“El nuevo Acuerdo es la revancha de los impugnados que, envalentonados, buscan anular la experiencia de la revuelta y despreciar la participación ciudadana”. “Cuando la iniciativa dejó de estar en la calle era de esperarse la clausura antidemocrática que han pactado este 12 de diciembre”. “Un grupo de partidos políticos e individualidades sin base social se arrogan el derecho a decidir sobre los pasos de un proceso constituyente”. “Es una muestra más de la desesperación de los poderes constituidos por articularse y fortalecerse”.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 15/12/2022. En un escenario de profundo debate a partir del acuerdo de partidos políticos y grupos invitados respecto a cómo desarrollar el “proceso constituyente” con miras a un nuevo texto constitucional, desde el movimiento feminista, de gran incidencia en los últimos años y respaldado por fuerzas transformadoras y de izquierda, se emitieron comunicados fijando una posición respecto a los contenidos de lo resuelto por las colectividades políticas.
Los siguientes son los textos íntegros de las declaraciones de la Coordinadora Feminista M8 y de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Comunicado frente al acuerdo por una nueva Constitución
Junto al resto del país nos enteramos de lo resuelto tras 98 días de negociaciones por los partidos políticos y sus invitados: el núcleo de la propuesta de una nueva Constitución será redactada por 24 personas designadas por el Congreso, a las que llaman “expertos”, quienes junto a una Comisión Técnica de Admisibilidad designada por el Senado tutelarán el trabajo de los 50 escaños elegidos en el próximo proceso constitucional. En este acuerdo, del que no somos parte nosotras, ni ningún sector del movimiento social, se definió ya el carácter del proceso. Entre la exclusión deliberada de los movimientos sociales, la mínima inclusión de pueblos originarios, la no inclusión del pueblo tribal afrodescendiente chileno y el inaceptable rol asignado a los designados, este proceso está fuertemente inclinado a repetir o empeorar el escenario institucional actual.
Si el proceso constituyente anterior estuvo marcado por la irrupción de la amplia movilización social, en impugnación a quienes han administrado la miseria estos 30 años, el nuevo Acuerdo es la revancha de los impugnados que, envalentonados, buscan anular la experiencia de la revuelta y despreciar la participación ciudadana, castigando y pactando un “nunca más” a la legítima aspiración popular de participar en la construcción de una nueva Constitución para el país.
El acuerdo impone la voz de una élite política y económica, entregándole poder de veto a los expertos designados. Quienes son responsables de nuestra precarización, elegirán a dedo a quienes tendrán la tarea de mantenerla, y serán ellos, los designados, los mismos de siempre, quienes vendrán a decirnos qué queremos y cómo tenemos que lograrlo. Este acuerdo es un atentado contra la democracia y nuestra memoria histórica. A casi 50 años del golpe de Estado, no olvidamos al último órgano redactor conformado por expertos designados: la comisión Ortúzar, responsable de escribir la Constitución ilegítima de 1980. Vuelve la democracia tutelada que nunca se fue.
Pero ni el conflicto social en curso ni el proceso constitucional se agotan en la discusión sobre los mecanismos de representación, en 100% electa o Mixta. Tampoco se agotan en la existencia de cualquier nueva Constitución. En última instancia, lo verdaderamente decisivo, tanto en el proceso anterior como en este, son las fuerzas sociales que inciden en los acontecimientos.
La Convención Constitucional logró en parte expresar un momento de irrupción popular y sus aspiraciones -esa es la razón por la que diversos movimientos sociales, entre ellos el feminismo, con su enorme potencia histórica, pudimos estar allí. En cambio, el Consejo Constitucional, la Comisión Experta y la Comisión Técnico de Admisibilidad expresan la prepotencia de las élites, así como la subordinación política que asumieron los sectores oficialistas tras la derrota del 4 de septiembre ante una derecha violenta, pero errática, dividida y sin proyecto alguno que ofrecer al país. Cuando la iniciativa dejó de estar en la calle era de esperarse la clausura antidemocrática que han pactado este 12 de diciembre.
Las amplias mayorías que con nuestros trabajos sostenemos al país, las empobrecidas, precarizadas y endeudadas, las madres y cuidadoras, las disidencias sexuales y de género, las trabajadoras sin fondos previsionales, las comunidades sin acceso al agua, las migrantes si derechos, las dueñas de casa sin casa, y todas quienes luchamos por erradicar la violencia de nuestras vidas, necesitamos una nueva Constitución, pero no cualquiera, sino una que recoja y brinde un marco capaz de resolver estas necesidades y urgencias. Ese marco constitucional no va a provenir, ya no provino, de los mismos que durante más de 30 años no han podido ni han querido cambiar la actual Constitución dictatorial.
Así como el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre no resuelve la crisis, este Acuerdo tampoco. Será en otros escenarios y conflictos abiertos, que ya aparecen y que seguirán apareciendo, en los que nos jugaremos las posibilidades de disputa de los movimientos sociales. Estos conflictos son indisociables del incremento de las ideologías de odio, en un giro autoritario generalizado, acelerado por la profunda desigualdad social, que reafirma las expresiones más brutales del patriarcado y del capitalismo depredador. Tenemos que prepararnos y para nuestra fortuna, en nuestro país hay al menos 5 millones de personas dispuestas a abrazar el No+ a la institucionalidad de Pinochet, a la precarización de la vida, y a los pactos por arriba.
Como feministas e integrantes del movimiento social nos llamamos a tomar colectivamente las tareas para organizar el porvenir que queremos. Nos urge reencontrarnos y recrear nuestras luchas para que no nos hagan olvidar las fuerza de la que somos capaces cuando estamos juntas y juntes. Hoy nos toca sostener y volver a dar un paso adelante en la lucha contra el dique neoliberal, racista y patriarcal, para sumarnos y activar todas aquellas instancias territoriales, comunicacionales, articuladoras y de movilización que nos permitan levantar, hoy como ayer, la fuerza popular que hará posible encarar las disputas por venir. En lo inmediato, nos llamamos a levantar juntas el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que luchan y el camino hacia el próximo 8M. Nosotras ya elegimos, la nuestra es una lucha que no calla ni cede hasta desterrar la injusticia. Ya hemos escrito un horizonte común, nos toca seguir caminando y construir esta, nuestra memoria de futuro.
Todas las semillas del pueblo florecerán.
Es un acuerdo ilegítimo
El acuerdo presentado el lunes 12 de diciembre por la élite política niega el descontento expresado en la revuelta social iniciada en octubre de 2019, que buscaba transformaciones profundas en el país.
Muy por el contrario, nace a espaldas del pueblo: un grupo de partidos políticos e individualidades sin base social se arrogan el derecho a decidir sobre los pasos de un proceso constituyente SIN considerar la voluntad popular expresada en el proceso eleccionario previo, ni tampoco la participación de otras voces y espacios.
Esta es una muestra más de la desesperación de los poderes constituidos por articularse y fortalecerse. Es un pacto entre las y los mismos de siempre, tal como fue el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, con lógicas ya conocidas: decisiones a puertas cerradas y elecciones a dedo.
Este acuerdo niega cualquier posibilidad de transformación.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.