La televisión se apresuró a hacerse eco del coro de vestales que rasgaban vestidura adelantando juicios, especulando e incluso haciendo acusaciones gratuitas de supuesta corrupción, irregularidades y dolo, cuestiones que hasta ahora no logran precisarse a nivel administrativo y menos penal.
José Luis Córdova. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 19/4/2023. Un rabioso anticomunismo se abalanzó contra la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, a propósito del fallido intento de compra de la exclínica Sierra Bella que, según la Contraloría General de la República, no debía adquirirse por una serie de observaciones legales y administrativas. La propia autoridad suspendió la negociación y ordenó sumarios contra los funcionarios involucrados y traspasó los antecedentes a la justicia para esclarecer definitivamente los hechos.
La televisión se apresuró a hacerse eco del coro de vestales que rasgaban vestidura adelantando juicios, especulando e incluso haciendo acusaciones gratuitas de supuesta corrupción, irregularidades y dolo, cuestiones que hasta ahora no logran precisarse a nivel administrativo y menos penal. En CHV Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez permitieron que el empresario -exalcalde y exministro de Piñera- Jaime Ravinet, atacara irresponsablemente al Partido Comunista, acusándolo de una “operación fraudulenta” por la política de salubridad de la alcaldesa. No faltó tampoco la voz del Partido Republicano y de otros sectores opositores.
Para variar, el viernes 14 recién pasado, los matinales de la televisión chilena entraron en cadena nacional para tratar mañosamente de desentrañar la fallida compra de una exclínica para beneficio de los habitantes de Santiago, refiriendo situaciones no aclaradas el mismo día en que Irací Hassler -en un gesto que la honra- anunciara la suspensión de las negociaciones para la compra del inmueble, el inicio de sumarios administrativos internos, solicitudes de renuncia al jefe jurídico y al jefe de planificación de la Municipalidad, así como el envío de los antecedentes a la justicia. Es decir, todo lo que en su mérito debe hacer cualquier autoridad responsable.
Pero los canales perseveraron en las acusaciones infundadas, sin permitir defensa alguna y, en el caso del propio vendedor de la propiedad y de la concejala Virginia Palma y la diputada y ex ministra de Salud, Helia Molina, les concedieron magnánimamente algunos minutos para realizar algunas breves aclaraciones y descargos ante la avalancha de inexactitudes y hasta supuestos delitos que se habrían perpetrado en la Municipalidad. Mientras se objeta la instalación de una clínica municipal en Santiago, se permiten otras en Las Condes y Ñuñoa.
Una vez más no se abrió un debate democrático al respecto y la teleaudiencia sólo se limitó a enterarse de una versión de los hechos: los dictámenes de la Contraloría y opiniones de adversarios políticos de la autoridad edilicia, como los concejales de oposición que, en su momento, aprobaron la compra. Todo indica que hasta ahora no se ha logrado acreditar dolo ni mala intención, ni mucho menos actos de corrupción, mientras la justicia toma el caso en sus manos.
Lo acaecido con la fallida compra fue profusamente “investigado” por reporteros de los canales y animadores de matinales que emitieron juicios atrabiliarios y apresurados en una situación que, naturalmente, atraía la atención de vecinas y vecinos de la capital que demandan el mejoramiento de la salud pública primaria, objetivo de la iniciativa comunal y de sus autoridades que fue desestimada por los “analistas” de un tema tan delicado y urgente como éste.
Entretanto, la televisión calla respecto a supuestas querellas y demandas que -se supone- están siendo tramitadas ante casos de corrupción municipal, como por ejemplo, en Vitacura, Maipú, Las Condes y otras comunas tras el vergonzoso traspié en Antofagasta, donde la exalcaldesa Karin Rojo logró escapar a Holanda y hasta ahora no se concreta su extradición. Mientras, Torrealba, Carter y Lavín viven tranquilamente sin ser siquiera convocados a declarar.
Poco se podía esperar de medios de comunicación en manos de empresarios interesados en el lucro y la desinformación, que minimizan las dificultades objetivas y acrecentando las desigualdades de la población capitalina, entregada al lucro a través de clínicas privadas y a los abusos de poder de corporaciones médicas, laboratorios, cadenas de farmacias y sistemas transnacionales de salud que dictan sus propias normas.
Tal como cuando el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se atrevió a innovar con una farmacia y una óptica municipales, Irací Hassler intentó instalar la primera clínica municipal, con el lamentable resultado conocido y mientras los canales de televisión sigue dándole las espaldas a las necesidades y demandas de la ciudadanía.
De otra manera no se explica el repudio que producen en las calles los reporteros de matinales que se presentan en casos de connotación pública: manifestaciones, violencia intrafamiliar, desalojos, hechos delictuales y otros donde la gente les manifiesta desagrado o se niegan a colaborar con testimonios, ante los prejuicios reiterados que manifiestan periodistas o animadores ex antes. La orden de los poderes fácticos en el bullado caso de la exclínica Sierra Bella fue clara: ¡Disparen contra la alcaldesa!