Raúl Zarzuri, director del Departamento de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) abordó la reciente y apresurada aprobación de leyes como la “legítima defensa privilegiada” que permitirá mayor prerrogativa a Carabineros para disparar y advirtió que “nos puede llevar a situaciones bastante complicadas de violaciones de derechos humanos”. Planteó que “uno no entiende que la derecha apriete el acelerador y saque esta ley express…pero no lo haga respecto a la reforma tributaria u otro tipo de leyes o mecanismos sociales”. En esa línea sostuvo que en la población “se percibe desprotección en seguridad pública pero también en seguridad social”. Cuestiono el “populismo penal” y apuntó que un esfuerzo real es avanzar en la reforma de Carabineros de Chile. El sociólogo se refirió a situaciones enrarecidas en todo este debate: “Uno se pregunta cómo es posible que un general director de Carabineros que se niega a declarar respecto a violaciones a los derechos humanos, logre que se decreten leyes que van en favor de mayores atribuciones” de la policía uniformada.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 1/1/2023. Con todo lo ocurrido esta semana en materia de seguridad pública, ¿en qué estado está la sociedad, la gente…?
La gente espera que el Estado entregue seguridades, la seguridad pública pero también seguridad social. Cuando eso no ocurre, tenemos serios problemas.
Hay una ciudadanía que se siente desprotegida, hay un sentimiento de desprotección, pero también tiene que ver con que los medios de comunicación exacerban los hechos de violencia y parece que todo estuviera desbordado. Hay medios escritos y los canales de televisión que juegan en contra en esto.
Se percibe desprotección en seguridad pública pero también en seguridad social. Eso es lo primero que diría.
Lo segundo, es que estamos viviendo transformaciones en la cultura delictiva, la ha cambiado en los últimos veinte a treinta años. Antiguamente conversabas con viejos delincuentes comunes, ellos tenían códigos que no se podían transgredir y diría que en los años ochenta se hicieron más débiles esos códigos y con la entrada incipiente del tráfico de drogas eso se acentúo y cambió el perfil del delincuente. Algo que fue cambiando fue el uso de la violencia reservada para ciertas situaciones y que se fue haciendo recurrente, con un aumento del tráfico de armas, y el poder de fuego de esas armas. También se produjo la globalización de la delincuencia y apareció el secuestro, el sicariato, la tenencia de armas, un aumento del narcotráfico y entonces nos enfrentamos a que la estructura jurídica en Chile se debía adecuar. En eso se inscriben situaciones como querer proveer, querer dotar a las policías, particularmente a Carabineros, de mayor armamento y de mayor prerrogativa para usarlo.
Un tercero elemento en este marco, son precisamente las prerrogativas a la policía. Y estamos en una situación bastante compleja porque se supone que se está otorgando a través de una ley express, cuando también nos hubiese gustado que se apretara el acelerador en leyes sociales, en políticas sociales que quiere implementar este Gobierno. Uno no entiende que la derecha apriete el acelerador y saque esta ley express con prerrogativas a Carabineros, con una vocación penal populista a la cual se sumaron sectores de la vieja ex Concertación, pero no lo haga respecto, por ejemplo, a la reforma tributaria u otro tipo de leyes o mecanismos sociales que permitirían avanzar en la disminución de las inequidades en Chile, que están en la base del tema de la delincuencia y la violencia. Lo que ocurre es que la delincuencia no es una causa sino que es un efecto de situaciones estructurales que vivimos como sociedad chilena y que no hemos podido resolver. Hay factores estructurales que deberíamos privilegiar para enfrentar la delincuencia, y esos factores son la pobreza, la desigualdad, las inequidades, el abandono de las escuelas.
¿En ese sentido, con estas legislaciones apresuradas e instalaciones de agendas severas, no se está evitando el camino más largo y difícil que es ir al origen de la delincuencia, del tráfico de drogas, del crimen organizado?
Evidentemente que sí, se está evitando un camino más efectivo. Siempre las leyes que se sacan tan rápido, que son cortoplacistas, tienen ese problema, que no van a lo estructural, al origen. Es pan para hoy y hambre para mañana.
Se está legislando sobre una situación en particular. Evidentemente que la muerte del carabinero y la carabinera en los últimos meses es algo lamentable y preocupante, pero no podemos decir que el país está en una situación desbordada, donde no haya ningún control, nosotros no estamos como en países de Centroamérica, regiones de México y en otros países. Tenemos bastante control policial y lo hemos visto, donde esos crímenes se resolvieron, donde hay muchos hechos donde policías repelieron asaltos o portonazos, donde hay más recursos, o en La Araucanía donde bajó la situación en lo que había hace un año o más. Creo que hace falta más Inteligencia policial, pero ha operado mejor esa Inteligencia en el último año.
¿No se está imponiendo un relato de la guerra, del “gatillo fácil”, de contestar con balas, un relato autoritario?
