Karen Cea, integrante de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, indicó que “esta derecha es una derecha pinochetista y cada cierto tiempo lo que hacen es ocultar lo que ocurrió, estar en silencio”. Estableció que la actual oposición en el contexto de los 50 años del golpe de Estado, “ha tratado de instalar su verdad respecto a la dictadura, y no la verdad sobre la desaparición, la ejecución de personas como política de terrorismo de Estado, la creación de recintos de represión y tortura”.
Maca Benítez. Periodista. “El Siglo”. Valparaíso. 21/9/2023. Hay declaraciones como las de la diputada Gloria Naveillán de que los crímenes de lesa humanidad, la violación a los derechos humanos, son “una leyenda urbana”, y que relativizan la violencia sexual ejercida hacia mujeres por la represión.
Los dichos de la diputada Naveillán son una muestra clara de los discursos negacionistas que tratan de negar el número víctimas, acomodar lo que es la realidad, negar y relativizar ciertos hechos. Es indiscutible que durante la dictadura en Chile se usó una política de violencia sexual como una política más del terrorismo de Estado, eso está en el Informe Valech, también están las causas judiciales, hay mujeres que han puesto querellas precisamente por violencia sexual en el Estadio Chile (hoy Estadio Víctor Jara), en Villa Grimaldi. Las compañeras han hecho un trabajo importante durante muchos años para denunciar, para pedir que se visibilice la violencia política sexual, ellas han pedido que se tipifique ese crimen. Han hecho un trabajo por vincularlo con las nuevas generaciones y a propósito de lo que ocurrió en el 2011 cuando se levantan los estudiantes y las estudiantes, empiezan a denunciar que Carabineros, que la policía utiliza los mismos mecanismos. Por eso se dijo que no puede ser una política de Estado la violencia sexual contra las mujeres.
Los dichos de la diputada Naveillán son bien miserables, no tienen ni una justificación, menos considerando los testimonios, los libros, el material audiovisual, toda la documentación formal que existe de violación a los derechos humanos y violencia sexual contra las mujeres de parte de agentes del Estado. Es indiscutible que eso es algo que ocurrió, no es una “leyenda urbana”. Yo creo que lo que hacen es negar como una forma de blindar a sus sectores y a sus ideas, pero creo que es impresentable también que sus actores y que la derecha no haya salido a denunciar y a condenar esos dichos.
¿Cuál es su opinión de levantar el secreto del Informe Valech?
Es una memoria histórica. Se dice que es revictimizar a quienes sufrieron torturas, vejámenes, es volver hablar de las torturas, de los vejámenes que sufrieron muchas personas, pero igual es un elemento importante para llegar a judicializar muchos de esos casos. En particular, lo que revictimiza a las compañeras es la impunidad, el olvido, el negacionismo, el cuestionamiento o la justificación. Creo que muchas de las compañeras quieren que se conozca la información. Hay esa posibilidad de mantener en reserva el nombre de las compañeras. En todo caso, hay que ser bien riguroso, revisar qué es lo que se hizo, qué es lo que firmaron y si firmaron consentimiento informado o no y trabajar con ellos, trabajar con la sociedad civil. La política pública tiene que trabajar con la sociedad civil, no puede ser sólo desde el Estado. Entonces, si queremos levantar el secreto, veamos, hablemos, conversemos con la organización, con las agrupaciones, con las compañeras, con los compañeros, respecto a sus testimonios. Sabemos que el derecho a la verdad es un derecho de la sociedad en su conjunto y el Estado tiene que asegurar que tengamos acceso a todo lo que ocurrió particularmente durante el periodo la dictadura civil-militar, pero también en todos los periodos históricos.
¿Qué opina de denunciar a los civiles que fueron cómplices del golpe de Estado y de la dictadura?
En este contexto de los 50 años del golpe de Estado, lo que la derecha ha tratado de instalar es su verdad respecto a la dictadura, y no la verdad sobre la desaparición, la ejecución de personas como política de terrorismo de Estado, la creación de recintos de represión y tortura. Quienes sostuvieron esa política no fueron sólo los militares, fueron civiles, empresarios, políticos.
