Víctimas de secuestro de niños solicitan medidas urgentes al Gobierno

La agrupación Hijos y Madres del Silencio a través de una misiva solicitan la creación de una ley para generar una “Comisión de Verdad, Justicia y Reparación”, como en el pasado ocurrió con la comisión Rettig y Valech, para garantizar la No repetición y pedir perdón a las víctimas”

Ana María Olivares. Periodista. 22/08/2022. La agrupación Hijos y Madres del Silencio, junto al diputado Boris Barrera, entregaron hoy una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric para “revertir la inacción de nuestro país en torno a la grave problemática de los secuestros de niñas y niños para adopciones ilegales e internacionales” que, según ha señalado el poder judicial podría involucrar más de 20 mil familias.

La misiva solicita con urgencia la creación de una ley para generar una “Comisión de Verdad, Justicia y Reparación”, como en el pasado ocurrió con la comisión Rettig y Valech, para garantizar la No repetición y pedir perdón a las víctimas”.

Además, solicitan reponer una iniciativa que fue comprometida por el anterior gobierno que es el Banco de Huellas Genéticas o ADN del Servicio Médico Legal, que generaría una base de datos para permitir a todos los familiares que buscan tener más posibilidades de reencontrarse, pero que fue desestimada finalmente. Al respecto denuncian que “las autoridades del gobierno anterior no tuvieron la voluntad política de implementar las iniciativas señaladas”.

Marisol Rodríguez, presidenta y vocera de la Agrupación, señaló que “una de las últimas acciones del ministro de Justicia Hernán Larraín fue celebrar un contrato con una ONG, a quien transfirieron recursos públicos para la entrega de un servicio de toma de muestras de ADN a las víctimas, endosando a un particular la responsabilidad que le correspondía al Servicio Médico Legal y al Estado para un tema tan sensible como éste”.

Así también señalaron que la causa criminal sobre el tema, que lleva unos 3 años y es investigada por el Ministro Jaime Balmaceda desde la Corte de Apelaciones, ya tiene más de 1000 denuncias y no hay suficiente dotación desde la PDI para llevar a cabo las diligencias encargadas. Rodríguez señala que “es urgente el aumento de recursos humanos y tecnológicos al equipo de la BRIDEHU de la PDI porque sólo 6 personas están investigando denuncias que todos los días aumentan. La justicia debe tener recursos para hacer su trabajo, no sólo es cuestión de tener compromisos con los Derechos Humanos sino que hay que hacer gestos concretos”.

El diputado Boris Barrera señaló por su parte que espera una buena y pronta respuesta del Gobierno ya que “el mismo Presidente y varios de los ministros del Gabinete aprobaron las conclusiones de la Comisión Investigadora de Adopciones Ilegales cuando eran diputados; por tanto, no es un tema nuevo para ellos. Acá hubo robo de niños y participaron generalizadamente agentes del Estado y hoy es a este Gobierno al que le corresponde hacer todo lo que esté a su alcance para reparar el daño realizado por el Estado”.

Los casos de secuestros de niños y niñas tienen larga data en nuestro país y hay casos que se extienden desde los años 1965 hasta el 2000; sin embargo, el mayor número de casos ocurrió en el periodo de la dictadura cívico-militar, en el que -según conclusiones del Informe del Parlamento- adquirieron la connotación de violencia institucionalizada, mediante la cual niños/as principalmente hijos/as de madres solteras y/o pobres, fueron dados por muertos al nacer y luego entregados ilegalmente en adopción en el país y en el extranjero, participando en ello principalmente funcionarios del Estado como asistentes sociales, jueces, matronas, abogados y médicos; así como los hogares de menores que estaban bajo la tutela del Estado.

Finalmente, la agrupación Hijos y Madres del Silencio manifestó que hace poco estuvieron en Suecia a raíz de la investigación que está realizando el Gobierno de ese país en torno a las denuncias por adopciones ilegales internacionales. Marisol Rodríguez cuenta que “en junio viajamos con el diputado Boris Barrera y también con Mario Vásquez, subcomisario de la PDI, que es parte del equipo exclusivo de la BRIDEHU que investiga estas causas. Nos reunimos con el Parlamento y el Gobierno de Suecia y pronto estarán de visita en Chile para vincularse con autoridades y víctimas. La pregunta es qué está haciendo nuestro Gobierno sobre el tema. No sé qué podrán contar al respecto”.

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