Dirigentas del mundo de derechos humanos, congresistas y abogados plantearon de nueva cuenta la necesidad de terminar con ese recinto donde están detenidos ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Presidente de la CChDH, Carlos Margotta, precisó que de acuerdo al derecho internacional y la Constitución, debe concluir ese privilegio y los presos deben trasladarse a penales comunes. “Me parece importante que se ponga en el consciente nacional la necesidad de cerrar el penal de Punta Peuco” dijo la diputada Lorena Pizarro. La activista de DDHH, Alicia Lira, expresó que se usan “recursos de todos los chilenos y chilenas, incluyendo los de las víctimas y familiares de las víctimas, para tener un penal tipo hostal para estos criminales”. En tanto, frente a informaciones de que el Gobierno habría decidido cerrar la cárcel especial para represores, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, precisó que “no hay ninguna instrucción formal o informal para el cierre de Punta Peuco”. Pese a eso, se apuntó a que este Gobierno tome esa medida. Desde la derecha se defendió la continuidad del recinto especial, algo reivindicado por la “familia militar” y simpatizantes de la dictadura, y se dijo que plantear esas demandas es “abrir heridas y divisiones” entre los chilenos y las chilenas.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 24/02/2023. En estos días se reactivó la exigencia de que sea cerrado el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, que alberga en la actualidad a 129 ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 17 años de dictadura.
La demanda se retomó desde el mundo de los derechos humanos (DDHH) y el legislativo, cuando en una nota del medio electrónico Ex Ante se indicó que desde la Subsecretaría de Justicia se “instruyó en octubre del año pasado al director de Gendarmería, Sebastián Urra, a realizar los preparativos para anunciar el cierre del penal el próximo mes”.
La información fue prontamente desmentida por el titular de esa dependencia, Jaime Gajardo, y la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que ese asunto esté en agenda.
Sin embargo, el tema quedó instalado. Inmediatamente salieron voces a reiterar la demanda de cierre de Punta Peuco, generándose, como en tiempos anteriores, polémica respecto al destino de este penal especial que fue construido durante el Gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruíz-Tagle, en la idea de no llevar a cárceles comunes a ex oficiales, suboficiales y subalternos condenados por ejecuciones, desapariciones, torturas, terrorismo de Estado y otros delitos.
La opción de terminar con ese recinto carcelario se aviva en el contexto de cumplirse 50 años del golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende, que fue el inicio de la dictadura que contabilizó varios miles de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, torturados, exiliados, encarcelados y relegados.
“En el consciente nacional”
La diputada Lorena Pizarro, consultada por ElSiglo.cl, manifestó que “me parece importante que se ponga en el consciente nacional la necesidad de cerrar el penal de Punta Peuco”.
“Voy a reiterar lo que por muchos años venimos señalando, en cuanto a que este centro de detención fue creado y construido para aquellos que no pudieron evadir la justicia”, planteó la congresista. Y advirtió que “hasta el día de hoy no nos da la certeza de que la condición carcelaria de esos criminales sea efectiva” en ese penal especial.
La ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), dijo que “Chile debe, sobre todo al calor de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar, empezar a hacerse cargo como Estado, y sus tres poderes, de todas las infinitas tareas pendientes que tenemos, para ir afianzando garantías de no repetición”. “Cumplir con el Nunca Más, y cumplir también con la cultura de respeto a los derechos humanos que se ha instalado en el resto del Planeta”, puntualizó la diputada.
Lorena Pizarro sostuvo que “Chile tiene una deuda enorme para con la verdad total y la justicia plena frente a los crímenes de la dictadura cívico-militar, y también en cuanto a los episodios de violación de derechos humanos vividos después del año `90”. En esa línea, enfatizó: “Me parece que una de las acciones, sin duda, tiene que ser el cierre del penal Punta Peuco”.
Consultado por este medio, Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, indicó que “el cierre del penal de Punta Peuco constituye una demanda histórica del movimiento de derechos humanos”.
Explicó que “respecto al derecho internacional en materia de derechos humanos, y el ordenamiento jurídico constitucional que nos rige, cabe tener presente que el principio de igualdad está consagrado en la Constitución de (Augusto) Pinochet, y establece que en Chile no hay privilegio alguno, y en circunstancias que el penal Punta Peuco constituye en sí mismo un acto de discriminación respecto del conjunto de demás criminales que se encuentran agrupados, cumpliendo sus condenas, en recintos penitenciarios comunes”.
