Gabriela Farías, dirigenta de la FENPRUSS dijo que esos consorcios financieros “llevan años con millonarias ganancias generadas a partir del abuso hacia sus afiliados. Hoy, cuando se les pide algo mínimo como es cumplir la ley, se victimizan”. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que “no conozco otra industria regulada tan beligerante como las Isapres” y cuestionó que esas entidades privadas se hayan dedicado “a establecer una campaña del terror” frente a la resolución de la Corte Suprema de que deben devolver a los usuarios cobros irregulares. Diputados del PC, AH, FRVS e independientes llevarán al TC proyecto que metieron senadores de derecha para recalcular la deuda de las Isapres, en beneficio de ellas.
Santiago. Valparaíso. 19/5/2023. Persisten los llamados a que las Isapres -consorcios financieros de salud privada- asuman la resolución de la Corte Suprema en cuanto a devolverle a miles de usuarios los cobros indebidos en la prestación del servicio y que no haya un “perdonazo” para estas entidades privadas que, primero cargaron un gasto irregular a chilenas y chilenos, y ahora se niegan a asumir esos costos, incluso amenazando con desaparecer.
Integrantes de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud realizaron una manifestación durante la semana frente al edificio de la Asociación de Isapres en rechazo a la posición asumida por las aseguradoras y demandaron que cumplan con el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las instituciones que devuelvan lo que cobraron en exceso por la diferencia en el uso de tablas de factores a sus afiliados. “No al perdonazo, no más lucro en la salud”, fue la consigna levantada por funcionarios y profesionales de la FENPRUSS.
Gabriela Farías, vicepresidenta de FENPRUSS, llamó a que se cumpla con la decisión del Poder Judicial y pidió a los parlamentarios que no aprueben los proyectos de ley de legisladores de derecha que buscan perdonar las deudas. “Vinimos a exigir a las Isapres que cumplan el fallo de la Corte Suprema y a pedirle, además, al mundo parlamentario, que no entreguen un ‘perdonazo’, que no se aprueben estos proyectos de ley que pretenden dejar en la impunidad el robo sostenido por años y años y que en definitiva se les devuelva a las personas el dinero que ha recibido de manera indebida”.
Afirmó que “las Isapres llevan años con millonarias ganancias generadas a partir del abuso hacia sus afiliados. Hoy, cuando se les pide algo mínimo como es cumplir la ley, se victimizan y ponen al frente a las personas, diciendo que si las Isapres caen, todo el mundo va a ir a parar a las listas de espera, lo que es completamente falso”.
La dirigenta indicó que el proyecto de Ley Corta de las Isapres que planteá el Gobierno y apoya el oficialismo, es “un paso en la dirección correcta y para poder avanzar en una reforma a la salud que permita entregar la mejor calidad de salud a todas y todos”.
“Acá lo que se necesita es fortalecer FONASA para cubrir de buena manera las necesidades de salud de toda la población y que los seguros privados pasen a ser complementarios, de libre elección. Un seguro público fortalecido no solo permitirá mejorar la red pública de salud, sino también negociar de mejor manera con los prestadores privados para que quienes opten por atenderse en clínicas, lo hagan a precios razonables”, agregó la dirigenta de FENPRUSS.
En tanto, el grupo parlamentario que componen el Partido Comunista, Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social e independientes, anunció que llevará al Tribunal Constitucional el proyecto que presentaron legisladores de Demócratas y Chile Vamos, ambos de derecha, que busca rebajar la deuda de las Isapres con los usuarios producto del fallo de la Corte Suprema.
La decisión se da luego de que la Comisión de Constitución del Senado aprobara esa reforma constitucional, alternativa a la propuesta del Gobierno (Ley Corta) y que fue tildada como “salvataje” a las Isapres por diversos actores del oficialismo.
Sobre el trámite, el diputado Luis Cuello declaró que “hemos tomado la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional contra el proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado, que opera un salvataje hacia las Isapres y que altera lo resuelto por el fallo de la Corte Suprema”.
Añadió que “es un proyecto de ley que sin dudas invade las atribuciones del Poder Judicial, que modifica sustancialmente lo que la Corte Suprema ya ha resuelto y que, en consecuencia, es una norma que es inconstitucional. Por lo tanto, estamos preparando con nuestros abogados, un requerimiento para ser presentado en los próximos días ante el Tribunal Constitucional, para que ejerza control preventivo respecto de este proyecto”.
La diputada integrante de la Comisión de Salud, Ana María Gazmurí expresó que “como integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados apoyo absolutamente y respaldo la decisión de llevar al Tribunal Constitucional este intento desesperado de las Isapres, mediante la intervención de algunos senadores, de este salvataje totalmente inapropiado, pretendiendo pasar por alto un fallo de la Corte Suprema, infringiendo una norma que sigue vigente en la actual Constitución”.
“En Chile los fallos se cumplen, los delitos se pagan y esta es la señal que tenemos que entregar”, enfatizó Gazmuri.
Los senadores Ximena Rincón, Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea, Javier Macaya y Matías Walker, presentaron un proyecto alternativo al del Gobierno, con la idea de recalcular el precio de los planes de la Isapres de manera retroactiva para que se pague en servicio y no con la devolución de los dineros como lo estableció el fallo de la Corte Suprema. Eso es una ayuda directa a los consorcios financieros dueños de las Isapres a quienes, por lo demás, se les ha acusado de hacer lobby en el Congreso para defender esa industria monopólica privada y no asumir la responsabilidad ante cobros indebidos en los planes a los usuarios.
Como se sabe, los dueños de las Isapres se niegan a devolver lo excesivos e irregulares costos que le cargaron a miles de usuarios, no quieren acatar lo resuelto por la Corte Suprema, amenazan con cerrar esas entidades privadas en perjuicio de chilenas y chilenos y no terminan de asumir sus acciones de elevación de costos, por ejemplo, para mujeres embarazadas, para madres y padres que inscriben a sus hijos, para casos de enfermedades graves, siempre elevando los planes. Están cifradas en miles de millones de dólares las utilidades obtenidas por estos grupos financieros que manejan la salud privada en el país.
En ese contexto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que “no conozco otra industria regulada tan beligerante como las Isapres”, aludiendo a la postura asumida por esos consorcios privados en las últimas semanas.
Ante las críticas al proyecto del Gobierno para abordar esta crisis originada por las propias Isapres, el ministro indicó que “no es una solución fallida, sencillamente porque para cumplir la sentencia de la Corte Suprema se necesita modificar la ley y garantizar la continuidad del sistema, sobre todo, para proteger a los afiliados: la fórmula razonable es buscar una reforma legal para lograr un equilibrio”.
Cordero, en entrevista con el Diario Financiero, expuso que “las Isapres no han respondido una pregunta clave. ¿Cómo van a cumplir la sentencia? Es irresponsable por parte de la industria no dar una solución a sus afiliados. En cambio, se han dedicado a establecer una campaña del terror, basados en algo que me parece completamente impropio de una industria regulada: amenazar sobre la base de prestaciones que afectan a un grupo de personas”.
Apuntó que “la ironía de todo esto es que las personas que se verían afectadas son adultos mayores, gente con preexistencia, las madres con sus hijos recién nacidos, que son las que han alegado por una década que han sufrido un aumento desproporcionado en sus planes, personas que han triunfado en tribunales y que de no encontrar una solución legislativa para la implementación de la sentencia, serán las principales afectadas”.