Los balines políticos que dispara la derecha

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Reuniones y gestiones de legisladores, dirigentes, abogados y constitucionalistas para acusar al Presidente Gabriel Boric, la ministra de Justicia y Derechos Humanos y el ministro de Desarrollo Social y Familia. La patada a la mesa de seguridad, priorizando por golpear a La Moneda.

Equipo “El Siglo”. Santiago. Valparaíso. 04/01/2023. Entre el viernes 30 y el sábado 31 de diciembre pasado, sin importar la proximidad de las celebraciones de Año Nuevo, legisladores, dirigentes y abogados de partidos de la derecha y la extrema derecha, se comunicaron vía celular y WhatsApp, molestos por los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a presos de la revuelta social de 2019 y al ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna.

De acuerdo a reportes informales de esas comunicaciones, que incluyeron algunos encuentros en cafés y oficinas, la idea era, primero, rechazar de manera categórica la decisión presidencial, luego criminalizar y no dejar de calificar de delincuentes a los indultados, y analizar la factibilidad de llevar adelante acusaciones constitucionales en contra del jefe del Ejecutivo y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

Entre los promotores de esa línea de ataque al Gobierno estuvieron esos días finales del 2022, el presidente de la UDI (Unión Demócrata Independiente), Javier Macaya, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, los diputados de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado y Frank Sauerbaum, con argumentos como que “el presidente Boric ha estado por sobre sus atribuciones al saltarse al Poder Judicial, creerse un emperador que está por sobre la justicia y encarando al Poder Legislativo, al tratar de presionar al Senado en una materia en la que el Poder Legislativo es amo y señor al momento de decidir”.

Se supo que desde el viernes y sábado pasado, los diputados contactaron a abogados y constitucionalistas para que estudiaran las bases técnicas y jurídicas de una acusación constitucional en contra del Presidente Boric, y que durante esta semana pudiera estar un documento a fin de comenzar a pedir firmas para concretar ese trámite. Algunos periodistas tuvieron acceso a una minuta preliminar.

Sauerbaum explicó que “efectivamente hemos encargado dos estudios jurídicos para analizar las medidas que se han tomado respecto de estos indultos y vamos a esperar que estos informes nos lleguen a la bancada (de RN), los vamos a exponer y ahí se va a tomar una decisión lo más ajustado a derecho posible. No queremos hacer una acusación política al voleo, sino que más bien ajustado a lo que la Constitución y la ley establece”.

En tanto, Meza confesó que “encomendamos a nuestros equipos estudiar los antecedentes porque, a raíz de lo que hemos conocido con las declaraciones del Presidente de la República, la Corte Suprema y el Ministerio Público, nos surge la duda de que quizás existirían argumentos para una acusación constitucional contra el Presidente de la República”.

La intención era disparar políticamente en contra del Presidente de la República, meterlo en una dinámica compleja y, según observadores del sector, reforzar un ambiente de golpeteo a la primera magistratura.

 

El plan de dos acusaciones constitucionales

Junto con eso, los legisladores y partidos de derecha continuaron, durante la última semana del 2022 y los primeros días del 2023, trabajando jurídica y políticamente la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Ríos.

Se pudo constatar que junto a eso, la prensa afín a la oposición, y articulistas, comenzaron a instalar la idea de inestabilidad, problemas, debilitamiento y acorralamiento de la titular de Justicia y Derechos Humanos, por situaciones de hace unas semanas y por los indultos, incluido un error en la presentación de los nombres.

El diputado de RN, Andrés Longton (RN), sintetizó la idea de la derecha para atacar a la ministra. “La guinda de la torta es (sic) estos indultos y además que se soltaron delincuentes peligrosos, que no solamente no tienen nada que ver con el estallido social, sino que tienen que ver con un largo prontuario policial, relacionado con robos con violencia, intimidación, lanzados y todo tipo de delitos, como es el caso del señor Castillo que lamentablemente incluyeron en la nómina por un error que no fueron capaces de reconocer”.

Jorge Alessandri, parlamentario de la UDI, anunció que su grupo legislativo resolvió “la presentación de una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por eventuales irregularidades en los decretos de indulto y eventuales infracciones a la ley en el otorgamiento de beneficios carcelarios”. “Entendemos que es una medida muy gravosa, que es una facultad que tiene el Congreso contra los ministros de Estado y contra el Presidente, pero en esta oportunidad creemos que lo más prudente es ejercerla contra la ministra por esta acción de los indultos y otros problemas anteriores” indicó Alessandri.

En tanto, esta primera semana del año, tomó curso la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, promovida por la extrema derecha a través de la representación parlamentaria del Partido Republicano. Se hizo un diseño de acusación a partir de casos de compras de tierras en zonas indígenas, funcionamiento del Servicio Mejor Niñez, vulneración del principio de probidad, y por acusaciones que realizó la ex Seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, por supuestas presiones en sus labores.

