Es la desmovilización del pueblo y sus organizaciones la que le ha dejado el campo libre a la reacción. A los nostálgicos de la democracia de los acuerdos o peor aún, a los fascistas que añoran un régimen dictatorial o algo parecido.
Hernán González. Valparaíso. 23/02/2023. La característica más llamativa de los acontecimientos políticos de los últimos dos años ha sido la ausencia del movimiento social y sindical.
Su irrupción ha sido más bien espasmódica y limitada en el tiempo. Por cierto, responde a causas profundas y a la acumulación de tensiones sociales que se explican por la creciente desigualdad y exclusiones sobre las que descansa el éxito de algunos, que van de la clase media alta para arriba. El resto vive del crédito usurero -porque los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes-; de negocios precarios que engrosan las cifras de la economía informal o que son unas nuevas formas de extracción de plusvalía basadas en la ilusión del self made man que se somete voluntariamente a la más despiadada sobreexplotación a cambio de un status aparente de emprendedor, tras el que se oculta un trabajador precario.
De vez en cuando, el pueblo se rebela dejando en evidencia las infinitas grietas que cruzan el modelo dando paso, luego, a las mesas, los comités y los paneles de expertos que se abocan rápidamente a parcharlas con papel maché, hasta que otro estallido las ponga en evidencia nuevamente. Ello, con su consecuente secuela de profundización de la desigualdad, destrucción del medioambiente, exclusiones y violencia.
¿Qué es lo que hace que entre estallido y estallido el movimiento social se repliegue y deje en manos de sus representantes profesionales la solución de los asuntos políticos, en lugar de tomarlos en las suyas para resolverlos definitivamente? ¿Por qué la propuesta de la Convención Constitucional, expresión de la diversidad de los pueblos de Chile y de la sociedad real, fue derrotada el 4 de Septiembre pasado?
Una de esas razones es el tipo de sociedad en la que vivimos, caracterizada por la separación del Estado y la Sociedad Civil. La Constitución del 80 lo consagra a través del principio de subsidiariedad no sólo como un orden natural sino además deseable. El Estado, entonces, actúa como modelando el tipo de sociedad al que, supuestamente, representa o expresa política, jurídica e institucionalmente, a imagen y semejanza de la concepción de mundo, los valores y los hábitos de las clases dominantes.
Por eso no es solamente un Estado de clase lo que contiene la Constitución que actualmente nos rige. Es una sociedad de clase, corrientemente denominada neoliberalismo. Un estilo de vida que se ha ido conformando como resultado de la destrucción del movimiento social y sindical; la reducción de la ciudadanía a una comunidad de consumidores; donde el individualismo y la competitividad -valores propios del empresario y el “emprendedor”- han sido elevados a la categoría de principio fundamental de la cultura.
A ello hay que sumar la precariedad de las condiciones de vida bajo el neoliberalismo, que los ha transformado prácticamente en movimientos reivindicativos o a lo menos, sujetos en los que la “particularidad” tiene más peso que la visión general del país en su constitución como movimientos sociales. Uno de los peores vástagos de esta condición de la sociedad bajo el predominio del neoliberalismo ha sido una chapucera concepción de su autonomía, según la cual poco menos que de una evolución natural de sus luchas emergerá la nueva sociedad, sin necesidad de que la “clase política” se inmiscuya.
El otro, que es en todo caso expresión de más o menos lo mismo, es el corporativismo estrecho, la mezquindad clasemediera que resume las luchas del movimiento social y sindical a las reivindicaciones económicas y de gremio de cada uno en particular, como si ellas sintetizaran a todas las demás. Y eso en el mejor de los casos.
En más de cuarenta años de predominio de neoliberalsimo, los movimientos sociales fueron expulsados de lo político y en no pocas ocasiones, hecho abandono voluntario. El aslamiento de la Convención Constitucional es una expresión (nadie la rodeó; nadie la defendió de los ataques obscenos de la derecha; nadie realizó cabildos “ciudadanos” ni llevó propuestas que no fueran on line) y también la situación del gobierno, que en no pocas ocasiones ha debido hacerse cargo de impulsar reformas que den cumplimiento a sentidas reivindicaciones del movimiento social en la más completa soledad, sin marchas, sin celebraciones, sin reconocimiento. Algo similar al gobierno de la NM.
Pero este orden de cosas no es natural. Como todo en la historia y la política, ha sido el resutado de la acción y de luchas de clases en que se lo ha terminado imponiendo por la fuerza. Que deje de ser así, depende de la práctica de todos y todas quienes están comprometidos con la democracia y la justicia social, sea desde el movimiento social o las organizaciones políticas. La democracia, la igualdad, la justicia social, no son órdenes que vayan a ser el resultado espontáneo o la evolución natural de la historia y la sociedad. Deben ser instaurados.
Y en tanto que va a ser el resultado de las luchas y las prácticas concretas de hombres y mujeres, trabajadores, pueblos originarios, pobladores, inmigrantes, jóvenes, viejos y niños, no va a ser un acontecimiento súbito ni la instauración de una nueva sociedad sino en su momento culminante. Pero para destacadas personalidades académicas, y también para algunos dirigentes sociales, mientras no se realicen los cambios de fondo -o como se dice vulgarmente, estructurales-, en realidad no se realiza ninguno efectivamente.
Es un razonamiento muy simple que elude, la discusión política efectiva, que consiste en adoptar una posición a favor o en contra de las tareas políticas del momento actual, mientras se espera cómodamente en las luchas autónomas y/o las reivindicaciones corporativas, que se realicen las reformas definitivas, la llegada de la nueva sociedad.
La culpa no la tienen los medios, ni la “clase política”. Es la desmovilización del pueblo y sus organizaciones la que le ha dejado el campo libre a la reacción. A los nostálgicos de la democracia de los acuerdos o peor aún, a los fascistas que añoran un régimen dictatorial o algo parecido. Es a dichas organizaciones, a los partidos de izquierda y a las alianzas que conforman el Gobierno a quienes les corresponde la responsabilidad de movilizar al pueblo y celebrar cada victoria sobre el neoliberalismo, cada conquista e ir conformando un movimiento popular digno de ese nombre.