De repente las cosas parecen estar muy distorsionadas en este país. Colocan contra la pared a autoridades que en un contexto de altos niveles de represión, comprobados por al menos cinco organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, escribieron en Twitter acusaciones y cuestionamientos a Carabineros y militares, pero no se exigen disculpas y explicaciones al general director de la policía uniformada, a los altos mandos policiales y militares y autoridades de la época, y al Poder Judicial, por las más de 8 mil personas lesionadas, las 2 mil querellas por violaciones a derechos humanos, por las más de 400 víctimas de trauma ocular, por la muerte de trabajadores y jóvenes a manos de policía uniformada y militares y por 300 acusaciones de abuso sexual. Desde la derecha acusan de “mentiroso” al Presidente de la República por mencionar esos antecedentes y dicen que “las violaciones masivas a los derechos humanos son un invento” y que no son tales si no hay condenas. Mientras tanto, desde el mundo político llaman a “empoderar” a Carabineros, y se instala un relato de la violencia sobre todo destacando hechos vandálicos y destrucciones materiales, sin que los medios grandes, por ejemplo, hayan hecho un solo reportaje de las cientos de víctimas oculares, los 30 muertos o los trabajadores asesinados. “Me parece grave que la escala de valores esté tan trastocada” en el país, denunció la legisladora Lorena Pizarro.
Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 10/2022. Presidentes y dirigentes de partidos de derecha, columnistas y medios de prensa, criticaron al Presidente Gabriel Boric por aludir -en su discurso por los tres años de la revuelta social del 18 de octubre de 2019- a los abusos sexuales que cometieron agentes del Estado en contra de manifestantes, sobre todo mujeres y jóvenes.
Unos se fueron por el lado de que esos episodios nunca ocurrieron, y otros por el lado que en tanto no hubo condena, no se puede hablar de delito…
Por ejemplo, las diputadas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, Marta Bravo, Natalia Romero y Marlene Pérez, oficiaron al Ministerio Público en contra del mandatario, porque según ellas, en el marco del estallido social hubo sólo 67 denuncias de abuso sexual pero “al no estar acreditadas las acusaciones” y no existir sanciones de los Tribunales, esos hechos no ocurrieron. Y defendieron el actuar de Carabineros en 2019. Las diputadas de la colectividad de derecha expresaron que “lo que ha hecho el Presidente Boric es absolutamente grave, porque da por sentado que hubo casos de abusos sexuales supuestamente cometidos por funcionarios policiales, sin que existan condenas al respecto”.
El ex oficial de Carabineros y ex ministro de Defensa de la administración se Sebastián Piñera, Mario Desbordes, afirmó que el Presidente de la República “miente, tiene que disculparse”, y enfatizó que lo dicho por el mandatario sobre abusos sexuales durante la revuelta “es falso, es injurioso”.
En contraste con esas afirmaciones, el Fiscal Nacional (S) Juan Agustín Meléndez, informó a la prensa que “por violencia sexual en el contexto del estallido social, más menos estamos manejando una cifra de 300 causas, de las cuales a la fecha tenemos una con un juicio oral desarrollado con una sentencia condenatoria y tenemos otra causa en estado ya de para juicio oral para el mes de noviembre en la Región de O’Higgins”. Añadió que Tribunales emitieron condena por delito de abuso sexual en Arica. Se sabe de otro caso en la Comuna Pedro Aguirre Cerda, por violencia sexual contra un joven, donde quedaron en libertad los uniformados.
Confirmando la existencia de una extendida situación de estas circunstancias, el Fiscal Meléndez expresó que “el resto de la información en detalle, caso a caso, como estos es una información que ha sido difundida por la prensa, yo solicité a cada región para poder tener un contexto más preciso”.
Se agregan otros datos. Amnistía Internacional dio cuenta de 246 casos de denuncias de violencia sexual. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recopiló 133 casos de torturas y malos tratos por parte de agentes del Estado en 2019, entre ellos 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños. Un reporte de Human Rigths Watch, indicó que “Carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres”. La unidad especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público registró 258 denuncias sobre desnudamientos y violencia sexual; 67 denuncias de abuso sexual con contacto, 27 amenazas de cometer abuso sexual y 12 denuncias de violación y abuso sexual agravado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entregó un informe que estableció que se presentaron dos mil 520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo el país a finales de 2019, con tres mil 203 víctimas de vulneraciones, maltratos e inclusive agresiones sexuales, principalmente de Carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas.
