ANÁLISIS. Y ahora ¿qué hacer?

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¿Cuál es el desafío para los sectores democráticos, progresistas y de izquierda? ¿Para los movimientos sociales interesados en la promulgación de una nueva Constitución que les asigne un lugar en la sociedad y en el Estado que sea más que el de consumidores o reuniones de individualidades egoístas que mejor podrían resolver sus demandas solos en el mercado y cuando este no funciona en tribunales o superintendencias?

Hernán González. Valparaíso. 16/12/2022. La reciente firma de un acuerdo para concluir el proceso constituyente, es quizás la noticia más importante del último tiempo, desde septiembre a esta parte. Pese a este triunfo del “diálogo” y los “acuerdos”, no hubo foto grupal ni brazos en alto, expresión de la dispersión política y lo crispados que están los ánimos y el carácter un poco forzado que tuvo.

Es un logro, primero, para el gobierno y para el Presidente Boric que se la han jugado por la continuidad  del proceso hasta conseguir una nueva Constitución. Momentáneamente fueron derrotados los sectores más reaccionarios representados por Kast y su secta de fanáticos, que han hecho lo posible para dar por concluido el capítulo constitucional el 4 de septiembre.

La derecha tradicional, en cambio, parece haberse rendido ante esa obligación determinada por el plebiscito de entrada, admitida a regañadientes y solamente por un compromiso  formal aunque evidentemente no por una convicción democrática auténtica derivada de la crítica al carácter autoritario, excluyente y retrógrado del mamarracho vigente en la actualidad.

Su mayor logro a partir del 4 de septiembre y lo que vino después, fue colocar la política nuevamente en el escenario que más le acomoda. El del muñequeo, el de las conspiraciones, los consensos y colocar al pueblo en el lugar de espectador. Una situación inmejorable para ellos, en el entendido de que su objetivo es mantener las cosas más o menos como siempre, proteger los intereses de los grandes empresarios; los valores conservadores; y evitar a toda costa que la chusma se inmiscuya.

En ese sentido, consiguió la determinación de los bordes, la inclusión de “expertos”, disminuir el número de convencionales y el establecimiento de un árbitro para limitar el alcance del proceso, y evitar lo que llamó “excesos refundacionales”. Del otro lado, haber conseguido que la totalidad de los convencionales que redactarán la nueva constitución sean electos; la paridad de todo el proceso; las cuotas de representantes supernumerarios de los pueblos indígenas y la limitación del rol de los expertos, garantizarían momentáneamente su carácter soberano.

Excepto Lagos que ya se había propuesto para conformar un comité de expertos que se dedicara a la redacción de una nueva Constitución, nadie quedó contento. O lo hizo a medias.

El acuerdo, finalmente, sólo da cuenta de la correlación de fuerzas. Ni la derecha ni los empresarios tienen garantizada la mantención de la Constitución actual ni los sectores transformadores, la fuerza suficiente para aprobar, en la actualidad, una Constitución que cumpla con todas sus expectativas y las de los que han luchado por décadas por un Estado Democrático.

Tal como ocurrió el 2019, después del paro convocado por todas las organizaciones sindicales del país, los sectores conservadores se apuraron a presionar por la conclusión de un acuerdo, en esa ocasión para evitar la caída de Piñera lo que habría provocado una crisis estructural del sistema de dominación vigente; ahora para prevenirla, aprovechando además la posición privilegiada que les da el resultado del 4 de septiembre.

En efecto, a diferencia de aquella ocasión, en que la iniciativa la tenía el pueblo a través de las más diversas formas de manifestación y lucha de masas, que iban desde la desobediencia civil, acciones de sabotaje a pequeña escala, manifestaciones callejeras, caceroleos, hasta llegar al paro nacional, hoy en día la crisis del sistema se procesa en las alturas, en los pasillos del Parlamento, en las conversaciones de los partidos, la prensa del sistema y la academia.

Después de una derrota electoral de proporciones homéricas; apatía y desmovilización; teletón y mundial de fútbol de por medio, lo más lógico era que los términos de este acuerdo fueran lo que son. Pero no cierran el capítulo constituyente. ¿Cuál es el desafío para los sectores democráticos, progresistas y de izquierda? ¿Para los movimientos sociales interesados en la promulgación de una nueva Constitución que les asigne un lugar en la sociedad y en el Estado que sea más que el de consumidores o reuniones de individualidades egoístas que mejor podrían resolver sus demandas sólos en el mercado y cuando este no funciona en tribunales o superintendencias?

La movilización del pueblo y su unidad. La promoción de nuevos cuadros y de generaciones nuevas a posiciones de liderazgo en organizaciones políticas y de masas. La preparación de candidatos jóvenes, provenientes de las organizaciones sindicales y territoriales de base, profesores y profesoras, trabajadores sociales; de la agricultura familiar campesina; la pesca artesanal y todos los sectores afectados directamente por el modelo.

El comité de expertos, permite  hacer visible la separación entre  la representación social y popular del rol ideológico que en estos treinta años han jugado los denominados “expertos”. Como lo prueba la experiencia, la realidad no entra ni es explicada por sus manuales. Menos mejorada por sus recetas que en general han acabado siempre en los descalabros más resonantes -como el Transantiago- o en la profundización de la desigualdad y el subdesarrollo.

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