Esas señaladas faltas, fueron armadas por un equipo de abogados y funcionarios legislativos del ultraderechista Partido Republicano, donde al mismo tiempo se estableció como objetivo político, de acuerdo a informaciones extraoficiales, el golpear a Giorgio Jackson por su cercanía con el Presidente Boric y como una figura política de la actual administración.

El diputado Benjamín Moreno, del Partido Republicano, declaró que “hemos decidido presentar una acusación constitucional contra el ministro Jackson, por todo lo que ocurrió con la ex seremi de Desarrollo Social, sumado a graves negligencias y problemas que han tenido en la operación y en la implementación de distintas oficinas locales de la niñez y otros temas”.

“Creemos que existen demasiados temas pendientes que explicarle al país, como exigirle, por ejemplo, a una Seremi que vote ilegalmente por un proyecto sometido a impacto ambiental”, expresó el diputado Mauricio Ojeda, ligado a los republicanos.

Según fuentes en el Congreso, los republicanos habrían establecido acuerdos con parlamentarios de la UDI, RN y algunos independientes cercanos a la derecha, para tener respaldo en la acusación contra Jackson.

Este día se sorteó la comisión que verá la acusación constitucional contra el ministro,  integrada por Joaquín Lavín (UDI), Karol Cariola (PC), Clara Sagardia (IND-FA), Bernardo Berger (IND-RN) y Ericka Ñanco (RD).

La retirada de la mesa de seguridad

Cuando el 30 y 31 de diciembre se analizó entre personeros de la UDI y RN los indultos presidenciales, surgió la idea entre algunos senadores y diputados, de que era un momento para, junto con barajar la idea de la acusación constitucional contra el Presidente Boric e ir con todo contra la ministra Marcelo Ríos, presionar al Gobierno, emplazarlo, y en esa dirección se planteó pararse abruptamente de la mesa de negociación sobre seguridad pública.

En reuniones privadas, sobre todo en Santiago, y en comunicaciones por celular, fue prendiendo la idea de disparar contra La Moneda restándose de continuar participando de la mesa de seguridad. Era un golpe político y comunicacional fuerte. Era parte de sostener la ofensiva de la oposición en contra de la administración de Boric.

Eso, de acuerdo a personeros de derecha, implicaba también afectar a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en una línea desarrollada las últimas semanas de debilitar a la jefa de gabinete que está positivamente posicionada por su gestión al frente de la cartera de Interior.

El secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, declaró que “el anuncio del presidente Boric de indultar a 10 personas en minutos donde estamos desarrollando una mesa de seguridad por supuesto que pone un signo de interrogación muy importante respecto de cuál es la real voluntad del Gobierno”. Y emplazó al mandatario: “Presidente Boric, usted tiene que tomar una decisión, o está del lado de las víctimas, del orden público o la seguridad o está del lado de los delincuentes y la señal que usted está dando hoy día, la verdad es que da la impresión que tiene al menos una complicidad pasiva con combatir el crimen organizado y la delincuencia de la manera que Chile lo necesita”.

El senador Rojo Edwards, del Partido Republicano, expresó que “es indignante ver cómo el Presidente Boric y su Gobierno indemnizan e indultan a delincuentes e incluso a un terrorista. Los delincuentes celebran este fin de año con una verdadera fiesta y quiero decirle al Presidente Boric que no hay acuerdo posible en temas de seguridad si no cambia esta actitud pro delincuencia que está demostrando”.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que se bajaban de la mesa de seguridad por la falta de coherencia del Gobierno en la señal que se da con el indulto y la señal de impunidad que se genera” y opinó que era complicado negociar una agenda de seguridad “con un Gobierno que tiene un Presidente que en esto muestra una falta de coherencia total y falta de empatía con las víctimas”. Por los indultos, planteó que el jefe del Ejecutivo mostró “una falta de empatía con las víctimas, con las personas que han sufrido la delincuencia en carne propia los últimos años y tienen este tema como la primera prioridad”.

En definitiva, la derecha estableció una táctica de dejar tirada la posibilidad de establecer planes e iniciativas en favor de la seguridad pública, priorizando por golpear a La Moneda y darle un refuerza a su estrategia de desgaste y acorralamiento al Gobierno, teniendo en la mira al Presidente Boric y sumando en la intencionalidad a la ministra Tohá.

En definitiva, con estos pasos dados en las últimas semanas, se ataca y cuestiona la figura presidencial, se avanza en acusaciones constitucionales contra dos ministros, y se le abren flancos a otras y otros integrantes del gabinete, donde se comprueban gestiones comunicacionales para hablar de ministras y ministros cuestionados, con problemas en sus gestiones y debilitados.

 

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