La acusación constitucional no prosperó y tuvo rechazo mayoritario en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Equipo “El Siglo”. Valparaíso. 19/01/2023. La mayoría de la Cámara Baja votó en contra de la acusación constitucional (AC) en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, promovida por legisladores ultraderechistas del Partido Republicano.
76 diputadas y diputados votaron en contra, 68 a favor y 6 se abstuvieron.
Antes, el pleno de la Cámara había rechazado la cuestión previa por 74 votos a favor, 72 en contra y 2 abstenciones. Ayer, la comisión legislativa que vio la AC contra Jackson, estimó por mayoría que no procedía.
Fueron fundamentales los argumentos de la defensa del ministro, representada en la abogada Claudia Sarmiento, en cuanto a que no existían motivos jurídicos y de afectaciones constitucionales que hubiese cometido Giorgio Jakcson.
Se llegó a hablar del comportamiento personal y el carácter del titular de Desarrollo Social y Familia y se insistió que las formas de comportarse o el carácter de una autoridad no son motivos para una acusación constitucional.
Legisladores de ultraderecha querían golpear al Gobierno con esta acusación y no lo lograron.
No pudieron demostrar acusaciones sobre compra de tierras irregular por parte de Conadi, presiones contra la ex Seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, supuestos retrasos en la implementación de las Oficinas Locales de Niñez y la invalidación de un concurso de Mejor Niñez.
El ministro Giorgio Jackson valoró que se analizaran de “los argumentos tanto del líbelo acusador como también de nuestra defensa y constatar que esta acusación no tenía ningún fundamento en derecho y que muchas veces se trataba de diferencias políticas que son legítimas”.
Comentó que “más allá de los argumentos de fondo para poder rechazar la acusación, también en la Sala se esgrimieron argumentos de corte político, que más allá de ciertos epítetos, recojo con humildad y para considerar algunas de las criticas que puedan servir para mejorar nuestra gestión”.
La ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, declaró que “teníamos fe en los parlamentarios, en su buena fe para que rigurosamente, en un análisis apegado al sentido que tienen las acusaciones constitucionales, hicieran una evaluación”.
“No hubo nunca mérito jurídico para interponer esta acusación. Quisiéramos agradecer a todos los parlamentarios que haciendo este análisis de buena fe, entendiendo que la acusación no es un arma para hacer puntos de crítica política, sino una herramienta para acusar a una autoridad cuando quebranta el ordenamiento jurídico”, manifestó Uriarte.
Hubo diputadas y diputados de la derecha y de la Democracia Cristiana que votaron en contra de la acusación constitucional contra Jackson.
La diputada Karol Cariola expresó que “la responsabilidad constitucional solo puede fundarse en hechos personales de la persona acusada debido a la gravedad de la sanción prevista, que significa la destitución y posterior inhabilidad del ministro. Ninguno de los hechos en que los acusadores fundamentan la acusación corresponden al ministro”.
Esto despeja un punto de tensión en la agenda política, sobre todo para el Gobierno, y significa un triunfo para al oficialismo.
Ahora viene, en todo caso, la AC contra la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, sobre todo a partir del episodio de indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric al final del año pasado.