Perú. Muertos y represión ordenada por nueva mandataria. Persiste una enorme crisis

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Van 20 muertos. Policía y Ejército reprimiendo. La reunión de la embajadora de Estados Unidos con el ministro de Defensa antes de derrocar a Pedro Castillo. Ni la Presidenta de Perú, Dina Boluarte, ni el Congreso peruano comandado por la derecha, han dado estabilidad y perspectiva positiva a la situación política y social en este país. Los legisladores decidieron no adelantar las elecciones para el 2023. Llaman a Lima a embajadores peruanos en México, Colombia, Argentina y Bolivia porque los gobiernos de esos países llamaron a respetar el veredicto de las elecciones que puso a Castillo en la presidencia. Chile reconoció a la presidenta impuesta por el Congreso y se sumó a las administraciones de Brasil, Uruguay y Ecuador.

Agencias. Lima. 16/12/2022. Una cruenta represión desatada en la gran mayoría del país sobre todo afectando a población campesina e indígena, incapacidad del Gobierno y el Congreso de darle una mínima estabilidad al país, información de que la embajadora de Estados Unidos se reunió con el ministro de Defensa horas antes del derrocamiento del Presidente Pedro Castillo, una acción desesperada de la mandataria impuesta de ir contra los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia, son hitos de la crisis que cruza a Perú en estos días.

La embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, una veterana agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se reunió con el ministro peruano de Defensa, Gustavo Bobbio, el pasado día 6, horas antes del derrocamiento del presidente peruano Pedro Castillo, según informó el Portal Web Multipolarista. El ex presidente Castillo tuiteó que “ese encuentro no fue gratis, ni tampoco a favor del país sino para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso”.

El ministro Bobbio, que publicó una foto de su entrevista con Kenna, abandonó a Pedro Castillo luego de que el mandatario decidió disolver el Congreso el pasado 7, justo cuando se iba a discutir una tercera moción para destituirlo. Mientras Bobbio ordenaba a las fuerzas castrenses rebelarse contra el Ejecutivo, el Gobierno de Estados Unidos atacó de inmediato a Castillo.

La agente de la CIA y el Pentágono durante nueve años y embajadora Kenna tuiteó: “Estados Unidos rechaza categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”.

 

Represión de alta intensidad, la respuesta de las autoridades

Hay algo que está claro, al menos en lo global. Ni la Presidenta de Perú, Dina Boluarte, ni el Congreso peruano comandado por la derecha, han dado estabilidad y perspectiva positiva a la situación política y social en este país.

Miles de personas están movilizadas a lo largo de todo Perú, fundamentalmente denunciando una política antidemocrática, racista, discriminatoria, centralista y conservador. Algunos de los sectores movilizado defienden la presidencia de Pedro Castillo, preso preventivamente por 18 meses, en un episodio bochornoso del sistema judicial peruano, y con el anuncio de un juez de que podría condenarlo a años de prisión, adelantándose al debido proceso y asumiendo evidencias no presentadas ni avaladas.

Ya van 20 muertos por la acción represiva de la policía y el Ejército. No hay recuento oficial de los detenidos, pero se habla de al menos 200. En zonas rurales se desencadenó una represión intensa, sin que se tenga a ciencia cierta confirmación de muertos, heridos, desaparecidos y encarcelados. Se reportaron decenas de heridos durante enfrentamientos en la sureña provincia de Ayacucho, donde el Ejército lanzó desde helicópteros bombas lacrimógenas contra los manifestantes. La presión se mantuvo en las calles y con bloqueos en más un centenar de carreteras en al menos 13 de los 24 departamentos del país. En el sur se mantienen cerrados cinco aeropuertos de las provincias de Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho.

El Gobierno de Boluarte y el Congreso están respaldando las acciones represivas, mientras efectúan negociaciones de elite, incluyendo a grandes empresarios, para buscar “una salida a la crisis”. En una operación comunicacional destinada a aplicar la fuerza contra la gente movilizada, desde el Gobierno y el Congreso se dice que las acciones de protesta son obra de Sendero Luminoso y el Movimiento Túpac Amaru.

La Defensoría del Pueblo exigió a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas.

La movilización en la capital se enmarcó en la jornada de lucha, convocada por la Confederación General de Trabajadores de Perú.

El Gobierno decretó toque de queda durante cinco días en 15 provincias de los departamentos Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho como parte del estado de emergencia a nivel nacional a causa de las masivas protestas sociales.

El Congreso, en lo que ya se estima como otra decisión autoritaria, resolvió no adelantar las elecciones para el 2023, lo que dejarían en sus puestos a las actuales autoridades, que son parte del problema en la crisis peruana.

En esta cuadro, se está planteando reactivar la conformación de una Asamblea Constituyente y avanzar hacia una nueva Constitución que, entre otras cosas, cambie la estructura institucional del país, dé más espacio de participación y deliberación al pueblo y reforme el papel de los militares y policías.

 

El retiro de embajadores y el apoyo de Chile

En tanto, en una actitud considerada desesperada en el mundo diplomático, la Presidenta Dina Boluarte decidió llamar a Lima a los embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia, porque los gobiernos de esas naciones plantearon que el mandatario de Perú es Pedro Castillo.

La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, señaló que los dichos de los presidentes de Andrés Manuel López Obrador (México), Alberto Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolivia), y Gustavo Petro (Colombia), no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo con Perú.

Gervasi tuiteó antier que el gobierno de Chile reconoció a la presidenta Dina Boluarte, a quien ya respaldan Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Costa Rica, Ecuador y Brasil.

En La Habana, las 10 naciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, encabezada por Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua, cerraron filas en apoyo a Castillo.

Durante la semana, en un comunicado, los mandatarios de México, Argentina, Colombia y Bolivia plantearon que se respetara a Pedro Castillo como Presidente de Perú. “El presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio (…) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” indicó el comunicado conjunto.

Planteando que Castillo fue electo democráticamente, los presidentes exhortaron “a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. En el comunicado se dijo hizo un llamado “a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Los gobiernos de los cuatro países que suscribieron el comunicado, solicitaron que se “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial”.

En contraste, el Gobierno de Gabriel Boric, respaldó a la Presidenta impuesta por el Congreso, Dina Boluarte, quitó todo respaldo a Pedro Castillo, aunque manifestó preocupación por la violación a los derechos que, paradójicamente, obedecen a órdenes de la administración de la mandataria. “Esperamos que la asunción de Dina Boluarte como nueva Presidenta de la República del Perú contribuya a superar este difícil momento. Las crisis políticas se resuelven mejor cuando estas profundizan la democracia y abren caminos de diálogo entre los distintos actores sociales”, se dijo en un comunicado de la Cancillería chilena.

En una crítica implícita a Castillo, que quiso disolver el actual Congreso peruano antes de que lo destituyera, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile se expresó que “el Gobierno de Chile condena la ruptura del orden constitucional en Perú y valora que la crisis política derivada de ella se esté abordando a través de cauces institucionales”.

El Gobierno chileno no se sumó, por cierto, a la declaración de México, Colombia, Argentina y Bolivia y se puso en la lista de gobiernos como Brasil, Ecuador y Uruguay, que respaldaron a la presidente impuesta.

 

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