Los insumos y conclusiones del Informe “Más amplitud, más voces, más democracia. Aporte para las comunicaciones del Chile que viene” elaborado por las universidades de Chile, La Frontera y La Serena, por encargo del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Una base sustancial para abordar decisiones, medidas y pasos para avanzar hacia un sistema comunicacional plural, equilibrado y equitativo, con un marco ético, garantizando la libertad de expresión y el acceso a la información. El vínculo de un sistema de medios sano con una mejor democracia.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 23/01/2023. Integrar una perspectiva intercultural y de género en el tratamiento de contenidos de los medios de comunicación, incorporar la alfabetización mediática e informacional, democratizar el espectro radioeléctrico, desarrollar protocolos que permitan prevenir, enfrentar y erradicar las situaciones de violencia de género que afecten a periodistas y trabajadoras de la comunicación, prevenir los discursos de odio en los medios, contar con protocolos para asegurar la protección de las y los periodistas en su labor profesional, fomentar medios de comunicación con responsabilidad pública y descentralizados que aseguren la representación de todos los sectores sociales, la participación pública y ciudadana, construir un código de ética para la labor periodística, transparentar y regular la publicidad estatal, definir un porcentaje máximo de recursos estatales a gastar en un medio de comunicación y crear una mesa de trabajo intersectorial para mejorar el acceso de la ciudadanía a la conectividad en todo el territorio nacional.
Esas son algunas de las principales recomendaciones generales que se expusieron en el informe “Más amplitud, más voces, más democracia. Aporte para las comunicaciones del Chile que viene” elaborado por las universidades de Chile, La Frontera y La Serena, en un trabajo promovido por el Ministerio Secretaría General de Gobierno que encabeza la ministra Camila Vallejo.
Un informe emanado de académicas y académicos de esas tres universidades, y que incluyó la participación de decenas de personas vinculadas a la temática de la comunicación social. Una labor bajo la premisa de que “la profundización de las democracias requiere de procesos de reflexión sobre la comunicación y de modernización de las políticas sobre la materia para garantizar la libertad de expresión de las personas y comunidades integrantes de las naciones”.
Las recomendaciones generales también establecieron “garantizar, a través de fondos estatales, el funcionamiento de espacios comunicativos mediáticos y no mediáticos que pertenezcan y estén dirigidos a población integrante de los pueblos indígenas, migrantes, comunidades LGTBIQ+ y otros sectores no visibilizados en la opinión pública”, “ubicar como observadores de derechos humanos a las y los periodistas y trabajadores de la comunicación, que cuenten con credencial reconocida por el Estado”, “implementar un observatorio internacional que vele por el cumplimiento de los estándares de acceso a la información y de libertad de expresión”, “financiar e implementar la ley n° 19.132, de Televisión Nacional de Chile, en lo que respecta al artículo 2, referido a explotar servicios de televisión, radio y plataformas digitales…ampliar el directorio en TVN de modo que las personas que lo integran aseguren conocimientos relevantes sobre la materia, la presencia del Estado y la sociedad civil” y “crear un sistema de financiamiento mixto que asegure el funcionamiento básico de los medios de comunicación públicos”.
Según se indicó, el análisis y las conclusiones se plantean “como un aporte al diseño de políticas que apunten a fortalecer la promoción de un ecosistema medial robusto, amplio y diverso. Todo esto, considerando dimensiones de análisis como la interculturalidad, perspectiva de género, educación y medios, derecho y acceso a la información, sistema de medios y democracia, medios públicos, medios comunitarios, ética periodística, democratización digital, entre otros aspectos”.
La ministra, Camila Vallejo, señaló que “queremos valorar y agradecer el riguroso trabajo realizado por las universidades, cuyos contenidos hoy se ponen a disposición de toda la ciudadanía. Este informe -fruto de una metodología de diálogo que incluyó a una diversidad muy amplia de expertos, actorías e instituciones- es el primero de muchos pasos que contribuyen a seguir fortaleciendo nuestra democracia, y garantizando los derechos asociados a la comunicación”.
La Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, indicó que “la reflexión sobre el sistema de medios de comunicación es también una reflexión, lo sabemos, sobre la democracia, y el derecho a la información y a la libertad de expresión son garantías esenciales. El actual ecosistema mediático, cada vez más complejo y fragmentado, tiene distintas implicancias para la ciudadanía. Por un lado, la información está más disponible y existen mayores fuentes de acceso y producción, pero por otro se genera un creciente ambiente de desinformación, donde las comunicaciones parciales o, derechamente, las noticias falsas proliferan en la esfera pública”.
La Rectora de la Universidad de La Serena, Dra. Luperfina Rojas Escobar, se refirió a la importancia de este convenio y al trabajo académico conjunto: “Desde la Universidad de La Serena, que representó el norte de Chile, a partir de esta iniciativa tuvimos la oportunidad y ciertamente la fortuna de ser artífices del diálogo, del debate y de una escucha certera y transparente propiciada por esta mesa, que nació como una importante instancia comunicacional de recepción de las voces de muchos chilenos y chilenas que desde distintas perspectivas opinaron sobre los medios de comunicación, la cultura, la identidad, la representatividad y el ecosistema medial en nuestro país. Así, ciertamente esta instancia se constituyó en una forma de compartir la labor que la Universidad de La Serena realiza en su territorio, aportando en materia de formación profesional, en investigación, innovación, creación y vinculación con el medio”.
El Rector de la Universidad de La Frontera, Eduardo Hebel Weiss, indicó que “es indispensable que el sistema de medios de comunicación que tenemos como país transite a la pluralidad, que pueda diversificarse, ampliarse y dar espacio a nuevas voces. Solo así podremos cautelar la libertad de expresión de opinión y el derecho a la información. Este es un escenario nuevo y propicio tanto para los medios de comunicación emergentes o alternativos y para quienes trabajan en el ejercicio del periodismo. Como universidad pública, estatal y regional tenemos el deber y también la convicción de utilizar todas nuestras capacidades para cuidar la democracia, promoviendo la participación de todas y todos los actores que conforman el tejido social chileno”.
La decana de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Loreto Rebolledo, planteó que “la libertad de expresión y el acceso a la información son temas centrales en la formación de nuestros estudiantes y de la investigación que realizamos, pues como universidad pública entendemos que nuestra labor debe orientarse a la promoción de derechos y la formación ciudadana. Por esta razón, nos parece muy importante la entrega de este informe, donde al análisis del ecosistema mediático se agregan recomendaciones sobre la necesidad de contar con una pluralidad de medios”.
El trabajo de levantamiento de información consideró la revisión de informes previos, jurisprudencia internacional y la experiencia y propuestas de sectores nacionales involucrados en el debate. Asimismo, incluyó la participación de profesionales y trabajadores del campo de los medios de comunicación, de organizaciones gremiales y el Colegio de Periodistas, provenientes de Santiago, regiones e internacionales. Para ello se realizaron 13 entrevistas grupales, además de cinco grupos de discusión, dos en la Región Metropolitana, uno en la Región de La Araucanía y dos en la Región de Coquimbo.
La coordinación del trabajo estuvo a cargo de la Universidad de Chile. El equipo de esa casa de estudios estuvo conformado por las y los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen: Dino Pancani, Ana María Castillo, Juan Enrique Ortega y Carolina Muñoz Castillo. Para el caso de la Universidad de La Frontera, el trabajo se realizó desde el Doctorado en Comunicación, con la participación de los académicos Bárbara Eytel y Carlos del Valle. En tanto, desde la Universidad de La Serena, el equipo estuvo conformado por académicos de la Escuela de Periodismo: Pablo Andrada Sola, Carolina Rodríguez Malebrán y Cristian Muñoz Catalán.
El informe quedó contenido en un texto de 80 páginas donde se analizaron temáticas de perspectiva de género, educación y medios, derechos y acceso a la información, sistema de medios y democracia, medios públicos, medios comunitarios, labor periodística y de comunicadoras y comunicadores, ética de los medios de comunicación, redes sociales, desarrollo y democratización tecnológica, periodismo y ciudadanía y comunicación digital, lo que incluyó reflexiones y recomendaciones.
Este fue un ejercicio de inédito de participación y aproximaciones a soluciones en torno del sistema comunicacional chileno, que demostró sus falencias y desafíos.