El detalle de los contenidos que explican la iniciativa del Gobierno para mejorar las condiciones de las y los jubilados, de las mujeres, de los sectores más vulnerables, y el fin de las AFP.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 12/2022. La reforma previsional que ingresó el 7 de noviembre por la Cámara de Diputados con urgencia simple, está en pleno proceso de presentación y explicación de su articulado ante los parlamentarios de la Comisión Trabajo por parte de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda Mario Marcel. El proyecto de 320 páginas, contiene varios informes: uno de impacto fiscal, otro de impacto regulatorio, de sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones y un informe de Sustentabilidad del Seguro Cesantía.
En todo caso, desde mucho antes de su presentación oficial han trascendido aspectos de su contenido dada la gran expectación que despierta en la población la promesa de resolver el problema de las bajas pensiones de los chilenos y chilenas. Este se ha convertido en uno de los temas de la agenda del gobierno del que más se está hablando en los medios de comunicación, porque se trata de una propuesta que promete mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados.
Para la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, quien lidera la iniciativa, “toda esta expectativa que hay detrás y toda esta pasión en el debate tiene mucho que ver con que tenemos ya dos oportunidades que se han perdido. Y esta tercera es una oportunidad histórica que es muy importante para el país poder sellarla en un pacto de pensiones para el futuro”.
Origen del problema
El problema de las pensiones en Chile tiene su origen en 1980 cuando en dictadura se creó el sistema de capitalización individual (Decreto Ley 3.500) que transformó el antiguo sistema de reparto de las Cajas, y aparecen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que rigen hasta ahora. En ellas obligatoriamente cada trabajador debe cotizar mensualmente el 10% de su ingreso imponible en una cuenta individual, más las comisiones por administración.
A 40 años del sistema de las AFP, el resultado ha sido un completo fracaso el que se verifica en las bajas pensiones que reciben las y los jubilados, hecho que dio motivo a innumerables declaraciones de protesta ciudadana que tuvieron su máxima expresión en el estallido social de 2019. Y con dos intentos de reformar el sistema previsional a cuesta, uno durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y otro en el último de Sebastián Piñera, la expectación es cada día mayor, así como la especulación e instalación de mitos y conceptos erróneos.
La inspiración
Chile es uno de los pocos países de la OCDE que tiene un sistema extremo con un pilar contributivo (en base a cotizaciones) exclusivamente en la capitalización individual, el que adolece de legitimidad por las bajas tasas de reemplazo que entrega y por las graves brechas de género que arrastra. Solo para dar un ejemplo: en agosto de 2022, la mediana de pensión autofinanciada fue de 194.560 pesos, es decir, más de la mitad de los pensionados chilenos queda por debajo de la línea de la pobreza en nuestro país, que para ese mes fue de 207.917 pesos.
Las pensiones tuvieron un leve incremento en 2008 cuando se incorporó el Pilar Solidario, destinado al 60% más vulnerable. En sustitución, este año comenzó a operar la Pensión Garantizada Universal (PGU), cuya cobertura es el 90% de las personas de 65 años o más. Su monto máximo es de 193.917 pesos. Aún con este complemento de la PGU, la mitad de los pensionados en Chile recibe menos de 317.386 pesos de pensión mensualmente, lo que resulta insuficiente para cubrir los altos costos de vida.
La nueva Reforma
La reforma previsional que el Gobierno presentó al país, no es fácil de entender de buenas a primeras, pero bien puede ordenarse en torno a tres ejes principales, cuyo principal objetivo, según declaró la ministra Jeannette Jara, es mejorar, de forma sostenible, las pensiones de los actuales y futuros jubilados.
Uno de los cambios más relevantes se relaciona con la creación de una nueva cotización del seguro social, completamente nuevo que hoy no existe. Este seguro genera una pensión que se agrega a la actual de capitalización individual, y que se forma a partir de la cotización del empleador de 6%. Se ha señalado, por parte de la autoridad de Gobierno, que este seguro social sacará a Chile del extremo en el que se encuentra actualmente en el marco de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los que cuentan en su gran mayoría con este pilar social en sistemas mixtos.
Esta nueva cotización se destinará a financiar el Fondo Integrado de Pensiones con Registro Individual, lo que significa que la persona sabrá en cada momento cuánto de ese ahorro colectivo es lo que le corresponde para el pago de su futura pensión.
Un segundo eje de la reforma propone fortalecer la Pensión Garantizada Universal con un incremento del monto desde los 193.917 pesos actuales a 250.000 pesos, y aumento de su cobertura.
Y el tercer eje es la reorganización industrial donde las AFP dejarán de existir. A cambio, se creará una entidad pública llamado Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) que invertirá de forma exclusiva el 6% de cotización patronal y que competirá con los nuevos gestores privados de inversión (IPP) por la administración del 10,5% de cotización del trabajador.
En resumen, se creará un verdadero sistema de pensiones mixto y tripartito, es decir, con tres fuentes de financiamiento: el aporte que hace el trabajador con sus cotizaciones en el pilar de capitalización individual del 10,5%; el aporte que hace el Estado con presupuesto fiscal a través de la Pensión Garantizada Universal de 250.000 pesos; y el nuevo aporte de los empleadores del 6% con el que se crea una pensión del Seguro Social mediante un Fondo Integrado de Pensiones con registro individual.
