Televisión Nacional es un Canal Público de comunicación audiovisual. Sin embargo, dista mucho de seguir los eficientes modelos de Argentina, Reino Unido, Francia, Italia o España y ni siquiera tiene un esquema original definido al respecto para garantizar genuina eficiencia.
José Luis Córdova. Periodista. Santiago. 06/12/2022. Legalmente en Chile, Televisión Nacional -y toda su red por el territorio- es un Canal Público de comunicación audiovisual. Sin embargo, dista mucho de seguir los eficientes modelos de Argentina, Reino Unido, Francia, Italia o España y ni siquiera tiene un esquema original definido al respecto para garantizar genuina eficiencia.
Desde la instauración del modelo económico neoliberal por la dictadura, TVN debió autofinanciarse y competir en el mercado con los demás canales de televisión privados, lo que entra en clara contradicción con los principios y conceptos básicos que asegurarían un medio público de comunicación.
Hay otras instituciones en nuestro país que tienen este carácter -como las universidades, que superan las 60 entidades privadas, mientras 27 son públicas a cargo del Estado-. En el pasado también existió un diario de ese mismo carácter, “La Nación”, eliminado duranteel Gobierno de Sebastián Piñera.
Todo indica que se hace indispensable realizar modificaciones a la normativa actualmente vigente, así como los objetivos, obligaciones, financiamiento y composición del órgano directivo de TVN. El experto académico Valerio Fuenzalida recuerda que la TV abierta chilena ha caído en menos de poderosos grupos económicos nacionales, como Mega -del Grupo Claro y luego Bethia-Falabella-, Canal 13 del Grupo Luksic; Time-Warner en CHV y CNN Chile, y un grupo mexicano a cargo de La Red. Este escenario obliga a TVN a competir con empresas privadas de enormes capacidades económico-financieras que ha relegado al único canal público al cuarto lugar en las preferencias de los televidentes.
El especialista indica que es necesario estudiar cuál puede y debe ser la emisión de servicio público de TVN que se concretice en una programación con determinados énfasis; hacia cuáles públicos destinatarios (con sus diferentes intereses y preferencias); cómo se financian los costos de producción de esa programación y las innovaciones tecnológicas indispensables. Para ello, es esencial una parrilla informativa, de entretención y formativa que incluya espacios culturales, pedagógicos de servicio público, que sirvan de esparcimiento y difusión de valores democráticos y equitativos.
Un punto trascendente es la estructura de la dirección superior en una empresa audiovisual pública de modo que su gestión sea pluralista, democrática, representativa de nuestra sociedad y satisfactoria para la mayoría de la teleaudiencia y que garantice y proteja el Derecho a la Comunicación con rango constitucional entre los otros derechos sociales.
Está claro que no existe un manual práctico con un esquema único ni modelos a seguir de acuerdo a otros países, pero obviamente debe considerarse el respeto a los DDHH, evitar el negacionismo, la impunidad y la discriminación.
Fuenzalida sostiene que la información (38.8%) y la ficción (40.6%) son los contenidos con mayor rating anual en la TV chilena abierta. Para reforzar el rol informativo se creó hace unos años el “Canal 24 horas”, que incluye algunos “debates” y programas de difusión sobre temas de salud, medioambiente, inclusión y también de actualidad política que, sin embargo, no reflejan la necesaria pluralidad, ofrecen muy poca segmentación y notoria parcialidad en las temáticas abordadas, casi con la misma uniformidad de los canales privados.
En general, las investigaciones televisivas se desarrollan en concordancia con la emotividad que despierta cada tema, mientras las entrevistas en pantalla adolecen de objetividad en el trato de los invitados con excesos de familiaridad y falta de respetos, con interpelaciones innecesarias y emplazamiento ante las autoridades y representantes populares. De este modo, el carácter “público” del tratamiento de las informaciones se asemeja al trato en los modelos particulares que defienden intereses claramente empresariales.
Habría que sumar a estas deficiencias que, en las escuelas chilenas de periodismo audiovisual, hay notorias fallas en los currículos que impiden la imparcialidad y siguen las pautas interesadas de los propietarios de los medios sin considerar aspectos éticos y de género, abriendo paso a odiosas exclusiones.
La necesidad de medios públicos de comunicación es inherente a una democracia sana y que conlleve una genuina libertad de expresión, terminando con el duopolio en la prensa escrita y la prominencia de las empresas audiovisuales extranjeras en el dial de la radiodifusión y en los canales de TV.