Lo que ocurre, es que más del 90% de esos hechos no avanzaron en el Poder Judicial, Carabineros nunca colaboró, el Gobierno de Piñera escondió y omitió esos datos, y reina una impunidad que le permite a la derecha y personeros políticos, analistas conservadores y medios de prensa afines a la oposición indicar que el Presidente Boric no dijo la verdad al hablar de abusos sexuales durante la revuelta social.
Los datos reveladores que se quieren olvidar
Según los datos del INDH, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco del estallido hubo masivas y constatables violaciones a los derechos humanos y agentes del Estado cometieron diversos delitos, como crímenes, torturas, golpizas, torturas y atentados a derechos civiles de personas.
Las cifras hablan de más de 8 mil heridos, 2 mil querellas, varios muertos (fueron procesados militares por esos casos) y más de 400 víctimas de trauma ocular por acciones de carabineros, miembros de la PDI y miembros del Ejército y la Armada fundamentalmente.
De acuerdo con un reporte del INDH, se supo que dos mil 340 querellas fueron contra Carabineros, 97 contra el Ejército, 34 contra la Policía de Investigaciones (PDI) y varias otras contra la Armada.
A finales del 2019 se reportó que el Ministerio de Salud había realizado 12 mil 738 atenciones de urgencia “durante la situación de emergencia” entre el 18 de octubre y el 7 de diciembre. Según el INDH, en esos meses hubo mil 466 personas lesionadas por golpes e inhalación de gases lanzados por Carabineros, mil 554 heridas por perdigones y 198 víctimas de disparos.
Como síntesis dramática de tantos hechos, se podría mencionar los casos de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica que quedaron ciegos por disparos de bombas lacrimógenas y balines realizados por Carabineros; el asesinato por golpiza del trabajador Álex Núñez, a manos de carabineros en la Comuna de Maipú; la brutal golpiza de policías uniformados al joven Matías Soto en Puente Alto; la situación del trabajador Mario Acuña que quedó en estado vegetal después de ser agredido por Carabineros en Buin; y el crimen del joven ecuatoriano Romario Veloz, en Coquimbo, asesinado por personal del Ejército.
De todo eso no se quiere hablar y en los recuentos que hizo la prensa tradicional sobre el 18 de octubre, se exhibieron fotos de incendios en estaciones del Metro, saqueos y destrozos en supermercados y comercio, barricadas en las calles, incendios de lugares públicos e iglesias, y prácticamente no se reseñó nada sobre la treintena de muertos, los lesionados, las víctimas oculares y los reportes de entidades de derechos humanos nacionales e internacionales.
Con este marco, el diputado del Partido Republicano, de extrema derecha, Luis Sánchez, sentenció en el Parlamento que “las violaciones masivas a los derechos humanos son un invento”. Y enfatizó: “Por favor, que alguien me pueda citar un fallo judicial que establezca que existieron violaciones a los derechos humanos. Ya ha pasado tiempo para que haya sentencias judiciales”.
En esa línea, legisladores y dirigentes de los partidos del conglomerado de derecha Chile Vamos, llevan tres años negando la violación de derechos humanos durante el estallido social, la Subsecretaría de Derechos Humanos en la época de Piñera no elaboró ningún reporte ni jamás abordó el tema, el ex mandatario negó todo a pesar incluso de ser requerido judicialmente por crímenes de lesa humanidad, y desde la ahora oposición, la extrema derecha y voceros conservadores, se denostó a los organismos de derechos humanos del país y el extranjero.
Los altos mandos de Carabineros, de las Fuerzas Armadas y de la PDI hicieron caso omiso de los informes y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, negaron que se hubiesen cometido violaciones a los derechos humanos y violencia sexual y, por el contrario, reivindicaron su accionar represivo. Los pocos casos de procesados los asumieron como excepcionales y cometidos por ex funcionarios.
Es más, en estos días, la bancada parlamentaria de Renovación Nacional (RN), presentó una iniciativa para aumentar las penas en contra de quienes “cometan delitos graves” contra personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.
En las últimas semanas se produjo una avalancha de exigencias para que actuales ministros que siendo parlamentarios o parte del movimiento social en 2019 y 2020, pidieran disculpas y expresaran arrepentimiento por textos que colocaron en Twitter, haciendo acusaciones, críticas y denuncias por las acciones represivas de Carabineros y del Ejército. Eso llevó a que un ministro fuera a visitar al general director de Carabineros quien encabeza, por cierto, la institución más cuestionada y con más acusados y procesados por violaciones a los derechos humanos, y que no ha pedido disculpa alguna a la ciudadanía ni a las víctimas y, por lo demás, ha reivindicado su accionar represivo.
