“Tenemos un Fiscal Nacional cuestionado”

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El abogado de derechos humanos, Eduardo Contreras, recordó que agrupaciones de DDHH y feministas entregaron antecedentes críticos sobre Ángel Valencia e indicó que fue “bochornoso, inadecuado y acorde a las necesidades de la derecha” la designación de esa autoridad. El jurista planteó que “de ninguna manera” se pueden revertir los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, y resaltó que “ni siquiera la Contraloría General de la República tiene atribuciones para anular una definición presidencial de indulto”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 17/01/2023. El abogado de derechos humanos, Eduardo Contreras, no duda en señalar que todo el trámite para designar al nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia (en un tercer intento de nombramiento), fue “bochornoso, inadecuado y acorde a las necesidades de la derecha que es mayoría en el Senado”.

Agregó que Valencia, en definitiva, “fue elegido para seguir sirviendo a la élite de este país con una justicia de clase que es lapidaria y drástica con los más pobres y quienes ejercen el derecho a protestar, aplicando medidas restrictivas de libertad mientras se investiga y débil y obsecuente con los delitos de cuello y corbata a quienes se les condena a clases de ética”.

El nuevo Fiscal fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos, por el movimiento feminista por su defensa en casos de abuso y acoso sexual, por ejercer como asesor jurídico de la bancada de senadores de Renovación Nacional, trabajar como académico junto al ex ministro del Interior Andrés Chadwick en la Universidad San Sebastián (con quien cenó y se reunió en medio del proceso de designación), haber defendido al ex director general de Carabineros, Bruno Villalobos, en el caso del asesinato en 1985 del estudiante de la Universidad de Chile Patricio Manzano y mantener vínculos políticos y de amistad con personeros empresariales y de la derecha, lo que incluiría haber trabajado en una oficina de abogados junto al antiguo dirigente de RN y ex ministro de Defensa de Piñera, Alberto Espina y por estar vinculado a alcaldes de la derecha sometidos a procesos por corrupción, según se reportó en varios medios de prensa y por RRSS.

En esa línea, el abogado Contreras, indicó que “tenemos un Fiscal Nacional cuestionado por relevantes organizaciones de derechos humanos, como la Afep (Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos) y Londres 38, por su rol en la defensa del general Villalobos en el caso del dirigente estudiantil Patricio Manzano. Eso no parece suficiente para la sociedad chilena, pero tal vez los nuevos casos de corrupción que se están abriendo den cuenta de quién puso a cargo de la Fiscalía, los senadores de derecha. Traje a la medida para que nada cambie”.

El asunto de los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre pasado continúa en la agenda política, incluso con el dato de que la Contraloría de la República podría dictaminar algo en esta situación.

Para el jurista, “de ninguna manera se pueden revertir los indultos, el indulto es mucho más que un acto administrativo común y corriente, se trata de una facultad presidencial de carácter constitucional muy excepcional. Ni siquiera la Contraloría General de la República tiene atribuciones para anular una definición presidencial de indulto”.

¿Usted comparte que el trámite tuvo fallas, que hubo las llamadas desprolijidades?

No he conocido de antecedentes formales, reglamentarios que indiquen eso. Estará por verse lo que se demuestre ante la Comisión investigadora que se abrió en el Parlamento.

¿Cómo ve las acciones que está tomando la derecha en este caso?

Se trata de una actitud de obstrucción a todo lo que haga o diga el Gobierno democráticamente elegido. La sobre reacción y la preocupación por la seguridad de la ciudadanía y el rechazo a la impunidad de la derecha criolla respecto de las 13 personas indultadas, no se condice con la nula reacción de la derecha a los más de 4000 indultos del Pdte Piñera a narcotraficantes y sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

¿En qué pie deja todo esto la existencia y atribución presidencial de los indultos?

Considero que se debe mantener la institución del indulto, por su perspectiva política, más allá de la inevitable polémica en cuanto a las definiciones que se tomen.

El Presidente Gabriel Boric hizo un comentario sobre la condena al ex integrante del FPMR, Jorge Mateluna, y la Corte Suprema reaccionó enojada. ¿Cúal es su opinión de ese episodio?

Me parece que fue una reacción destemplada de parte del Poder Judicial, en especial en hacerla pública, ya que bien pudo haber dado a conocer su opinión al Presidente en una forma más discreta, interna. No es el primer Presidente que entrega una opinión respecto de un proceder judicial. Por lo demás, considero que existen serías dudas respecto del procedimiento investigativo y las definiciones adoptadas por los jueces de primera instancia en el caso del señor Mateluna. Es de conocimiento público la sanción uno de los Carabineros que fueron parte del procedimiento de detención, por falsificación de instrumento público, al adulterar el acta e informe policial que señala que Mateluna había sido reconocido por otro involucrado en el delito y mentir en su declaración durante el juicio. Este grave hecho junto a otras pruebas dan certeza que la condena a Mateluna no fue por su supuesta participación a un asalto a un banco. Fue en la lógica de la criminalización de quienes lucharon por todos los medios contra la dictadura.

El juez Mario Carroza dijo que hay más de mil 400 causas judiciales en marcha por violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990. ¿Qué apreciación tiene respecto a los procesos o casos pendientes en esa materia?

Hemos tenido una justicia lenta, parcial y con penas que no están acordes a la gravedad de los delitos cometidos. La verdad judicial en las causas por violaciones a los derechos humanos son un pálido acercamiento a la brutalidad cometida. La justicia 40 y 50 años después de los hechos no es justicia. La dilación en iniciar las investigaciones, la falta de actuarios suficientes, de recursos a la Unidad de Derechos Humanos de la PDI, la falta de recursos para el Servicio Médico Legal se confabulan para lo que estamos presenciando como “impunidad biológica”. Los victimarios están muriendo de viejos, sin cumplir condena, sin entregar antecedentes de lo que saben, manteniendo el perverso círculo de silencio. No obstante, hay que seguir empujando hasta la justicia plena, hasta saber de todas las víctimas, hasta una reparación integral. En ese sentido valoro el compromiso expresado por el Ministro Mario Carroza en cuanto a seguir hasta el final con todas las causas que investigan violaciones de derechos humanos.

¿Cómo ve la labor que hará el Ministerio de Justicia y DDHH para dar con el paradero de restos de más de mil detenidos desaparecidos?

Es un esfuerzo necesario que saludo y valoro, que está acorde a los compromisos internacionales en el ámbito de los derechos humanos que debe cumplir el Estado de Chile. Son pasos relevantes que se deben sumar a muchas más iniciativas en el aspecto judicial, policial, administrativo y político. Tenemos una imperiosa necesidad de una Política Nacional de DDHH que vaya más allá de planes y programas.

 

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