Guillermo Lasso aplicó medida de cierre de la Asamblea Nacional cuando estaba a punto de ser destituido por una investigación de corrupción. En seis meses habrá elecciones y Lasso espera emitir decretos durante ese tiempo en materia laboral, previsional y financiera, que beneficiarán a grandes empresas y grupos financieros. La Conaie, calificó la decisión de “autogolpe de Estado encubierto, apoyado por botas y bayonetas”, y anunció la convocatoria a las comunidades y pueblos indígenas del país a desarrollar asambleas territoriales permanentes. EL PC ecuatoriano calificó la decisión del mandatario como “una arbitrariedad personal propios de un golpe de Estado al que concurrieron en apoyo inmediato el Comando conjunto de las FF.AA. y las fuerzas oligárquicas neofascistas”.
Agencias. Quito. 18/5/2023. Ecuador entró en una crisis política, social y económica ante la decisión del Presidente, Guillermo Lasso, de cerrar la Asamblea Nacional (Poder Legislativo), cuando estaba a punto de ser destituido por una investigación de corrupción. Esto significa que habrá elecciones en seis meses, y en tanto el mandatario podrá emitir decretos -que ya no pasarán por el Legislativo- en materia de pensiones, trabajo y finanzas que apuntarán a reforzar políticas privatizadoras en favor de la banca, grandes empresarios y grupos financieros.
El presidente, también banquero, optó por el cierre del Parlamento, algo contemplado en la Constitución ecuatoriana de 2008, ante la incertidumbre de no reunir los votos suficientes para salvar la moción de censura en el hemiciclo.
De acuerdo con partidos y legisladores opositores, los decretos que podrán emitir Lasso acrecentarán la situación de pobreza y desprotección de la mayoría del pueblo ecuatoriano y fomentarán el abultamiento de ganancias y capitalizaciones de grandes grupos financieros y grandes empresas.
El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, cuyo movimiento es la principal fuerza legislativa con 49 de las 137 bancas, tildó de “ilegal y de golpe de Estado” la decisión de Lasso.
“Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución”, indicó Correa, haciendo alusión a la ley que permite suspender la Asamblea Nacional. En efecto, desde la oposición política y movimientos sociales se indicó que no existe “la conmoción interna” evocada por Lasso y que actuó así porque iba a ser destituido.
Rafael Correa expresó también que “en todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su gobierno y sus legisladores de alquiler”.
Leonidas Iza, presidente de la mayor organización indígena del país, la Conaie, calificó la decisión de Lasso de “autogolpe de Estado encubierto, apoyado por botas y bayonetas”, y anunció la convocatoria a las comunidades y pueblos indígenas del país a desarrollar asambleas territoriales permanentes.
En tanto, el Frente Popular, una alianza de organizaciones de trabajadores, docentes, campesinos, estudiantes y mujeres, llamó a “defender en la calle los derechos y libertades que hoy están en juego producto de un dictadorzuelo”.
El Partido Comunista del Ecuador emitió una declaración señalando que el decreto emitido por Guillermo Lasso, denominado “Muerte Cruzada”, “es una arbitrariedad personal propios de un golpe de Estado al que concurrieron en apoyo inmediato el Comando conjunto de las FF.AA. y las fuerzas oligárquicas neofascistas que pretenden mantener el estado de hambre, miseria y crimen organizado en el país”.
El PC llamó “al pueblo ecuatoriano que junto con las reclamaciones constitucionales sobre este bochornoso acto ilegal a manifestarse públicamente en rechazo al pretendido golpe de Estado fraguado contra el Estado ecuatoriano”.
El correísmo y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), los principales promotores del juicio político contra Lasso, rechazaron que exista una grave crisis política e interna y cuestionaron la legitimidad del movimiento de Lasso, al que acusaron de usar la “Muerte Cruzada” para evitar una probable destitución.
La asambleísta Marcela Holguín, afín al expresidente Correa, aseguró que la “Muerte Cruzada” es “una medida extrema de un presidente desahuciado que se aferra al poder y se niega a irse a su casa para permitir que Ecuador resurja”.
Desde el miércoles, decenas de militares y policías impiden el acceso a la Asamblea Nacional, rodeando el lugar, y patrullan varias ciudades del Ecuador ante posibles manifestaciones.