“Grave que la escala de valores esté tan trastocada”
En este escenario salieron sólo algunas voces a replicar el discurso que se instaló en estos días que distorsiona la realidad en materia de derechos humanos, destaca el relato de la violencia, empodera a los uniformados y promueve tácitamente la impunidad.
Lorena Pizarro, diputada del Partido Comunista y ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) -por cierto, en Chile siguen sin encontrarse los retos de más de mil detenidos desaparecidos- dijo ante la prensa que “me parece grave que la escala de valores esté tan trastocada, que se cuestione un tuit y no se mire lo que hay detrás de él.¿Le vamos a decir a Gustavo Gatica y Fabiola Campillai que cualquier tuit que hayan hecho respecto a quienes los mutilaron de por vida y los dejaron ciegos no corresponde? ¿O vamos a trastocar a tal punto los valores y el análisis del país en el que vivimos que invisibilizamos lo que pasó el 18 de octubre?”.
Sostuvo: “Hablemos y condenemos cuando Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas se vuelven en contra del pueblo. Eso es lo que pasó” en 2019 reforzó. Expresó que “no tiene nada que ver con la lamentable situación que pasó hace pocos días cuando un sujeto le pega en la cabeza a un Carabinero y muere, tiene que ver cuando la gente sale a manifestarse y Carabineros en lugar de conducir y ordenar esa marcha va y dispara, gasea, y provoca dolor al pueblo”.
Pizarro apuntó que “no vengan a transformar la historia porque cuando la historia se trastoca lo único que tenemos es constante dolor para el pueblo de Chile, para la inmensa mayoría”.
Entrevistada por Radio Universidad de Chile, la directora de Corporación Humanas, Mariela Infante, consideró “muy preocupante que de ciertos sectores se estén levantando estos discursos que son negacionistas derechamente”. Anotó que “la falta de justicia no tiene que ver con que no hayan ocurrido estos hechos, por el contrario, son fallas del sistema de justicia que el Estado de Chile en cumplimiento de sus obligaciones y también de las recomendaciones que hicieron tanto la Comisión Interamericana como el ACNUDH en su oportunidad, debía estar poniendo recursos necesarios, capacitaciones, equipos para realizar las pericias, levantar los testimonios, investigar oportunamente y para que estas personas puedan tener una reparación adecuada”.
La diputada comunista, Nathalie Castillo, declaró a los medios de comunicación que “en nuestro país, hace tres años se violaron los derechos humanos. De eso no tenemos ninguna duda, cuando hay agentes del Estado que vulneran la integridad de las personas existen crímenes de lesa humanidad, como las que vimos, traumas oculares, personas que quedan en situación de discapacidad y muerte, son delitos efectivamente de violaciones a los derechos humanos y en ello no nos podemos perder”.
Y apuntó “al débil avance en materia de justicia y reparación en los casos” de violaciones a los derechos humanos. Expresó que “lamentablemente hoy día nuestra institucionalidad no está preparada para llevar causas de derechos humanos dándoles prioridad y también tranquilidad a quienes se atreven a cursar este tipo de delitos. En nuestro país hace algunos días se dieron a conocer informes que respecto a las causas judiciales, sólo hay 50 formalizaciones de al menos 8 mil casos que llegaron a propósito de las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social, por eso pedimos que se pueda poner por parte del Estado mayor energía a avanzar y dar sentencias a quienes hoy día se encuentran lamentablemente cursando por estos espacios dolorosos de revictimización”.
También en entrevista con Radio Universidad de Chile, Fabiola Campillai expresó que “hoy la situación del país es la impunidad, las violaciones a los derechos humanos que no han tenido justicia a tres años del estallido. Todavía no tenemos esos derechos sociales que se llevaron a las calles y por los cuales se luchó”.
Recordó a las y los presos políticos de la revuelta social. “Hoy tenemos aún a nuestros presos políticos en las cárceles, en impunidad porque no hay justicia para ellos”, manifestó.
La senadora expuso que en octubre de 2019 “la gente salió a luchar por sus derechos sociales. Es una lucha que se ha llevado por la vida completa, es una lucha por la que hoy todavía no hay soluciones. Todavía no tenemos cambios, aún tenemos una salud pésima, no podemos darles a nuestros hijos estudios como quisiéramos, tenemos pensiones que aún no son suficientes para nuestros adultos mayores, tenemos un déficit habitacional tremendo y esas cosas no han cambiado”.
