procesos Militares en Tiempos de Guerra. Existen cerca de 4000 expedientes de procesos militares en tiempos de guerra los que se encuentran en poder del Archivo General del Ejército de Chile, los cuales constituyen una invaluable nueva fuente de información para avanzar en el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos”.
Los ejes del trabajo tienen que ver con participación de familiares en la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega de los restos a los familiares de las víctimas; creación de registro único nacional de víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990; recopilación, análisis sistematización de documentos y archivos que contengan información sobre las circunstancias de desaparición de las víctimas; investigación del paradero de las víctimas y realización de trabajos para recuperar sus restos, identificarlos y entregarlos a sus familiares; investigación judicial por los delitos de inhumación y exhumación de las víctimas.
El asunto que tensiona esta situación, y más al cumplirse medio siglo del golpe militar, es si realmente habrá conclusiones, respuestas, hallazgos, avances, en el destino de los restos de más de mil chilenas y chilenos.
Las quejas y distancias de las FFAA y Carabineros
Los 50 años del derrocamiento del Gobierno del Presidente Salvador Allende es una efeméride complicada y cuando menos incómoda para las Fuerzas Armadas (FFAA) y Carabineros. Fueron sus altos mandos y tropas los protagonistas del suceso. Es así que todo está indicando que los altos mandos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros quieren mantenerse a la distancia de la conmemoración y no realizar gestos ni actividades en torno de la fecha. Es más, pareciera que lo que desean es que la fecha pase lo más rápido posible.
Extraoficialmente se sabe, de partida, que ven con malos ojos el cierre de Punta Peuco, aplican el criterio de que no tienen nada que reportar respecto a los más de mil detenidos desaparecidos, cuestionan que recintos militares donde se torturó, se detuvo ilegalmente y se ejecutó a ciudadanos, sean declarados Sitios de Memoria, y estarían por sumarse a la tesis de “no volver al pasado” y “mejor mirar al futuro”.
Esto está generando tensiones y nerviosismos en la relación de los comandantes en jefe con las autoridades del Ministerio de Defensa.
En esa línea, de acuerdo a lo que comenta extraoficialmente, en La Moneda quieren mantener mucho cuidado frente a los comandantes en jefe y evitar que se gatillen conflictos que trasciendan y generen algún problema político. Según fuentes gubernamentales, el Gobierno no pondría objeción en cuanto a que las FFAA y Carabineros se mantengan al margen de actividades de conmemoración del cincuentenario del golpe militar.
En estas semanas, como botón de muestra, se conocieron las versiones de enojo del Ejército -acompañadas de incomodidad en las otras ramas de las FFAA- por la declaración de Sitio de Memoria del Regimiento Nº23 de Copiapó. De acuerdo a versiones periodísticas, el propio comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, habría expuesto la disconformidad con esa decisión del Consejo de Monumentos Nacionales, y se habría esgrimido que aquello dejaría a ese Regimiento “expuesto en términos de seguridad e inteligencia” y no sería conveniente que el recinto militar se convirtiera en un espacio de visitas y actividades de civiles. Como está ocurriendo en otras situaciones, desde el Ministerio de Defensa no hubo una declaración formal ante la situación, pero el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, sostuvo que “no veo cómo esto atente contra la seguridad del Regimiento, y creo que se está armando un tema -no voy a decir artificial- que está fundado sobre bases que habría que conocer mejor”. La presiones del Ejército llevaron a que estén convocados al Senado la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el propio De Aguirre.
Por cierto, el Regimiento N°23 de Copiapó fue utilizado entre 1973 y 1976 como centro clandestino de detención, de tortura y de ejecución de ciudadanas y ciudadanos, al igual que decenas de otros recintos militares y policiales. Tal es así, que la información oficial registra 90 unidades militares y policiales declarados Sitios de Memoria porque allí se violaron los derechos humanos y civiles de miles de compatriotas. Esa situación, como colocar placas conmemorativas en cuarteles de las FFAA y Carabineros, quitar monumentos alusivos al golpe de Estado y a golpistas como Augusto Pinochet, José Toribio Merino y César Mendoza, han causado molestia en el ámbito de las ramas castrenses y de la policía uniformada. También se ha querido evitar la divulgación de documentos emanados incluso de los propios militares sobre los sucesos del 11 de septiembre y el período del régimen militar.