Hay algo de eso, pero hay que ver cuánto de eso viene de Carabineros, de la derecha y de posturas más extremas. La ley es “legítima defensa privilegiada” y en este país, como en ningún país, nadie puede tener privilegios de uso de la fuerza, salvo contextos muy graves que estén muy bien normados legalmente. Es que este populismo penal no se condice con la idea de igualdad ante la ley que debemos tener todos nosotros como ciudadanos, y los carabineros son ciudadanos, y nos guste o no, y sea controversial, los delincuentes tienen derechos, es propio de las sociedades civilizadas. Esto de dejar por ley esa prerrogativa del uso del arma, es algo muy peligroso y nos puede llevar a situaciones bastante complicadas de violaciones de derechos humanos, muchas de las cuales pueden significar que Chile sea llamado a organismos internacionales. También, como ocurre en Estados Unidos, eso nos puede llevar a un estado de crispación social. Si hay una crispación social que emergió en el estallido social y que hoy se mantiene sumergida, y evidentemente que hay que tener cuidado con esto de dar privilegios a Carabineros para usar sus armas.
Estoy de acuerdo en que se dé mayor armamento y de mayor potencia a las policías sobre todo para enfrentar el armamento y el poder de fuego que tienen los narcotraficantes y los delincuentes del crimen organizado, y para eso existen normativas y procedimientos. Pero ojo, que esos criminales compran y arriendan armas a grupos organizados y no se dice mucho de eso, que es un problema, el tráfico de armas, y hemos tenido casos donde esa venta o ese arriendo lo hizo personal de la policía uniformada.
A mí me parece que la lógica con que se está enfrentando es una mala lógica, y que debe pasar porque Carabineros viva un proceso de transformación, que tengan una formación mucho mejor que la que tienen actualmente, y eso significa intervenir la formación de Carabineros y entrar a la reforma de la institución. Aplicar la “legítima defensa privilegiada” en sujetos que no están bien formados, que no están bien preparados para el uso de una ley así, es bastante complicado. Es que recordemos los casos de montajes, de mentiras, en torno de personas que fueron lesionadas y asesinadas por policías, los casos de represión donde actuaron sin cumplir los procedimientos y después mintieron, quisieron engañar a la justica, y son casos de oficiales y suboficiales. Recuerdo a aquel general del Ejército que durante el estallido social le pidieron que sacara a los militares a las calles y dijo que era complicado porque los militares están preparados para la guerra, no para el orden público, y esa es una apreciación sobre el uso de la fuerza.
Uno escucha, como percepción quizá, que estas leyes al final le afectan más al ciudadano que al delincuente. Y que a los narcos, a los grupos del crimen organizado, a los delincuentes, estas medidas les dan lo mismo.
Es lo complicado. Porque está en eso el perfil que suele hacer la policía sobre los delincuentes, de cierto perfil social, el color de la piel, cómo se viste, en qué barrio está…
El territorio donde está…
Claro, y eso está probado, la policía y particularmente la policía uniformada, donde el tratamiento que da en el sector alto de la ciudad es distinto respeto a los sectores populares, es totalmente distinto. Entonces, claro, con estas leyes hay un sector de la población que no se siente bien, que se siente más inseguro. Además hay memorias colectivas que funcionan en determinados sectores y que recuerdan a la policía uniformada en varios episodios represivos y con muertes, y la recuerdan en episodios durante la dictadura. Recuerdan que durante el estallido social Carabineros actúo con una violencia desmedida, no fue gratuito que tuvimos unas 400 personas con pérdidas oculares, hubo más de dos mil denuncias contra Carabineros, y esa magnitud demuestra que eso responde a políticas de la policía uniformada. Puede haber casos exagerados y específicos, pero cuando el número de casos de víctimas y denunciados es de esa magnitud, en violaciones a los derechos humanos, abuso sexual y apremios, desnudar a menores, se puede ver como una política institucional. Por eso complica ver ahora esas leyes de prerrogativas y privilegios a Carabineros. La gente tiene memoria respecto al uso excesivo de la violencia y que se sigue repitiendo.
Mira, es preocupante lo que está ocurriendo, porque la ley no atiende los problemas estructurales de Carabineros pero sí le dan privilegios para mayor uso de la fuerza. Como dijeron el Instituto de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, abogados, estas leyes van a favorecer la violación de derechos humanos, la impunidad, se va a juzgar de antemano la calidad de los sujetos que se vean enfrentados a estas situaciones, y se advierte que habrá impunidad en daños a terceros, personales y bienes materiales. Quizá se desborden los apremios ilegítimos, así que hay que observar esto con preocupación.
En medio de todo esto hay una situación enrarecida con el general director de Carabineros…
Es algo inaudito, que una institución como Carabineros tenga a su general director, Ricardo Yáñez, imputado por hacer vista gorda por apremios ilegítimos que cometieron algunos carabineros durante el estallido social. Y se negó a ir a declarar ante la Fiscal, Ximena Chong, simplemente decidió no ir, decidió guardar silencio frente a la Fiscalía. Hay que recordar que él era jefe de Orden y Seguridad cuando se cometieron apremios y violaciones a los derechos humanos por parte de carabineros, él estaba a cargo directamente de esos funcionarios policiales. Uno se pregunta cómo es posible que un general director de Carabineros que se niega a presentarse ante la Fiscal que lo citó, que se niega a declarar respecto a violaciones a los derechos humanos, logre en tan poco tiempo que se decreten leyes que van en favor de mayores atribuciones de Carabineros, cuando uno de los hitos centrales del actual Gobierno y de muchos parlamentarios era la reforma de Carabineros y Yáñez no pone el acento en eso. Es un contrasentido que el general a cargo de la institución, que está imputado, que hace la vista gorda de casos de violaciones a los derechos humanos y apremios ilegítimos, hoy aparece como el salvador de la violencia y la delincuencia en Chile.