Sobre las exigencia a ministros y otras autoridades de pedir excusas por las críticas a Carabineros, Fabiola Campillai declaró que “ellos no deben pedir disculpas, los que realmente tienen que pedir disculpas es la derecha, los que han vetado nuestros derechos por décadas, que en su momento apoyaron la dictadura y después apoyaron a (Sebastián) Piñera en todo lo que fueron las violaciones a los derechos humanos. Tenemos que tener consciencia, historia, pensar en cosas más grandes, como tener justicia para nuestro pueblo, que haya verdad, reparación y las garantías de no repetición”.
El relato de la violencia
La idea de cubrir de palabras como violencia, vandalismo, delincuencia, saqueos, a todo lo concerniente con la revuelta social de 2019, surgió en la línea comunicacional del Gobierno de Sebastián Piñera, desde los departamentos de comunicaciones de Carabineros y las Fuerzas Armadas, de partidos y personeros de derecha, de antiguas y antiguos dirigentes de la ex Concertación y de analistas conservadores y vinculados ideológicamente a la derecha.
Nadie puede desconocer que el vandalismo tuvo expresiones importantes en el marco del estallido social, pero cubrir lo que fue la manifestación social y ciudadana con eso, parece otra cosa.
Un elocuente ejemplo de la instalación del relato de la violencia en la agenda nacional y en la mirada de lo acontecido el 2019, lo dieron los medios de prensa tradicionales y que tienen una línea editorial vinculada a las posiciones de la derecha orgánica. Basta revisar los titulares y espacios dados en estos días al tema de la violencia en los diarios y Portales Web de varios de ellos que, como suele ocurrir, fueron replicados como línea editorial y en comentarios en espacios informativos de radios y canales de televisión.
La revisión de diarios entre el 17 y el 19 de octubre de este año, constata que en portadas no hubo más de cuatro referencias a violaciones a los derechos humanos y casos de trauma ocular durante los sucesos de 2019, pero hubo más de una decena de referencias a violencia, vandalismo y saqueos. En páginas interiores, el 80% de notas fue sobre la “violencia desatada” durante el estallido social y la inmensa mayoría de entrevistados fueron personajes contrarios a la revuelta. Ese tono y relato quedó de manifiesto en la mayoría de espacios informativos de radios y canales de televisión.
Entre los titulares de diversos medios de gran alcance estuvieron algunos como que este 18 de octubre “la destrucción y los saqueos regresaron a las calles” y que se vivió un ambiente de disturbios, violencia y saqueos”. Se dijo que “cientos de encapuchados coordinados protagonizaron graves hechos de violencia”. En la mayoría de los medios se enfatizó el 17 de octubre que “Carabineros desplegará 25 mil efectivos”, como presagio de un día de violencia.
En los recuentos de la revuelta ciudadana de 2019 se destacaron “bitácoras de la violencia”, “el impactante incendio de Enel”, “la iglesia símbolo del vandalismo”, la historia de “barrios y comercios afectados por el vandalismo”, “cómo fue la jornada en la que la violencia, saqueos e incendios se apoderaron de las calles de Santiago”, “el violento sábado en regiones” y que “la gran mayoría de los delitos quedará impune”.
Usando sondeos de empresas privadas, algunas asociadas con los medios, se estableció que “casi el 60% de las personas cree que las protestas iniciadas el 18/O generaron efectos negativos para Chile” y que “la mayoría de chilenos dice que se instaló la violencia en el estallido social”. Se repitieron titulares con cuñas de voceros que opinaron cuestiones como que “es triste ver cómo el estallido nos dejó una ciudad más violenta” y que “uno de los principales problemas que dejó el estallido social fue la legitimación de la violencia”.
Fue nula la información o cobertura de la treintena de muertos, los 400 afectados por lesiones en sus ojos, las ocho mil personas lesionadas, los cientos de casos de denuncias de abuso sexual, las 2 mil querellas por violaciones a los derechos humanos que se puede manejar como saldo de lo acontecido hace tres años. Nada de eso existió en titulares, resúmenes, recuentos y relatos en los medios grandes.
Es más, ante el cuestionamiento al Presidente Gabriel Boric por afirmar que hubo abusos sexuales, la cobertura de medios se concentró en quienes acusaron de “mentiroso” al mandatario y dijeron que eso era falso. El Mercurio incluso hizo una nota con expertos destinada a relativizar o poner en duda la acusación judicial de violencia sexual, colocando énfasis en el caso de una carabinera condenada en Arica.
Es algo que puede ir en la línea de las tesis de promover “el miedo social” y el “terrorismo mediático”, pero que claramente apuntó a desvirtuar el hito de la revuelta ciudadana y sellarla como un momento de caos y violencia.