Reporteros de medios comunitarios “sienten un abandono y desprotección”

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Presidenta del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, Daniela Pizarro, describió lo que pasaron esta semana un grupo de comunicadoras y comunicadores a partir de la agresión a balazos por parte de delincuentes y la pasividad de Carabineros. “La verdad es que el cuadro es bien terrible porque quienes resultan gravemente heridos no es primera vez que sufren agresiones”. Cuestionó que “hemos visto que matinales y otros programas de televisión que entrevistan a los pistoleros que fueron identificados en todas las imágenes que están circulando”. Recalcó la responsabilidad que tiene el Estado ante situaciones como estas.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 05/05/2022. Daniela Pizarro es la presidenta del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas y el día primero de mayo, junto a la también dirigenta del gremio, Ana María Olivares, fueron de inmediato a la Posta Central donde estaban las reporteras y el reportero de Señal 3 de La Victoria, Radio 7 y Prensa Piensa, heridos a bala por la acción criminal de un grupo de delincuentes que operan -todavía- en el barrio Meiggs de la capital.

Desde ese día está preocupada de la situación de salud de los tres comunicadores, sobre todo de Francisca Sandoval, en estado de extrema gravedad con un balazo en la cabeza, quienes siguen con secuelas por las heridas. Con dos de ellos la dirigencia del Colegio de Periodistas tuvo una conversación durante la semana donde entregaron detalles de la agresión, al tiempo que se mantuvieron contactos con las autoridades y en una declaración se exigió la renuncia del general director de Carabineros por el actuar pasivo y negligente de la policía uniformada y por dudas del actuar de funcionarios que tuvieron diálogos con personas que se les vio disparando a los manifestantes de una marcha del Primero de Mayo.

El mismo día de la agresión fuiste con otra dirigenta del Colegio de Periodistas a la Posta Central. Otro día conversaron con la comunicadora de Radio 7, con un representante de Canal 3 de La Victoria, con el fotógrafo se Piensa Prensa. ¿Qué antecedentes, qué datos y qué percepciones te quedaron de esos encuentros?

Fuimos parte de la directiva del consejo regional esa misma noche a entregar nuestra solidaridad y a ponernos a disposición del canal comunitario Señal 3 La Victoria. Y en la misma línea este martes nos reunimos con la reportera de Radio 7 que recibió un impacto de bala en su hombro y también estamos en contacto con el foto-reportero de Piensa Prensa que recibió una bala en su pierna.

La verdad es que el cuadro es bien terrible porque quienes resultan gravemente heridos no es primera vez que sufren agresiones. Ellos y ellas tienen la sensación de que este fue un ataque dirigido. Sienten, además, un abandono y desprotección porque no fueron protegidos por la policía y luego de ser dados de alta siguen con problemas en sus heridas y con un fuerte impacto psicológico, pero no hay atención ni reparación para ellos, o sea, “que triste lo que te pasó, pero ahora ve tú como sigues”. Por eso que hemos hecho gestiones ante el Ministerio de Salud para requerir el seguimiento de estos casos de manera efectiva. También este martes el Colegio de Periodistas, en conjunto con la diputada Nathalie Castillo y otros colegas como Mauricio Weibel, presentaron un proyecto de ley que busca proteger y entregar reparación a los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones que sufren agresiones y, por supuesto, prevenir que ocurran.

Hay un cuestionamiento de distintas organizaciones periodísticas y de medios al actuar de Carabineros. Ustedes pidieron la renuncia del general director de Carabineros. ¿Cuáles son los argumentos? 

Las agresiones a la prensa, especialmente la comunitaria y alternativa, a manos de Carabineros, se agudizaron en el contexto de las manifestaciones del 18 de octubre de 2019, prueba de ello son camarógrafos y fotógrafos que perdieron uno de sus ojos y los y las decenas de colegas heridos con balines o detenidos. Por eso entendemos que hay un antecedente que fue conversado con las autoridades en distintos ámbitos y si bien esta vez no fue la policía quien disparó y fueron civiles armados, lo peor es que todos (heridos, veedores de derechos humanos y brigadistas de salud) coinciden, al narrar los hechos, en que las Fuerzas Especiales que estaban presentes ese día, poco y nada hicieron por detener los disparos, y más bien nunca dejaron de reprimir. Al mismo tiempo, las víctimas acusan que los uniformados no dejaron pasar la ambulancia, sino hasta que cae la reportera que hoy se debate entre la vida y la muerte. Los demás llegaron por sus propios medios al hospital. El descontrol de la manifestación, cualquiera sea la razón, es responsabilidad de la policía que resguarda el lugar. Creemos que al menos se debiera cuestionar la planificación de la seguridad de la marcha que estaba autorizada teniendo en cuenta que en una protesta anterior también se pudo ver a personas armadas. La indolencia y el actuar negligente con la que actuaron esos funcionarios que permitieron que un grupo disparara a plena luz del día debe tener un responsable.

Hubo una declaración del equipo de DDHH del Metropolitano y se cuestionó la forma de informar de algunos medios, el espacio que le dieron a comerciantes que usaron armas, dicen que de fogueo. ¿A qué apuntó esa declaración?

Es una declaración de la Comisión Regional de Derechos Humanos que cayó bastante mal especialmente en los canales de televisión. Durante estos días hemos visto que matinales y otros programas de televisión entrevistan a los pistoleros que fueron identificados en todas las imágenes que están circulando, incluso, en alguno de estos programas invitaron a una de las víctimas y la enfrentaron en el panel con quien pudiera haber sido su victimario, porque recordemos que solo el supuesto agresor de Francisca está detenido, pero como reveló el informe de Ciper, son al menos once las personas que salieron con armas. El tema es que las coberturas se centraron en equiparar las violencias, en la génesis de la convocatoria disidente del 1 de Mayo, o en porque los comerciantes defendieron sus puestos de trabajo, mientras aquí lo grave es que hay pistoleros que dispararon a personas a vista de todos y la policía quedó como un espectador. Esto no puede volver a pasar bajo ningún contexto.

¿Cómo evalúan la reacción del Gobierno y específicamente del Ministerio del Interior? Considerando la responsabilidad del Estado en la protección a la prensa.

Es responsabilidad del Estado velar por el Estado de Derecho y en ese marco, en nuestro país no se le permite a ningún civil andar armado y menos usar esas armas en contra de personas. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pilar de la democracia, nuestra labor va más allá de mostrar un hecho. Esperamos que el Gobierno exija a Carabineros que puedan aclarar qué pasó ese día, por qué no protegieron a las personas que estaban en el bandejón sacando fotos -no en las barricadas-, por qué no dejaron que esas personas heridas fueran auxiliadas y por qué la mayoría de los pistoleros siguen en el barrio Meiggs como si nada. La señal más clara será cuando haya justicia y reparación.

 

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