La derecha lo presenta como polarizar el país, dividir el país, y es obvio, porque hay quienes condenan esos hechos y hay quienes no los condenan. Ellos, además de herederos de la dictadura, asumen una postura negacionista, no es una derecha como en otros países que ha enfrentado y ha generado oposición a las violaciones a los derechos humanos. Esas son diferencias básicas humanas, no son diferencias políticas o económicas respecto a tal o cual punto. Esta derecha es una derecha pinochetista y cada cierto tiempo lo que hacen es ocultar lo que ocurrió, estar en silencio, esto que vemos ahora es la derecha verdadera y que tratan de culpar las víctimas de polarizar el país, dividir al país, cuando en realidad lo que nosotros queremos hacer es que salga la verdad, que todos conozcamos lo que pasó. Nosotros nos vamos posicionar en tener como país un piso mínimo ético que diga que condenamos la violación de los derechos humanos, condenamos el terrorismo de Estado, condenamos una dictadura civil-militar criminal, y eso es lo que la derecha nunca va a hacer, y por eso salieron a defender a personajes como Sergio Onofre Jarpa, ministro del Interior de la dictadura que ordenó represión con consecuencias de muertos, heridos, detenidos y torturados. Lo triste es que la derecha más joven tampoco enfrenta esas situaciones, no dejan de lado a (Augusto) Pinochet y lo que representa, justifican el golpe de Estado.
Ojalá haya una derecha que abra una puerta a una discusión seria, sin negacionismo, para la construcción de una democracia fuerte, que tengan su base en la verdad, en la justicia, que no tenga el olvido como idea de la reconciliación y que pone toda la carga sobre las víctimas. Nosotros tenemos que perdonar, nosotros tenemos que aceptar esta supuesta reconciliación y, en realidad, si no tenemos verdad, si la derecha no entrega la información que tiene en relación a los crímenes cometidos, no hay ninguna posibilidad posible de instalar una sociedad en que realmente se encuentre esa verdad y que pueda construir para el presente, para el futuro, con la verdad, la justicia y el amor.
¿Qué piensa sobre la exigencia del penal de Punta Peuco donde cumplen condena los violadores de derechos humanos?
Siempre hemos dicho que lo que debiera pasar con Punta Peuco es que tenga el estándar de todas las cárceles del país, que tienen en general condiciones bien deplorables e inhumanas. Escuchaba a Consuelo Contreras del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) y hablaba de nivelar hacia arriba, nadie quiere que ellos vayan a una cárcel peor, sino que esa cárcel sea como las demás. Se presentó una idea de que Punta Peuco sea para embarazas y para madres con hijos pequeños y que no sea una cárcel exclusiva para violadores derechos humanos.
En el marco de la agenda legislativa sobre derechos humanos se presentó un proyecto de ley para crear Sitios de Memoria y que sean reconocidos y tengan resguardado frente a posibles destrozos o vulneraciones.
Los Sitios de Memoria, al ser lugares donde se violaron los derechos humanos, hay que preservarlos y cuidarlos. Trabajamos como red de Sitios de Memoria en particular con aquellos del 73 al 90, pero también hay otros lugares como donde fue asesinado Camilo Catrillanca, y hay que pensar en esos desafíos que existen como Estado respecto a cuáles van a hacer.
Centrándome en estos sitios del 73 al 90, creo que idealmente esta ley que nosotros hemos tratado de impulsar durante muchos años debiera hacerse cargo de tres ejes fundamentales: la preservación, el financiamiento para que los Sitios no se deterioren que es lo que termina destruyendo lugares, y la conservación de los Sitios con autonomía, es decir, que las organizaciones independientes del Estado pueden seguir desarrollando las líneas de trabajo que ellas han definido y que son distintas en todos los Sitios, algunos con focos en la memoria, otros con foco en la cultura, etc.
Entonces creo que esa ley efectivamente es un paso importante, un reconocimiento a una trayectoria de años y que ha estado sólo en manos de la sociedad civil y el Estado tiene responsabilidad, tiene obligaciones en materia de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición, y los Sitios de Memoria contribuyen a cada uno de esos ejes de la justicia transicional. Nosotros vemos con harta esperanza esa ley, que además tiene en su base nuestra propuesta. Va a ser importante el rol de las universidades, de los colegios, que los jóvenes y los estudiantes puedan visitar esos lugares y encuentren ahí actividades, el arte, la cultura. La ley es un primer paso que nosotros vemos como un reconocimiento del Estado que en la actualidad no tenemos.