La pensión del seguro social
Ésta se construirá con los aportes que hayan realizado los empleadores, los que quedarán contabilizados en un registro individual del trabajador y que crecerán de acuerdo con una tasa de rentabilidad colectiva.
Esta tasa se fijará en base a estudios actuariales de tal forma que los ingresos y los egresos del sistema sean sustentables en el tiempo.
Así, ese equilibrio entre los ingresos y egresos del fondo se ajustan a través de esta tasa de rentabilidad colectiva, con lo que la tasa siempre será una cifra positiva e incluso cero, pero jamás negativa, como ocurre con la capitalización individual.
La pensión que entregará el seguro social dependerá del saldo que crece no por la tasa del mercado sino que por la tasa de rentabilidad colectiva del sistema.
La cotización del 6%
Gracias a esta cotización de cargo de los empleadores, los actuales jubilados tendrán un aumento en sus pensiones. Para hacer esta realidad posible habrá transferencias intergeneracionales que son de carácter transitorio, que es la garantía para mejorar las pensiones de los que se van a jubilar ahora, en los próximos años y los años cercanos y que no logren incrementar sus ahorros.
Se trata de un beneficio directamente relacionado con los años que las personas cotizaron, por tanto es un fomento a la formalización del empleo. Entonces, si la persona cotizó diez años, se le agregará 1 UF más de pensión que va a venir del Seguro Social.
Y es un seguro social porque beneficia a los que ya están pensionados y también a todos los futuros jubilados, porque se lleva un registro de este 6% en las cuentas personales de cada cotizante. Habrá una pequeña parte de esa cotización que funcionará con una lógica redistributiva, en que el 30% de ese 6% será para todos. Y con esta lógica se beneficiará más los trabajadores de menores ingresos, pero también los de ingresos medio quienes tendrán derecho a la pensión del seguro social. Para los cotizantes de menores ingresos será superior al 6%, y los sectores de ingresos más altos, una pensión que va a ser un poco inferior al 6%; pero todos mejorarán.
Beneficios a las mujeres
Esta es una reforma que tiene un importante enfoque de género que se traduce en el reconocimiento de las tareas de cuidados que la mujer ha entregado durante su vida laboral, situación que le ha ocasionado lagunas previsionales. Del mismo modo, se reconocen los cuidados por maternidad a través de un complemento a la pensión que se obtiene de la cotización del 6%. Este se suma al bono por hijo de la cotización individual del 10%, que creó la Presidenta Michelle Bachelet en el 2008. Entonces, con cargo al Seguro Social se crea un nuevo bono por hijo.
Esto operará a través de complementos al registro individual. En los periodos en que la mujer no cotice al 100% por encontrarse en algunas de estas situaciones, lo que va a hacer el Seguro Social Previsional es que va a simular como si ella hubiese cotizado en esos periodos, por lo que la laguna será cubierta por este complemento.
Para esto hay tres reglas: la primera es el complemento para la madre biológica o adoptiva. Por cada hijo nacido vivo o adoptado se van a registrar en la cuenta individual del Seguro Social, 24 meses de cotización por el 6% de la mediana de los ingresos imponibles de los cotizantes del mes de nacimiento.
El segundo es por cuidado de terceros, que se calcula sobre el 6% de la mediana del ingreso imponible del mes, correspondiente por cada mes dedicado al cuidado no remunerado de personas en situación de dependencia funcional severa o moderada. También tiene un máximo de 24 meses respecto de una misma persona cuidada. Después de pasar los 24 meses y empieza a cuidar a otra persona, el registro puede incluir esos otros 24 meses más por la segunda persona al cuidado.
El tercero es el complemento por lagunas previsionales por cesantía y que es similar a lo que ya ocurre respecto a la capitalización individual. Cuando se reciben prestaciones del Seguro de Cesantía, ya sea de la cuenta individual o del fondo solidario, se paga el porcentaje correspondiente.
Reorganización de la industria
Las AFP se terminan tal y como las conocemos hasta ahora. El cotizante ya no se enfrentará directamente con el ente privado con fines de lucro, porque para eso habrá un ente público, llamado Administrador Previsional Autónomo (APA) que entregará un servicio público y que estará a cargo del soporte y administración del servicio, cumpliendo tareas tales como afiliación, recaudación, cobranza, gestión de cuentas o pago de beneficios, entrega de cartolas, etc. Es decir, este APA estará de frente a la ciudadanía para el ejercicio de un derecho social. Este cambio es bastante radical y es el que más ha molestado a la industria de las AFP que ha levantado una campaña con el objetivo de desacreditar la reforma, a decir de la ministra Jara, porque se les “acaba el negocio”.
Las actuales AFP se podrán reconvertir en Inversores de Pensiones Privado (IPP) pero con giro único, perdiendo sus actividades de soporte, pero la ventaja que tendrán es que todo el stock del ahorro que ya manejan lo mantendrán. Si se transforman, se mantienen como IPP, de no ser así desaparecen y el stock de ahorros que administraban pasa a otro inversor, de acuerdo a la elección que haga el afiliado.
De todos modos, podrá haber muchas más IPP que las actuales AFP, porque se rebajan las barreras de entrada.