Agregó: “De allí la necesidad de resguardar debidamente este principio, que no solamente está en la Constitución del ’80, sino que es un principio que se recoge del derecho internacional de derechos humanos. En consecuencia, todos los condenados por crímenes de lesa humanidad que están cumpliendo penas por sus gravísimos crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura, deben ser trasladados a un recinto penitenciario común”.
Margotta estableció que “una vez ubicados ahí, y de acuerdo a la propia reglamentación interna que rige en los recintos penitenciarios, la autoridad carcelaria tendrá que determinar dónde se ubican estos condenados a objeto de resguardar debidamente sus derechos como corresponde a cualquier reo, cuyos derechos y garantías deben estar resguardados debidamente tanto por la ley como por el reglamento carcelario”.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), manifestó que “en estos largos años nos hemos visto enfrentadas a mucha violencia psicológica y moral, que es el negacionismo, la bandalización de los Memoriales o Sitios de Memoria, la impunidad biológica, y por una justicia demasiada tardía. Uno de los hechos más violentos es hacer un penal especial y de privilegios para los autores de los crímenes de lesa humanidad, criminales que ya han recibido beneficios como bajísimas penas de cárcel ante crímenes abominables, como la tortura hasta la muerte de mujeres embarazadas y hacerlas desaparecer o tirarlas como basura al mar, como a Loreto Castillo en la costanera del Río Mapocho, o las medidas de prescripción, o privilegios de todo tipo”.
Expresó que junto a las injusticias y falta de acciones en materia de DDHH, “está el uso de los recursos de todos los chilenos y chilenas, incluyendo los de las víctimas y familiares de las víctimas, para tener un penal tipo hostal para estos criminales”.
Hablando para ElSiglo.cl enfatizó Alicia Lira: “Donde además siguen negando sus delitos, hacen fiestas y reivindican sus actos criminales, reivindican el no haber matado más comunistas, residen en verdaderos departamentos acondicionados, con baño propio, con regalías que la población carcelaria común no tiene, es una discriminación de clase frente a los delincuentes comunes”.
“Eso nos habla de una democracia clasista donde un general o un coronel tiene el derecho de contar con todas las comodidades, a pesar de que fueron lo que llevaron al exterminio de hombre y mujeres de este país”, recalcó la activista de derechos humanos.
Recordó que “hemos pedido, hemos exigido, nos hemos movilizado para el cierre de Punta Peuco, nos han prometido que se haría, como fue con la expresidenta (Michelle) Bachelet, y no han cumplido. Siempre hemos recibido justicia a medias”.
La presidenta de la AFEP fue enfática: “Sería un acto reparatorio que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric cerrara Punta Peuco. Es más, hoy exigimos que sea cerrado y no solo por las víctimas que sobrevivieron a la tortura, a la cárcel y por los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, sino también por la sociedad, ya que se necesitan señales de justicia reparatoria dignas y a la altura del daño causado”.
“Debió cerrase hace mucho tiempo”
En el mundo legislativo volvió también la demanda del cierre de Punta Peuco.
La diputada Carmen Hertz sostuvo que el recinto “debió cerrase hace mucho tiempo”. Planteó que “no es concordante con los estándares del derecho internacional y de los derechos humanos que criminales de lesa humanidad que han cometido los crímenes que más repugnan a la consciencia civilizada del mundo disfruten de una cárcel especial”. Añadió que “espero que lo que se señala en la prensa sea una realidad y el Presidente Boric adopte esa medida tan necesaria y tan postergada”.
En tanto, el diputado Alejandro Bernales planteó que “acá hay personas involucradas en violaciones a los derechos humanos y crímenes contra compatriotas” y que en ese marco, “cerrar Punta Peuco es una deuda de reparación que han prometido varios gobiernos y es de esperar que esa palabra empeñada se cumpla”. Agregó que “también esperamos que las instalaciones de Punta Peuco puedan ser modificadas para recibir reos comunes mirando el estresado sistema carcelario actual de Chile”.
El congresista Jaime Naranjo, hablando a la prensa, expresó: “Creo que hay una demanda social y de justicia en materia de derechos humanos que hace imprescindible abordar este tema, de tal manera que yo llamaría al Gobierno a abordar esta situación porque creo que sería lamentable que estas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, hace 50 años atrás, sigan gozando de privilegios carcelarios que son una bofetada en la cara de los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, de los exiliados y de tanta gente que fue torturada durante la época de la dictadura militar”.