En una entrevista a El Mercurio, el jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, hablando de los 50 años del golpe de Estado, declaró que “no hay que quedarse anclados en el pasado. Veamos esto como idea de futuro. Acá los que estamos somos gente que prácticamente no vivimos ese episodio”. Planteó “ir cerrando, de a poco, el capítulo, en la medida en que se pueda, entendiendo lo que vivieron algunas personas”…
Negacionismo y distorsiones
“No tengo por qué pedir perdón por la obra del Gobierno militar” expresó en una entrevista el excandidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast, en la línea de ese sector y de la derecha chilena, en cuanto a no reconocer o relativizar lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y atentados a la democracia que ocurrió desde la asonada militar y durante la dictadura civil-militar. Desde agrupaciones de derechos humanos, sectores progresistas y de izquierda, desde organizaciones sociales, se ha denunciado en estos meses que la derecha, la extrema derecha, la familia militar y esferas académicas conservadoras, se apuntará a tesis negacionistas respecto a lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 y los años del régimen militar.
En esa lógica, centros de estudio, medios de prensa, universidades, legisladores, partidos políticos, están instalando más el análisis de los tres años del Gobierno de la Unidad Popular que el suceso del golpe de Estado de 1973 con todas sus consecuencias y desde ahí establecer “la responsabilidad compartida” respecto el episodio golpista. La idea es no meterse directamente en el suceso puntual que se conmemora. “Nos quieren llevar a discutir lo que pasó con el Gobierno de Allende y no tratar el hecho concreto que fue el golpe de Estado, con sus promotores y actores”, comentó una legisladora.
Al mismo tiempo, se quiere evitar el análisis y recuento de lo ocurrido hace 50 años, planteando, primero, que “eso divide a los chilenos”, segundo, que “no debemos quedar anclados en ese pasado y debemos mirar el futuro” y tercero, que establecer hechos de lo acontecido es sostener “una verdad oficial” que no es conveniente.
En esa línea, por ejemplo, la actual consejera constitucional y presidente del grupo de derecha Evolución Política (Evópoli), Gloria Hutt, planteó que “a nosotros nos gustaría mucho más que esta conmemoración de los 50 años fuera un punto de encuentro y fuera una instancia para cerrar heridas y divisiones, para volver a conversar como ha ocurrido, por ejemplo en el acuerdo por Chile y que estuvimos en una mesa todo el arco político y hubo una armonía muy grande en la conversación”. Y el expresidente Sebastián Piñera sostuvo que “ante esta conmemoración hay dos caminos: revivir los mismos odios, o aprender de esos errores y buscar acuerdos para avanzar hacia un futuro”. Indicó que generaciones que vivieron el golpe y la dictadura “no tenemos derecho a transmitir a las generaciones futuras nuestras propias divisiones”, ni tampoco revivir odiosidades”.
También se está apelando a una suerte de relativización de los sucesos, aduciendo que informar y entregar antecedentes de los 50 años del golpe puede apuntar a “establecer una verdad oficial” y que todavía hay que transitar más tiempo para concluir sobre ese suceso y lo ocurrido durante la dictadura. El propio Piñera indicó que “no pueden haber verdades oficiales” y apuntó a que en este conmemoración se está partiendo “con un grave error, porque da la impresión que la democracia se derrumbó el 11 de septiembre del 73 y venía de muchos antes”.
Es en este marco que partidos y grupos de extrema derecha y de la derecha, la familia militar, entidades de exuniformados, asociaciones de empresarios, están planeando realizar conferencias y actividades para reivindicar lo que definen como “pronunciamiento militar” de septiembre de 1973, defender el actuar de las FFAA y Carabineros y destacar “la obra” del régimen militar y particularmente el desempeño del dictador Augusto Pinochet.
Todo lo cual se agrega a los evidentes puntos de tensión que se originan en torno de los 50 años del golpe de Estado.