Las acciones que salieron desde el Partido Nacional, dirigido por Sergio Onofre Jarpa, Comando Rolando Matus y Patria y Libertad. Los demostrados vínculos con el Gobierno de EU, la CIA, el Ejército y la Armada. La labor desestabilizadora de gremios empresariales y patronales.
“El Siglo”. Santiago. 4/9/2023. Desde el 5 de septiembre de 1970, producido el día anterior el triunfo de Salvador Allende en la elección presidencial, fuerzas políticas, empresariales y gremiales de derecha, comenzaron a conspirar y planificar planes para, primero, impedir que el Congreso ratificara el 24 de octubre a Allende como jefe del Ejecutivo (debido a que no había obtenido la primera mayoría debía someterse a la votación en el Legislativo, frente a Jorge Alessandri, candidato del Partido Nacional, que había salido segundo), y luego, apuntar al derrocamiento de su administración.
Documentación de entidades gubernamentales y de Inteligencia de Estados Unidos (EU), investigaciones realizadas en Chile, archivos en instituciones públicas chilenas e investigaciones periodísticas, dan cuenta que en los planes y ejecución de operaciones para derribar a Salvador Allende, participaron el Partido Nacional, Comando Rolando Matus, el grupo paramilitar Patria y Libertad, el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, la estación CIA (Central de Inteligencia Americana) en Santiago, funcionarios de la embajada de EU en Chile, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Confederación de la Producción y el Comercio, Democracia Radical, personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros de militancia ultraderechista, la Confederación del Comercio Detallista y miembros conservadores de la Corte Suprema.
Un primer paso establecido por la derecha ante la victoria de Allende y su ratificación por el Congreso, fue buscar un arreglo con la Democracia Cristiana (DC), votar en contra del candidato ganador e imponer otra salida. El propio Jorge Alessandri, en una entrevista en El Mercurio, explicó la táctica: “Ésta consistió en que yo fuera elegido presidente en el Congreso pleno sobre la base de que no asumiera el cargo permitiendo así que el vicepresidente de la República, de acuerdo con la Constitución, llamara a una nueva elección y los que me apoyaron patrocinaron la reelección del señor Frei (Eduardo Frei Montalva)”.
Hubo, desde el PN, grupos de extrema derecha y militares, sobre todo de la Armada, protegidos y ayudados por agentes estadounidenses, una segunda opción, si Allende era votado a favor en el Congreso. Generar una situación de inestabilidad política y conmoción social que gatillara la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) que apuntara a desechar los comicios del 4 de septiembre y hubiera otra elección donde fueran juntos la derecha y la DC.
Ese camino se fortificó cuando se comprobó que el aspirante presidencial de la DC, Radomiro Tomic, y el comandante en jefe del Ejército, René Schneider, cerraron la puerta a salidas conspirativas, extremas y de fuerza.
Es así que agentes estadounidenses como militantes de derecha, dos generales del Ejército e individuos ligados a la Armada, planificaron y ejecutaron el asesinato del comandante en jefe del Ejército, René Schneider. Dos años después, militantes del PN y de Patria y Libertad, con miembros de la CIA y vinculados a la Marina, ejecutaron al capitán Arturo Araya, Edecán Naval del Presidente de la República.
En larga la lista de reuniones y acciones de corte sedicioso y conspirativo desde la derecha, se cuentan los encuentros de militantes ultraderechistas encabezados por el abogado Pablo Rodríguez y la fundación del grupo paramilitar Patria y Libertad; el visto bueno del presidente del PN, Sergio Onofre Jarpa, para que se creara el Comando Rolando Matus; los encuentros de empresarios agrícolas y de grupos financieros; las reuniones en septiembre en Washington entre el presidente Richard Nixon, el consejero de seguridad Henry Kissinger, el director de la CIA, Richard Helms, Agustín Edwards y el vicepresidente de la PepsiCola, Donald Kendall; la planificación de operaciones secretas de la CIA (Proyecto Fubelt o Track II); las conspiraciones de oficiales de las FFAA; los encuentros de la Cofradía Náutica; y reuniones de altos directivos de la ITT y el Banco Mundial para ahogar la economía chilena, entre otros episodios.
Todo derivó en millonarios financiamientos, entrega de armas, aportación de logísticas, respaldos de Inteligencia, de lo que fueron receptores El Mercurio, Patria y Libertad, oficiales castrenses, personeros del PN y la DC, dirigentes gremiales opositores a Allende y otras organizaciones y personajes. El objetivo: derrocar a Allende.
La activación gremialista y política desestabilizadora
Una de las movilizaciones que dio inicio a jornadas desestabilizadoras y de presión al Gobierno, se produjo el 1 de diciembre de 1971, con la denominada “Marcha de las Cacerolas Vacías”, liderada por mujeres adscritas al Partido Nacional y otros sectores de la derecha. De esa manifestación surgió el grupo opositor a Allende, “Poder Femenino”, integrado por mujeres del PN, la DC, Democracia Radical, y destinado a “luchar contra el marxismo” en representación de dueñas de casa y de madres chilenas. Ese grupo promovió la idea del golpe de Estado y efectuó varias acciones contra la administración allendista.
En octubre de 1972 se produjo quizá la ofensiva desestabilizadora más agresiva de parte de los gremios empresariales y patronales que buscaban el derrocamiento del Gobierno de la UP. El marco de paros y boicot de los últimos meses de ese año lo dio el “Plan Septiembre”, ideado por la CIA, dirigentes del PN y empresarios.
Lo principal fue el “paro de los camioneros” que duró tres semanas, provocando desabastecimiento, corte de carreteras, alentando hechos de violencia, y generando más conflictividad social y política. Contó, de acuerdo a documentos desclasificados, con al menos 2 millones de dólares de apoyo de la CIA.
Sumándose al boicot, se plegaron con paros y sabotajes a la producción, la Confederación del Comercio Detallista, la Confederación de la Producción y el Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, los Colegios Médico, de Ingenieros, Agrónomos y Abogados, el gremio de bancarios y se conformó el Comando Nacional de Defensa Gremial que jugaría un rol importante en la confrontación con la UP y el aplauso a la intervención militar.
El 22 de agosto de 1973, los legisladores de la Confederación Democrática, integrada por el PN y la DC, utilizando una mayoría relativa, dieron curso a una resolución en la Cámara de Diputados, declarando inconstitucional la gestión del Presidente Salvador Allende, e instando a los altos mandos militares y policiales a no colaborar con el Ejecutivo.
Fue y es considerada la carta política para dar luz verde al golpe de Estado: El texto contó con el respaldo jurídico de miembros de la Corte Suprema, el apoyo político de sectores empresariales y grupos financieros, la simpatía de oficiales golpistas y del Gobierno de Estados Unidos.
En toda esa historia tuvieron protagonismo fundadores, dirigentes y actuales militantes de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, como Sergio Onofre Jarpa (reivindicado estas semanas por los personeros de RN), Francisco Bulnes, Jaime Guzmán, Pablo Rodríguez, Alberto Cardemil, Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma, Víctor Pérez, entre otros.