Destacó el hecho de que Pedro Browne, ex diputado de Renovación Nacional (RN), colocara en Twitter: “¿Cómo se puede justificar que condenados por crímenes de Lesa Humanidad durante una Dictadura tengan un trato preferencial? Por qué el Estado debería mantener dicho privilegio?”.
Se sabe que desde las bancadas parlamentarias del Partido Comunista, el Frente Amplio, Acción Humanista, Partido Socialista, entre otras, se respalda el cierre de Punta Peuco y habría disposición a realizar gestiones e incluso legislar si fuese el caso para lograr ese objetivo.
En noviembre del 2022, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 67 votos a favor la moción de los diputados Carlos Bianchi, René Alinco, Jaime Araya, Marta González y Héctor Ulloa para reestructurar y cambiar el acondicionamiento y el funcionamiento de esa cárcel especial, sobre todo pensando en que allí llegaran delincuentes comunes.
“No hay ninguna instrucción”
Frente a la nota periodística de Ex Ante, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, salió a realizar el desmentido en un punto de prensa a la salida del Ministerio de Justicia. Quedaba claro que el Gobierno no tenía o no tiene pensado cerrar el penal de los represores.
“Quiero ser bien categórico al respecto. No hay ninguna instrucción formal o informal para el cierre de Punta Peuco que yo haya dado al director nacional de Gendarmería” sostuvo enfático Gajardo.
Sobre proyectos o labores orientadas a Gendarmería y que tienen que ver con los recintos carcelarios, el subsecretario indicó que “se han realizado visitas técnicas en prácticamente todos los establecimientos penitenciarios del país. Nosotros tenemos una situación cada día más compleja de población en nuestros establecimientos penitenciarios. Estamos evaluando ampliaciones, mejoras en nuestros servicios penitenciarios a lo largo de todo el país”.
Tácitamente hablando de Punta Peuco y la versión aparecida, apuntó que “no hay ninguna remodelación en curso. Hemos realizado visitas técnicas respecto a Colina 1, Colina 2 y tiene que ver con lo que decía antes. Nosotros tenemos una situación muy compleja en Santiago 1. Tenemos más de 4 mil personas para un establecimiento que tiene una capacidad para 4 mil internos. Tenemos una situación muy compleja en Colina 1, Colina 2 y, por lo mismo, tenemos que tratar de utilizar todos los espacios de nuestros recintos penitenciarios que nos permitan dar cuenta de la realidad que tenemos en los recintos penitenciarios del país”.
Ante la insistencia de reporteros sobre la posibilidad de cerrar la cárcel especial, Jaime Gajardo recalcó: “Le vuelvo a insistir. No he dado ninguna instrucción al director nacional de Gendarmería con respecto al posible cierre de Punta Peuco”.
Claro que quedó instalado de dónde salió la versión dada por Ex Ante. El medio apuntó a fuentes de Gendarmería. Todo indica que desde el ámbito de Gobierno no hubo información o filtración alguna sobre el asunto. Quizá porque el tema no existía.
Decisión presidencial
También se dijo en estos días en espacios extraoficiales, que una decisión como el cierre de Punta Peuco es de envergadura política, compromete al Presidente Gabriel Boric y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, tendría un impacto en el mundo de los derechos humanos y podría generar reacciones duras desde la derecha, por lo tanto, se ve complicado que se hayan efectuado gestiones ante mandos de Gendermaría.
Es un tema sensible que en La Moneda y en la cartera de Justicia y DDHH se trataría con mucha discreción.
El único momento en que se dio alguna señal desde La Moneda, fue cuando Boric declaró que “las cosas no se anuncian, se hacen”, ante una afirmación de la ministra de Defensa, Maya Fernández, en entrevista en El Mercurio, de que “el penal especial de Punta Peuco no debe continuar”.
De acuerdo a abogados consultados, el Presidente de la República, mediante un decreto, y en trámite del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede determinar el cierre de Punta Peuco y se pueden efectuar cambios y reestructuraciones en el sistema carcelario. “El cierre, modificación, reestructuración de cualquier cárcel en potestad del Ministerio, del Gobierno”, dijo un jurista consultado.
Se recordó que el ex presidente Sebastián Piñera cerró el recinto especial de detención de ex uniformados, Centro Penitenciario Cordillera, y de hecho, argumentó la necesidad de respetar “la igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería”.
A ese recinto llegaron ex uniformados condenados por casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, incluso por casos de corrupción, era considerado un penal especial, y fue cerrado por Piñera.
La pregunta que salta es, ¿si Piñera cerró Cordillera por qué Boric no podría cerrar Punta Peuco?
En medio de la demanda y la polémica, volvió a recordarse la versión nunca confirmada oficialmente o por la protagonista, de que la ex presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto para cerrar Punta Peuco el último día de su mandato.
El reporte extraoficial es que el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a colocar su firma en el decreto y obstaculizó el trámite que le correspondía a su dependencia y ante Gendarmería.
Carlos Margotta indicó que “la Presidenta Michelle Bachelet ordenó el cierre de Punta Peuco a través de un decreto que firmó el último día de su mandato, sin embargo, el ministro de Justicia de la época, Jaime Campos, se negó a firmar dicho decreto y, por tanto, el cierre ordenado, terminó en la nada”.
En un momento, Campos dijo a la prensa: “Yo lo único que sé y lo reitero: a la fecha, el Gobierno de Chile no ha adoptado ninguna resolución” sobre cerrar Punta Peuco. En declaraciones al diario La Tercera, el ex ministro sostuvo que esto “no puede ser un hecho caprichoso, tiene que obedecer a ciertas razones y hay que respetar ciertas reglas…”.
La derecha defiende Punta Peuco
Desde que se construyó, los partidos de derecha, la “familia militar” y sectores identificados con la dictadura y reivindicadores de las acciones represivas durante los 17 años de tiranía, defienden el recinto de Punta Peuco y las condiciones de privilegio para los ex uniformados detenidos ahí por delitos como torturas, ejecuciones, desapariciones, terrorismo de Estado, entre otras.
Agrupaciones de antiguos oficiales de las Fuerzas Armadas, grupos de ex generales y ex almirantes, familiares de los represores y abogados ligados a los militares, llevan años oponiéndose al cierre del recinto penal e inclusive llegan a sostener que llevar a los ex uniformados a recintos del sistema carcelario sería una violación a sus derechos humanos.
En estos días que se reabrió el debate sobre la continuidad o no de Punta Peuco, representantes de la UDI (Unión Demócrata Independiente), RN (Renovación Nacional), PR (Partido Republicano) y Evopoli (Evolución Política), salieron a defender la cárcel especial para represores.
Más aún, aprovecharon de continuar reforzando el relato en torno a los 50 años del golpe militar de 1973, en cuanto a que hablar del tema es “volver a dividir a los chilenos”, en la pretensión de que no se enfatice los niveles de violencia, represión y atentados a los derechos humanos que se cometieron a partir del 11 de septiembre.
Dirigentes y parlamentarios de la oposición salieron a saludar la información salida desde el Gobierno en cuanto a que no está contemplado el cierre de Punta Peuco, pero no dejaron de instalar su tesis respecto al golpe de Estado y la dictadura.
En esa línea, el presidente de la UDI, Javier Macaya, indicó que “esta decisión, si es que es correcta porque entiendo que no se ha entregado en forma oficial, demuestra de que hay algunos en el Gobierno más preocupados, en este año en que se conmemoran 50 años de fechas que dividieron a Chile y que polarizan a los chilenos, pretenden generar simbolismos como este para seguir dividiendo a los chilenos”.
Para personeros de la derecha, como de la “familia militar”, el cerrar el penal no es una medida jurídica, equitativa y justa, sino simplemente un acto simbólico, por tanto no tendría sentido realizarlo.
Gloria Hutt, jefa de Evopoli, dijo en CNN-Chile, que “a nosotros nos gustaría mucho más que esta conmemoración de los 50 años fuera un punto de encuentro y fuera una instancia para cerrar heridas y divisiones, para volver a conversar como ha ocurrido, por ejemplo en el acuerdo por Chile y que estuvimos en una mesa todo el arco político y hubo una armonía muy grande en la conversación” y apuntó que cerrar Punta Peuco generaría tensiones.
La diputada Ximena Ossandón (RN), que integra la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, citada por Radio Universidad de Chile, declaró que cerrar la cárcel de ex uniformados “empeora la realidad carcelaria cerrándose un recinto penal completo y generando más hacinamiento donde sean trasladados esos internos y, por otro lado, reabre heridas en una forma de revancha por lo ocurrido, entorpeciendo el camino de una necesaria reconciliación tras el quiebre de la democracia”.
Así las cosas, entre demandas y polémicas, se instaló el cierre del controvertido recinto penal especial. Del Gobierno depende que pase a ser parte de la agenda. Mientras tanto, los 129 ex uniformados condenados, continuarán en Punta Peuco.